Este miércoles 2,
la comisión de constitución de la cámara de diputados aprobó uno de los puntos
más controversiales de la llamada “agenda corta antidelincuencia”: el Control
Preventivo de Identidad
La enmienda se aprobó por unanimidad (nadie chistó),
luego de un acuerdo tras bambalinas entre el gobierno y nuestros inmaculados
parlamentarios[1],
lo que permitió destrabar las pocas críticas que se habían levantado frente al
tema. De hecho, estas sólo decían relación con permitir controles en cualquier
lugar -y no sólo en puntos de alta afluencia de público (o sea, ahora pueden
controlar los agentes del orden estatal con marchas o sin marchas), acotar el
proceso a un máximo de cuatro horas y a incorporar medidas que impidan una
discriminación arbitraria, en concordancia con la Ley Zamudio; todo lo cual,
nos parece, no hace menos invasiva y discriminatoria la represiva medida legal.
La ministra de justicia,
Javiera Blanco, tuvo que reconocer que sabía "que este ha sido un tema
controvertido", pero destacó que "nosotros hemos logrado la
aprobación de una herramienta que hoy día le va a permitir a las policías la
facultad de pedir la identificación de las personas en cualquier momento y en
cualquier lugar". Dicha funcionaria, remarcó que esta facultad, en lo que
les importa a los del estrato político-civil: "nos va a permitir trabajar
más fuertemente en el orden público y seguridad pública".
Menos mal que para
que esto se transforme en ley, todavía queda algún trecho: deberá llegar a la sala
de la cámara y después al senado.
Posteriormente, el texto deberá volver a ser visado por los diputados y,
en caso de persistir las diferencias, pasará a una comisión mixta. Entretanto,
las organizaciones político-sociales debemos incrementar la protesta en contra
de las cortapisas que se quieren imponer a la expresión libre y democrática del
pueblo trabajador.
Esta fue una de
las últimas prioridades legislativas[2]
del gobierno del gran empresario Piñera, a comienzos de 2014. Se había incubado
al calor de la llamada ley Hinzpeter o “ley mordaza” (que fue aprobada a
medias), y pretendía actualizar una normativa represiva que se hizo usual
durante los 17 años de la dictadura cívico-militar. Dicho proyecto de ley sobre
control preventivo de identidad formaba parte, entonces, de las iniciativas que el gobierno de derecha
impulsaba para garantizar el orden público que se le había escapado de las manos,
pero centralmente por causas socio-políticas.
