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| "Ambos se ríen satisfechos..." -Carlos González P. |
“Reforma a la educación superior de Bachelet: Educación pública como mercado regulado”
Por Luis Zúñiga, Consejero Facultad
de Derecho U. de Chile y militante de ContraCorriente,
En Aurora Roja –public. 1/8/17
Se aprueba el
proyecto de reforma a la educación superior en la Cámara de Diputados quedando
pendiente su trámite en el Senado, lugar que, de no mediar la presión del
Ejecutivo, posiblemente mantenga la gratuidad por medio de una glosa en la ley
de presupuesto del año 2018. Así, la garantía del derecho social a la educación
seguirá dependiendo de una discusión anual, cuestión que contraviene las
obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de derechos
económicos y sociales.
La
discusión del proyecto no estuvo exenta de críticas provenientes de todos los
sectores – incluido el oficialismo – quienes sostenían como puntos comunes de
crítica al Proyecto: (i) un aparato burocrático excesivo carente de
coordinación al momento de aplicar sus potestades; (ii) temor sobre la forma de
determinación de aranceles y matrículas, regulados por la nueva Subsecretaría
de Educación Superior y, derivado de lo anterior, (iii) el déficit que podrían
enfrentar algunas instituciones que decidan formar parte del nuevo sistema.
Sin
embargo, las críticas por la izquierda tampoco son menores. La existencia de un
ente fiscalizador con características de Superintendencia viene a reconocer y
perpetuar el mercado educativo en nuestro país, en tanto se mantiene una
estructura educativa cuya provisión sigue en manos de entes privados que
continúan parasitando de los recursos públicos. Esto explica la necesidad de
crear un ente que fiscalice dichos recursos, pues, ha sido la experiencia de
los últimos 10 años la que ha instaurado dicha necesidad tras el cierre de
universidades fraudulentas que han engañado a miles de familias con la promesa
de una profesión universitaria y un futuro más próspero. Al igual que otras
Superintendencias, su rol se traduce en fiscalizar un mercado, lo cual demuestra
que para el Gobierno de la Nueva Mayoría la educación sigue siendo un bien de
consumo que se adquiere en un mercado regulado.
Por
tanto, la inmutabilidad de la estructura de la oferta educativa, que obliga al
Estado a pagar subvenciones a entes privados, es la que imprime la necesidad a
este último de fiscalizar los recursos entregados. Cuestión del todo
prescindible si se hubiese estimulado el crecimiento y desarrollo de la
educación pública estatal que, en tanto entes públicos, sus recursos serían fiscalizados
por instituciones ya existentes, tales como la Contraloría General de la
República o el mismo Ministerio de Educación.
Por
otra parte, el proyecto de reforma es capaz de mostrarnos luces de la táctica
adoptada por el Gobierno para enfrentar la coyuntura educativa. En primer
lugar, una división de la reforma al sistema que dificulta una respuesta social
unitaria al proyecto; secundarios/as, profesores/as, funcionarios/as
universitarios/as (estatales y no estatales) tuvieron que responder descoordinadamente
a una agenda que nunca pudieron -ni tuvieron posibilidad- de controlar. Un
segundo movimiento, consistió en diagnosticar la imposibilidad de salvar al
sistema público sin, al mismo tiempo, regular la existencia de los oferentes
del mercado educativo, hecho que dio lugar a la necesidad de crear un
Superintendencia que fiscalizara a las instituciones de educación superior en
el empleo de los recursos públicos que verán abonados a sus arcas, como dijimos
en un comienzo. El tercer elemento, consiste en esbozar, sin mayores controles,
una estrategia de desarrollo que afronte los errores cometidos por la
Concertación al aumentar la cobertura educativa sin visión país, y que hoy
tiene al 60% de los profesionales sin ejercer sus respectivas disciplinas, o en
la cesantía ilustrada del siglo XXI que afecta mayormente a jóvenes recién
titulados.
La
intención del bloque en el poder para sortear la crisis educativa dice relación
con la necesidad de dar conducción, mediante objetivos de desarrollo
previamente definidos-artículo 7 del proyecto-, a una oferta educativa que ha
marchado los últimos 30 años según los vaivenes de la oferta y la demanda.
Resulta vital para esta arquitectura la creación de la nueva Superintendencia
de la Educación Superior, que tiene amplias potestades para evitar los excesos
del mercado en la asignación de recursos, así como también para garantizar el
efectivo cumplimiento de la prohibición de lucro. Luego, los criterios
establecidos en la ley para optar a los recursos públicos no parecen significar
nuevos requisitos para las universidades tradicionales, por el contrario,
parecen ser una línea divisoria para identificar a aquellas instituciones que
quedarían fuera del reconocimiento estatal y que parece amenazar a cientos de
miles de estudiantes que pertenecen a dichas instituciones. De igual forma, los
criterios para el financiamiento público tampoco imponen nuevas exigencias para
las universidades tradicionales y terminan por enterrar el programa Confech en
lo referente a orientación del conocimiento, educación no sexista y democracia
al interior de los planteles.
Parece
complejo poder dar un juicio cerrado sobre el proyecto, pues se espera que en
el Senado sea modificado en variados aspectos. De lo que sí hay claridad, es
que los puntos Confech parecen estar cada vez más lejos de ser oídos, por lo
que los resultados de años de movilización estudiantil se han materializado en
la reducción de excesos de mercado y aumento de recursos públicos a
instituciones ineficientes para los objetivos políticos que tienen los sistemas
educativos en países “OCDE”. Al parecer, la deuda privada de las familias será
reemplazada con deuda pública, dado el aumento del déficit presupuestario y la
poca recaudación que tuvo la reforma tributaria del gobierno. En cualquier
caso, esta reforma solo esconde la mugre debajo de la alfombra, quedando
latente la posibilidad de nuevos conflictos en el futuro próximo.
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