Los dirigentes de las agrupaciones de ex presos políticos fueron informados que el encuentro de suspendía dos horas antes de que se concretara. Desde el Ministerio del Interior argumentaron que la política de reparación de Hacienda era insuficiente, por lo que la reunión no se realizaría
En Radio-Diario U. de Chile –public. 31/7/17
Distintas
agrupaciones de ex presos políticos de la dictadura cívico militar manifestaron
su rechazo ante la suspensión de una reunión, programada originalmente para el
pasado miércoles, en la que esperaban una respuesta del Gobierno a sus demandas
de reparación por los daños sufridos.
La
instancia buscaba continuar el trabajo de la mesa negociadora conformada por
los dirigentes de las organizaciones de sobrevivientes de prisión política, el
ministro del Interior, Mario Fernández, y la subsecretaria de Derechos Humanos,
Lorena Frías.
Braulio
González, presidente de la Asociación de
ex Prisioneros Políticos Salvador Allende, comentó que el Ministerio del
Interior les notificó por correo electrónico dos horas antes que el encuentro
de suspendía, argumentando que la contrapropuesta que recibieron desde Hacienda
para el bono reparatorio era insuficiente. “El Gobierno tendrá que citarnos
nuevamente. Nosotros podemos presionar y mandar cartas, pero son ellos los que
finalmente deciden”.
Desde
las organizaciones valoraron que el Ministro del Interior no aceptara la oferta
de Hacienda. Sin embargo, calificaron como una “falta de respeto” que se les
avisara con tan breve plazo de anticipación la suspensión de la reunión, debido
principalmente al esfuerzo que hacen algunos dirigentes por llegar a Santiago.
Las
agrupaciones también rechazaron la propuesta del ministro Rodrigo Valdés,
agregando que la política reparatoria del Ministerio de Hacienda es restrictiva
y “no ve problema en incrementar el gasto de las fuerzas armadas y de
seguridad; instituciones con una gran deuda de arrastre en materia de derechos
humanos y cuyos miembros reciben millonarias pensiones”.
En
esa línea, Braulio González recordó que el pasado jueves, como organización, pusieron
una querella criminal contra Capredena por las millonarias pensiones que
reciben los condenados por crímenes de lesa humanidad. “Los que están presos en
Punta Peuco tienen pensiones que superan los dos millones 600 mil, esto es una
estafa al fisco”.
Entre
algunas de las demandas que presentaron las agrupaciones de ex presos políticos
en su petitorio de diez puntos, se encuentra la solicitud de un alza de
pensión, ya que la actual no se ajustaría a los estándares internacionales, y
un bono por el daño causado en dictadura.
Respecto
de lo anterior, Braulio González manifestó que las negociaciones por los temas
económicos están estancadas desde marzo, por lo que continuaran con las
movilizaciones y las tomas a las dependencias del Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH) en todo el país.
Debido
al agotamiento de los plazos legislativos y presupuestarios, los dirigentes
esperan que la reunión final de la mesa negociadora se concrete prontamente.
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