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lunes, 31 de agosto de 2015

ANI Y PDI ESPIAN INDISCRIMINADAMENTE COMUNICACIONES DE LOS CHILENOS


Recién en estos días, luego de casi dos meses, empieza a surgir alguna inquietud a raíz de la adquisición por parte del gobierno ‘democrático’ de la Nueva Mayoría de un potente programa informático para que la ANI y la PDI puedan hurgar ilegalmente en las comunicaciones telefónicas y a través de la web de los chilenos

A principios de julio pasado, diversas fuentes del ámbito de la informática alertaron sobre la adquisición por parte de varios gobiernos latinoamericanos de programas informáticos para espiar a sus conciudadanos; uno de ellos, era Chile.

Recordemos (del 5 de julio[1]):

“Gobiernos de América Latina compran software espía de Hacking Team

El domingo 5 de julio, se expusieron públicamente 400 GB de información de la empresa italiana Hacking Team, dedicada a la comercialización de software de espionaje para gobiernos. Los documentos incluyen facturas, correos electrónicos, datos fiscales y código fuente, entre otros archivos. Las revelaciones permiten entender los alcances a nivel global de Hacking Team, una compañía que fue catalogada en 2013 por Reporteros Sin Fronteras como uno de los “enemigos de Internet”.

El software de espionaje comercializado por Hacking Team, conocido también como DaVinci o Galileo, es un programa que infecta los dispositivos de la persona atacada, permitiendo sustraer datos, mensajes, llamadas y correos electrónicos. El atacante también obtiene acceso al micrófono, cámara y teclado para registrar imágenes, audio o cualquier otra actividad sin conocimiento de la persona afectada.

En la filtración se halló que seis países de América Latina son clientes de Hacking Team: Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá. Dependencias como la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Secretaría de Inteligencia de Ecuador (SENAIN)  la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia (DIPOL) o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México (CISEN) han adquirido licencias de software de control remoto (RCS) a la empresa italiana. En el caso de México, se identificaron hasta 14 contratos individuales con la compañía, por parte del gobierno federal y los gobiernos estaduales, algunos de ellos sin facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas.

Las organizaciones de la sociedad civil de América Latina rechazamos la venta y adquisición de estos programas de vigilancia, que sin controles adecuados, ponen en riesgo los derechos humanos de la región, por los siguientes motivos:

  1. El proceso de compra ha sido realizado con total opacidad. Exigimos que los Estados involucrados realicen esfuerzos para asegurar la transparencia de sus actividades de inteligencia, en particular relativos a la compra y tipo de     utilización efectiva de tecnologías que permiten vigilancia informática, ante la posibilidad real de que este software esté siendo utilizado para espiar a activistas y disidentes sin causa justificada. En 2013, la firma Kaspersky ya demostró que DaVinci fue usado para el espionaje de activistas políticos en el Medio Oriente.
  2. Debido a los bajos estándares de control legal en la adquisición y uso de las tecnologías de vigilancia en la región, se necesita una discusión abierta en los Congresos nacionales acerca de las leyes que rigen y regulan las actividades de vigilancia, sometidas al escrutinio público. Ante la posibilidad técnica de que estas actividades pongan en riesgo derechos humanos, estas legislaciones deben reflejar los estándares más altos y sujetar las acciones de los organismos de inteligencia a la autorización previa de un organismo judicial imparcial e independiente.
  3. Las labores de vigilancia de los gobiernos deben regirse bajo el principio de proporcionalidad, agotando todas las instancias legales posibles antes de violar la privacidad de un individuo. Se debe abogar por las medidas menos intrusivas y por la existencia de puntos de control estrictos. De lo contrario, no solo se violenta el derecho a la privacidad, sino que se atenta contra la  libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de circulación y de asociación; así como el completo ejercicio de los derechos humanos.

La empresa Hacking Team y los gobiernos involucrados son responsables de dicho espionaje en la esfera internacional. Exigimos que las empresas tengan como prioridad el respeto de los derechos humanos y no los contratos de prestación de servicios con gobiernos opresores y abusivos. A los Estados, exigimos que respeten los derechos humanos de sus ciudadanos, cesen dichas prácticas ilegales de vigilancia y transparenten el objetivo de la compra de software, el presupuesto público gastado en cada caso y las garantías tanto legales como procedimentales para evitar la violación de derechos.”

Al día siguiente, 6 de julio, nuestra vernácula imitación del FBI, la policía de investigaciones (PDI), declaró[2] muy ufana que la tecnología adquirida es usada "en la persecución de los delitos con la respectiva autorización judicial" (¿?). Confirmaba así la compra del software creado por la empresa italiana Hacking Team, que igualmente había sido ‘hackeada’ el día anterior y que permitió conocer de variados documentos, incluyendo contratos y facturas de la negociación con la Policía chilena. "Dicha herramienta fue adquirida en el marco de un proyecto de modernización del área tecnológica de la PDI, cuyo objetivo era incrementar sus capacidades operativas en la investigación de crimen organizado, terrorismo internacional y narcotráfico a gran escala, considerando que cada día la delincuencia organizada es más sofisticada y cuenta con importantes soportes logísticos y económicos", dijo la PDI. Además, señaló que el software "se adquirió cumpliendo todas las normativas relativas a compras públicas y es utilizada de manera exclusiva en la persecución de los delitos con la respectiva autorización judicial".

Recién hoy, a casi dos meses de la filtración y de que la PDI aceptase la adquisición del programa espía ‘legal’, nos informamos[3] que nuestros coimeros congresales de la comisión de ‘Inteligencia’ de la cámara citaron para mañana 1° de septiembre al director de la Agencia Nacional de Inteligencia -ANI- Gustavo Villalobos, para que explique cómo están ocupando en la policía mentada un software que intercepta masivamente llamadas telefónicas y el flujo de datos desde computadores.

El diputado DC René Saffirio, que es presidente de la comisión de control de los sistemas de inteligencia de la cámara, indicó que el director nacional de la ANI, Gustavo Villalobos, les había requetejurado que se habían tomado todas las medidas de resguardo respecto al uso del programa. Sin embargo existen dudas y por eso fue citado al congreso, para que les largue algún calmante y la cosa siga igual.

Sin embargo, deberíamos saber que el programa espía, “Sistema Control Remoto Galileo”, adquirido por la PDI ya está funcionando a full; que además de interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos, permitiría recuperar mensajes y fotos, incluso si estos han sido eliminados; que dicha herramienta de Hacking Team permite el acceso a archivos y comunicaciones, tanto de correos, llamadas de voz sobre IP (como Skype) o conversaciones de chat, en computadores y teléfonos móviles, superando las capas de encriptación que puedan tener. Es decir, deja al desnudo a todo el mundo y sus comunicaciones por vías electrónicas y digitales. Asimismo, podríamos estar frente a una colusión político-empresarial en contra de los derechos de los ciudadanos. Por ello, como mínimo, el gobierno debiera dejar de lado un programa de vigilancia que no resiste ninguna crítica dentro de una convivencia democrática.

Una factura, por la instalación y mantención del sistema de "Phantom" (el cliente chileno; o sea, la PDI), tiene como fecha el 12 de diciembre de 2014, siendo emitida en Milán. El monto es indicado como "2 850 000", sin especificar una moneda, pero una garantía del banco BCI (también filtrada en el ataque, con fecha de 21 de octubre de 2014) indica que el contrato es en dólares. El mismo documento muestra que el contrato es por el sistema de monitoreo "Galileo" y menciona el 15 de diciembre de 2018 como fecha de vencimiento.

"Quieres ser capaz de mirar a través de los ojos de tu objetivo", dice un video presentando el servicio. "Mientras tu objetivo navega por la red, intercambia documentos, recibe mensajes de texto". La empresa italiana es parte de la lista de los "Enemigos de Internet" de la organización Reporteros Sin Fronteras, por la venta de sus servicios a gobiernos de regímenes opresores.

En suma, debemos luchar también, denodadamente, por nuestra independencia y libertad digital y electrónica; el Gran Hermano, ya está aquí.

¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!


Colectivo Acción Directa –Chile
Agosto 31 de 2015

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