“Informe Chile. Michelle Bachelet: balance
del segundo gobierno”
Bachelet
cumple su segundo período como presidenta de Chile. El primero fue entre 2006 y
2010, siendo reelecta en 2014. Próxima a finalizar su gobierno la mandataria ha
enfrentado los últimos años una clara desaprobación de la población.
En su medición
del mes de junio, la encuestadora MORI – CERC muestra que el 56 % de los
consultados desaprueba la gestión de Bachelet [1]. Al igual que la última
encuesta de CADEM [2] que señala que el 64 % de los consultados desaprueba la
gestión de Bachelet mientras que solo el 25 % la aprueba.
El siguiente
gráfico muestra la evolución de la aceptación de la mandataria a lo largo de
estos tres años poniendo de manifiesto el nivel creciente de desaprobación de
los últimos años.
Las promesas incumplidas
La Fundación Ciudadano Inteligente realizó un estudio referido al cumplimiento de promesas de Bachelet y situó este
porcentaje en un 58 %. Cabe destacar que de acuerdo a esta organización en
marzo de 2016, Bachelet solo había cumplido un cuarto del programa de gobierno.
El estudio se
encuentra dividido por temas. En energía, medio ambiente y justicia se ha
cumplido con el 100 % de las promesas de campaña. Aunque en lo que respecta a
transparencia en Fuerzas Armadas, Ley de Responsabilidad Fiscal Regional y
creación de plataforma digital para notarios y conservadores no se registran
avances. En ciencia y tecnología tampoco existen avances sustantivos a
excepción de la creación del ministerio. Al igual que en género, donde no se
avanzó en la reforma a la ley de violencia intrafamiliar. En salud, ámbito
donde más se ha cumplido, el porcentaje ronda el 70% [3]. En trabajo y
seguridad social, no ha habido resultados significativos en el tema más
acuciante que son las Administradoras de Fondos de Pensiones [4]. Ello teniendo
en cuenta que la mitad de los trabajadores y trabajadoras no pueden cotizar, ya
que los gastos en salud y educación, ambos privatizados, no se lo permite: en
promedio, 4 de cada 10 pesos que ingresan mensualmente a los hogares chilenos
se destinan al pago de deudas, por lo que solo pueden vivir con el 60% de sus
ingresos reales. En promedio, cada hogar debe al menos seis veces su ingreso
mensual [5].
En lo que
respecta a pueblos indígenas, Bachelet se había comprometido a un proceso de
consulta para establecer reformas que generen espacios de autonomía y
autodeterminación a nivel territorial; el envío de un proyecto de ley que
confiere el rango de Ministro de Asuntos Indígenas al Director de la Conadi; o la
creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, autónomo y representativo de los
diversos pueblos que existen en Chile [6]. Nada de eso se cumplió. Cabe
destacar que esto ya formaba parte del programa que presentó Bachelet en 2005
donde prometía impulsar urgentemente el reconocimiento constitucional de los
pueblos originarios y dar alto rango político a las políticas a través de la
creación de una Subsecretaría de Asuntos Indígenas en el Ministerio de
Planificación[7], lo cual nunca se llevó a cabo.
La tan anunciada
Reforma Educacional terminó por ser excluyente con los jóvenes estudiantes en
tanto el sistema de gratuidad universitario no incluye a todos los estudiantes
sino solo a los sectores vulnerables. En el 2016, los recursos del Estado
alcanzaron para que 178.104 jóvenes, lo que equivale a que el 28 % de los
estudiantes de educación superior pudieran ser beneficiarios de la educación
gratuita. Es decir, la educación aún no es un derecho en Chile. Solo incluye a
los jóvenes que se encuentren en los cinco deciles menos favorecidos de la
población, donde el ingreso per cápita es de 221 dólares o menos.
En su última
Cuenta Pública ante el Congreso, Bachelet afirmó que 275 mil estudiantes son
beneficiarios de la gratuidad en la educación superior prometiendo que para
2018 se extenderá al 60 % de los estudiantes más vulnerables. Ello teniendo en
cuenta que más del 47% de la educación es administrada por privados que usan
fondos públicos para sus actividades e, incluso, hacen uso de las utilidades en
beneficio personal. En el caso de la Educación Superior, el 70% del
financiamiento proviene del gasto privado (generalmente familiar), aun en
aquellas universidades consideradas públicas. El financiamiento privado de la
educación básica no excede el 10%, y de la educación media el 37%. El resto
depende de recursos del Estado [8].
Entre sus
propuestas de campaña también figuraba una reforma tributaria en donde las
grandes empresas tendrían un aumento impositivo del 7% (del 20% al 27%) en un
plazo de cuatro años junto con la eliminación del Fondo de Utilidades
Tributables (FUT), que les permitía a los empresarios pagar impuestos solamente
por las utilidades que retiran y no por sus ingresos totales.
Chile es un
país totalmente desigual con una pobre política tributaria. Según los datos de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2015 la
presión fiscal de Chile era del 20,7%, siendo la segunda menor presión fiscal
de toda la OCDE [9].
En 2014,
Bachelet promulgó la Reforma Tributaria por la cual anunciaba recaudar US$
8.300 millones destinados a las transformaciones prometidas en salud, educación
y previsión social. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados: la
Tesorería General de la República anunció que durante 2016 los ingresos
tributarios de las empresas cayeron en -0,8%, pese a que en el mismo período se
registró un aumento de impuestos del 22,5% a 24%. El resultado: la tasa de
crecimiento de la recaudación de impuestos se desplomó.
Por último,
en octubre de 2015 Bachelet anunció el “Proceso Constituyente Abierto a la
Ciudadanía”, con el objetivo de redactar una nueva Constitución y derogar la
actual constitución vigente desde 1981 durante la dictadura de Augusto
Pinochet. Este proceso constituyente tendría tres fases: el Encuentro, la
Deliberación y la Soberanía. La primera consistía en instancias de formación
ciudadana en temas cívico-constitucionales. La segunda, se implementó mediante
diálogos ciudadanos. Finalmente, la última era la síntesis nacional de los
diálogos ciudadanos, recogiendo todas las iniciativas en un documento que sería
presentado a la presidenta para con ello formular un proyecto de nueva
Constitución [10].
Bachelet
presentó un proyecto de reforma constitucional que faculta al Congreso Nacional
para convocar a una Convención Constitucional para la elaboración de una Nueva
Constitución, con el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados y
senadores en ejercicio. Actualmente se encuentra en el primer trámite. Esto
debido a que la Constitución vigente no contempla mecanismos para elaborar una
nueva Carta Fundamental. Esto será una tarea pendiente para el próximo Congreso
Nacional.
Notas:
[1] Muestra: 1.200 casos con una afijación proporcional. Se realizó entre
el 6 al 15 de junio de 2017.
[2] Realizada mediante encuestas telefónicas. Muestra: 720 casos. 497
entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 223 entrevistas cara a cara en
puntos de afluencia. Margen de error de +/- 3,7 puntos porcentuales al 95% de
confianza. Fecha de realización: miércoles 05, jueves 06 y viernes 07 de julio
de 2017.
[3]
http://radio.uchile.cl/2017/05/31/michelle-bachelet-del-dicho-al-hecho-en-su-ultima-cuenta-publica/
[4] Para un mayor desarrollo de este tema, ver:
http://www.celag.org/chile-del-sistema-previsional-fallido-al-negocio-de-las-afp/
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