“Alertan graves vacíos en proyecto de desmunicipalización”
Tanto
el Colegio de Profesores como expertos en educación advierten falencias en el
proyecto de Ley Nueva Educación Pública. Algunos de los aspectos más
preocupantes son: que la deuda previsional de los docentes no sea saldada, que
esta reforma no contemple la participación de la comunidad educativa en la toma
de decisiones y que los municipios no inviertan en sus establecimientos
mientras dure el proceso de desmunicipalización
En Radio y Diario U. de Chile –public. 14/6/17
Este
miércoles [14], el Colegio de Profesores realizó una consulta nacional sobre el
proyecto de Ley Nueva Educación Pública que actualmente se discute en el
Congreso, en la cual convocaron a todos los docentes del país, estén colegiados
o no, a manifestar su opinión respecto de este tema.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de
Profesores, explicó que este procedimiento busca instalar dentro del gremio
formas más democráticas para tomar decisiones relevantes. De este modo, al ser
una consulta vinculante, lo que resulte de ella pasará a ser la postura oficial
de los docentes.
Por otro lado, Aguilar agregó que al ser
una deliberación de miles de profesores esperan que el resultado tenga más
fuerza en el debate actual que están desarrollando las autoridades.
Si bien desde la directiva del Colegio de
Profesores han demostrado abiertamente su rechazo a la reforma de educación
pública, el presidente del gremio enfatizó en que cada docente debe tener la
libertad de decidir.
“Al menos yo como presidente no he llamado
a votar de un modo específico, he dicho que voy a respetar la opinión de los
profesores. Lo que hice fue dar a conocer mi opinión crítica respecto del
proyecto. La antigua conducción sí llamó a votar de un determinado modo, a
favor de las posturas del Gobierno”, sostuvo.
Para Mario Aguilar, lo que debe hacer esta
legislación sobre educación pública es cambiar el modelo de administración y
gestión de los colegios. Sin embargo, desde su perspectiva, este proyecto solo
modifica quién administra los establecimientos que se traspasan desde las
municipalidades a los Servicios Locales de Educación (SLE), que corresponden a
una institucionalidad descentralizada que estará a cargo de un director
ejecutivo seleccionado por concurso de alta dirección pública.
En ese sentido, el presidente del gremio
aseguró que no hay cambios en el sistema de financiamiento, ni en la calidad de
sostenedores y tampoco se le otorgan más privilegios a la educación pública.
“El problema de los municipios no es solo que esté en manos de los alcaldes,
sino el tipo de modelo con el que se gestiona la educación pública. Este
proyecto no modifica lo sustantivo”.
“Lo más grave es que hoy hay un cuantioso
nivel de deuda con los docentes y eso no se acoge ni se resuelve en el
proyecto, lo cual va a originar un problema gravísimo. Si los profesores son
traspasados al nuevo sistema sin resolver el tema de endeudamiento, vamos a
estar en presencia de una deuda histórica dos. Para nosotros eso es inaceptable
dentro del proyecto”, agregó.
Jesús Redondo, integrante del comité
ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), explicó que
en el proyecto fue eliminado un artículo que establecía que los municipios eran
“morosos solidarios” de las deudas previsionales de los profesores, lo cual
jurídicamente no asegura el pago de las cotizaciones adeudadas y podría generar
un escenario similar al de la deuda histórica.
“Si se generara de nuevo esa deuda
previsional, es posible que todos esos profesores que ahora salen de los
municipios y pasan a los SLE, queden con agujeros en sus contribuciones de AFP,
ya sea porque no fueron transferidos a tiempo por la municipalidad o
simplemente porque la nueva realidad no se hace cargo de ello”, comentó.
Según el académico, otro aspecto grave que
mantiene el proyecto de Nueva Educación Pública es que no hay derecho a la participación de la
comunidad educativa en la toma de decisiones. “Este es el tema más grave porque
las decisiones quedarán en manos de un grupo cada vez más tecnócrata, orientado
principalmente hacia una gestión de tipo empresarial. No habrá participación de
la comunidad escolar, que era lo que se esperaba. Además, este es un cambio que
acaba de introducir el Senado y contradice lo aprobado previamente por la
Cámara de Diputados”.
Durante la jornada de consulta, además de
preguntar si los profesores están de acuerdo o no con el proyecto que se está
discutiendo, se les consultó si respaldan al directorio nacional para exigir y
gestionar cambios de fondo a esta reforma.
Algunos de los puntos en los que se quiere
incidir tienen relación con: otorgar mayores atribuciones al Ministerio de
Educación (Mineduc) para articular un sistema nacional de educación pública, un
traspaso del los docentes sin deudas salariales ni previsionales, cambiar el
financiamiento de subvención por un modelos de financiamiento basal,
estabilidad laboral para los docentes, eliminar la calidad del sostenedor para
la educación pública e instaurar una concepción integral, humanizadora y no estandarizada del
currículo.
Movilizaciones secundarias
Por su parte, desde el movimiento
secundario hicieron un llamado a continuar las movilizaciones en base a dos
ejes fundamentados en problemas internos y demandas nacionales que se expresan
en el rechazo al proyecto de Nueva Educación Pública.
Sara Robles, vocera de la Asamblea Nacional
de Estudiantes Secundarios (ACES), señaló que los petitorios internos que
tienen los estudiantes en los establecimientos se relacionan principalmente con
problemas de financiamiento, infraestructura y violencia de género. “Son
problemáticas que se repiten debido al escenario político en el cual nos
encontramos. Las municipalidades no se han hecho cargo y no han entregado el
financiamiento necesario a sus colegios”.
De acuerdo a Jesús Redondo, esto último
puede ser un síntoma del proceso de traspaso que están experimentando los
colegios, ya que no existen incentivos para que las municipalidades continúen
invirtiendo en educación. “Como van a desprenderse de las escuelas, ¿qué
incentivos podría tener un alcalde para destinar dinero a estos
establecimientos? Ninguno. Esto incluso puede incentivar el cierre de colegios.
Ellos (los municipios) pueden concentrar escuelas y así quedarse con los
edificios públicos”.
Finalmente, la vocera de la ACES recalcó
que durante las últimas semanas los estudiantes han sido víctimas de una
constante represión. “El actuar de Carabineros se repite en todos los
desalojos. La semana pasada tuvimos una manifestación en la cual algunas
compañeras quedaron con quemaduras de primer grado producto de los gases
lacrimógenos”.
Hasta el cierre de esta edición, se
encontraba en toma el Liceo Siete de Providencia, Liceo Tajamar, Internado
Nacional Barros Arana (INBA), Instituto Nacional y el Liceo de Aplicaciones.
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