Entre el 23 y 24 de agosto de 1984, siete
compañeros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron asesinados en
las ciudades de Concepción, Valdivia y Los Ángeles en falsos enfrentamientos.
La operación “Alfa Carbón 1” sólo tiene a dos responsables ante la justicia:
Álvaro Corbalán y Marcos Derpich. No obstante, los familiares y compañeros han
logrado que la justicia pueda concluir la investigación con un total de treinta
agentes de la CNI procesados
Durante el día jueves 23 de agosto de 1984 y
hasta el día siguiente, una cincuentena de funcionarios de la Central Nacional
de Informaciones[1]
(CNI)
acompañados y protegidos por otro medio centenar de elementos de Carabineros e
Investigaciones, asesinaron en falsos enfrentamientos a 7 chilenos, integrantes
del MIR[2]; era la
cristalización de la operación Alfa-Carbón 1. El mismo 23, pero en una faena
criminal aparte de la mencionada, dos integrantes del FPMR caerían en circunstancias
similares. Todo aquel accionar represivo, se enmarcaba en la estrategia de aniquilamiento
de cualquier resistencia armada al omnímodo poder dictatorial.
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| Nelson Herrera Riveros |
Los
compañeros miristas que fueran asesinados en aquella fatídica jornada y a
quienes recordamos como unos valientes que lucharon sin vacilar contra la
criminal dictadura cívico-militar, empeñándose por construir una sociedad mejor
y cuyo ejemplo aún aguarda ser recogido por l@s revolucionari@s de hoy, fueron:
en Concepción, NELSON
HERRERA RIVEROS, LUCIANO
AEDO ARIAS, MARIO
LAGOS RODRIGUEZ; en Los Ángeles, MARIO
MUJICA BARROS; en Valdivia, RAÚL
BARRIENTOS MATAMALA y ROGELIO
TAPIA DE LA PUENTE, el 23 de agosto, y JUAN
BONCOMPTE ANDREU, el último de la fatídica lista, el viernes 24.
El
mismo día 23 de agosto, aunque como dijimos no ligado directamente con la
operación de la CNI en el sur, fueron asesinados en Santiago, en un falso enfrentamiento
con dicho organismo delictivo, los compañeros del FPMR JULIO
OLIVA VILLALOBOS y ROBERTO
GONZALEZ LIZAMA.
El
aparato represivo de la sangrienta dictadura fue muy eficiente. En 3 ciudades
del sur de Chile (Concepción, Los Ángeles y Valdivia) y en la capital
(Santiago), cientos de agentes del régimen dictatorial actuaban coordinada y
premeditadamente para matar. Se habían desplazado a sus respectivos puntos de destino
para cumplir la tarea planificada, entre Santiago y Valdivia, a 880 km de
distancia, esperarían la orden superior para entrar en acción y ejecutar.
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| Mario Lagos Rodríguez |
Apenas
unas horas después de ocurridos los hechos, la Dirección General de
Comunicaciones del Gobierno (DINACOS) da a conocer ampliamente sus primeros
comunicados oficiales. En ellos entrega la identidad precisa de las personas
muertas, así como los nombres falsos, la edad, el sexo, el estado civil para
describir luego minuciosamente su "actividad terrorista” desde el golpe de
Estado hasta los días previos al 23 de agosto. A través de estos comunicados se
advierte, sin lugar a dudas, que los organismos de seguridad los conocían, y no
sólo a ellos sino que también a su familia, conocían su casa, sus rostros, sus
vidas, su actividad cotidiana.
Pudieron
haber sido detenidos, pero se decidió fríamente eliminarlos. Pero los
comunicados oficiales no informan que la mayoría tenía entre 17 a 21 años al 11
de septiembre de 1973, que fueron expulsados de la Universidad, que no pudieron
seguir sus estudios, que gran parte de sus familiares y amigos sufrieron la
muerte, la persecución, la marginación. DINACOS no menciona que varios de ellos
(por los años 1974-75) fueron presos políticos, torturados y recluidos en
campos de concentración para luego ser simplemente expulsados del país u
obligados a salir para poder sobrevivir. Por el contrario, DINACOS destaca que
si ellos no hubieran sido abatidos por la "valiente acción de los
servicios de seguridad", habrían asesinado no sólo a destacados
partidarios del régimen sino también al propio Obispo de Concepción. Es decir,
como dijo la prensa oficial, un nuevo “Plan Zeta” los amenazaba, siendo estas
personas oportunamente salvadas por el régimen.
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| Mario Mujica Barros |
Jefes
de Zona, Intendentes de las respectivas regiones. Ministros y partidarios de la
Dictadura, esperaban que las órdenes por ellos impartidas fueran
"científicamente cumplidas". Periodistas de Televisión Nacional (TVN),
con sus equipos filmadores, se mantenían cercanos a los lugares en donde los
hechos se producirían. Habían sido previamente informados y trasladados al
lugar para transmitir a todo Chile las imágenes de como morirían los
"extremistas". Los reporteros de la prensa de gobierno estaban
preparados para fotografiar los cuerpos acribillados cubiertos de panfletos
"subversivos", de armas cuidadosamente dispuestas cerca de los
lugares donde yacían los cuerpos de los "extremistas".
De
esta manera, 9 chilenos fueron eliminados entre el 23 y el 24 de agosto, en
tanto que simultáneamente otros funcionarios allanaban casas, destruían
enseres, golpeaban y detenían a los familiares, esposas, hijos, amigos y compañeros,
un total de 17 personas fueron detenidas en relación con "estas muertes.
Tres de ellas, lo habían sido un mes y medio antes y las formas en que se les
interrogó y se les torturó fue denunciada ampliamente por varios organismos de
Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales. Las 14 personas
restantes fueron aprehendidas ese mismo día con gran eficacia y rapidez, las
acciones fueron perfectas. Los detenidos, con vendaje o capucha, fueron
trasladados en vehículos especiales a recintos secretos, donde otros
funcionarios entrenados para interrogar y torturar ejercerían sobre ellos la
violencia dirigida. Incomunicados durante horas y durante días, con sus cuerpos
desnudos, amenazados, vejados, privados del sueño, agredidos, mientras se les manipulaba
y se les presionaba intensamente en relación a la suerte corrida por sus
camaradas que no estaban allí con ellos detenidos en el mismo recinto de
detención. ¿Estarán vivos o muertos? ¿Dónde estarán? ¿Qué habrá pasado con
ellos y sus hijos?
 |
| Jaime Barrientos y Rogelio Tapia |
Entre
los 17 detenidos se encontraban siete mujeres, dos de ellas en avanzado estado
de gravidez al momento de ser asesinados sus compañeros. Como consecuencia de
la detención, de la tortura y de la reclusión posterior de la madre en una
cárcel de Valdivia, la hija de uno de ellos habrá de nacer con graves secuelas
neurológicas. Su padre fue asesinado en su propia casa, mientras decenas de
hombres armados copaban los patios y los techos de las casas vecinas y
Televisión Nacional, instalada allí horas antes, cubría la noticia del "enfrentamiento"
con fría acuciosidad.
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| Juan Boncompte |
Un
total de 19 niños perderían a sus padres ese día jueves 23 de agosto de 1984.
El mayor de ellos tenía 19 años y el menor sólo algunos meses. Javiera de sólo
4 años, fue retirada de su escuela y conducida a un Hogar de Carabineros luego
que su padre, Nelson Herrera, fuera asesinado y su madre Patricia Zalaquet
detenida en su domicilio. De este modo, 19 niños además de tener que crecer sin
padres, guardan en la memoria los hechos de ese día como trozos más o menos
confusos pero siempre dolorosos, de recuerdo. Saben, o llegarán a saber, la
verdad sobre la forma en que sus padres fueron ejecutados; conocen lo que la
dictadura dijo o dice de ellos; están conscientes que la imagen de sus padres
ha sido desfigurada y transformada mediante falsedades. Están enterados que
durante todos estos años la Justicia no sólo no ha hecho nada por esclarecer la
verdad, sino que además los hombres que dispararon sobre ellos, que engrillaron
sus manos antes de ultimarlos, están libres, sin cargos. Pero por sobre todo,
estos niños presienten que el motivo por el cual sus padres murieron será
pronto para ellos su propio motivo: se unirán a otros compañeros para construir
ideales, lucharán por ellos, la pasión de sus vidas será la misma pasión que tuvieron
sus hermosos padres.
 |
| Luciano Aedo |
Al
menos, un poco de justicia oficial se hará dentro de poco, cuando concluya el
sumario que lleva a cabo el juez especial Carlos Aldana. Cabe destacar que ha
sido gracias a la persistente presión y movilización de los familiares y
compañeros de los caídos que la justicia ha llevado a cabo las pesquisas correspondientes,
pues la ‘justicia’ militar y el mismo poder judicial, en numerosas ocasiones, habían cerrado toda posibilidad de
investigar. Así, fue el mismo magistrado de la causa -actualmente presidente de
la Corte de Apelaciones de Concepción- quien adelantó[3] el
pronto cierre de la causa, puntualizando que no son más de dos las diligencias
pendiente y actualmente en desarrollo.
Son
casi 30 los ex uniformados y ex miembros de la CNI los encausados por delitos
que van desde el homicidio calificado a la asociación ilícita, entre ellos los criminales
de lesa humanidad Alvaro
Corbalán Castilla y Marcos
Derpich Miranda. Familiares de las víctimas esperan que las eventuales
penas que el ministro Aldana dicte vayan por sobre los 10 años de cárcel y que
se cumplan de manera efectiva, sin ningún beneficio.
¡Un Combativo
Saludo y Homenaje Para l@s Compañer@s del MIR Caídos el 23 y 24 de agosto de
1984!
¡NI OLVIDO NI PERDON: VERDAD, JUSTICIA Y
MEMORIA!
¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!
Colectivo Acción Directa - CHILE
Agosto 23 de 2015
[1]
Una parte de los cuales, puede ser vista en: http://www.memoriaviva.com/Ejecutados/Ejecutados_H/nelson_herrera_riveros.htm
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