“Comisión de Educación aprueba derogar el CAE y Gobierno hace reserva de constitucionalidad”
En
medio de fuertes críticas y con divisiones entre los miembros de la Comisión,
luego de 23 horas se despachó el proyecto de reforma a la educación superior.
Ahora, tendrá que pasar al hemiciclo y, después, al Senado. Esto, en medio de
la posible apelación de La Moneda ante el Tribunal Constitucional por el fin
del Crédito con Aval del Estado
En Radio-Diario U. de Chile –public. 22/6/17
Por 23 horas
sesionaron los diputados de la Comisión de Educación de la Cámara para discutir
hasta su total despacho el proyecto de Ley sobre Educación Superior. La
instancia concluyó el trámite parlamentario pasadas las ocho de la mañana de
este jueves.
Si
bien la iniciativa fue simplificada, al establecer una legislación paralela
para las Universidades del Estado y otra para generar un mecanismo de
financiamiento en reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE), el cual
deberá ingresar durante el segundo semestre, la instancia no estuvo exenta de
polémicas.
De
este modo, uno de los aspectos que mayor controversia causó entre los
parlamentarios fue el Título II del proyecto, el cual refiere a la acreditación
institucional. Cristina Guirardi, diputada PPD, fue una de las más críticas
respecto de los años mínimos de acreditación que debe tener una universidad,
argumentando que los cuatro años que se proponen son insuficientes.
Para
la diputada Girardi si la legislación busca mejorar la calidad del sistema
universitario, es necesario aspirar a que las instituciones sean certificadas
por la cantidad máxima de años posibles. “Lo que propone el Ejecutivo es algo
insuficiente porque quiere decir que aunque una institución no cumpla con todo
igual le darán la acreditación. Eso es insostenible si nuestro objetivo es que
el sistema mejore”.
Sin
embargo, estas indicaciones no fueron aprobadas y finalmente la acreditación
quedó establecida por cuatro, cinco, seis o siete años.
Sobre
este punto Camila Vallejo, diputada comunista, justificó los cuatro años
mínimos argumentando que si una institución no presenta todos los requisitos,
debe ser certificada nuevamente en un corto periodo de tiempo. “Lo que
ocurriría si solo acreditamos por más de cinco años es que se le darán más años
a universidades que no están funcionando íntegramente en todas sus áreas”.
En
tanto, el diputado UDI Jaime Bellolio también manifestó su rechazo a esta
indicación, afirmando que “hoy solo un puñado de universidades cuenta con cinco
o más años de acreditación, de hecho gran parte de las estatales no los tiene.
Si dacimos que el mínimo deben ser cinco años, estamos estableciendo de facto
que no queremos que hayan más universidades”.
Del
mismo modo, los parlamentarios aprobaron que todas las instituciones deberán
ser complejas, ya que tendrán que ser acreditadas obligatoriamente en cinco
áreas: docencia, gestión y recursos institucionales, aseguramiento interno de
la calidad, generación de conocimiento, creación e innovación y vinculación con
el medio.
A
temprana hora de este jueves, los parlamentarios miembros aprobaron el
compromiso de derogar el Crédito con Aval del Estado. El crédito instalado en
2006 ha sido una de las principales banderas de lucha del movimiento
estudiantil, sobre todo, por el endeudamiento familiar que provoca al estar
mediado por la banca.
En
abril de este año, el Gobierno se comprometió a terminar con esta forma de
pago, sin embargo, hasta ahora, solo se ha establecido que no se condonará
a los deudores afectados, sin establecer el mecanismo de reemplazo del
instrumento, que ingresará vía ley durante este segundo semestre. Pese a esa
promesa, una vez aprobado el punto en la Comisión, La Moneda, a través de
la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, anunció una reserva para
poder apelar eventualmente al Tribunal Constitucional:
“El Ejecutivo hace reserva de constitucionalidad de lo que se acaba de aprobar y plantea que no es responsable y no se condice con lo que la ministra prometió a la ciudadanía en su conjunto. Esto era sujeto a que esto no iba a quedar en la indefensión de los estudiantes”.
Además
aprobaron sanciones al lucro, que incluso puede ser penado con cárcel; también
se incluyeron cambios al sistema de admisión a la educación superior, la que
ahora quedará en manos de una Subsecretaría de Educación Superior y no del
Consejo de Rectores.
Ahora,
el proyecto debe pasar a la Cámara de Diputados para ser despachado hacia la
Cámara Alta.
Movilizaciones y rechazo al
proyecto de Universidades de Estado
Esta
discusión se dio en medio de un contexto de movilizaciones, en que miles de
estudiantes, convocados por la Confech, marcharon durante la jornada en
distintas ciudades del país, en rechazo a los dos proyectos de educación
superior que se encuentran en el Congreso: el general y el de universidades del
estado.
Los
estudiantes hicieron un llamado tanto al Ministerio de Hacienda como al de
Educación para que establezcan plazos concretos respeto de la política de
gratuidad. Además, demandaron la condonación de la deuda por el Crédito con
Aval del Estado.
En
la manifestación también se criticó duramente la iniciativa sobre instituciones
estatales que el Ejecutivo ingresó al Congreso. Sobre esta legislación, los
estudiantes mencionaron que es un atentado contra la autonomía universitaria y
la democracia interna de las instituciones del Estado, perjudica las condiciones
laborales de los funcionarios y no demuestra avances en materia de
financiamiento.
El
pasado martes, la propuesta fue públicamente cuestionada y rechazada por los
distintos estamentos de la Universidad de Chile, quienes aseguraron que muchos
de los articulados de este proyecto representan un retraso sobre la
participación de la comunidad universitaria, que ha sido construida en diversos
planteles del Estado.
Si
bien, Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, valoró la oportunidad
de que se discuta un cuerpo legal especializado en la educación superior
pública, cuestionó ciertos aspectos dentro del proyecto, calificando la
iniciativa como un “golpe mortal a la autonomía universitaria”.
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