“Dos Sindicalistas Chilenos Solicitan Asilo Político en Consulado de Bolivia”
La
solicitud de asilo político fue presentada por Sergio Alegría Millaqueo,
dirigente de Sintrac, al cónsul de Bolivia en Chile Magdalena Cajías de la Vega
a las 12:00 de este jueves 10 de noviembre, en las dependencias de la representación
del país altiplánico ubicadas en Providencia
La demanda se
fundamenta en la persecución política del Estado chileno a un grupo de 12
dirigentes sindicales para los cuales la fiscalía está solicitando, en el marco
de un proceso judicial, penas de hasta 5 años de cárcel por interrumpir el
funcionamiento del metro en el marco de una movilización de los trabajadores
del Transantiago Subus Express, en junio del año pasado.
Las
penas de cárcel se fundamentan en la aplicación de la llamada “Ley de Seguridad
Interior del Estado”, un marco legal que busca castigar los “delito que inciten
o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o
derrocamiento del Gobierno constituido y los que con los mismos fines inciten,
induzcan o provoquen a la ejecución de los delitos previstos en los Títulos I y
II del Libro II del Código Penal o de los de homicidio, robo o incendio”
Para
Sergio Alegría, “que un grupo de dirigentes sindicales tengan que acudir al
gobierno de Bolivia, para buscar protección nos demuestra que la
criminalización de los dirigentes sindicales en Chile involucra a todo el
Estado chileno, al gobierno, al poder judicial. Por defender las condiciones
inhumanas de trabajo, por denunciar que estas empresas ni siquiera cumple la
mala ley laboral chilena, el Estado nos quiere meter en la cárcel 4 o 5 años”.
La
querella, encabezada por Claudio Orrego, Intendente de la Región Metropolitana,
quien tiene un historial de procesamiento de dirigentes sociales, se da en un
contexto de creciente criminalización de la protesta social. El juicio se
retomará el día 11 de noviembre en dependencias de tribunales de Rondizzoni.
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