“A nadie le faltan fuerzas; lo que a
muchísimos les falta es voluntad”
Víctor
Hugo
En los albores de la pseudodemocracia en
curso, exactamente el 9 de febrero de 1991, al recibir el informe de la comisión
de verdad y (nótese) reconciliación
(como si víctimas y victimarios pudieran componérselas cual si en Chile no
hubiera pasado nada) o Rettig, el golpista encumbrado a presidente Patricio
Aylwin dijo una frase para el bronce, pero de las ignominias: “La conciencia moral de la nación exige que
se esclarezca la verdad de lo ocurrido en la materia, por dolorosa que sea, y,
sobre la base de esa verdad, se busque
la justicia en la medida de lo posible”[1].
Y
así no más ha sido hasta hoy respecto de los crímenes contra los Derechos
Humanos: algo de verdad por aquí[2] y por
allá[3] y
justicia hasta donde no les duela a las derechas política y económica, a las
FFAA y carabineros; es decir, a los culpables directos e indirectos de los más
de 3.500 asesinatos, 1.200 casos de detenidos desaparecidos notificados, entre 45
y 65 mil presos políticos, y cerca de un millón de exiliados, todos crímenes
cometidos entre 1973-1990.
Claro
que la esencia inmoral de esa “justicia en la medida de lo posible” se ha
extendido a todas las esferas de la vida social chilena, dado que las fuerzas
mantenedoras y reproductoras del sistema de dominación heredado de la dictadura
cívico-militar, encarnadas antes en la Concertación y desde hace un par de años
por la gobernante Nueva Mayoría (NM), se han jugado por enteras para lograr que
todo siga más o menos lo mismo que hace 5 lustros y no cuestionarse la realidad
que nos toca. Así, no es raro que persista un Estado que subsidia a unos pocos
chilenos con platas que son de todos los chilenos; un Estado que dejó en manos
del capital monopólico-financiero la industria, las obras públicas, el comercio
exterior y los servicios públicos; un sistema previsional, basado en las AFP,
que es un inmenso negociado para un puñado de grupos financieros y que deja en
la indefensión a la mayoría de l@s jubilad@s; unos sistemas públicos de salud y
educación pauperizados e inermes ante los subsidios que, a despecho de lo que
debiera ser, les son entregados generosamente a los capitales privados
invertidos en esas áreas; una política de vivienda social en manos de la banca
y de financieras, que igualmente obtienen pingues ganancias gracias al apoyo
del Tata Estado. En fin, resulta muy abultado el listado de lo que los grupos
mantenedores y sustentadores de éste inicuo sistema han dejado hacer o no han
querido remediar, por aquello de que se impusieron unos antipopulares límites.
Sólo
un ejemplo. Antes de resultar electo Aylwin, la ex Concertación había prometido
revisar TODAS las privatizaciones de empresas públicas cometidas ilegal e
ilegítimamente bajo dictadura[4]. Pues
bien, todos los gobiernos de esta democracia de mentira no sólo mantuvieron
tales ilícitos, sino que privatizaron las que quedaban.
Pero,
volvamos al tema de los Derechos Humanos. Se sabe a ciencia cierta que en el
caso de los dos jóvenes quemados el 2 de julio de 1986[5], Carmen
Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, los militares mintieron sobre la
atrocidad que allí cometieron, pero no se ha prestado atención al rol cohonestador
de los delitos por parte de Pinochet[6], la
junta militar, los civiles que cooperaban con los milicos, el poder judicial y
los medios noticiosos oficiales. Y es a este respeto, acerca de todos aquellos
que fueron cómplices del abominable crimen de lesa humanidad cometido entonces,
que la valiente Carmen Gloria ha apuntado, descolocando con ello al gobierno de
Bachelet y la NM.
Pero,
pongamos atención. Nos parece que el gobierno de la NM ha querido sacar alguna
mezquina ventaja del caso mencionado, jugándose una arista novedosa y muy
peligrosa de aquella máxima de la “justicia en la medida de lo posible”. Nos ha
parecido sospechosa la oportunidad en que se lanza la noticia de la confesión
del ex conscripto, lo cual hace decantar una serie de sucesos. Con esto no estamos
negando la necesidad que se haga verdad y justicia, oficiales y legales, en éste
y todos los casos de atropellos a los DDHH y mientras antes mejor. Sólo
queremos remarcar un hecho. Fernando Guzmán Espíndola, el ex soldado que
confiesa, realizó su declaración al ministro Carroza no ahora, sino que a
mediados de 2014[7].
Esta dilación en el anuncio de su reconocimiento de los hechos hasta un momento
muy oportuno para Bachelet y el gobierno de la Nueva Mayoría, justo cuando la
credibilidad de estos se encuentra por los suelos frente a la opinión pública y
cuando han perdido la confianza de la gran mayoría de la población, nos parece,
al menos, sospechosa.
Sin
duda que la política de “la medida de lo posible”, más que ser un ejercicio de moderación
confuciana, se convirtió en la explicación y la excusa para transgredir todos los
límites morales, legales y éticos. Julio Ponce Lerou, Giorgio Martelli, Enrique
Correa, Sebastián Piñera, el Choclo Délano y tantos más son los actores que dan
vida a esta obra criolla[8]. Es el
dejar de hacer lo que deben estos pragmáticos de la NM lo que permite que
algunos sujetos se pasen de la raya, puesto que, como nadie le pone coto a la
chacra moral, viene un ex marino devenido diputado, Jorge Ulloa, quien, ante el
inminente fallecimiento del ‘Mamo’ Contreras, asegura[9] que
corresponde que el ex jefe de la DINA, que carga con penas de cárcel por más de
500 años por crímenes de lesa humanidad, reciba honores del ejército; ¿qué tal?
Esta
segunda fase de la política “en la medida de lo posible” ha llevado a los
grupos mantenedores y reproductores de éste sistema desigual y excluyente a
hacer el ridículo, ¿será por aquello que la historia, cuando se repite, lo hace
la primera vez como drama y la segunda como comedia (más bien macabra en este
caso)? Porqué o si no, ¿cómo se explican el caso Caval, los chascarros con los
equipos ministeriales de intendentes y gobernadores? ¿La inconsistente
Bachelet, bajo cuyo primer gobierno cayó Rodrigo Cisterna y ahora Nelson
Quichillao, abrazada con la hambrienta de justicia Carmen Gloria Quintana? Por
cierto que con todos estos sube y bajas cabe esperar que el próximo gobierno
sea de los tanto o más corruptos de la derecha, pero, a fin de cuentas: ¿cuáles
han sido las diferencias de fondo entre los gobiernos de Tatán Piraña y los de
la ex Concertación y el actual de la NM? Los dos bloques se merecen una gran
patada en el culo, ¡si señor!
Han
pasado 24 años desde aquella nefasta frase expelida por el golpista devenido demócrata,
y todo este tiempo el mando de las FFAA y carabineros no han dado información
clara sobre los crímenes que cometieron y donde están los desaparecidos.
Entonces, resulta un tanto sobreactuado el pedido realizado ayer por el
ministro de defensa, José A. Gómez (PR), quien afirma[10]: “Yo he
tenido conversaciones directas con, en este caso (de los jóvenes quemados), el
ministro Carroza por si se requieren más informaciones y las vamos a entregar (como
si los avances en la investigación hubieran sido obra del ejército). El ejército no va a negar información
alguna, no por una petición, es disposición del gobierno, a través del ministerio
de defensa de que así se haga”. Es una pena que Gómez sea tan iluso, pero, al
menos, intenta parecer convincente, no como otros de la NM que apuestan al
borrón y cuenta nueva.
Pero,
si los mismos que hoy alardean de defender los DDHH fueron capaces de traer de
vuelta al chacal (con respeto por el animal) Pinochet, cuando algo de justicia
se le hizo dejándolo detenido por un año en Londres, una tierra extranjera, y
por una orden de un juez español, tampoco uno nacional. Llegado al país, el
hijo de puta (con el debido respeto a las trabajadoras sexuales) no pasó ni un
día en la cárcel, donde debiera haber muerto. Son esos los que permiten que los
miserables asesinos de los tres profesores degollados salgan de paseo los
domingos; los que siguen manteniendo el hotel de Punta Peuco; los que son
capaces de pedirle plata al yerno del chacal o a los dueños del país para hacer
proselitismo y su carrera política; los que no cambiarán nada de fondo en este
país y cuyo rol ya se está haciendo obsoleto.
Con
todo, aún quedan esperanzas. Hace unos días, el agregado laboral de la embajada
chilena en España, el ex dirigente de los trabajadores contratistas del cobre
Cristián Cuevas, que reconoce filas en el decolorado PC, renunció al cargo
porque estaba conmovido por el asesinato del trabajador Nelson Quichillao, un combatiente
de la CTC, organización laboral a la que Cuevas contribuyó a levantar.
Lo
mejor, como siempre en estos casos, es que trabajemos para que seamos los
propios pueblos y los trabajadores de Chile los que, avanzando en la lucha
decidida por la recuperación y ejercicio de nuestros derechos, logremos
reconstruir al calor de esa pelea la moral de los de abajo, la verdadera, esa
que intentaron quebrarnos los milicos y estos gobiernos eunucos, limitados
tanto por sus miedos como por su torcido sentido de lo que debe ser.
¡NI OLVIDO NI PERDON: VERDAD, JUSTICIA Y
MEMORIA!
¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!
Colectivo Acción Directa - CHILE
Agosto 1 de 2015
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