ENRIQUE VILLANUEVA: SENTIMIENTOS ANTE ANULACION DE CONSEJOS DE GUERRA EN LA FACH

“La anulación de los Consejos de Guerra en la Fach, por Enrique Villanueva, Ex Suboficial de la Fuerza Aérea - Exonerado en 1973”

En Diario y Radio U. de Chile –public. 9/10/16

Sentimientos encontrados es lo que sentimos algunos de nosotros, con el reciente fallo de la Corte Suprema, de anular las sentencias dictadas en los Consejos de Guerra, convocados por la Fuerza Aérea de Chile, con fecha 30 de julio de 1974 y 27 de enero de 1975, en contra de 84 Oficiales y Suboficiales, acusados de traición a la patria, por haberse negado a apoyar y participar en el golpe de Estado de 1973.

Nos alegra y satisface esta sentencia histórica, porque deja claramente establecido, que el haberse opuesto al golpe cívico-militar no fue un delito, y el haber decidido, en esos momentos, ser leales al gobierno constitucional, elegido democráticamente por el pueblo, no fue un delito.

Pero no es posible dejar de pensar, en lo más íntimo de mi reflexión, que "nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía", una reflexión discutible, es cierto, pero que cobra vigencia, comparado con el recuerdo de todos los daños que eso significó para nuestras vidas. Por decisión de esos consejos de guerra fuimos expulsados de la institución, fuimos encarcelados y sufrimos todo tipo de torturas y vejaciones, a manos de quienes hasta esa fecha eran nuestros compañeros de armas o nuestros superiores.

Es injusto porque hubiéramos querido que este fallo, originado en un mandato de la Justicia Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reivindica el honor de quienes fuimos condenados, como la mayoría de los chilenos y chilenas que sufrieron los rigores del terrorismo de estado, bajo el rótulo de "traición a la patria", lo hubieran conocido quienes ya no están con nosotros, entre otros, el general Alberto Bachelet, el general Sergio Poblete, el coronel Carlos Ominami, el coronel de ejército Efraín Jaña, los suboficiales Iván Figueroa, Enrique Reyes, Mario Arenas, Belarmino Constanzo.

En todo caso es un fallo histórico, porque el mandato de la Corte Interamericana ordenó reparar moral y materialmente solo a doce de los 84 afectados, que son los que presentan la demanda internacional, y es la Corte Suprema quien lo hace extensivo, no en la reparación material, pero si exculpando a todos aquellos que fuimos víctimas de la aberración jurídica que fueron los Consejos de Guerra. Un fallo que abre la puerta a que todos los chilenos y chilenas, quienes fueron juzgados de manera arbitraria, sin permitir una defensa mínima y el debido proceso, sean también beneficiados en el futuro.

Apagadas las luces y calmada la emoción compartida del momento, aspiramos ahora a que este importante fallo de la Corte Suprema, que reconoce que los Consejos de Guerra y la tortura fueron mecanismos usados por las Fuerzas Armadas. Para justificar la violencia indiscriminada, las persecuciones, el asesinato y la desaparición forzada de personas, no quede como un impulso más de buenas intenciones, sino que facilite, por primera vez en 27 años de gobiernos post dictadura, que se termine por saldar la deuda con la verdad y la justicia plena.

Aspiramos entonces, a que se revise la doctrina militar, que amparo esos Consejos de Guerra, la intolerancia y la tortura, identificando al enemigo interno, en el ciudadano y ciudadana común, como amenazas para la nación por pensar distinto. Al no hacerlo se validan todos aquellos argumentos que los mandos superiores y subalternos de la época, emplearon para movilizar al conjunto de las Fuerzas Armadas para derrocar al gobierno de Salvador Allende, justificar el cobarde bombardeo a la moneda, la persecución política, el asesinato y la desaparición de personas.

Me pregunto, ¿Cuánto de esa doctrina del Ejército ha cambiado desde 1973 a nuestros días? ¿Cuánto han cambiado las normas, valores y costumbres que determinan el quehacer del ejército en su dimensión individual, como de los integrantes de la Institución, como asimismo en su naturaleza como entidad fundamental de la República?

Cuanto han cambiado el conjunto de principios, de esa doctrina militar, que Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza, luego Mathei y demás sucesores, utilizaron para trasformar al ejército de Chile en el principal actor de la persecución y represión política en Chile. Una doctrina militar antidemocrática, que educó en el pasado y educa en el presente a los oficiales y suboficiales en el desprecio de la política, en el menosprecio por el movimiento obrero, por la organización social progresista, a los que califica como antipatriotas y enemigos del ejército.

Las reformas post dictadura no han llegado a las Fuerzas Armadas, estas continúan llevando el anticomunismo en su ADN, por años fueron ideologizadas por el ejército norteamericano para formar parte de la cruzada anticomunista, discurso a través del cual se transformaron en un mero instrumento político para frenar cualquier intento de cambio social revolucionario en el continente en el siglo XX. Un ejército que antes, en el siglo XIX, recibió la influencia alemana, prusiana, "que concebía al mundo amenazado por el socialismo y el anarquismo", una definición que luego del triunfo de la revolución bolchevique en 1917, tomo el carácter de anticomunismo declarado".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema y también la Cámara de Diputados, la que recientemente declaro a Pinochet el "gobernante más violento y criminal" de la historia de Chile. Han generado dictámenes que abren una puerta para revisar, con altura de miras, la doctrina de las FFAA, separando a todos aquellos que, utilizando el uniforme militar y a la institución, cometieron tropelías en contra de nuestro pueblo.

Los criminales confesos y condenados hoy recluidos en Punta Peuco, cárcel especial solo para ellos y los que están involucrados en cientos de juicios pendientes por cometer crímenes de lesa humanidad, no pueden seguir gozando de la protección que se les da, al continuar siendo considerados miembros de las FFAA y para muchos un ejemplo a seguir.

Me pregunto qué efecto real tiene, en el interior de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Fuerza Aérea, la reivindicación que se nos hace, al levantarnos el rótulo de traidores a la patria. Si quienes diseñaron o llevaron a la práctica la doctrina militar antidemocrática y terrorista, y que nos impusieron esa condena, continúan siendo parte pasiva o activa de las filas aéreas, justificando desde las sombras su proceder aberrante, como es el caso de los pilotos que bombardearon La Moneda,

Las FFAA fueron artífices de una dictadura cívico-militar terrorista, comandada por mandos corruptos y ambiciosos, algunos de los cuales están en Punta Peuco. Por eso es tiempo ya de revisar la doctrina militar que las llevó a esa situación y hacerse cargo de la profunda fractura que provocaron en la democracia y a la convivencia nacional, de los muertos, torturados y miles de los detenidos desaparecidos de cuyo destino no se sabe hasta hoy.

Sin hacer este ejercicio necesario por la salud de Chile, no podremos reivindicar la rectitud del general René Schneider, asesinado por la derecha, el compromiso con la causa de la patria del general Alberto Bachelet y del general Carlos Prats, del almirante Raúl Montero y del general director de Carabineros, José María Sepúlveda, presente esa mañana del 11 de septiembre en La Moneda junto al presidente Allende. Tampoco honraremos en conjunto a todos los militares, marinos, aviadores, carabineros, detectives y gendarmes que decidieron mantenerse firmes en sus principios y valores, de manera desinteresada, patriota e incorruptible.

Hoy día, tenemos la obligación moral, en honor y por el respeto a la memoria de tantos compatriotas, la mayoría héroes y heroínas anónimos y anónimas, de replantear la doctrina militar, sustentándola en valores éticos, morales y espirituales propios de nuestra sociedad, que es lo que le otorga no sólo legitimidad, sino que, además, asegura una unión de principios con la comunidad a la que pertenecemos.

Solo condenando de manera efectiva todo lo sucedido, se podrá prevenir lo que hoy en el siglo XXI está sucediendo en otros países, donde vuelven a cometerse genocidios y el aniquilamiento de personas a nombre de la libertad y la democracia, transformándose, las FFAA, en una tecnología de poder utilizada para disciplinar poblaciones y para transformar las relaciones sociales.

Ningún gobernante tiene el derecho a imponer el olvido, como se ha hecho en nuestro país, lo que hasta ahora ha favorecido la impunidad y ha ocultado la verdad. Existe consenso en la comunidad internacional, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Es decir, que los reclamos de justicia sobre los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar, pueden ser revisados sin importar el paso del tiempo y castigar a los culpables, terminando además con la supremacía de la justicia militar que les protege.

En nuestro país hay muchos casos pendientes por investigar, otros sin castigo y otros ocultos tras la cortina de la impunidad, nuestro caso es solo uno entre miles, pero tiene que servir para ejercer la memoria como una forma de defensa frente a la conveniencia de una justicia parcial y de los intentos de poner punto final a la historia.

Como nosotros en las FFAA, hay cientos de marineros que fueron detenidos ante del golpe de Estado, militares y civíles condenados en el ejército, y compañeros nuestros que fueron torturados y expulsados de la Fuerza Aérea, sin juicios ni Consejos de Guerra. Quienes no han sido considerados en este dictamen judicial, personas que desde esa época fueron discriminados laboralmente y socialmente, sin ningún amparo político ni jurídico.

Queda entonces, el desafío de completar el trabajo iniciado con la anulación de los Consejos de Guerra de la Fuerza Aérea, reparando de manera integral a todas las víctimas, no solo a grupos de ellas, incluidos los expresos políticos, terminando así, con las formas del ejercicio de la justicia que se ha aplicado hasta ahora, dejando de lado los intereses de cualquier índole, que insultan y desatienden el deber natural de defender los derechos humanos básicos y universales de nuestros compatriotas.

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