“México y Colombia: la materialización del
exterminio”
En Celag –public. 27/6/17
La emergencia de
nuevos discursos en la derecha continental ha supuesto un cambio en los
argumentos de la dinámica de polarización a lo largo y ancho de la región. De
sur a norte, distintas facciones de este sector político han abordado
diferentes estrategias de guerra sucia, apoyándose en redes sociales y medios
tradicionales de comunicación, donde centran la discusión política desde una
perspectiva discriminatoria, racista, xenófoba y misógina [1],
con mensajes orientados a la producción del odio hacia el oponente político [2].
Sin
embargo, son pocos los países donde los discursos de rechazo y de odio a los
ciudadanos con una orientación política progresista confluyen en una
materialización de su exterminio. Colombia y México son buenos ejemplos de
países donde los discursos de odio coinciden con la aniquilación sistemática,
ello debido –entre otros factores- a la persistencia de grupos armados
ilegales, la connivencia de las autoridades locales y fuerza pública, y la
ausencia de una respuesta efectiva desde el Estado.
En
los últimos 7 años, 123 fueron los periodistas asesinados en México, una cifra
a la que podríamos adicionar las 798 denuncias de agresiones contra
profesionales de la comunicación y 426 agresiones a 2016, año que más
padecieron quienes desarrollaban esta labor en el país [3],
ante la mirada atónita de las autoridades reacias a establecer medidas de
protección eficaces para los afectados.
Las
fuentes de la violencia son varias, pero sobre todo responden a dos factores
que confluyen en un resultado letal para los periodistas: los altos niveles de
corrupción y la acuciada impunidad, en definitiva, “es muy fácil matar
periodistas”. Esta mortífera ecuación se evidencia en Estados como el caso de
Veracruz, donde la incidencia de asesinatos a periodistas es, según Article
19, la más alta del país. Allí se han dado asesinatos como el del
periodista Moisés Sánchez Cerezo, descuartizado, presuntamente por orden del
expresidente Municipal de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, arropado por el
Partido Acción Nacional (PAN) [4].
Las
amenazas no se limitan al ámbito subnacional sino que las estrategias de
represión y exterminio superan las fronteras locales. En una reciente
investigación llevada a cabo por distintas organizaciones se demostró que al
menos tres dependencias del Gobierno de México, entre ellas la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA) [5], la Procuraduría General
de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(CISEN), adquirieron un software malicioso usado para el espionaje [6]. En el país, periodistas reconocidos
internacionalmente como Carmen Aristegui o trabajadores vinculados al ámbito de
los DDHH recibieron el malware de espionaje en sus dispositivos móviles [7].
La
intimidación hacia periodistas y el asesinato de líderes sociales es un ejercicio
que se relaciona con las mencionadas variables de impunidad y los altos niveles
de corrupción. Sin embargo, en el caso de Colombia existe un agravante que se
relaciona con el fenómeno de ocupación de las zonas que tradicionalmente
dominaron las FARC, especialmente por parte de Grupos Armados
Post-desmovilización, provenientes de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC).
Las
alertas, que se encendieron desde 2016, hoy se evidencian en la vulnerabilidad
de las comunidades frente a la entrada de actores armados ilegales, vinculados
al paramilitarismo, centrados en el exterminio de líderes sociales cercanos o
inmersos en procesos de restitución de tierras, sindicatos, defensa de DDHH y
comunidades indígenas, entre otros.
El
ensañamiento ha sido especialmente contundente en contra de liderazgos
asociados a movimientos de corte progresista, perseguidos por las bandas
paramilitares, quienes acusan a sus víctimas de ser milicianos de las FARC y
del ELN [8], razón por la que se atribuyen la misión de
su exterminio. Desde el ‘Día D’ 37 líderes sociales han sido asesinados [9], sin una respuesta efectiva en materia de protección
por parte de las entidades estatales.
Los
casos de Colombia y México reflejan, a pesar de la negación de los respectivos
gobiernos, el ejercicio sistemático de la aniquilación del enemigo. La falta de
respuesta institucional, la corrupción y la impunidad, sumadas a los discursos
de odio que se propugnan a través de redes sociales y panfletos desde la
extrema derecha, normalizan las amenazas sobre líderes sociales, sindicales y
periodistas –entre otros-. De este modo, desvían la atención de la extrema
violencia a la que se ven expuestos, consiguiendo que las prácticas de
“limpieza social” se lleven a cabo en una suerte de complicidad, tolerancia y
aceptación del silenciamiento de la alteridad.
Notas:
[1]
http://www.celag.org/bolivia-el-odio-una-receta-al-estilo-colonial/
[2]
http://www.celag.org/producir-el-odio-la-derecha-venezolana-del-2017/
[3]
http://www.telesurtv.net/news/Mexico-el-pais-donde-asesinatos-de-periodistas-quedan-impunes-20170406-0030.html
[4]
http://sipse.com/mexico/veracruz-alcalde-medellin-omar-cruz-reyes-inocente-134756.html
[5]
https://es.scribd.com/document/100223409/Gobierno-federal-via-Sedena-compro-5-mil-mdp-en-equipo-para-espionaje-29-de-marzo-2012
[6]
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/02/14/acusan-al-gobierno-mexicano-de-espiar-a-activistas-para-benefici_a_21713157/
[7]
https://articulo19.org/wp-content/uploads/2017/06/Reporte-Gobierno-Espi%CC%81a-Final.pdf
[8]
https://www.colectivodeabogados.org/?Amenazas-por-parte-de-las-autodefensas-Gaitanistas-de-Colombia-a-diferentes
[9]
http://pacifista.co/estos-son-los-37-los-lideres-sociales-asesinados-desde-el-inicio-de-la-implementacion/
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Colectivo
Acción Directa Chile -Equipo Internacional
Julio 14 de 2017
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