“(…) la ley fundamental de la salud consiste
en que ella es función del nivel de vida en conjunto y de cada uno de sus
componentes: la alimentación, la vivienda, el vestuario, el saneamiento, la
educación, la recreación, la seguridad social, las condiciones del trabajo, la
armonía entre las personas y la atención médica”. Plan de
Salud, Atención Médica y Medicina Social, Chile-1964, del Programa de
Gobierno del candidato Salvador Allende
Paros de funcionarios, renuncias de médicos
y especialistas, suspensión de intervenciones por carencia de anestesiólogos y
equipos, una deuda hospitalaria astronómica, etc. De ello se habla y se recalca
todos los días en la prensa oficial, no para bien, sino para despotricar en
contra de la Salud Pública. Pero, ¿qué está pasando en un ámbito tan sensible
para millones de chilenos? Tan sensible, como que en la última encuesta CEP,
dada a conocer a principios de este mes,[1] los
encuestados creen que los derechos en una democracia pasan por tener salud al alcance de todos como una
primera opción, con un 86% (seguido por un nivel de vida adecuado, 79%; autoridades
públicas que respeten y protejan los derechos de las minorías, 73%; un Estado
que respete los derechos democráticos a todo evento, 67%; entre otras).
Si
hablamos de SALUD, debemos anotar que la OMS nos dice que ella no sólo implica que
las personas no estén enfermas, sino que corresponde a su completo bienestar en
los planos físico, mental, social y cuando ellas están en armonía con su medio
ambiente. La misma OMS, en su Conferencia Internacional de Atención Primaria de
Alma-Ata, 1978, cuyo ampuloso y no realizado lema era: “Salud Para Todos para el 2000”,
declaraba que: “la salud es un derecho
humano fundamental y la consecución del nivel de salud más alto posible es un
objetivo social prioritario”. Veamos que dice nuestra realidad nacional.
Chile
registra la 2ª mayor tasa de suicidio adolescente a nivel mundial y un record
en depresión, pero, a despecho de ello, la OMS señala que aquí se destina un
bajo porcentaje del presupuesto total a los programas de salud mental en el
sector público y los psiquiatras que laboran en el sector público son una
rareza;[2] disminuyen
los niños menores de 5 años y aumentan los adultos mayores de 60, lo que
implica la necesidad de aumentar progresivamente el gasto público en salud a
causa de la progresión de los daños naturales y por las afecciones crónicas
asociadas; los problemas de salud se hacen más complejos, con aumento de las
enfermedades crónicas, cánceres y mentales; desde 1990, han aumentado en 13,6%
los beneficiarios de FONASA, llegando a cubrir en la actualidad nada menos que
a un 82% de la población;[3] en 2010,
comparados con los promedios de OCDE, dedicamos el 8% del PIB a gasto en salud
(en Cuba es el 12%),[4] lo que
aparece algo bajo el 9,5% de dicha organización, pero si ese gasto lo vemos por
persona, Chile apenas alcanza a US$ 1.202, mientras que éste fue de US$ 3.268
OCDE; sobre el aporte público al gasto total en salud, Chile es el 3º peor, con
sólo 48,2%, frente a 72,2% OCDE; tenemos 1,4 médicos/1000 habitantes (en Cuba
son 6)[5], contra
3,1 OCDE; 1,5 enfermeras/1000, contra 8,7 OCDE; camas en hospital para cuidados
curativos 1,8/1000, contra 3,4 OCDE; contamos con apenas 2 camas de
hospital/1000 habitantes,[6] por
debajo de Namibia, Zimbabue o Tonga; el número de resonadores magnéticos es tres
veces menor que el de la OCDE y el de tomógrafos es menos de la mitad; un
sistema de salud público desmembrado y pauperizado, con personal insuficiente y
el cual realiza sus acciones en condiciones laborales desmedradas. No obstante,
este sombrío cuadro se debe considerar con la realidad de la SALUD en el
conjunto de las naciones dominadas del sistema capitalista mundial, campo aquel
al cual estamos asignados. Así, en la declaración final de la Conferencia
Internacional sobre Salud para el Desarrollo, de 2007, se lee: “A casi 30 años de Alma Ata, la situación de
salud de gran parte de la humanidad es deplorable y (ésta) no goza de una atención
de salud integral, equitativa o ni siquiera básica”.
Históricamente,
en nuestro país el DERECHO A LA SALUD significó décadas de lucha popular y fue
siendo traspasado al Estado como otra responsabilidad que este le debía a las
grandes mayorías. Hasta 1973, Chile contaba con uno de los mejores sistemas
públicos de salud de América Latina. Era un sistema solidario en el
financiamiento y además en la atención, puesto que sobre la base de este fondo
se atendía, sin costo, a todas las
personas, con o sin previsión. Luego del Golpe del “73, entre otras desgracias,
el gasto social pasó del 27% del PIB a sólo 12% en 1974 y el gasto de salud,
como aporte directo del Estado, pasó del máximo histórico de 3,4% del PIB a
sólo 0.8% en 1980, cifra que se mantuvo hasta 1990. En 1985, se hizo recaer
dramáticamente el costo de atención sanitaria en los propios trabajadores y
jubilados, al elevar su aporte del 1 al 7%, eliminando el aporte patronal. Por
si fuera poco, en el marco de una sociedad que excluye a la mayoría, la
constitución dictatorial de 1980 ‘consagra’ el derecho a la “protección de la
salud” y el “acceso”, pero no asegura la “Atención”.
El
financiamiento de la salud en Chile se da mediante tres vías: 1. Las
cotizaciones obligatorias del 7%; 2. El aporte fiscal directo, destinado al
sector público y 3. El “gasto directo del bolsillo” de los usuarios. La 1ª fuente,
cotizaciones, representa el 35% del
gasto total en salud (2,4% del PIB). Las ISAPRES cubren el 15,3% de la
población, pero las cotizaciones que cobran llegan al 1,3% del PIB; sus
afiliados se “seleccionan” y pertenecen a los quintiles más ricos. Al
otro lado, los chilenos que están en FONASA (o seguro público), el 82% de la
población, mayoritariamente pertenecen a los quintiles más pobres, son los que
más se enferman y por ello son más caros. Sin embargo, FONASA recibe
cotizaciones equivalentes a sólo un 1,1% del PIB, por lo que EL ESTADO DEBE INYECTAR RECURSOS PARA
REFORZARLA Y AUN ASÍ ESTE APORTE ES SIEMPRE ESCASO; La 2a fuente, el aporte fiscal, se orienta a
financiar al sector público, pero indirectamente aporta recursos al
privado (vacunas, leche, promoción). El Estado aporta un 1,7% del PIB para
complementar los recursos financieros del sistema. Comparado con los países de
la OCDE, el aporte promedio del Estado en estos es de 71,7%, mientras que en
Chile es sólo de 25% total del gasto en
salud. EL APORTE FISCAL EN CHILE ES INSUFICIENTE Y DEBE AUMENTAR, ADEMÁS DE
DEJAR DE SUBSIDIAR AL SECTOR PRIVADO; La 3ª vía de financiamiento, corresponde a los gastos directos
que deben efectuar las familias para conseguir alguna prestación o acción de
salud. Las familias aportan un total de 2,8% del PIB, esto equivale al 40% del total del gasto en salud, lo
que significa que las familias chilenas
son los principales financiadores de la salud. ES NECESARIO DISMINUIR EL GASTO DE LAS FAMILIAS EN SALUD, TODA VEZ QUE
EL PROMEDIO OCDE EN ESTE ÍTEM ALCANZA SÓLO UN 19% DEL TOTAL DEL GASTO.
En
octubre pasado supimos que la deuda hospitalaria se duplicó en los nueve meses
anteriores y que llega nada menos que a $164 mil millones,[7] lo que a
todas luces invalida cualquier posibilidad de mejoramiento de los niveles
secundario y terciario de salud. Esta es otra muestra de la impracticabilidad
del autofinanciamento y de la salud como mercancía, conceptos ideados e
impuestos bajo la dictadura cívico-militar y que los gobiernos de la falsa
democracia han sabido mantener cabalmente.
LA LUCHA POR
LA SALUD Y POR TODOS LOS DERECHOS DEL PUEBLO
ü
Para
brindar atención de salud pública, fiscal, de calidad, gratuita, completa, oportuna y digna para tod@s los chilen@s,
avanzar a:
1. La creación de un Fondo Nacional Único de Salud, que concentre todos los
recursos y genere una real redistribución de los recursos de forma más
equitativa y justa; 2. La eliminación de las cotizaciones de salud (o volver al
1% de aporte trabajadores), siendo la base del financiamiento del sistema la
vía de los impuestos generales, progresivos y que graven la riqueza de los
grupos monopólicos;
ü Que el aporte estatal
al gasto total en salud supere el 75%;
ü
Por
un Servicio Nacional de Salud efectivamente en red y con una alta resolutividad
en todos sus niveles;
ü
Que
la población sea atendida en servicios de salud que cuenten con la mejor
calidad y suficiencia técnica, física y profesional, en todas las regiones del
país (no sólo en Santiago);
ü
Fin
al Estado subsidiario, que le quita a los pobres para darle a los parásitos que
lucran con la salud, la educación, etc., y por uno que esté al servicio del
pueblo y sus necesidades;
ü
Término
del monopolio privado de los servicios públicos (agua, luz, extracción de
basuras) y renacionalizar todos los recursos naturales;
ü
Fin
a la institucionalidad heredada de la dictadura y democratización de la
sociedad, de tal manera que se pueda opinar y decidir efectivamente (por
ejemplo, en el caso de las mujeres, que estas tengan asegurada la libre
disposición de su cuerpo); que no se reprima la legítima demanda social por
mejores condiciones de vida;
ü
Sueldo
mínimo de $350.000 y pensiones no inferiores a ¾ del último sueldo;
ü
Fin
al sistema de AFP, nacionalización de sus cuentas y creación de un sistema
previsional de reparto solidario y de financiamiento tripartito; Control de las
Mutuales de Seguridad por los trabajadores;
ü
Fomentar
y fortalecer condiciones que posibiliten el desarrollo de una cultura de
integración, de respeto por el/la otro/a. Reconocimiento efectivo de los
pueblos aborígenes, además de la autonomía para el pueblo Mapuche. Políticas de
protección social concretas y efectivas hacia la diversidad sexual y para los
herman@s migrantes;
ü
Educación
pública, fiscal, gratuita, de excelencia y democrática, desde la sala cuna
hasta la universidad;
ü Efectiva soberanía
y seguridad alimentaria, garantizada por el Estado;
ü
Integrar
la demanda por el derecho a la SALUD a las demás que motivan al pueblo y sus
organizaciones, puesto que sólo mediante su lucha decidida esas demandas y
aspiraciones van cobrando fuerza y podrán tener una efectiva resolución cuando
el Movimiento Popular triunfe.
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!
COLECTIVO
ACCIÓN DIRECTA –CHILE
Diciembre
16 de 2014
[1] Centro de Estudios Públicos, CEP, Estudio Nacional de
Opinión Pública N° 72, Noviembre 2014; en: http://www.cepchile.cl/dms/archivo_5762_3637/EncuestaCEP_Noviembre2014.pdf
[3] Dato de 2011. En el período, los adscritos a las
Isapres pasaron del 15,3% al 13%. En: http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ipos-2012/media/ipos_2012_pp_94-125.pdf
creo que la propuesta favorecera a las clinicas privadas porque los hospitales
ResponderEliminarno tienen suficientes camas para los pacientes, los cuales podrian atenderse en
el sistema privado pagado por el gobierno para enriquecer mas a las clinicas
pienso que sería mejor fortalecer el sistema público que es lo que necesita el
pais
creo que la propuesta favorecera a las clinicas privadas porque los hospitales
ResponderEliminarno tienen suficientes camas para los pacientes, los cuales podrian atenderse en
el sistema privado pagado por el gobierno para enriquecer mas a las clinicas
pienso que sería mejor fortalecer el sistema público que es lo que necesita el
pais