El Relator Especial de la Naciones Unidas
sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, el
keniano Maina Kiai, dio a conocer su informe preliminar sobre la situación chilena
en dichas áreas, luego de su visita de septiembre pasado
En su informe, publicado
en la página del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, Maina Kiai insta
al gobierno de Chile a eliminar “los vestigios de la dictadura” que van en
detrimento de la libertad de reunión pacífica en el país, y a continuar con las
reformas para que el país pueda “ocupar el lugar que le corresponde como un
líder mundial en los derechos humanos”.
Recordando
los salvajes y extendidos atropellos a los DDHH acaecidos bajo la dictadura
cívico-militar, Kiai nos recuerda que, “El fantasma de esa época acecha
especialmente al sector de la seguridad, principalmente la policía —y específicamente las Fuerzas Especiales— en su función de custodiar los conflictos
sociales y manifestaciones. Durante mi visita he oído de ejemplos repetidos de
esto, en contextos múltiples y variados, relacionado al uso excesivo de la
fuerza, el no poder aislar los elementos violentos en las manifestaciones
mientras se reprime más brutalmente a los manifestantes pacíficos, el apremio
de activistas, la impunidad posterior a estos abusos y mucho más.
Esta
situación representa un obstáculo significativo al libre ejercicio del derecho
a reunión y asociación, debilita su eficacia como herramienta para abordar en
forma pacífica el conflicto social, precisamente en el momento que Chile más
los necesita.”
El
relator informó que había expresado a Michelle Bachelet su preocupación sobre
el manejo de las protestas, a la vez que le planteó que no comprendía que en
Chile permaneciera aún vigente el Decreto
Supremo 1086, que data de 1983 –una rémora del pasado dictatorial- y que
restringe la libertad de reunión y asociación, estableciendo que debe
solicitarse autorización al poder político para marchar. Y claro, “Requerir
autorización convierte el derecho a la libertad de reunión pacífica en un
privilegio. Tal sistema no es compatible con el derecho internacional y las
mejores prácticas. Tampoco es compatible con la propia Constitución de Chile.”
El
ilusionado relator aportó que Bachelet, “dijo que miraría el tema, que no
estaba socializada con él desde antes, pero que lo revisará”. Kiai, que se nota
que era primera vez que viene acá, opina que ese decreto resulta
particularmente simple de derogar, “toda vez que depende de la voluntad
política del ejecutivo”.
En
su informe, Kiai igualmente observa ciertas realidades que contradicen el supuesto
cumplimiento de los DDHH en nuestro país. “De mis reuniones con el gobierno y
la sociedad civil resulta claro que el país enfrenta desafíos sociales
profundos y significativos. Está el tema de la tierra de los Mapuche, un tema
que mueve emociones y que se remonta a más de 200 años atrás. Están los temas
sindicales y de trabajo, con los trabajadores que intentan lidiar con los temas
de la subcontratación y un entorno económico cambiante. Y están los temas de la
reforma educacional, simbolizados por el movimiento de protesta estudiantil.
SOBRE EL
ACCIONAR REPRESIVO DE LAS “FUERZAS ESPECIALES”
El
relator de la ONU prosigue en su informe: “Por cierto que mi mayor preocupación
durante esta visita se relaciona al manejo en la práctica de las protestas,
especialmente el papel de las Fuerzas Especiales. Hago una distinción entre el
cuerpo regular de Carabineros, quienes según se me informa cumplen con sus
funciones en forma adecuada y quienes gozan de respeto entre la población, y
las Fuerzas Especiales quienes regularmente emplean fuerza excesiva en el
manejo de las protestas.”
“Ha
habido brutalidad policial en el contexto de protestas callejeras de los
estudiantes que reclaman una reforma a la educación, culminando en el año 2011.
Las Fuerzas Especiales utilizaron balines de goma, balines de pintura, gases
lacrimógenos y lanza aguas, a veces con consecuencias dramáticas.”
Kiai
rememora que a lo largo de los años la policía ha recurrido al uso excesivo de
la fuerza en el contexto de las protestas del pueblo Mapuche, quienes han
exigido el respeto de sus derechos, especialmente los derechos a la tierra y
pone como ejemplo el reciente y brutal desalojo de la CONADI en Temuco. Agrega
que le preocupa la muerte en el mes de julio 2015, en El Salvador, de Nelson
Quichillao, un trabajador contratista de la minería del cobre, quien resultó
muerto por un disparo de las FFEE, quienes utilizaron balas de metal durante
una protesta exigiendo mejores remuneraciones y beneficios: “la respuesta de la
policía plantea serias interrogantes en relación a la proporcionalidad de la
respuesta. Los individuos conservan en todo momento sus derechos a la vida y a
la integridad física, aun si se tornan violentos durante las protestas, y es
deber del Estado salvaguardar estos derechos.”
SOBRE EL CONTROL
PREVENTIVO DE IDENTIDAD
Otra
situación que causa inquietud al keniano es el uso del control preventivo de la identidad de manifestantes por parte de la
policía. Pese a que las autoridades le han informado que tales controles no se
realizan en el contexto de protestas, igualmente había recibido testimonios en
contrario. Pasa a considerar tales controles de identidad como una forma de
perfilar o vigilar, con el potencial para aplacar el ejercicio del derecho a la
libertad de manifestación pacífica.
“Aún
más preocupante es que un Proyecto de Ley permitiendo el uso más amplio del
control preventivo de identidad ha sido elaborado y validado por la Cámara de
Diputados. Las autoridades dicen que esta ley es necesaria para detener el
reciente aumento en actividad delictual en Chile, pero es sumamente inquietante
en dos aspectos.”
“Primero,
la entrega de mayores facultades y discrecionalidad a las fuerzas del orden
generará oportunidades para la represión y abuso de autoridad, con poco o
ningún control y contrapeso. Segundo, no estoy convencido que la ley sería
eficaz en combatir la delincuencia. De hecho, podría hacer lo contrario:
permitir a la policía detener aleatoriamente a cualquier persona que escojan
sin evidencia alguna o sospecha clara es una vía que promueve una custodia poco
eficaz y contraproducente. Las fuerzas policiales eficaces pueden realizar sus
funciones sin interferir con los derechos fundamentales.”
“Por
lo tanto acojo con beneplácito el informe reciente de la Corte Suprema
afirmando que los controles preventivos de identidad, tal cual se contemplan en
el Proyecto de Ley sobre el combate a la delincuencia, ‘es difícilmente
aceptable desde la perspectiva de un Estado democrático de Derecho’.”
Pero,
¿será posible terminar con tal cortapisa si no existe un Movimiento Popular que
exija el ejercicio de las libertades que le corresponden? Y entonces vemos un
círculo vicioso, pues si se nos coartan las libertades de reunión y asociación,
¿cómo ese Movimiento podrá echar a andar a paso firme y seguro?
¡NI OLVIDO NI PERDON: VERDAD, JUSTICIA Y
MEMORIA!
¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!
Colectivo Acción Directa - CHILE
Octubre 4 de 2015
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