El Relator Especial de la Naciones Unidas
sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, el
keniano Maina Kiai, dio a conocer su informe preliminar sobre la situación chilena
en dichas áreas, luego de su visita de septiembre pasado
En su informe, publicado
en la página del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, Maina Kiai insta
al gobierno de Chile a eliminar “los vestigios de la dictadura” que van en
detrimento de la libertad de reunión pacífica en el país, y a continuar con las
reformas para que el país pueda “ocupar el lugar que le corresponde como un
líder mundial en los derechos humanos”.
Recordando
los salvajes y extendidos atropellos a los DDHH acaecidos bajo la dictadura
cívico-militar, Kiai nos recuerda que, “El fantasma de esa época acecha
especialmente al sector de la seguridad, principalmente la policía —y específicamente las Fuerzas Especiales— en su función de custodiar los conflictos
sociales y manifestaciones. Durante mi visita he oído de ejemplos repetidos de
esto, en contextos múltiples y variados, relacionado al uso excesivo de la
fuerza, el no poder aislar los elementos violentos en las manifestaciones
mientras se reprime más brutalmente a los manifestantes pacíficos, el apremio
de activistas, la impunidad posterior a estos abusos y mucho más.
Esta
situación representa un obstáculo significativo al libre ejercicio del derecho
a reunión y asociación, debilita su eficacia como herramienta para abordar en
forma pacífica el conflicto social, precisamente en el momento que Chile más
los necesita.”
El
relator informó que había expresado a Michelle Bachelet su preocupación sobre
el manejo de las protestas, a la vez que le planteó que no comprendía que en
Chile permaneciera aún vigente el Decreto
Supremo 1086, que data de 1983 –una rémora del pasado dictatorial- y que
restringe la libertad de reunión y asociación, estableciendo que debe
solicitarse autorización al poder político para marchar. Y claro, “Requerir
autorización convierte el derecho a la libertad de reunión pacífica en un
privilegio. Tal sistema no es compatible con el derecho internacional y las
mejores prácticas. Tampoco es compatible con la propia Constitución de Chile.”
El
ilusionado relator aportó que Bachelet, “dijo que miraría el tema, que no
estaba socializada con él desde antes, pero que lo revisará”. Kiai, que se nota
que era primera vez que viene acá, opina que ese decreto resulta
particularmente simple de derogar, “toda vez que depende de la voluntad
política del ejecutivo”.