“Actas secretas de la Junta Militar revelan
cómo se fijó el aporte de Codelco a las FFAA”
Documentos muestran cómo influyó la UP y la
nacionalización del cobre en las decisiones que tomó la dictadura para asegurar
recursos a las FF.AA.
En Piensa Chile –public. 27/8/16
“No
quiero discusiones aquí”, dijo Augusto Pinochet la mañana del 26 de mayo de
1976, en medio de la sesión secreta de la Junta de Gobierno que se había
reunido, por segunda vez esa semana, para analizar los cambios al régimen de
tributación minera del país.
Pinochet
y el resto de la Junta de Gobierno llevaban meses analizando la mejor manera de
asegurar recursos permanentes para las Fuerzas Armadas, pues tras la
nacionalización del cobre que llevó adelante en 1971 el gobierno de Salvado
Allende, se habían generado -según creían Pinochet y sus cercanos- distorsiones
en la asignación de recursos. En el fondo, los militares no habían quedado
conformes con la idea de depender de la discrecionalidad presupuestaria del
gobierno de turno y buscaban volver a implementar un mecanismo que fuera
independiente y que, además, tuviera un piso mínimo de recursos a asignar. Pero
ese día, los militares y civiles que participaban de las sesiones secretas no
llegaban a acuerdo y eso a Pinochet no parecía gustarle.
“Cumplan
la orden. Vean esto con más claridad y después conversamos solos, en calma“,
les dijo a sus ministros y asesores, según consta en el acta 268-A, que se
levantó ese 26 de mayo de 1976.
Lo que debatió la Junta
Tres
actas (266-A, 268-A y 275-A) de las sesiones secretas de la Junta Militar dan
cuenta de esa discusión y de las diferencias que había en el entorno de
Pinochet respecto a cómo iba a quedar la Ley Reservada del Cobre y su relación
con la tributación minera privada, la estatal y cuántos de esos recursos iban a
ir al presupuesto de Defensa.
“Hubo
una gran presión para emancipar a las Fuerzas Armadas de la discusión política
presupuestaria”, recuerda hoy Sergio de Castro, ministro de
Economía de la dictadura entre 1975 y 1976 y de Hacienda, entre 1976 y 1982.
“Esa discusión tenía de fondo el conflicto con Argentina, por lo que era
importante que Defensa tuviera su presupuesto”, agrega.
En
29 de octubre de 1958, y producto de otro episodio de tensiones con Argentina, Carlos
Ibáñez del Campo había dictado la Ley 13.196, que gravó con un impuesto de 15%
las utilidades de toda la minería del cobre. Esos recursos tenían a las
Fuerzas Armadas como destinatarios y debían invertirse sólo en la adquisición
de material bélico. Sin embargo, y de acuerdo a las actas de la época, con la
llegada de Allende al poder eso cambió.
“Con
motivo de la nacionalización del cobre se generó, durante el tiempo de la UP
(Unidad Popular), una inquietud muy lógica de las Instituciones Armadas, cual
era que la tributación de una empresa nacionalizada obviamente podía tener
todas las distorsiones consiguientes, porque el manejo de las cifras era
verdaderamente posible de hacer, diría yo, no de criterio absolutamente
imparcial”, dijo el capitán de navío, Aldo Montagna, según consta en una de las
actas. “Era doloso”, agregó el almirante José Toribio Merino.
Montagana
era cercano a Merino y oficiaba de secretario de Legislación de la Junta de
Gobierno. En tiempos de la UP, dijo en esa oportunidad, trabajó en “arreglar
este problema”, pues “cuando asumió ese grupo de partidos políticos (UP) el
gobierno, nos encontramos con el problema de que la ley 13.196 resultó ser
prácticamente inaplicable. Estábamos en las manos del gobierno de la Unidad
Popular para poder saber qué nos iban a regalar de la producción de cobre,
porque las empresas nacionalizadas bien podían manejarlas como quisieran”.
Según
Montagna, al “criterio que siempre se llegó fue que, para que no engañaran a
las Instituciones Armadas, había que condicionar, mejor dicho, el rendimiento
del cobre debía expresarse en forma distinta de la que expresaba la ley; así,
por ejemplo, hasta se habló del Producto Nacional Bruto. Finalmente se
llegó al concepto de una parte de las ventas del cobre. De esa manera,
evidentemente, cualquier distorsión que pueda haber en una empresa nacionalizada
del Estado, no afecta los intereses de las Instituciones Armadas”.
En
esos mismos documentos quedaron registradas las opiniones de Merino y Pinochet.
“Debe recordarse que las tres instituciones de la Defensa vivían con unos
saldos en dólares de cualquier magnitud -20, 30, 15, 25 millones-, pero cada
vez que quisimos usar esos saldos para hacer inversiones no pudimos hacerlo,
porque el Ministerio de Hacienda no disponía de los fondos que decía que
cada una de las instituciones tenía. El texto del proyecto en debate resuelve
ahora ese problema y situaciones como las que comento no podrían suceder”, dijo
Merino. “Esta ley tiene la ventaja de que ahora existen los fondos.
Antes, la ley daba ilusiones y nada más”, agregó Pinochet.
Merino, Cauas y Pinochet
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| El DL Reservado 239, del 31/12/73 |
La
idea era incentivar la inversión extranjera y en su intervención ante la Junta,
Montagna relata cómo fue el proceso. “Nos parecía que el trato que hay que
dar al resto del cobre es distinto del que se está dando a Codelco. Es
decir, a Codelco, para evitar cualquier eventualidad contable o de esa índole, se
le está simplemente imponiendo un tributo que es un cupo de producción. Con
respecto a la empresa privada, eso resulta absolutamente inconcebible.
Inconcebible porque sería prácticamente una expropiación y sería
desincentivador de la inversión privada extranjera”, dijo el secretario de
Legislación de la Junta de Gobierno.
Pero
no todos estaban de acuerdo. Jorge Cauas, ministro de Hacienda de la
época, planteó que la nueva tasa de tributos de los privados debía
discutirse en otra oportunidad, pues el gobierno estaba precisamente en
conversaciones con empresas extranjeras. “Creo que adelantarse a legislar
en este tipo de materias en el momento en que se están haciendo las
negociaciones del cobre, en que lo que está en juego es el nivel de la tasa
tributaria, no es aconsejable”, dijo Jorge Cauas. Sin embargo, Merino quería
una discusión inmediata, pues le preocupaba allegar más recuersos para las
Fuerzas Armadas.
“Es
evidente que tenemos un texto que habla clarísimo de aquello que va hacerse con
Codelco. No hay ninguna duda. En segunda instancia, se tiene presente que,
siendo el principal recurso natural de Chile el cobre, es indudable que alguien
va a querer explotarlo, además de Codelco”, dijo el almirante Merino. “Y
cuando venga un señor a explotar el cobre, sea en forma de compañía privada,
mixta o del tipo que quiera, va a tener que pagar un impuesto, ¿sí o no? Lo va
a tener que pagar (…) del impuesto que pague este señor, que vendrá en el
tiempo que Dios quiera, el Ministerio de Hacienda deberá entregar al
Ministerio de Defensa el 15% del impuesto. Nada más”, agregó.
Con
su intervención, Merino buscaba que parte del futuro impuesto que se le cobrara
a las empresas extranjeras que llegaran a Chile a explotar cobre, también
estuviera destinado a las Fuerzas Armadas. Pero esa no era meteria de la sesión
y quedaría para más adelante, por lo que Pinochet, en su estilo, llamó
nuevamente al orden. “No quiero discusiones. Aquí la ley viene casi lista,
solamente para que la Junta vea tranquilamente el proceso; no puede haber
discusiones. En consecuencia, me hace el favor, General Torres: converse con el
Ministro de Hacienda, con el de Minería, con el de Defensa; aclaren bien los
conceptos, y una vez que estén bien claros, sin problemas, se hayan puesto de
acuerdo, llegan acá”.
En
la mayor parte de sus intervenciones, Pinochet ofició como moderador del
debate. Sólo al final del mismo, cuando se discutió el artículo 6°, concerniente
a la fiscalización de la Contraloría sobre los fondos, hizo comentarios. Al
respecto, Pinochet planteó que “también podrían imputarse a los rubros que
conforman el potencial bélico, los gastos en que se incurra por los cursos que
realizan en el exterior oficiales de las instituciones armadas”.
Cauas
y Montagana le plantearon varias veces a Pinochet que era conveniente ligar el presupuesto
de Defensa al erario nacional y no a un producto “perecible”, como el cobre. De Castro, quien
no estuvo en esa discusión pero le tocó administrar lo que ahí se definió unos
meses después, cuando asumió como ministro de Hacienda, concuerda con ambos. “Yo
era partidario de que se asignara así, del presupuesto nacional. Pero la
situación con Argentina obligaba a otra cosa. Pinochet me decía: ‘usted no
pueda ganarlas todas’”, recuerda De Castro.
Como
sea, todos los cambios a la ley 13.196, que incluyeron la posibilidad de
endeudarse de las Fuerzas Armadas con cargo al piso anual de US$ 90 millones,
quedaron reflejados en un texto legal publicado de forma reservada en el Diario
Oficial el 29 de octubre de 1976.
El
texto, que publicó El Mostrador, detalla además que las entregas de estos
fondos “se harán en forma reservada, se mantendrán en cuentas secretas, se
contabilizarán en forma reservada y su inversión, ya sea en compras de contado
o en operaciones a crédito, pago de cuotas a contado o servicio de los
créditos, se dispondrá mediante decretos supremos reservados exentos de toma de
razón y refrendación” y que “los recursos establecidos en el artículo 1º no
se incluirán en la contabilidad general de la nación”.
Publicado por Pablo Bustos |
La Información es de Sergio Jara
*Fuente: BioBio
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