“Conmemoran el Día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”
A
propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que
se celebra este miércoles, recordamos algunos casos de personas que han sido
detenidas, ocultadas y desaparecidas en América Latina
La desaparición
forzada se usa frecuentemente como estrategia para infundir el terror en los
ciudadanos. Esa práctica se ha convertido en un problema que afecta no solo a
los parientes del desaparecido, sino también a su comunidad y al conjunto de la
sociedad.
Anteriormente,
fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, sin embargo, las
desapariciones forzadas son perpetradas actualmente en situaciones
complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política
de los oponentes.
Líderes
sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, activistas políticos,
indígenas, ancianos y niños, son especialmente vulnerables ante esta
situación, asegura la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De
acuerdo al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de
Naciones Unidas, es preocupante el incremento de desapariciones forzadas o
involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las
detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o
equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de
hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones
o familiares de personas que han desaparecido.
Como
es el caso del joven activista argentino Santiago Maldonado, desaparecido
desde el 1 de agosto del presente año, tras ser detenido por Gendarmería
durante un allanamiento a la comunidad mapuche Lof en Resistencia
Cushamen, en Chubut, Argentina.
Diversas
organizaciones de derechos humanos responsabilizan al Estado por la
desaparición de Maldonado y exigen que se conozca su paradero.
Por
su parte, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, sostiene que no hay
pruebas que demuestren que el activista se encontraba en ese lugar aquel día.
Ante
la flagrante indiferencia y violación de los derechos humanos, la presidenta de
la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, comparó al Gobierno de
Macri con la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, en la que sufrió la
detención y desaparición de dos hijos y una nuera.
"Es
tan parecido a la desaparición de nuestros hijos, me trajo tantos
recuerdos", sostuvo De Bonafini, al tiempo que aseguró que la
Administración de Macri repite la práctica llevada a cabo por Videla: ocultar
información sobre el paradero de las víctimas de la desaparición forzada.
Ayotzinapa,
a casi 3 años de los desaparecidos
Otro
claro ejemplo de olvido de justicia y de violaciones de derechos humanos, es el
caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el estado Guerrero,
el 26 de septiembre de 2014, luego de ser atacados por la policía local de
Iguala.
A
casi tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, el Estado
mexicano no ha dado ninguna respuesta relevante sobre el paradero de los
jóvenes, por su parte, ha tratado de silenciarlo, tras no permitir en
reiteradas ocasiones la investigación de los entes internacionales, debido a
incoherencias en las investigaciones de las autoridades mexicanas.
Tanto
padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, como diversas
organizaciones de los derechos humanos se han movilizado en reclamo de la
"verdad y justicia". Ante la lucha, la Procuraduría General de la
República (PGR) de México ha asegurado que entregará resultados del caso en
octubre de este año.
De
acuerdo a cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas, actualmente en México se desconoce el paradero de al menos
30.973 personas. Según la Secretaría de Gobernación, son 639 casos ocurridos
hace casi una década; 236 anteriores a 2007, y de 429 se desconoce la fecha
exacta de las desapariciones.
Expertos
aseguran que la mayoría de los desaparecidos han sido víctimas de secuestros
por parte de bandas criminales, también se han reportado muchas desapariciones
forzadas por la policía y los militares, que a veces actúan en connivencia con
las bandas criminales.
La
ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han criticado al
Gobierno mexicano por no hacer nada por esta problemática social relacionada
con el narcotráfico y grupos de bandidos.
El
titular de la Secretaría de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong,
exigió a la Cámara de Diputados la aprobación del borrador de la Ley de
Desaparición Forzada que tienen en su poder.
Chong
trata de dar respuesta a organismos internacionales y nacionales que reclaman
la existencia de una legislación que ampare a las familias de los desparecidos
y cumpla con aplicar la justicia.
Asimismo,
los familiares de las más de 30.000 desaparecidas actualmente en México,
también exigen la aprobación de esta ley, cuyo texto indica que "ningún
caso de desaparición forzada pueda archivarse, en este delito no aplican
amnistías, indultos y medidas similares a la impunidad".
Colombia, un país de
desaparecidos
Colombia
continúa siendo uno de los países de América Latina que más resalta en los
casos de desapariciones forzadas.
Aún
no se ha podido establecer el total de desapariciones forzadas durante el
conflicto armado en Colombia, la cifra oscilaría entre las 30.000 y las 60.000
personas, según el Sistema de Información de Red de Desaparecidos Cadáveres
(SIRDEC).
Organizaciones
defensoras de derechos humanos, víctimas y políticos de Colombia han expresado
su respaldo a la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas, que tendrá como labor principal encontrar a los más de 50.000
desaparecidos que hay en el país suramericano.
Las
cifras tanto de desapariciones forzadas, como de asesinatos y amenazas a
líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia evidencia la
presencia de grupos paramilitares, en la pretensión de ocupar
los espacios del territorio abandonados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras el acuerdo de paz firmado con
el Gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Así
lo aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, quien
evidenció en un reciente informe que durante el período comprendido entre el 1
de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios, 5
desapariciones forzadas y 33 casos de atentados.
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Colectivo
Acción Directa Chile -Equipo Internacional
Agosto 30 de 2017
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