“Reporte canadiense explica cómo los chilenos fueron engañados al privatizarse el agua”
En Radio Bio-Bio Chile –public. 13/6/17
Exactamente hace 20
años, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle logró que el Congreso aprobara el
marco legal para iniciar el proceso de privatización de las empresas
sanitarias. Y no se puede negar que tuvo éxito: hoy, Chile es el país con la
mayor privatización de agua del mundo, con un 95.8% de la población
bajo sus servicios.
Visto
en retrospectiva, el proceso parece haber sido exitoso. Actualmente nuestro
país posee acceso casi universal al agua potable, con un 99% de la población
cubierta. Pero, ¿es esto realmente mérito de la empresa privada?
En
un artículo firmado por Meera Karunananthan, directora de la ONG canadiense Blue Planet Project (BPP) y patrocinado por la fundación mexicana Femsa, se explica cómo el supuesto
éxito del proceso de privatización del agua chileno no sólo es un mito,
sino que se está convirtiendo en un castillo cuyos cimientos horadados lo
tienen a punto de colapsar.
“A
nivel mundial, más del 90% de los servicios sanitarios son administrados por el
Estado gracias a la férrea oposición al ingreso de actores privados, que suele
traducirse en mayores tarifas y menor responsabilidad sobre la infraestructura.
De hecho, la ONG danesa Transnational Institute ha documentado
235 casos de comunidades que han recuperado la administración del agua de manos
privadas entre 2000 y 2015″, explica Karunananthan.
El texto indica que
si bien en Chile es común creer que la privatización mejoró las condiciones
sanitarias del país, fue en realidad el financiamiento público previo al traspaso a manos privadas el que permitió extender la
cobertura.
Aún más preocupante, mientras el desgaste de aquella inversión estatal y los
nuevos desafíos del cambio climático exigen una nueva inversión por parte de
los actuales dueños de las sanitarias, estas han incumplido los requerimientos
mínimos estipulados por la autoridad.
Las
cifras se condicen con las denuncias que en febrero de este año hacía el intendente
de la región Metropolitana, Claudio Orrego, quien aseguró que la empresa Aguas
Andinas no ha realizado las inversiones necesarias para evitar que los efectos de
sistemas frontales que azoten a la zona resulten en los últimos 3 cortes
masivos de suministro que han afectado a más de 7 millones de santiaguinos.
“Las
medidas no son suficientes y necesitamos cosas de mayor envergadura. No es que
la autoridad se haya quedado de brazos cruzados, sino que las inversiones que
hay que realizar son cuantiosas y significativas y le corresponden a Aguas
Andinas”, indicó en la oportunidad el personero.
La
situación se hace más crítica en lugares afectados por la sequía o aún sin
acceso al agua potable. Los primeros, porque las mismas sanitarias han
canalizado el agua para abastecer a los grandes centros urbanos dejando sin
acceso a pequeñas comunidades, como denuncian los habitantes del pueblo de
Cabildo en la provincia de Petorca. Los segundos, porque simplemente no son
zonas lucrativas, dejando la misión de abastecerlas de agua a los servicios de Agua Potable Rural
(APR) financiados por el Estado.
¿Un problema sin vuelta atrás?
Ante
lo que parece ser la evidente necesidad de un cambio en el modelo de
administración de las empresas sanitarias, Chile se encuentra en un dilema.
Debido a que ha firmado 26 acuerdos comerciales con 62 países desde que se
iniciaran los procesos de privatización en 1990, estos advierten severas
sanciones o abren la puerta a demandas por parte de las corporaciones afectadas
en caso de que nuestro país decida cambiar las normas o las cuotas de
privatización.
La
situación se ha tornado tan surrealista, que organizaciones como BPP están
pidiendo a la Asociación de Profesores Pensionados de Ontario (OTPP) en Canadá, que accedan a apoyar la
restitución de los derechos de agua al Estado chileno. ¿Por qué? Porque su
consorcio es el mayor inversionista en las principales sanitarias chilenas,
con un 41% de acciones en Essbio, Esval y Aguas del Valle.
“La
crisis del agua en Chile es compleja, pero entrega a los profesores canadienses
de una oportunidad única para apoyar el creciente movimiento antiprivatización
y ayudar a los chilenos a sacudirse las últimas cadenas legadas por el régimen
de Pinochet”, sentencia Karunananthan, invitándolos a firmar una petición al respecto.
Las
empresas Esval y Aguas del Valle tomaron contacto con Bio-Bio Chile a fin de hacer la siguiente declaración, que
reproducimos íntegra:
En 2014 Aguas del Valle y Esval
desplazaron inversiones consideradas en el plan de desarrollo para enfrentar la
sequía. Ambas empresas invirtieron más de lo inicialmente previsto, pero en
conceptos distintos a los contemplados en su compromiso con el regulador (Plan
de Desarrollo), principalmente en nuevas fuentes para la producción de agua
potable. Ello pues este plan no contemplaba la intensificación de la sequía en
ambas zonas y se buscó velar por la continuidad del suministro.
Esval y Aguas del Valle destinaron
más $30.600 millones para hacer frente al déficit hídrico, gracias a ello se
logró mantener la continuidad del suministro pese a la gravedad de la situación
sin que ello tuviera ningún costo adicional para los clientes.
El rezago en el Plan de Desarrollo
fue una excepción que fue abordada con un plan especial, donde sólo se
desplazaron las inversiones, No se eliminaron y ya fueron regularizadas al día
de hoy.
La operación de Esval y Aguas del
Valle se ajusta a la normativa vigente y es constantemente fiscalizada por la
SISS.
Vale la pena recordar que las tarifas
en Chile están bajo el promedio de países OCDE. Por $1 por litro de agua los
clientes acceden a un recurso seguro, que es potabilizado, conducido a sus
hogares y luego recogido para sanitizarlo.
Uno de los mayores aportes de la
industria sanitaria es justamente ese: tratar las aguas servidas, protegiendo
la salud de los chilenos y el medioambiente, Esto es algo que nos diferencia de
nuestra región y nos pone al nivel de países desarrollados.
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