A l@s Compañer@s Detenid@s Desaparecid@s, al igual que a l@s Ejecutad@s Polític@s, no l@s podemos ni debemos olvidar. Asimismo, resulta repudiable que ell@s sean negociados en fraudulentas mesas de alto nivel, utilizados como garantía en las pedidas de platas públicas que hacen ciertas corporaciones y agrupaciones supuestamente defensoras de los DD.HH., así como servir de respaldo a candidaturas de partidos seudoizquierdistas que hace rato que bajaron las banderas de la lucha contra el olvido y la impunidad
“LA MEMORIA Y EL OLVIDO”
Por Elías Padilla Ballesteros, en Desaparecidos.org
La Desaparición Forzada de
Personas en Chile
Los primeros casos
de "desaparecidos" en Chile se verifican a partir del mismo 11 de
septiembre de 1973. En Santiago, el Palacio Presidencial, donde se encontraba
el Presidente, Ministros y colaboradores será rodeado y atacado por fuerzas
militares. Después del bombardeo aéreo y de la muerte del Presidente son
detenidos todos los sobrevivientes que se encontraban allí.
Precisamente,
estos sobrevivientes que fueron detenidos por el Ejército y trasladados al
Regimiento Tacna de Santiago, constituyen los primeros casos de "detenidos
no reconocidos".
En
los días posteriores se desencadena una represión política nunca conocida en la
historia reciente de Chile. Cientos de personas son detenidas, torturadas,
muertas o ejecutadas extrajudicialmente y también desaparecidas.
Meses
después del golpe de Estado se mantiene la represión, las ejecuciones
extrajudiciales, las detenciones masivas, la práctica de la tortura, la
imposición del terror, y muchos perseguidos toman el camino del exilio. En este
contexto de caos, de censura, de falta de información, comienza a emerger un
problema que, en los primeros meses había pasado inadvertido, los
"detenidos no reconocidos" o "presuntos desaparecidos".
Finalmente, se les llamará "detenidos-desaparecidos".
En
efecto, grupos de familiares y amigos buscaban incansablemente en cuarteles
policiales y militares, organismos gubernamentales, hospitales, servicio médico
legal, etc.; a sus parientes. En muchos casos existían numerosos testigos de su
detención por parte de carabineros o ejército, en otros casos la incertidumbre
sobre la suerte del afectado era casi total, pero todo indicaba que también habían
sido arrestados.
En
marzo de 1974 se presentó ante los tribunales el primer recurso de amparo en
favor de 131 personas desaparecidas, pero muy pocas de ellas recobraron la
libertad.
Las
esperanzas se tornaron más remotas cuando el gobierno militar declaró a finales
de 1974 que sólo tendrían existencia como detenidos los reconocidos como tales
por los organismos involucrados.
El
gobierno militar reconoció inicialmente la existencia de personas
desaparecidas, sin embargo, las atribuyó a enfrentamientos que aún persistían.
De acuerdo a un informe enviado por la Junta Militar chilena a la Organización
de Estados Americanos (OEA) en respuesta al informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de diciembre de 1974, sobre la
situación de los derechos humanos en Chile, los militares expresaban:
"Dada
las características de los hechos acaecidos en Chile el día 11 de septiembre y
siguientes, donde adeptos del gobierno anterior disparaban sin contemplación
sobre la tropa y esta se veía en la obligación de contestar, los caídos y
desaparecidos en ambos bandos fueron muchos. Hasta el día de hoy existe el caso
de soldados que, debido a la acción de los extremistas, no han sido
encontrados. Con esto se quiere poner de relieve que las características
propias de lo que sucedió en Chile escapan a una situación normal y, por ende,
es imposible tratar de aplicar normas y procedimientos de un estado de
convulsión. De ahí que en algunos casos excepcionales, y debido al fragor de la
lucha, haya desaparecido un pequeño número de personas.
Es
inútil hacer presente, además, que en muchos casos personas que se han dado por
desaparecidos se encuentran en la clandestinidad ejecutando actos contrarios al
Gobierno o han abandonado subrepticiamente el país. Es decir, nos encontramos
ante el hecho de que el Gobierno de Chile para responder adecuadamente sobre la
materia que se hacen, necesitaría hacer un catastro de todos los extremistas
que clandestinamente hay en Chile y de todos los chilenos que hay en el
extranjero. No es necesario argumentar sobre la imposibilidad de dicha
medida". (72)
A
principios de 1975, bajo los auspicios del Comité Pro Paz (futura Vicaría de la
Solidaridad), se propuso a Monseñor Cristián Precht, del Arzobispado de
Santiago, comenzar un trabajo de asistencia a los familiares de detenidos no
reconocidos, que más tarde dio origen a la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (AFDD).
Una
de las primeras acciones de la AFDD fue la presentación de una solicitud ante
los tribunales de justicia para nombrar un ministro de fuero especial y abrir
una investigación sobre el destino de 163 personas. La petición a las cortes,
el 21 de mayo de ese año, fue acompañada de numerosas pruebas y testimonios que
demostraban los arrestos a manos de funcionarios gubernamentales. (73)
La
acción de la justicia no prosperó, pero poco después, entre el 18 y el 25 de
julio, algunos medios de comunicación escritos difundieron versiones sobre la
suerte de 119 chilenos izquierdistas muertos en Argentina y otro países, en los
que participaban supuestamente en actividades subversivas contra el régimen de
Pinochet.
El
23 de julio, bajo el título "Ejecutados por sus propios compañeros.
Identificados 60 miristas asesinados", el diario El Mercurio de Santiago
publicó el siguiente cable de la agencia noticiosa norteamericana United Press
International:
"Según
el semanario argentino LEA, en los últimos tres meses en Argentina, Colombia,
Venezuela, Panamá, México y Francia han sido ejecutados por sus propios
camaradas, como producto de un largo proceso de divergencias mutuas,
recriminaciones y disputas por dinero a partir de la caída del Gobierno de
Allende, los miristas que a continuación se indican: (sigue una lista con 60
nombres, entre los cuales figuran 10 mujeres)." (74)
Al
día siguiente, el periódico La Segunda presentó otro capítulo del "caso de
los 119". "Exterminan como ratas a miristas", dijo su titular,
agregando en la crónica que 59 "extremistas" habían sido
identificados como muertos, heridos o evadidos tras recientes encuentros con
las fuerzas policiales argentinas. (75) Curiosamente, la fuente de
las noticias - el semanario argentino Lea y otra publicación brasileña -
editaron sólo un único número. Los 119 nombres que figuraban en las listas
correspondían a personas detenidas en Chile por la DINA, principalmente durante
1974. Por la mayoría de ellas se habían presentado recursos de protección ante
diversos juzgados del país.
La
certeza de que el "Caso de los 119" no fue más que un montaje de la
DINA, preparado para encubrir acciones criminales y soslayar una respuesta a
las demandas de los familiares, originó un escándalo de gran magnitud en la
opinión pública mundial, que obligó a Pinochet a declarar, en su alegato de
inocencia, que todo era "un complot internacional contra Chile"
alentado por los comunistas.
A
finales de 1975, en informes entregados a organizaciones como las Naciones
Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno militar
alegó que la gran mayoría de las personas desaparecidas no se encontraba en
dicha situación y que, en algunos casos, las supuestas víctimas ni siquiera
habían tenido existencia legal. Otros supuestos desaparecidos habían fallecido
naturalmente o en enfrentamientos armados, en Chile o en el extranjero. (76)
Sin embargo, la falsedad de muchas de las afirmaciones oficiales del gobierno
chileno no tardó en quedar en evidencia.
En
la documentación proporcionada por el gobierno militar en uno de los anexos
adjuntos a los informes de réplica a las acusaciones de las Naciones Unidas, se
nombraron como personas fallecidas (por lo tanto no desaparecidas) a siete
obreros agrícolas del área sur de Santiago. Precisando más aún el antecedente,
las autoridades militares afirmaron que sus cadáveres habían sido ingresados y
registrados en el Instituto Médico Legal de Santiago (morgue).
La
falsedad de la información quedó demostrada cinco años después, cuando una
investigación respaldada por la Iglesia y la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos descubrió sepultado en una mina abandonada del pueblo de
Lonquén un grupo de civiles ejecutados por policias después del golpe militar
de 1973. Entre los cadáveres, estaban los de los siete campesinos cuyos
asesinatos fueron negados ante la ONU. (77)
La
actitud que adoptó el Poder Judicial en Chile ante la grave situación de los
detenidos desaparecidos fue prácticamente nula. En el informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se expresa:
"En
el período en que se suscitan las desapariciones, se presentaron centenares de
recursos de amparo y de denuncias y querellas criminales para esclarecer la
situación de quienes habían sido detenidos y no se sabía de su paradero. Una
buena cantidad de esas detenciones fueron probadas ante los tribunales con
testigos que habían presenciado la detención y, en algunos casos, con
declaraciones incluso de miembros de las Fuerzas Armadas que habían participado
en las detenciones".
"Como
comportamiento general, los tribunales aceptaron las peticiones del gobierno de
que éstos no podían solicitar directamente informaciones a la DINA sobre los
detenidos y jamás se constituyeron en los recientos secretos en que se denunció
podrían encontrarse los detenidos. De los miles de recursos de amparo que se
presentaron muy pocos fueron acogidos y, en el caso de los desaparecidos, puede
afirmarse, ninguno de ellos logró salvar la vida de un desaparecido, pues el
único que fue acogido con respecto a uno de ellos - el referente a Carlos
Humberto Contreras Maluje - no impidió que éste continuase en poder de sus
captores y, en definitiva, como lo ha reconocido un ex-agente de la Fuerza
Aérea, fuese muerto posteriormente." (78)
Conocer
el total de casos de desaparición forzada de personas en Chile ha sido una
tarea difícil, ya sea por el temor de los familiares directos de las víctimas,
por información insuficiente o por falta de pruebas y testigos. Por otra parte
no existió una metodología o criterio riguroso sobre casos que estaban en una
situación limítrofe entre muertos o desaparecidos.
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¡Ni Olvido Ni Perdón: Verdad, Justicia y
Memoria!
¡Sólo la Lucha y la Unidad Nos Harán Libres!
Colectivo
Acción Directa CAD –Chile
Agosto 30 de 2017
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