“MARINOS
ANTIGOLPISTAS: LA JUSTICIA SE ACERCA”
“Procesan a 16 miembros de la Armada y dos de la FACH. Fueron
acusados de los delitos de asociación ilícita, secuestro, detención ilegal y
tortura, perpetrados en contra de integrantes de la marina, a partir de julio
de 1973”
Martes,
20 de octubre de 2015
Un grupo de marinos
denunció, poco antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, las
reuniones sediciosas y el plan que se preparaba para derrocar al ex Presidente
Salvador Allende.
Todo ello, basados en la absoluta
ilegalidad que implicaba de parte de la Armada transgredir con sus actos la
Constitución Política de la República de 1925, vigente en la época.
Los marinos hicieron estas denuncias, entre
otros, a parlamentarios de la época, entre ellos el ex Secretario General del
Partido Socialista, senador Carlos Altamirano, el líder del MAPU, diputado
Oscar Guillermo Garretón y el Secretario General del Movimiento de Izquierda
Revolucionario (MIR), Miguel Enríquez.
La revelación de que el proyecto golpista
había sido denunciado, fue conocida por el servicio de inteligencia de la
Armada, lo cual les significó, aun antes de que se produjera el golpe de
Estado, detenciones y torturas.
Durante muchos años, los marinos intentaron
que se hiciera justicia, a pesar de todos los poderes que se pusieron en
movimiento para impedirlo.
Hace más de dos años, el 2 de abril de
2012, la Segunda Sala de la Corte Suprema, en decisión unánime, reabrió el
proceso por no encontrarse agotada la investigación, ordenando la realización
de diversas diligencias, después de que la ministra en visita Eliana Quezada
decretara el sobreseimiento definitivo de la causa.
Con esa resolución, el ministro en visita
extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte
de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, procesó a 16 ex miembros
de la Armada y dos funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea por su
responsabilidad en los delitos de asociación ilícita, secuestro, detención
ilegal y tortura, ilícitos perpetrados en contra de 9 integrantes de la Armada,
a partir de julio de 1973.
Detenidos en buques y unidades de la V
Región
En el proceso, conocido como Marinos
constitucionalistas, el magistrado indaga las detenciones ilegales y aplicación
de tormentos en contra de Claudio Espinoza Tordecilla, Bernardo Flores
Valdebenito, Luis Jorquera Silva, Víctor López Zambrano, Julio Gajardo Neira,
Ricardo Tobar Toledo, Mariano Ramírez Ramírez, Pedro Blaset Castro y Pedro
Lagos Carrasco, detenidos entre julio y agosto de 1973, por personal de la
Armada y sometidos a torturas abordo de los buques Blanco Encalada y Latorre, y
además en unidades militares de la Región de Valparaíso.
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| Cuartel Silva Palma |
Las víctimas fueron procesadas por el
Juzgado Naval de Valparaíso por el delito de incumplimiento de deberes
militares, causa que, luego del 11 de septiembre de 1973, pasó a ser
investigada como sedición o motín, continuando los detenidos por varios meses,
sometidos a malos tratos.
En la resolución, el ministro Arancibia
Pinto encausó a los miembros en retiro de la Armada: Hernán Julio Macuada,
Pedro Benavides Monzoni, Sergio Mendoza Rojas, Jaime Urdangarín Romero, Luis
Kohler Herrera, Santiago Lorca González, Juan Tapia Villalón, Julio Alarcón
Saavedra, Ernesto Huber von Appen, Víctor Villegas Herrera, Samuel Ginsberg
Rojas, Fernando Landeta Ahues, Juan Mackay Barriga, Jorge Davanzo Cintolesi,
Ary Acuña Figueroa y Fernando Rojas Jiménez. Además, procesó a los miembros en
retiro de la Fuerza Aérea, Jorge Almarza Pizarro y Jorge Rojas Carvajal,
ordenando su ingreso en prisión preventiva en unidades militares.
El magistrado Arancibia Pinto acreditó que
el 7 de agosto de 1973 Claudio Espinoza Pinto, “marinero primero en el buque
Blanco Encalada, surto en Valparaíso, fue llamado por el comandante Julio
Macuada, quien le imputó haber sostenido conversaciones de carácter sedicioso
con civiles y marinos, lo que fue negado por éste, a continuación fue llevado
por un cabo primero Morales al cuartel Silva Palma en donde fue nuevamente
interrogado bajo diferentes torturas, consistentes en ser colgado de los pies y
ser golpeado con sacos de arena y varillas, aplicándosele además corriente en
los genitales”.
Interrogatorios, amenazas bajo una capucha
Después fue obligado a firmar una
declaración y acusado por la justicia naval del delito de incumplimiento de
deberes militares.
El magistrado determinó que con las
declaraciones indagatorias de los inculpados “aparecen presunciones fundadas
que permiten establecer los siguientes delitos; secuestro, detención ilegal,
tortura de tormentos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y
asociación ilícita”.
En el dictamen, el juez detalla que Luis
Reginaldo Jorquera Silva se encontraba haciendo uso de una licencia médica en
julio de 1973 y “fue a buscarlo a su domicilio un oficial de la base por lo
cual tuvo que presentarse ante el comandante Sergio Mendoza Rojas, quien le
preguntó acerca de su intervención en una propuesta sediciosa para reemplazar a
dicho comandante, luego de lo cual fue detenido y llevado al cuartel Silva Palma”.
“En los primeros días de octubre de 1973 la
víctima fue detenida en Limache por infantes de marina y llevado al sanatorio
de Olmué donde fue objeto de golpes de pies y puños mientras estaba
encapuchado, luego fue trasladado a Investigaciones y Carabineros y finalmente
a la Academia de Guerra donde nuevamente fue golpeado e interrogado, y además
amenazado, pudiendo darse cuenta que entre quienes le preguntaban estaba el
teniente de la Armada Jaime Urdagarin Romero”, detalla la resolución.
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| Fuerte Borgoño |
Víctor López Zambrano, marinero primero,
mecánico electrónico del crucero Prat en Talcahuano, fue detenido el 7 de
agosto de 1973 por personal naval y llevado al fuerte Borgoño de esa ciudad.
Allí López fue “golpeado por un grupo de
infantes de marina y luego desnudado, y a continuación fue objeto de diferentes
torturas consistentes en ser sumergido de cabeza en un tambor lleno de
excrementos y desechos” y otras torturas mientras lo mantenían encapuchado,
agrega el juez Arancibia en el procesamiento.
Cumplieron penas de prisión
Una situación similar vivió el 15 de junio
de 1973 Julio Gajardo Neira, cabo segundo, mecánico de electrónica, en la base
aeronaval de El Belloto de la Armada de Chile, fue llamado por el comandante Sergio
Mendoza Rojas, quien en presencia de otros oficiales, entre ellos Ernesto Von
Appen, le imputó actitudes sediciosas y políticas. Posteriormente, fue enviado
detenido al cuartel Silva Palma incomunicado.
Después del golpe de Estado, Gajardo fue
sacado de la cárcel de Valparaíso y llevado a la Academia de Guerra Naval para
ser torturado con electricidad, causándole quemaduras y luego debió cumplir
condena.
Ricardo Tobar Toledo, marinero primero de
la Armada, fue detenido en Quintero por personal de la Fuerza Aérea de Chile
(Fach), a cargo del capitán de bandada Jorge Almarza Pizarro y el subteniente
Alejandro Rojas Carvajal, llevado a la base de la Fach y luego a la escuela
armamentos de Las Salinas donde fue torturado.
Tobar reconoció por sus voces al comandante
de la Escuela Jorge Davanzo, el capitán Cárdenas y el teniente Rodríguez. Lo
llevaron luego al cuartel Silva Palma para torturarlo psicológicamente. Le
hicieron Consejo de Guerra y lo condenaron.
Mariano Lautaro Ramírez Ramírez, cabo
segundo, electricista de la Armada fue detenido en la Escuela de Ingeniería
Naval de Las Salinas de Viña del Mar el 11 de agosto de 1973 y llevado al
cuartel Silva Palma.
Los otros marinos sufrieron situaciones
similares.
Los marinos
constitucionalistas fueron víctimas de crímenes contra la humanidad, como es el
delito de tortura practicado por agentes del Estado, de acuerdo a los tratados
internacionales firmados y ratificados por Chile, los cuales, de acuerdo a la
jurisprudencia, se entienden incorporados al ordenamiento jurídico interno y
tienen rango constitucional.
Sin embargo, el juicio recién comienza,
pues falta que los acusados arguyan sus defensas, posibilidad que no tuvieron
las víctimas, quienes además pagaron con cárcel. Posteriormente se deberá
dictar sentencia, la cual seguramente se apelará y finalmente, como sucede en
gran parte de los procesos, deberá pronunciarse la Corte Suprema.
¡NI OLVIDO NI PERDON: VERDAD, JUSTICIA Y
MEMORIA!
¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!
Colectivo Acción Directa - CHILE
Octubre 22 de 2015
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