Recién en estos días, luego de casi dos meses, empieza a surgir alguna
inquietud a raíz de la adquisición por parte del gobierno ‘democrático’ de la Nueva
Mayoría de un potente programa informático para que la ANI y la PDI puedan hurgar
ilegalmente en las comunicaciones telefónicas y a través de la web de los
chilenos
A principios de julio pasado, diversas
fuentes del ámbito de la informática alertaron sobre la adquisición
por parte de varios gobiernos latinoamericanos de programas informáticos para espiar
a sus conciudadanos; uno de ellos, era Chile.
Recordemos
(del 5 de julio):
“Gobiernos
de América Latina compran software espía de Hacking Team
El
domingo 5 de julio, se expusieron públicamente 400 GB de información de la
empresa italiana Hacking Team, dedicada a la comercialización de software de
espionaje para gobiernos. Los documentos incluyen facturas, correos
electrónicos, datos fiscales y código fuente, entre otros archivos. Las
revelaciones permiten entender los alcances a nivel global de Hacking Team, una
compañía que fue catalogada en 2013 por Reporteros Sin Fronteras como uno de
los “enemigos de Internet”.
El
software de espionaje comercializado por Hacking Team, conocido también como
DaVinci o Galileo, es un programa que infecta los dispositivos de la persona
atacada, permitiendo sustraer datos, mensajes, llamadas y correos electrónicos.
El atacante también obtiene acceso al micrófono, cámara y teclado para
registrar imágenes, audio o cualquier otra actividad sin conocimiento de la
persona afectada.
En
la filtración se halló que seis países de América Latina son clientes de
Hacking Team: Chile, Colombia,
Ecuador, Honduras, México y Panamá. Dependencias como la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Secretaría de
Inteligencia de Ecuador (SENAIN) la Dirección de Inteligencia Policial de
Colombia (DIPOL) o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México
(CISEN) han adquirido licencias de software de control remoto (RCS) a la
empresa italiana. En el caso de México, se identificaron hasta 14 contratos
individuales con la compañía, por parte del gobierno federal y los gobiernos
estaduales, algunos de ellos sin facultades legales para la intervención de
comunicaciones privadas.