A más de 5
años del terremoto-tsunami del 27F, “Ahora los pobres son más pobres y los
ricos, más ricos”
Entrevista con el vocero del Movimiento Red Construyamos,
Eduardo Ampuero
Por Andrés Figueroa Cornejo
Mientras el gobierno
de turno intenta administrar la crisis económica (y de toda índole) en Chile
mediante políticas
antipopulares de austeridad fiscal y fascistización, y el ex presidente
Sebastián Piñera celebra la película Los 33 (https://es.wikipedia.org/wiki/Los_33),
pre-candidateándose electoralmente, como si la población chilena fuera imbécil,
los grandes medios de comunicación intentan ocultar bajo una alfombra sucia los
efectos del terremoto-tsunami del 27 de febrero de 2010, cuyo epicentro marino
estuvo a cerca de 150 kilómetros de la ciudad de Concepción y a poco más de 60
kilómetros de Cauquenes, y cuyas réplicas sociales continúan sacudiendo a la
población más castigada.
Eduardo
Ampuero Cárdenas (43 años) es el vocero del movimiento Red Construyamos que
nació “como una organización asamblearia, cuya actividad se centró en el Gran
Concepción. Se formó por un pequeño grupo de personas tras el terremoto de 2010
y luego se amplió notablemente ante el vacío de representación de los intereses
populares en un contexto de emergencia pública. Como asamblea, el movimiento no
ha sido un organismo de representación, sino que, más exactamente, un espacio
de coordinación y de apoyo mutuo, donde han convergido demandas e iniciativas
comunes”.
Eduardo
se incorporó a las luchas sociales en el liceo N°1 de Concepción “Enrique
Molina”, durante la dictadura cívico militar. Fue dirigente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Concepción (1994 y 1996) y del Colegio de
Profesores (2005). Militó en el Partido Comunista de Chile desde 1987 hasta el
2008, cuando fue eliminado el comité comunal “Víctor Hugo Huerta”, del que fue
su representante. Actualmente es parte de la organización Unidad Comunista.
-La
memoria es frágil en Chile. ¿Puedes referirte a los efectos del 27F?
El
terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 causaron graves consecuencias al
país y sobre todo entre los más empobrecidos/as de la sociedad, los más
expuestos a las catástrofes. Según las cifras oficiales, la catástrofe dejó a
cerca de 800 mil damnificados y 200 mil viviendas inhabitables, quedando gran
parte de sus ocupantes en condición de allegados o de campamento.
Según cifras
del Ministerio de Salud, en los campamentos de emergencia se alojaron no menos
de mil quinientos niños y niñas menores de cinco años en condiciones de
extrema precariedad, dentro de reducidas mediaguas de 18 metros cuadrados con
apenas una división interior y fabricadas con materiales ligeros y desechables.
Además, una parte de los damnificados de zonas rurales y caletas pesqueras fue
ubicada en lugares de difícil acceso. Los campamentos de emergencia tenían
baños sépticos colectivos (para 5, 10 o más familias) y no contaron con agua
domiciliar durante uno, dos y hasta tres años.
Las
viviendas de emergencia se filtraron con las primeras lluvias. ¿Cómo resolvió
esto el gobierno? Entregó un forro de polietileno a cada familia, el que se
adhería a la mediagua con grapas. En comparación con estas mediaguas, los campamentos
de emergencia del gran terremoto del año “60 (https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Valdivia_de_1960)
eran un lujo.
Un
porcentaje muy alto de las familias afectadas por el 27F, al menos en la región
del Bío-Bío, se compuso de la madre y sus hijos, a los que se agregan abuelos u
otros parientes. Muchísimos fueron los problemas de los damnificados alojados
en campamentos que el gobierno Piñera llamó pretenciosamente “aldeas”.
Pero
lo realmente grave viene después, cuando la población damnificada fue
erradicada a sectores cuyos suelos no tienen valor inmobiliario por su alto
riesgo de catástrofe sanitaria ambiental e, incluso, de alto riesgo de
catástrofes naturales. La segregación social ha sido el rasgo principal de la
reconstrucción.”
-Se
habla de mucha gente estafada…
“La
administración del Estado desplazó bajo engaño a miles de familias, las que se
encontraban en viviendas habitables, para demolerlas y poner sus terrenos a
disposición de la especulación inmobiliaria, una práctica empresarial a la que
la élite política y su burocracia se encuentran estrechamente ligadas. Estas
familias fueron damnificadas por la acción del Estado y también se les segregó,
erradicándoseles a sectores de menos valor o, definitivamente, perdieron su más
básica propiedad, siendo arrojados nuevamente a la masa de los sin casa.”
LAS
REDES DE LA CORRUPCIÓN
-
La Red Construyamos debió enfrentar duros problemas en su organización…
“Por
décadas, la población ha sido víctima resignada del engaño o de la represión,
lo que ha dañado profundamente el papel de las organizaciones clasistas. A
pesar de todo, la Red marcó un momento histórico al romper con la idea impuesta
de una “paz social” que se entiende como inmovilidad y que se funda en el miedo
y el individualismo. La acción de la Red ayudó a descubrir un enorme potencial
de movilización social que hasta entonces parecía imposible de hallar.
Las
organizaciones que han compuesto la Red han sido muy diversas y su
participación ha ido variando, según las agrupaciones han ido consiguiendo
ciertos propósitos o según fueron resolviendo algún problema inmediato para su
proceso de reconstrucción. Participaron en un primer momento sectores de
trabajadores medios afectados por la pérdida de sus edificios residenciales
(por cierto, la mayor parte de los edificios dañados eran obras recientes,
algunas en proceso de venta). Luego asistieron grupos de damnificados y, sobre
todo, de estafados por el Estado que, a través de sus instituciones, buscó
apoderarse de paños de terrenos frescos cuyo valor se ha elevado. Luego se
encontraban los diversos grupos políticos alternativos y religiosos, cuyo papel
estuvo sujeto a la voluntad colectiva de la asamblea. Pero también pasaron por
la Red diversas organizaciones que reivindicaban otras causas, no
necesariamente asociadas a la reconstrucción, que buscaban apoyo en otros
movimientos. Así, por ejemplo, participaron organizaciones estudiantiles que
comenzaban a impulsar el gran movimiento que vendría a ocupar la escena a
partir de 2011.
A
inicios de 2011 y comprendiendo el desafío que significaba influir en las
políticas de reconstrucción, promovimos la creación de un movimiento mayor que
aunara a organizaciones de las regiones afectadas, desde la quinta hasta la
octava región. De este esfuerzo nació el Movimiento Nacional por la
Reconstrucción Justa, el que logró sostenerse por poco tiempo debido a la
divergencia de posturas de las agrupaciones respecto de la forma de lucha y los
términos de negociación con el gobierno de Piñera. Unos se concentraban en
crear espacios de diálogo con el gobierno y la institucionalidad, siendo muy
influenciados por las ONGs que realizaban su trabajo en el área. Nosotros
planteamos como prioridad la generación de una fuerza social suficiente para
presionar e imponer términos al Estado.”
-A
más de 5 años del trágico 27F, ¿en qué situación se encuentran los afectados/as
y a cuántas familias llegan?
“La
consecuencia más grave de esta reconstrucción es la exclusión social. No es por
circunstancias azarosas que sean siempre unos determinados sectores sociales
los que son golpeados por terremotos y tsunamis. No por casualidad o simple
descuido sucede que la política del Estado no asume los riesgos de emergencia
de esta clase. Ello responde a la conveniencia del mercado que se sirve de la
catástrofe para amparar los abusos del gran empresariado, tanto en el área
inmobiliaria como en el comercio, la industria y las finanzas. Por ejemplo, una
empresa de Paulmann utilizó los beneficios de las leyes de ayuda humanitaria
para internar a Chile 180 camiones de mercadería, la que fue comercializada.
Chile se encuentra completamente al servicio del capital y estas circunstancias
catastróficas son un excelente momento para ampliar esas políticas en
condiciones de ventaja extraordinaria.
Actualmente,
son decenas de miles las familias segregadas y, si bien tenemos antecedentes
claros de los afectados que participaron en el movimiento, nos preguntamos cuánta
gente más ha sufrido estas injusticias sin quedar registrados en ningún
periódico ni en ningún estudio social. Por consecuencia de la segregación,
muchos damnificados han sido erradicados a terrenos de alto riesgo. En
Talcahuano, por ejemplo, la mayoría de los damnificados habitan actualmente en
los terrenos de la pesquera SPK (ex pesquera Iquique), donde el tsunami barrió
las instalaciones de la empresa.
Por
otra parte, los estafados han terminado perdiendo unas condiciones de vida que,
aunque precarias, contaban con una vivienda. Mucha de esta gente fue reubicada
en terrenos que representan un retroceso en sus condiciones sociales y
patrimoniales, considerando el agravamiento de los problemas de accesibilidad y
servicios, calidad de vivienda o valor del suelo.”
-¿Y
la calidad de las nuevas viviendas?
“Allí
vemos otras injusticias más y otra vez la manifestación de la corrupción
pública, esta vez en el aspecto de las obras. Sucede que el 50% del gasto en
vivienda social va directo a la ganancia de las empresas constructoras
privadas. Pero, además, son muchos los casos en los que las empresas han
obtenido ganancias todavía superiores gracias a favores de la burocracia y a
negligencias en la fiscalización, de manera que estas constructoras han obtenido
beneficios por obras mal hechas o no terminadas, siendo el Estado el que
finalmente cubre las pérdidas. La reconstrucción de Piñera careció de los
estándares necesarios para considerarlas viviendas dignas, porque se trata de
obras de un escaso valor en relación a su materialidad y suelo. Y esto también
se practicó en grandes obras públicas, en casos vergonzosamente estremecedores
como el del nuevo puente sobre el río Bío-Bío, el que sigue detenido y sin
terminar hace años debido a sus irregularidades, o el puente Cau Cau, cuyos
brazos basculantes se construyeron al revés, o el gimnasio deportivo de Dichato,
en el que el público no podía ver la cancha, etc.
Es
decir, el terremoto ha hecho más pobres a los pobres y más ricos a
los ricos.”
-¿Qué
hizo el gobierno de Piñera y qué ha hecho el de Bachelet para ayudarles? ¿Qué
compromisos de las autoridades políticas hubo, en todos sus niveles y períodos?
¿Cuáles se han cumplido y cuáles no?
“Las políticas de
reconstrucción han sido más bien de apariencias. Se reconstruyen los bienes
públicos de los que depende la producción y transacción de mercancías, y luego
se atiende la reconstrucción social de una manera aparente y mínima. Todo corre
a costo de los recursos fiscales, pero los gastos se desvían en grandes medidas
a nuevas ganancias para el sector privado. De allí los problemas en calidad de
vivienda y en precariedad de la tenencia del suelo. Estas condiciones están
regidas por la lógica de propiedad expresada en la Constitución (art. 19) y por
el sistema político. Es el tipo de sociedad capitalista en su fase superior de
explotación lo que determina la forma en que se reparte la tierra, determina
quién dispone arbitrariamente las relaciones de propiedad e, incluso, determina
las irrisorias políticas públicas de prevención de catástrofes, que en realidad
quedan reducidas a la protección del capital por parte del Estado y el
aprovechamiento de cada desgracia natural para acelerar los procesos de
apropiación privada.
El
27F se produce justamente cuando está en sus últimos meses de administración el
primer gobierno de Michelle Bachelet y tras conocerse los resultados
electorales que eligen presidente del país al empresario Sebastián Piñera. En
este contexto, el trato de la emergencia fue caótico y descuidado. El Estado
pareció ausente en los primeros días de la catástrofe. Los barrios pasaron del
pánico al shock y luego a la búsqueda de seguridad, pero el Estado no existía y
sus fuerzas de orden fueron insuficientes. Entonces, la sociedad busca
organizarse y pasa del individualismo y del temor al vecino, a reconocerse como
iguales en la ayuda solidaria, en el intercambio de cosas básicas, en la ayuda
mutua. El desborde del lumpen y de los saqueos, a su vez, fue por sobre todo la
expresión de una sociedad frustrada en sus carencias y sometida a la permanente
campaña individualista del consumismo. Pero esta misma situación es regulada
por la propia sociedad en cuanto va adoptando unas formas de organización que,
aunque precarias, son la primera respuesta a la urgencia. De hecho, la gente
comenzaba a intuir que era posible darse un orden más seguro sin la fuerza
pública estatal. Era una experiencia extrema y todavía confusa, pero ocurría
realmente. Sin embargo, después de un vacío de autoridad, el gobierno
concertacionista resuelve imponer el estado de excepción y moviliza tropas para
establecer su control público, tras cuatro días de saqueos de los grandes
comercios e incertidumbre pública, pero también en un momento de incipiente
práctica de auto-organización vecinal. Por ejemplo, en lo personal, al segundo
día del 27F ya era parte del cuerpo de vecinos que protegía la seguridad de la
calle y, al tercer día, participé de la primera asamblea masiva en el barrio,
donde se intentaba regularizar la guardia vecinal y las formas de
abastecimiento colectivo. Pero llegan los militares y todo el mundo fue enviado
a sus casas, separados y ocultos otra vez, en una a seguridad individual que
deposita toda la responsabilidad en la fuerza superior del Estado, bajo las
instrucciones de los mandos vigentes y so castigo de arresto o de golpiza por
alterar ese orden. (Recordemos que al menos un poblador de Hualpén fue
asesinado por la tropa sin motivo alguno y que muchas personas pobres fueron
sometidas a maltratos, palizas e incluso torturas bajo el régimen de
excepción). La solidaridad -sobre todo de la juventud- fue siendo
desplazada por la presencia de fuerzas uniformadas y funcionarios públicos. La
solidaridad social espontánea fue remplazada por la intervención de los
mercados de la publicidad y de la farándula, encabezadas por “Don Francisco”,
cuya voz tomó el lugar de representación nacional de la “solidaridad” con el
aval oficial del gobierno de la Concertación. Junto con el restablecimiento de
las redes de la energía eléctrica y las comunicaciones, se impuso nuevamente el
control de la información pública a través de las grandes cadenas mediáticas,
en manos de los grandes empresarios y del poder establecido. La solidaridad
retomó su carácter aparente e invisibilizó los vínculos internos que la
sociedad había comenzado a encontrar en unos pocos días de vivencias
extraordinarias.
Al
instalarse el gobierno de Piñera con su política de mísera reconstrucción,
activó una estrategia de propaganda que se dedicó a crear expectativas
cortoplacistas para calmar la urgencia de los damnificados y ponerlos en
subordinación y dependencia del asistencialismo que se ha cultivado en décadas
de neoliberalismo[1].
Piñera falsificó sistemáticamente los alcances de su proceso de reconstrucción
gracias al control de la estructura administrativa del Estado y tuvo el poder
omnímodo de las instituciones de información. Recordemos que, al hacerse cargo
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), produjo una crisis en la
institución y el censo nacional de población de 2012 ha terminado siendo
eliminado a causa de sus irregularidades. Este control del poder y de las
informaciones, más la desorganización social y la ausencia de fuerzas políticas
que apuntaran en una dirección correcta, le permitió llevar a cabo una
reconstrucción de pobreza y segregación sin mayor oposición, para el provecho
de la empresa inmobiliaria y para que las constructoras hagan su festín con las
obras públicas. La oposición parlamentaria de la Concertación solamente se
centró en cuestionar las cifras de avance, aspecto engañoso en el que los
grandes medios de comunicación pusieron toda la atención pública. El bloque
concertacionista no habló de los fraudes y estafas, de la corrupción
desenfrenada, de la intervención de la especulación inmobiliaria en las
políticas públicas y menos del maridaje político-empresarial. De todo ello les
informamos y exigimos, incluso se lo fuimos a decir al mismo Parlamento, ya sea
en comisiones o protestas públicas. Y es que no podían hacer otra cosa, porque
sus propios partidos e intereses financieros están comprometidos con grupos
privados.
Los
compromisos de Piñera se basaron en números, en dar cuantificaciones de
damnificados y en mostrar cifras de soluciones. Una información sesgada y
engañosa, pero efectiva para una sociedad que no posee información clara de lo
que sucede a sus semejantes, menos en aquel entonces en que la movilización
social era marginal. Si bien el gobierno presentó siempre alzas porcentuales en
el cumplimiento de su política de reconstrucción, la verdad es que manipuló
constantemente las cifras de sus propias fuentes con la finalidad de crear la
apariencia de progreso, mientras sus oponentes en los partidos parlamentarios
se ocupaban de cuestionar la cantidad de soluciones de vivienda avanzadas. Y
así seguía el “peloteo” entre uno y otro acerca de si más o si menos. Diversas
instituciones sociales y ONGs intentaron enriquecer esta discusión, pero desde
una crítica centrada en el mismo eje: las cifras de avance. Esto es superficial
y no expresa el problema esencial, evitando los elementos esenciales que
describen claramente la existencia de una lucha de clases continua.
En
esta etapa pos catástrofe, lo más grave ocurrió con la apropiación ilegítima
del suelo que afectó tanto a familias damnificadas como a otras no
damnificadas, pertenecientes a sectores populares y obreros. A diferencia de
las familias trabajadoras y profesionales que habían sido estafadas por
empresas privadas al venderles residencias que no cumplían los requisitos (como
el edificio Alto Río que se volcó), en los casos anteriores hablamos de fraudes
o derechamente de estafas cometidas por el Estado contra una masa de gente que
no contaba con la protección de los organismos estatales ni con apoyo técnico o
legal, quedando a expensas de una legalidad que desfavorece al pobre.
El
gobierno de Piñera no terminó con las obras de reconstrucción, aunque según sus
cifras avanzó en la mayor parte. Así como avanzaba la reconstrucción oficial,
también se fueron consolidando sus políticas de segregación social. El problema
es que las obras de reconstrucción presentaron graves falencias y también
perjuicios para los desamparados, se cometieron fraudes por parte del Estado y
de empresas privadas, y la gran burguesía hizo aprovechamiento directo de los
beneficios públicos, ya sea de manera legal o ilegal, con la complicidad de
funcionarios del Estado. En ello participaron políticos y funcionarios de
confianza del gobierno, particularmente en el Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo y en el de Obras Públicas. Respecto de los abusos públicos y de
aquello que se ha dado en llamar eufemísticamente “irregularidades”, no existen
procesos judiciales ni sanciones relevantes. La protagonista de estos abusos en
la región del Bío Bío fue la actual senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe,
involucrada en un sinnúmero de estas “irregularidades” y jefa de los procesos
de apropiación ilegítima de inmuebles. Pero van Rysselberghe no ha sido objeto
de ni un solo proceso de investigación judicial. Tras renunciar a la
Intendencia Regional a causa de sus escándalos y llevar por un corto tiempo un
“bajo perfil”, vuelve inmaculada a presentarse como candidata al Senado sin que
se inmuten ni pierdan el sueño las llamadas fuerzas parlamentarias opositoras,
ahora gobierno como Nueva Mayoría.
-Está
claro que la corrupción en el país no nació con SQM, sino que es uno de los
modos del desenvolvimiento del capitalismo en Chile y en el mundo. ¿De qué
manera lo sintetizas en el caso del 27F?
“La
corrupción funciona como una extensa red mafiosa en los aparatos públicos y el
poder político, en conexión estrecha con el mundo de los intereses
empresariales. En Concepción, antes del aniversario del 27F de 2013, Red
Construyamos y los pobladores de Villa Futuro provocaron la renuncia de Sergio
Jara, director del SERVIU. Este ingeniero de la extrema derecha provenía de los
altos puestos de las empresas constructoras y, al salir del cargo público, pasó
a asumir inmediatamente la vocería de la constructora privada VALMAR, que
ejecuta obras públicas, porque hay que recordar que la Constitución de Pinochet
impide que el Estado posea empresas. Antes de Jara, el director del SERVIU fue
Sebastián Salas, también de la UDI, quien dirigió la compra -en nombre de la
reconstrucción- de terrenos que pertenecían a su familia. Estos delincuentes
salen limpios de polvo y paja gracias al régimen legal y a la corrupción del
sistema político.
Como
te contaba, la erradicación de poblaciones que no fueron damnificadas bajo
pretexto de daños estructurales de vivienda, significó que a miles de familias
de la región del Bío Bío se les quitara la vivienda bajo engaño, es decir que,
en la práctica, se les robó sus humildes propiedades para tomar posesión del
suelo a través del SERVIU. El gobierno inventó la situación de inhabitabilidad
en diversos sectores donde la plusvalía del suelo ha crecido por causa de la
expansión urbana e importantes obras viales, entre otros factores. Se les llamó
a abandonar sus viviendas con la promesa de una pronta reconstrucción y con
engañosos ofrecimientos de mejoras en la calidad de vida, cosas que no
existieron. Una vez erradicadas las poblaciones y perdidos sus suelos, los
mandos de la burocracia estatal tienen en sus manos el destino de esos suelos
para futuros proyectos inmobiliarios que no son de conocimiento de la población
hasta que las obras se inician, una vez que se han creado las condiciones
técnicas y legales de su ejecución. La gente fue amedrentada y engañada por
funcionarios del Estado, lo que fue facilitado por los escasos recursos de
apoyo, el desconocimiento de las condiciones de propiedad y el temor al Estado.
Por ello es que terminó una mayoría cediendo su vivienda para que se les
entregasen nuevos subsidios de postulación a vivienda social o, en muchos
casos, se les dejase a su suerte, ya sea con una suma de entre 2 y 15 millones
de pesos (entre USD2.860 y USD21.400), correspondientes a la indemnización por
el valor del suelo sin construcción o correspondientes a subsidios de vivienda.
Hay un número importante de ex propietarios que recibieron solamente una
fracción del subsidio (10 millones de pesos o USD14.000), debido a que la
adquisición de vivienda no se completó por causa de un procedimiento irregular
del SERVIU que intentaba apurar el desalojo. Debido a la incapacidad de ahorro
y de sustento económico familiar, muchas personas gastaron el dinero incompleto
del subsidio en otros bienes menores o en su propia subsistencia. Debo decir
que en estas regiones de Chile no existen viviendas por el valor del subsidio
social de vivienda, a menos que sea para postular a proyectos de vivienda
social que se ubican en suelos de escaso valor, es decir, en las periferias o
en lugares de riesgo. En definitiva, la pérdida de la vivienda de estas familias,
que habían crecido en el valor de su suelo, significó agravar las condiciones
de pobreza y resultó muchas veces en la pérdida de la propiedad.
Hay
que comprender que esta intervención fraudulenta del Estado se ejecutó contra
poblaciones obreras y pobres, familias muchas veces compuestas de sólo la dueña
de casa con sus hijos, en situaciones de precariedad laboral agudas. En
consecuencia, se trató de un abuso descarado. Te hablo de poblaciones como el
conjunto de edificios de Camilo Olavarría en la ciudad de Coronel, que alojaba
a más de 400 familias, o el conjunto de bloques de edificios de la población
Villa Futuro en la comuna de Chiguayante, de 1300 familias, o el intento aún
frustrado de erradicación de la población Aurora de Chile, que se halla junto al
centro de Concepción y que aloja a 700 familias, o el caso de la caleta
turística de Dichato, donde gran parte de la población costera fue erradicada a
los cerros. Y hay casos denunciados en otras ciudades, como el de un conjunto
residencial en la ciudad de Bulnes de esta misma región. También se pueden
mencionar acciones contra bienes de interés público. Por ejemplo, la
liquidación de los mercados centrales que son, en general, muy antiguos y
céntricos, o contra numerosos establecimientos educacionales que, dada su
ubicación, fueron demolidos y sus terrenos puestos en proceso de privatización,
desde el sur del Bio Bio hasta la región Metropolitana. Es el caso del liceo
Balmaceda en Concepción, en el que los alcaldes Kuhn de la UDI, y luego Ortis
de la DC, coincidieron perfectamente en la idea de vender, a pesar del clamor
popular que exige recuperar la educación pública. ¿Cuánto más habrá ocurrido en
otras ciudades o regiones donde la gente no estaba organizada y no pudo luchar
por su derecho a la vivienda, a la educación, a la salud... derechos que les
fueron conculcados por el propio Estado en nombre de la especulación
inmobiliaria?”
-¿Ha
habido diferencias sustantivas entre uno y otro gobierno?
“Diría
que hay diferencias meramente formales. El gobierno de Michelle Bachelet
prometió revisar la reconstrucción y creó una comisión presidencial encabezada
por su delegada, Paula Fortes. Se levantó un diagnóstico bajo una fórmula de
participación aparente, con dirigentes cooptados o que acogieron las nuevas promesas.
El gobierno, fiel a la línea seguida por sus partidos, no ha ido al fondo del
problema. Por lo mismo, nunca existió de parte de este gobierno una revisión de
los procedimientos, de los vínculos político-empresariales, ni de la legalidad
que es la base sobre la que se permiten estos abusos. El tema terminó en un
maquillaje para que todo quede igual.”
LAS
LECCIONES
-¿Qué
conclusiones políticas y sociales han obtenido colectivamente?
“Los
pueblos de Chile tienen el desafío de superar el engaño de la élite, de sus
corporaciones industriales y financieras, de sus partidos políticos y medios de
dominación masivos. Hay que instalar nuevas ideas de cambio. Eso significa
combatir desde la ideas todo el tinglado de ilusiones y el modelo de solidaridad
del tipo Teletón, que intervino en las circunstancias del 27F con la función de
dominar el problema social y no de desarrollar la solidaridad. Es posible
levantar otra práctica si se hace con una visión clasista. De hecho, tuvimos
por breves instantes la vivencia de la solidaridad real, de la necesidad de
unión, y eso no puede pasar sin dejar huella. El gran problema nuestro, de los
sectores populares más conscientes, es de organización y de definición de unas
líneas de lucha común. Un trabajo que puede parecer lento para este país, pero
que, inevitablemente, tendrá el impulso de las luchas próximas, que -según
observo- serán de proporciones mayores.
Hay
que acrecentar la organización social, que sigue siendo muy poca y de baja
participación. Por otra parte, tenemos la urgencia de construir un bloque
político basado en un programa de cambios inmediatos, a lo que yo agregaría:
que tenga la vista puesta declaradamente en la superación del capitalismo y en
la construcción del socialismo, que no es una reedición de nada, sino que es,
por definición, el proceso de socialización de los procesos de producción, de
distribución de los bienes y de generación de una democracia superior, ubicada
en las particularidades de nuestros pueblos. El socialismo es la única idea
efectivamente nueva para resolver la crisis en que se halla la sociedad. Es
verdad que carecemos aún de los partidos de la clase trabajadora que tengan la
solidez y el acierto para acelerar esto, por lo que ello representa una tarea
que debemos hacer en conjunto con la promoción de la organización y del
movimiento social. Ya se están aclarando algunas ideas político programáticas
que se han ido exponiendo en los últimos años y que apuntan hacia el camino de
formar una plataforma amplia, diversa, pero cuyas medidas urgentes han de ser
unitarias en relación, por ejemplo, con los cambios constitucionales
democráticos, la soberanía del pueblo sobre sus recursos, el freno del
neoliberalismo, la garantía de derechos sociales y laborales en un marco nuevo,
etc. Se trata de responder en lo inmediato a cuestiones que cada vez hacen más
sentido en la población y que requieren una alternativa que piense en la
acumulación de fuerza organizada para avanzar y resolver en la marcha los pasos
superiores que lleven a las mayorías explotadas a sepultar el neoliberalismo y
superar el capitalismo conquistando el poder. Tal alternativa requiere de una
movilización de masas gigante y de una claridad a la que deben contribuir las
organizaciones políticas. La izquierda debe asumir que no puede enfrentar cada
coyuntura para alimentar sus propias y pequeñas fuerzas. También, tendremos que
asumir la discusión ideológica necesaria para aclarar nuestras aspiraciones
políticas, dejando de maquillarnos constantemente con la careta de un ciudadanismo
inocente y deslavado que revela una actitud vergonzante hacia el carácter
revolucionario de nuestras luchas y que amenaza con desviar el sentido de
ellas. Lo cierto es que aquí habrá una gran lucha social y ello supone
situaciones que desbordarán a las ilegítimas instituciones del poder político.
Pero la garantía del cambio profundo depende de más cosas que la sola gente en
la calle.
La
experiencia que pasamos al intentar responder a una necesidad urgente de
reconstrucción, demuestra que se requiere mucha más organización y más
comprensión del papel real del Estado, completamente controlado por el gran
empresariado y los oligopolios. De este Estado y de sus gobiernos no saldrán
leyes ni medidas políticas que apunten en una dirección diferente a esos
intereses, sobre todo si no hay una presión extraordinaria sobre él. Las
poblaciones de las distintas zonas del país probablemente enfrentarán nuevas
catástrofes naturales en condiciones similares a las conocidas, puesto que el
Estado no ha revertido las causantes fundamentales de la vulnerabilidad social
y urbana. Por el contrario, ha fortalecido su lógica de acumulación de la
propiedad capitalista. Por tanto, las organizaciones sociales del país deben
desarrollar los mecanismos de defensa que le sirvan en una emergencia, ya sea
tanto para enfrentar una catástrofe natural como para combatir los ataques del
Estado neoliberal. Debemos pasar de las marchas y asambleas a niveles
superiores de organización, metas que requieren de una izquierda más abierta y
unitaria, que mire más allá de objetivos cortoplacistas y autorreferenciales.
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