“Ley de Desmunicipalización:
Para mercantilizar
la educación, siempre habrá acuerdo”
En OPECH –public. 7/8/17
Cuando algún pilar
del status quo neocapitalista se encuentra en medio del
debate, las fuerzas del duopolio administrador del modelo no tardan en sellar
acuerdos bajo cuerda para su defensa.
La
imagen de las manos tomadas con ocasión de la promulgación de la LGE, el año
2007, entre la otrora Concertación y Alianza por Chile tiene, cada cierto
tiempo, réplicas de menor o mayor intensidad. Pero, ahora sin fotografías ni
flashes.
Los
acuerdos para sacar adelante el proyecto de Nueva Educación Pública -más
conocido como desmunicipalización-, que hace algunos días se hicieron públicos,
son el fiel reflejo de que cuando se trata de perpetuar visiones economicistas,
privatizadoras y que profundicen un Estado subsidiario, no hay vereda o color
político que valga.
No
es sorpresa que un integrante de la Nueva Mayoría, haya sido sorprendido con
dicho acuerdo de cocina. La declaración de la bancada de diputados
del Partido Comunista e Independientes del pasado 21 de julio, demuestra que
este hecho sobrepasa cualquier alcance ético.
Quienes
defienden el proyecto dentro del Colegio de Profesores, y que antes de la
consulta nacional llamaban a “desmunicipalizar a toda costa”, hoy reclaman que
no se está cumpliendo con el mínimo de los acuerdos y que, por tanto, las
indicaciones que ingresarán a la comisión de educación del senado, tendrán un
resultado muy distinto al acordado.
Lo
triste es que aquellos que hoy se alborotan, no logran comprender que
precisamente ese es el modus operandi de la coalición a la que
pertenecen. Doblemente triste resulta entonces que, cuando esa crítica a la
Nueva Mayoría y sus reformas puertas adentro la encuentran en boca del
profesorado de base, no demoran en caricaturizarla, subestimando la capacidad
reflexiva y analítica de quienes dicen representar.
Con
este cuadro, ya no es necesario reiterar la docena de razones por las que los
docentes y actores de la educación rechazamos este proyecto, que termina por
sepultar los vestigios de “lo público” que aún conserva nuestra escuela.
Resulta
necesario develar que este proceso de desmantelamiento de lo público,
es parte de un diseño que sobrepasa el gobierno de turno: se trata de una
lógica intrínseca del régimen político-económico. Y eso no se cambia con
indicaciones más o indicaciones menos.
Responde,
más bien, a una forma de concebir la política: un día se aceptan las
consideraciones que sobre el proyecto de ley adopta la Cámara de Diputados, y
días después las ignoran en pos de “un acuerdo transversal” para que el
proyecto salga adelante.
Esta
lógica es una forma de proceder propia de las cúpulas partidarias, hipocresía
que estudiantes y trabajadores de la educación venimos denunciando desde hace
mucho, y que no es otra que consolidar intereses de clase con acuerdos a
espaldas de los actores sociales.
Avanzar
sin la participación de los verdaderos involucrados y afectados en cada una de
las reformas, parece ser la verdadera ley. Y esto, no nos equivoquemos, no es
una enfermedad estacional, es parte esencial de su ADN, misma genética que
algunos incautos pertenecientes a la Nueva Mayoría quieren ignorar.
De
ahí que nosotros, que no compartimos la “derechización” del proyecto con las
nuevas indicaciones, nos diferenciamos de la postura de los oportunistas
“escandalizados”, pues ni esta versión, ni la anterior, recogen las verdaderas
soluciones a los problemas que hoy padece la Educación Pública.
Ese
proyecto avanza avalando la perversa lógica de hacer pagar a los trabajadores
por las “irresponsabilidades de gobiernos anteriores”, sin hacerse cargo, por
ejemplo, del desfalco de muchas alcaldías respecto a las deudas con sus
docentes.
Si
estos sectores lo que desean es “reestructurar la Educación Pública” y se
vanaglorian por ello, entonces deben aceptar que se está ocupando una política
que va más allá de un gobierno, se trata, se quiera o no, de un tema de Estado.
Y de ser así, la conclusión es obvia: deben hacerse cargo de todo el problema
que ello conlleva, desde los orígenes de la educación de mercado.
La
solución frente a tanta ambigüedad, frente a tan poca claridad, es hacerse
conscientes de que una de las dimensiones fundamentales de la sociedad está en
peligro: La Educación Pública, la encargada de educar a las mujeres y hombres
que transformarán nuestra sociedad, está siendo atacada sin reparos.
Deben
ser entonces, los propios actores de la Educación, los que se agrupen para su
defensa y reconstrucción. Y aunque esta es una tarea de todas/os, al
profesorado nos cabe una responsabilidad inmediata e ineludible.
En
este sentido, urge constituir un polo, una mesa coordinativa o como se quiera
denominar, en donde estemos todas y todos los actores de la educación y el
mundo del trabajo, y que sea capaz de pensar y reconstruir la Educación Pública
que Chile merece.
Eduardo González, Dirigente Nacional Colegio de Profesores.
Andrés Arce, Dirigente Comunal Valparaíso Colegio de Profesores.
Valeria Águila, Dirigente Comunal Puerto Montt Colegio de
Profesores
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