Nos
referimos a Sergio Bustos, el mismo que trabajaba en Caval y que, al no serle
pagado su buen billete, destapó el caso que implicó al hijito que se hace el
huevón y la nuera, barriendo de paso con lo poco de credibilidad que le quedaba
a Bachelet
El pasado martes 4, el ministro de la Corte
de Apelaciones de Chillán Claudio Arias determinó someter a proceso judicial a
Sergio Bustos Baquedano, junto con otros 15 delincuentes de la dictadura
cívico-militar, luego que su actuación fuera acreditada dentro de la
investigación por el asesinato de tres militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
–MIR- en 1974, en la localidad de San Carlos.
De
no ser por la querella por retribuciones ‘laborales’ de Sergio Bustos, el “caso
Caval”, es cierto, nunca se hubiera destapado y no se habría dado paso a la
investigación que afecta a esa empresa, propiedad de la nuera, Natalia
Compagnon, y el hijito, Sebastián Dávalos, de Michelle Bachelet. Recordemos,
asimismo, que en el ilícito se encuentra envuelto, como prestamista, il capo de tutti capi Andrónico Luksic,
dueño del Banco de Chile y de la mitad de ídem. Bustos Baquedano presentó una
abultada demanda laboral en el 2° Juzgado del Trabajo de Santiago aludiendo el
no pago de ¡$ 200 millones! por las gestiones que realizó en favor de la empresita
Caval, de los parientes de Bachelet.
Pero,
resulta que el tipo éste Bustos es el mismo que debe enfrentarse a la justicia,
como procesado, en una causa por violación de Derechos Humanos llevada adelante
por la Corte de Chillán. Ahora bien, el ex integrante del terrorista y neofascista
Frente Patria y
Libertad (PYL) y amigo de la Colonia Dignidad, quien sigue viviendo por San
Carlos, asegura que “no tenía conocimiento del procesamiento indicado por el
ministro Arias”[1].
Seguramente, habrá que refrescarle la memoria.
El
sujeto declaró ante la PDI en diciembre pasado[2], luego
que su nombre apareciera en las fichas de la Colonia, como un colaborador de la
inteligencia militar antes del golpe, después de la DINA y
además de haber sido militante del reaccionario PYL. En su testimonio,
Bustos lo reconoció directamente: “A su pregunta debo indicar que efectivamente
era simpatizante de Patria y Libertad”. Digamos que a diferencia de otras ciudades de Chile donde operó la
represión del régimen militar, San Carlos y Chillán tuvieron una diferencia:
los militantes de PYL no sólo colaboraron con la inteligencia militar de la
época, incluso prestaron sus domicilios para torturas y detenciones, según consta
en la investigación judicial.
En
su resolución[3],
el magistrado Arias estableció que Bustos, al momento de los hechos, se desempeñaba
en el Servicio de Inteligencia Civil (SIC) en San Carlos y gracias a la
información que obtenía y que traspasaba a las autoridades militares, permitió
que agentes de la DINA secuestraran,
el 19/04/74, y asesinaran, el 28/04/74, a ROLANDO
ANGULO MATAMALA. Rolando, de 26 años de edad, era casado. Militaba en el MIR
y trabajaba en la Dirección de Asistencia Social del Ministerio del Interior, a
cargo de la zona de Chillán. El 19 de abril de 1974 salió de su casa. Tiempo
después, su cuerpo fue encontrado en una fosa junto a otros cadáveres, pudiendo
determinarse que falleció producto de la acción de uniformados a causa de su
actividad en la Resistencia Popular.
Junto
a Sergio Bustos, fueron sometidos a proceso otros 14 sicarios de la dictadura
cívico-militar: Osvaldo Ortega Echeverría, Mario
Romero Godoy (ex fiscal militar), Fernando
Gómez Segovia (jefe de la DINA en la VII y VIII regiones), Froilán
Aguilera Domínguez, Luis Troncoso Verdugo, Pedro Vergara Mieres, Hugo
Villamán Salazar, Patricio
Marabolí Orellana, Lincoyán Lagos Tortella (otro PYL del SIC), Héctor Soto
Hermosilla (también SIC), Luis Toledo Espinoza, Humberto
Olmedo Álvarez, Arturo
Alarcón Navarrete y Fanor Aguilera Pizarro.
En
tanto, Gómez Segovia, Romero Godoy y Marabolí Orellana, también fueron
encausados por el homicidio calificado de otro integrante de la resistencia mirista
a la dictadura. Se trata de BARTOLOMÉ
SALAZAR VÉLIZ, hecho ocurrido en San Carlos el día antes que asesinaran al
compañero Rolando; es decir, el 27 de abril de 1974. Se sabe que Bartolomé,
profesor del Liceo de Niñas de Chillán, de 31 años, fue detenido el 17 de abril
del “74, y llevado al regimiento de Chillán. Fue vilmente ejecutado y sus
restos aparecieron a las orillas de un río cercano a Quinchamalí.
Los
represores mencionados antes, junto a Alarcón Navarrete, además, enfrentan el
mismo cargo por la muerte y desaparición de OGAN
LAGOS MARÍN, asesinado el 27 de abril de 1974. Ogan fue detenido en Chillán
la madrugada del 15 de marzo de 1974. Es torturado en investigaciones (hoy PDI)
y en el regimiento n°9 “Chillán”. Llevado a la cárcel pública, desde allí es
retirado el 25 de abril por milicos para llevarlo, según aviso Ogan a otros
presos, de vuelta al regimiento. Su madre acudió a verlo y le dijeron que
habría quedado en libertad, pero la verdad es que había sido asesinado y su
cuerpo apareció el 27, con 4 perforaciones de bala en un fundo cercano a
Tanilvoro. El cadáver del compañero fue retirado como NN y sólo después de
muchos meses pudo ser identificado como quien era, gracias a sus huellas
dactilares, pero de los restos de Ogan ya se había perdido todo rastro.
En
suma, en los casos de los tres compañeros se evidencia el accionar represivo
delincuencial de un comando conjunto de miembros del ejército, carabineros, de
investigaciones y civiles de PYL, en una razzia contra la base mirista de
Chillán, que integraban los resistentes antidictatoriales.
Todos
los sicarios de la dictadura cívico-militar mencionados han ido siendo
detenidos estos días por la brigada investigadora de delitos contra los Derechos
Humanos de la PDI, salvo el ex milico y también amigote de la colonia dignidad Gómez
Segovia, quien purga condena en el Penal-Hostal de Punta Peuco por la
desaparición en Parral del militante comunista PEDRO
MERINO MOLINA, ocurrida en 1974.
La
historia del obscuro Bustos Baquedano se cruzó con la de Natalia Compagnón,
nuera de Bachelet, a raíz de la compra de terrenos en Machalí, hecho
investigado por la Fiscalía de Rancagua bajo los delitos de cohecho y tráfico
de influencias. Su trabajo, dijo ante el Ministerio Público, consistió en
buscar el financiamiento para la compra de los paños en el Banco de Chile,
logrando conseguir la reunión con el vicepresidente ejecutivo de la entidad
Andrónico Luksic quien aprobó el empréstito por $ 6.500 millones.
Aun
cuando Bustos Baquedano perdió la demanda-chantaje en el tribunal, lo cierto es
que destapó una red de especulación inmobiliaria y cruces de relaciones que van
desde la UDI, el PS y el mundo empresarial. Con todo, él debe pagar por su participación
en los deleznables crímenes de los compañeros del MIR que recordamos y por quizás
cuantas muertes más; bueno, no sólo Bustos, sino que todos los criminales de
lesa humanidad que por tanto tiempo han gozado de impunidad.
Ver
resolución del procesamiento en:
¡NI OLVIDO NI PERDON: VERDAD, JUSTICIA Y
MEMORIA!
¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!
Colectivo Acción Directa - CHILE
Agosto 7 de 2015
No hay comentarios :
Publicar un comentario