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| En esta democracia gorila, los de arriba son 'amiguis' |
Exjefes
de las FF.AA. y de carabineros se dieron el trabajo (muy arduo, por cierto) de
crear una declaración. Luego, la publicaron en un diario afín, El Mercurio. En ella,
los ex uniformados expresan descaradamente su aspiración a que todos sus
compinches criminales de lesa humanidad sean perdonados o, “pondremos en riesgo
logros con tanto esfuerzo alcanzados”
El líbelo, titulado crípticamente “Septiembre, Fuerzas Armadas y Carabineros”
(como si septiembre se hubiera amalgamado con las partes de la columna
vertebral del Estado burgués que son esas FF.AA. y de orden), fue alojado en un sitio web del golpista diario de Agustín.
Los
firmantes y sedientos de un derecho natural reinterpretado, en todo caso, no
tienen nada de inmaculados y transparentes antecedentes. Como que el ex del
ejército, Izurieta Ferrer, fue un aplicado alumno de la terrorista Escuela de las Américas (y no una, sino dos veces), tal como José Octavio Zara Holger, Alfredo Canales
Taricco, Christoph Willeke Flöel y otros implicados
en procesos por violaciones a los Derechos Humanos.
Además, Izurieta está registrado como uno de los militares que recibe
doble pensión por parte de las FF.AA. y que fue citado a la Comisión
Investigadora de la Cámara por jubilaciones vía Capredena.
El
otro ex comandante del ejército firmante, Juan Miguel Fuente-Alba, es investigado por dos tipos de traición a la patria.
Una, es haber usado fondos destinados a la compra de armas para el
enriquecimiento personal (vía lavado de activos) y otra que es el abandono del
poder civil sobre el control de los militares. Eso permitió que entre 2000 y
2015 se gastaran US$14 mil millones en compras de armas en un país que exigía
educación, salud, vivienda.
Al
igual que Izurieta, el excomandante de la FACH, Patricio Ríos, recibe una
pensión por sobre los $4 millones y otra por $700 mil.
También
se suma al baile de corruptos firmantes el exgeneral director de carabineros,
Eduardo Gordon, imputado en el caso de fraude de su institución por lavado de
activos, malversación y asociación ilícita.
Y
así, suman y siguen los delitos de todo tipo cometidos por estos juleros Catones
modernos.
“Consideramos
grave que al único sector que ha asumido sus culpas del ayer se le discrimine tan
abiertamente”. Así, sin ruborizarse siquiera, se expresan los exmilicos y pacos
en su carta. No obstante, para media humanidad queda claro que estos nunca han
hecho un claro y fehaciente mea culpa sobre su terrorista proceder durante 17
años. Menos han dicho la verdad sobre los crímenes cometidos y el destino de
miles de detenid@s desaparecid@s bajo la dictadura.
Se
quejan los ex sobre una supuesta trasgresión de las garantías procesales en la
aplicación de condenas, donde muchas veces se ha actuado a partir de denuncias
difíciles de probar. Pero he aquí otra gran falacia, ya que sus delitos han
sido difíciles de probar por los cómplices pactos de silencio que establecieron
al interior de los cuerpos armados, lo que se viene a sumar a la destrucción
sistemática de pruebas, amedrentamiento o simplemente asesinato de testigos y
una laxitud culpable por parte de los tribunales y las fuerzas políticas en el
gobierno luego de 1990.
Agregan
que otra de las discriminaciones de las que se consideran “víctimas” sería, “el
anunciado cierre del penal Punta Peuco que, en democracia y por acuerdo
político, se construyó para el cumplimiento de penas privativas de libertad”.
Además, de la aplicación unilateral del sistema procesal penal antiguo y el
sistema retroactivo.
El
abogado de causas de DD.HH., Hernán Montealegre, rechazó la opinión de los uniformados. “De lo que yo conozco
todos los juicios que se han llevado contra los uniformados acusados de
violaciones a los derechos humanos han sido estrictamente apegados al debido
proceso. Ellos han tenido sus defensores que se han desempeñado con completa
libertad”, sostuvo. Afirmó que si se trata de hablar de discriminación lo que
realmente se puede considerar injusto es que sólo se han procesado y condenado
a militares por delitos de lesa humanidad y los responsables civiles se han
apartado en muchas de las causas.
El
jurista apuntó que, “hay muchos civiles que tuvieron altos puestos en la
dictadura, en el ministerio del Interior, Justicia, en las subsecretarías y que
nunca han sido llevados a proceso y si es que se hizo fue un día de presidio y
les dieron libertad. Eso es un trato discriminatorio”.
Y
al final de su sesuda cartita, el doblado de los 16 milicos y pacos: "Hacemos
un llamado a las autoridades de hoy y de mañana a reflexionar sobre esta
situación, así como a buscar los consensos que aseguren un actuar político y
judicial con visión de futuro, con una justicia sin discriminación, con las
garantías procesales a que tienen derecho todos los chilenos...".
Seguramente, estos sujetos pretenden hacernos creer que ellos, cuando fueron el
poder y la gloria (largos 17 años, 1973-1990), respetaron todos y cada uno de
los fundamentos del debido proceso y garantías procesales al efecto. Pero,
luego viene la insidiosa apelación al desorden que se abre ante tanta “injusticia”
que sufren y que podría hacernos padecer una nueva dictadura: “No pongamos en riesgo los logros con tanto
esfuerzo alcanzados, manteniendo artificiosamente las divisiones del pasado.
Fortalezcamos en vez de debilitar a instituciones fundamentales de la
República.”
En
suma, las FF.AA. y de orden, viendo que se les ha tratado con guante blanco
durante estos 27 años de democracia gorila, con apenas 130 exuniformados
apresados en el Hosta-Penal de Punta Peuco (de un total de 1.073 acusados en 1.045 causas abiertas), sacan sus garras y aspiran lisa y llanamente a la
impunidad y amnistía más absoluta. Por tanto, será tarea de las organizaciones político-sociales
populares darle su justo párele, en las calles a estos golpistas inveterados.
Tal como haremos en la 3ª Marcha al Revés, de éste 10/9/17.
¡Ni Olvido Ni Perdón: Verdad, Justicia y
Memoria!
¡Sólo la Lucha y la Unidad Nos Harán Libres!
Colectivo
Acción Directa CAD –Chile
Septiembre 9 de 2017
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