El llamado “Milicogate” corresponde al
desfalco realizado por miembros del ejército de fondos de la Ley Reservada del
Cobre, cuyas primeras luces de alarma estallaron el 2 de abril de 2014.
Entonces, fueron descubiertos los primeros indicios de la defraudación. Estas
operaciones, que inicialmente involucraron $ 103 millones, ascenderían en la
actualidad a ¡Miles de millones de pesos! y ahora se supone que la ¿justicia?
militar le está siguiendo la sigue la pista.
La
mayor dificultad hasta ahora es cerrar el cerco sobre todos los implicados en
el caso, determinar las verdaderas cifras escamoteadas y asignar las
responsabilidades y penas correspondientes, todo lo cual, lamentablemente, se
encuentra bajo investigación de la abogada Paola Jofré de la VI fiscalía
militar. Y decimos ‘lamentablemente’, por cuanto nada asegura que entre jefes y
subordinados no vayan a existir nuevos pactos de silencio, ocultación de los
peces gordos y patos de la boda que paguen por las culpas de los de ‘arriba’;
todo ello muy típico en los anales de la tal “justicia” militar.
En
la investigación reservada que llevaba la mentada fiscalía, y que estalló el
pasado miércoles 12[2],
un coronel a cargo de la Tesorería del Estado Mayor, Clovis Montero, principal
imputado y detenido en el caso, se declaró principal responsable de la
substracción de dineros públicos de dimensiones aún desconocidas. Junto con
este oficial, también se encuentra detenido por los robos el cabo Juan Carlos
Cruz.
Tras
admitir sus faltas, Montero dijo que lamentaba la actitud de sus superiores,
pues muchos se habían beneficiado con las platas que se desviaban ilegalmente.
Por ejemplo, le pedían favores monetarios desde la Casa Militar “de Lo Curro,
por seis o siete millones”
La
primera versión de los ilícitos, recogida en abril de 2014 y admitida por los
propios involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo entre
enero y marzo de 2014. La irregularidad correspondía a compras falsas de
repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim,
representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la
institución en el rubro “material de guerra y repuestos”.
Frasim, emitió diez
facturas por repuestos de autos militares que jamás fueron entregados. Sólo por
ésta operación, el cabo Cruz, quien solicitó al Tribunal Constitucional en febrero
que se pronuncie sobre la legalidad de que la causa sea investigada
simultáneamente en tribunales civiles y militares, admitió además haber
recibido 15 millones de pesos en sobornos.
Descubiertos,
Montero contactó urgente a Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último
pago recibido, por $ 53 millones; es decir, una bicoca comparada con lo
defraudado. El último accedió y le pasó a Montero un vale vista del BCI, el que
éste, a su vez, entregó al tesorero del Ejército, su amigo el general Samuel Poblete,
en el estacionamiento del Edificio Bicentenario. Así de caraduras son nuestros
valientes soldados. Y es debido a esa desfachatez, algo estólida digámoslo, que
nadie cree que sólo un cabo y un coronel pudieran cometer por sí solos esta
defraudación fiscal de dimensiones monstruosas.
Demás
está decir que se burlaron los controles y auditorías internas por el simple
expediente de ordenar la dirección del Comando de Apoyo a la Fuerza que ellos
no se realizaran, exigiéndose sólo la toma de razón. Ello debiera haber
despertado las sospechas de alguna oficialidad algo más honesta, pero el
sistema siguió la ruta orientada al delito. Da la casualidad que es aquel
estado mayor el que revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que
autorizan los giros de los fondos reservados del cobre, y es con estos
remanentes que se pagaban operaciones como las vinculadas a las defraudaciones
conocidas ahora como “Milicogate”.
La Ley
Reservada del Cobre o Ley N° 13.196, de 1958
¿Y
por qué no hicieron nada en su momento la Contraloría General de la República o
el venal congreso? Por la sencilla razón de que esos dineros que se estaban
robando se encuentran dentro de la bolsa de lo que se llama ‘fondos reservados’
y, ante ello, dichas instancias carecen de autoridad para fiscalizar las
operaciones en que esos fondos se utilicen. Así de sencillo y así de
irrespetuoso hacia la manida ‘soberanía popular’ por la que rasgan vestiduras
los que defienden el actual sistema de dominación.
Si
ustedes buscan ‘Ley Reservada del Cobre’ en internet, encontraran[3] lo
siguiente: “LEY Nº 13196, DE 1958. LA
PRESENTE LEY TIENE EL CARÁCTER DE RESERVADA Y POR CONSIGUIENTE, SU TEXTO HA
SIDO PUBLICADO EN UNA EDICIÓN RESTRINGIDA DEL DIARIO OFICIAL.”
De
lo anterior, es fácil darse cuenta que tanto secretismo, con grandes sumas de
verdes billetes en manos de inescrupulosos uniformados y civiles de los cuerpos
armados, da para todo. Para la compra de armas modernas que nadie necesita o
pidió, pero que hace más ricos a los fabricantes y traficantes de armas; para
engrosar los sueldos y beneficios para la oficialidad de las diversas ramas de
las FF.AA., y de paso para sus familias; para pagarle la defensa legal a tantos
infelices que mataron, desaparecieron y torturaron a buenos chilenos; para la
riqueza de Pinochet y su bastarda familia; para pagar favores a los civiles
amigos de los milicos, y un largo etc.
El
problema de fondo no es solo la millonaria defraudación fiscal, probablemente
la mayor en lo que va de esta falsa democracia, sino la absoluta falta de
control de la sociedad civil y sus instancias sobre lo que hacen las FF.AA. con
las entradas provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
Esta
norma, de hecho, establece que un 10% de las ventas de Codelco deben ir a la
compra de armas, con un piso anual de US$ 150 millones. Los recursos deben ser
gastados en partes iguales entre las tres ramas de la defensa, bajo estricta
reserva.
Por
ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos US$ 600 a 900
millones anuales en los últimos gobiernos, las FF.AA. poseen un excedente de
unos US$ 4.500 millones sin gastar y que las autoridades no pueden destinar a
proyectos sociales.
Hasta
2025, Chile destinará otros US$ 700 a 900 millones anuales a la compra de
armas, unos 5.000 a 6.000 millones pesos al cambio actual. A ese monto hay que
agregar otros US$ 500 millones para adquisición de municiones. Es decir, unos US$
5.500 millones en cada período presidencial, en promedio.
Con
esos fondos se podría financiar completamente la reforma educacional o
construir 20 hospitales, totalmente equipados. También construir 300 mil
viviendas de 1000 UF para familias de bajos recursos en dos gobiernos, acabando
con los campamentos en el país.
Las
nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los US$ 9.136 millones gastados ya
entre 1990 y 2012, que permitieron adquirir cazabombarderos F-16, submarinos
Scorpene y cientos de tanques Leopard, entre otros equipamientos de guerra. A futuro,
los planes de compras de las innecesarias armas buscan mejorar la movilidad y
la capacidad de fuego de las distintas ramas de la defensa, sobre todo tras las
enormes fallas operativas de los ‘valientes soldados’ frente al terremoto del
27F de 2010.
Para
finalizar y para que no digan que en esto sólo tocan el pito los de la derecha
política y todos los mojados por el billete derivado de la famosa ley 13.196,
digamos que hoy se supo[4] que en
los gobiernos de Lagos, el 1° de Bachelet y el del Tatán Piraña se autorizaron
inversiones secretas en armas por, al menos, US$ 1.458 millones, entre 2005 y
2014, a favor del ejército chileno con fondos de la Ley Reservada del Cobre. Se
abre también todo un capítulo sobre las bárbaras cifras invertidas en armas y
equipamiento militar que evidencian que, sin tener conflictos bélicos potenciales
ad portas, Chile se ha embarcado en
una carrera armamentista desenfrenada, restándose con ello aportes
substanciales a lo que debiera haber sido una política de inversión en un
desarrollo económico nacional orientado a resolver las necesidades de las grandes
mayorías nacionales.
¡A LUCHAR POR NUESTROS DERECHOS Y NUESTRA
DIGNIDAD!
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!
Equipo Sindical CAD –Chile
Agosto 20 de 2015
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