“LA RED DE ARRASTRE ESTATAL: LA INFLUENCIA EMPRESARIAL DEL GRUPO
ANGELINI”
Este artículo pertenece a la edición N°8 de los
Cuadernos de Coyuntura que elabora el Centro de Estudios de Fundación Nodo XXI[1]
Sebastián
Caviedes* – Andrés Bustamante**
RESUMEN:
Se
indaga en el proceso que da origen a la formación del Grupo Angelini, desde sus
inicios en la pesca hasta su consolidación tras la adquisición de empresas reprivatizadas
durante la dictadura, analizando el significativo peso que tiene el apoyo del
Estado en el proceso que lo catapulta a los primeros lugares de riqueza en el
país. Ello permite, además, entender la forma en que el grupo se relaciona con
el Estado, dando cuenta de las redes que vinculan al grupo con la política y
que han sido visibles, de modo transversal, por la defensa abierta de sus
intereses tanto en el sector pesquero como forestal-celulosa.
PALABRAS CLAVE: · Gran empresariado;
· Subsidio estatal; · Grupo Angelini; · Concentración económica.
Si bien la relación
entre el interés empresarial y la política es una condición inherente a la
propia constitución y mantención de los grupos empresariales chilenos, han sido
los escándalos de los últimos años los que han resituado el tema, en base a los
estragos causados por las boletas “ideológicamente falsas”. En el último
tiempo, la hebra más visible de tal vínculo ha tenido al caso Corpesca y a los
aportes de empresas a la pre-campaña de Bachelet como ejes del debate. Su punto
en común, evidenciar el accionar de uno de los principales grupos empresariales
en la política chilena: el Grupo Angelini.
Aunque
retratado por la prensa como un emprendedor alejado de la contingencia y de la
vida social, tales hechos, así como las permanentes apariciones que debió
realizar a propósito de la defensa de sus intereses pesqueros y forestales,
muestran que Anacleto Angelini y el conglomerado que fundara han gozado de una
capacidad de interlocución con la política tanto o más aceitada que la de otros
grupos económicos, aun cuando sus redes parezcan menos visibles que las de
grupos como Matte o Luksic.
Por
este motivo, se indaga en el modo en que los Angelini se han insertado en el
entramado del poder, dando cuenta de los principales rasgos de su proceso de
instalación y crecimiento, y del tipo de estrategia de inserción económica que
han usado para adquirir el tamaño con que se presentan hoy en día. Tales
preguntas, sin embargo, no pueden responderse sin caracterizar la forma en que
el grupo se ha relacionado con el Estado y la política, relaciones que han
operado como eficientes instrumentos para impulsar su proceso de acumulación
capitalista.
I. Haciéndose
un nombre: las estrategias empresariales del Grupo Angelini
Nacido
como hijo de un comerciante de trigo, la historia empresarial de Anacleto
Angelini comienza en 1935 cuando se instala en Abisinia (en la actual Etiopía),
colonia recientemente anexada por la Italia de Mussolini, y estudia ingeniería
comercial dedicándose paralelamente al comercio de sal. Durante dicha estadía
estalla la Segunda Guerra Mundial, tomando los británicos el control de la región
africana, mientras Anacleto acaba en un campo de concentración. En 1945 logra
escapar en un barco y volver a Italia, aunque viendo las escasas posibilidades
de un país en ruinas, decide emigrar a Chile, al parecer por recomendación de
algunos amigos italianos. Se instala en Santiago en 1948.
Ya
en Chile, una de sus primeras incursiones empresariales es la creación de
Pinturas Tajamar, en alianza con socios italianos y chilenos, cuestión que
logra al traer maquinarias y equipos desde Italia, a partir de un capital
inicial de US$ 100.000 que obtuvo como préstamo de un amigo italiano a quien
conoció en su periplo por África.
Tras
tres años de funcionamiento, Anacleto vende su participación a sus socios
chilenos y al año siguiente (1952), junto a su amigo y socio Giuseppe
Franchini, crea la Empresa Constructora Franchini y Angelini Limitada, dedicada
a la construcción de edificios tanto residenciales como comerciales. La
participación en esta empresa es cedida a su socio en 1959, para dedicarse a sus
otras áreas de negocio que crecían de manera significativa.
Durante
este periodo, Angelini también participa en la creación del Banco Nacional del
Trabajo, aunque posteriormente no haya orientado la acción del grupo hacia el
sector financiero. Junto con ello, incursiona en el rubro agrícola al adquirir
parte del fundo La Fortuna de Curicó y al desarrollar algunas plantaciones
frutales en la zona central a través de Inversiones Siemmel.
Es
su irrupción en la pesca, sin embargo, es la que le permite dar uno de los dos
saltos que impulsan al grupo a formar parte del gran empresariado nacional. En
1956, junto a su hermano Gino, viaja a Arica para concretar su primer gran
negocio al ingresar como socios a la Empresa Pesquera Ricardo de Varenne
(Eperva), por recomendación de su propietario, quien buscaba una inyección de
capital para revitalizar el negocio. Tras constatar el precario estado en que
se encontraban las instalaciones, Anacleto viaja al Perú para interiorizarse
sobre el proceso de producción de harina de pescado. Aquello significó la
incorporación de nueva tecnología a la industria, incluyendo cascos metálicos a
los barcos de madera, redes industriales y grúas motorizadas.
Los
buenos resultados de este acierto en las costas ariqueñas llevaron al Gobierno
de Jorge Alessandri a solicitarles desarrollar la pesca en Iquique, impulsando
la apertura de una segunda planta de Eperva en dicha ciudad. A ello se sumó que
la Corfo, a mediados de los sesenta, le entregara la administración de la
Pesquera Indo, en ese momento en quiebra, de la cual compró el 40% en 1968,
controlándola en su totalidad años más tarde.
En
este contexto, a fines de los años setenta el Grupo Angelini –conformado por
Anacleto y su hermano Gino- aparece consolidado en el cuarto lugar de los
grupos económicos nacionales, como parte de los 17 grupos económicos menores
tras los 3 de mayor tamaño (Cruzat-Larraín, BHC y Matte). Su patrimonio se
calculaba en US$ 140 millones de la época, cifra que si bien se alejaba de los
US$ 1.000 millones con que lideraba el Grupo Cruzat-Larraín, los hacía
relevante toda vez que tal fortuna contaba con el resguardo del bajo
endeudamiento, fortaleza que les haría resistir de mejor forma la crisis
económica que entre los años 1981-82 reconfiguró el mapa de la extrema riqueza.
El salto logrado por Angelini durante la década era evidente: si al comienzo
controlaba cuatro empresas (Pesquera Eperva, Pesquera Indo, Cholguán y Grace y
Cía.), al terminar los sesenta participaba en un total de 26, controlando 16 de
ellas.
Si
bien este salto implicó también su apertura hacia otros rubros, como el de los
seguros (controla el 59% de Seguros Cruz del Sur y el 96% de Seguros La
Previsora) y el aumento de las empresas ligadas al sector forestal (adquiere el
18% de MASISA, el 100% de Sociedad Forestal Siberia y el 25% de Laminadoras de
Maderas), la pesca siguió siendo su principal fuente de acumulación: a Pesquera
Eperva e Indo (en las que aumenta su participación de 51% a 63% y de 38,% a
89%, respectivamente), sumó Empresa Pesquera Iquique y Empresa Pesquera
Chilemar. En conjunto, a 1978, estas cuatro empresas representaban un
patrimonio de aproximadamente US$ 101 millones, de los cuales casi US$ 76
millones correspondían al grupo8. Angelini se consolidaba como líder del sector.
A. EL
“NEGOCIO DE SU VIDA” NO NECESITA RIESGO
Así
llamó El Mercurio, en una crónica del año 2002, al negocio que Anacleto
Angelini logró concretar en 1985, a los 72 años, y que significó catapultar al
conglomerado a la cima del ranking de millonarios locales: la compra de Copec.
Una compra que se hizo, al igual que otras privatizaciones y reprivatizaciones
de empresas del “área rara” de la economía, en condiciones muy ventajosas y a
precios módicos, generando un subsidio tan significativo a la riqueza privada,
que rompió con los moldes de su supuesto “espíritu emprendedor”.
Tras
sortear con éxito la crisis de principios de los ochenta, los Angelini
observaron el derrumbe del Grupo Cruzat-Larraín, propietarios de Copec en ese
entonces. Previamente, la compañía se había expandido fuera del negocio de los
combustibles, adquiriendo en 1976 las empresas que actualmente conforman
Celulosa Arauco y Constitución (Celco), así como la Pesquera Guanaye en 1980, y
algunas empresas de distribución eléctrica a partir de la licitación de Endesa
en el mismo año. La caída en desgracia de sus propietarios supuso para Angelini
la posibilidad de comprar a la Corfo el 14% de las acciones del conglomerado, a
un precio muy por debajo del valor libro.
Siguiendo
a Fazio, la reprivatización de Copec se produjo del siguiente modo: en primer
lugar se llamó a una licitación pública, pero el gran paquete accionario fue
vendido días antes de que la misma se realizase, con un precio menor al del
patrimonio valorizado. Posteriormente, fueron vendidos nuevos paquetes a un
precio mucho mayor al pagado por Angelini. En un tercer movimiento, Angelini se
asoció con capitales extranjeros para la compra de un porcentaje del paquete
original, pagando un precio cuatro veces mayor al pagado por el grupo
anteriormente. La consecuencia fue que las utilidades generadas por Copec en
esa época permitieron a Angelini recuperar rápidamente la inversión inicial.
En
1987, en el marco de esta misma operación, Angelini creó junto a Carter Holt
Harvey, Inversiones Los Andes, propiedad de ambos grupos en partes iguales.
Tras un aumento de capital, se logran cancelar las deudas de Copec y comprar
nuevos paquetes accionarios, lo que permite que esta sociedad logre el control
del 60% de la empresa. Adicionalmente, debido al desconocimiento del negocio de
los empresarios neozelandeses, se cedió a Angelini la administración de Copec y
sus filiales por 20 años. Este pacto de accionistas se vio cuestionado cuando
Carter Holt Harvey quebró y fue adquirida por la International Paper en 1993,
esta última una de las líderes internacionales del negocio forestal. Tras una
serie de batallas judiciales, Angelini logró comprar la participación de sus
socios para hacerse con el control mayoritario de Copec, pagando US$ 1.233 millones.
De
esta forma, Angelini logró hacerse del control de una empresa que, al año 2005,
tenía un patrimonio bursátil de US$ 9.807 millones, fortaleciendo su posición
dominante en el sector pesquero, a la vez que asumía un dominio absoluto del
sector forestal a través de Celco. Todo ello explica que, a principios de los
noventa, Angelini rompa la barrera de los US$ 1.000 millones de riqueza
personal, logrando su aparición en el ranking Forbes.
B. LA
HERENCIA Y LA DESACELERACIÓN DE ANGELINI
Antes
del fallecimiento de Anacleto Angelini, producido en agosto de 2007, se había
comenzado a delinear la sucesión en la administración de las empresas de su
propiedad. Dado que su matrimonio con María Noseda no dejó hijos, serían los
hijos de su hermano Gino, Roberto y Patricia, quienes asumirían esta función.
En efecto, a medida que Anacleto declina en su participación en los negocios,
Roberto comienza a asumir protagonismo. A principios de esa década se crea
Inversiones Angelini, a través de la cual se manejarán las diferentes
operaciones del grupo y de la cual Anacleto poseía un 21%, mientras su esposa
contaba con un 15% y sus sobrinos con un 12% cada uno. A la muerte del
fundador, una serie de hitos legales se suceden, comenzando en 2007 con la
apertura de su testamento, el cual deja instrucciones detalladas respecto del
criterio de sucesión. En la ejecución de lo estipulado, la viuda de Angelini
reduce su participación en la mencionada sociedad a un 10,94%, mientras Roberto
y Patricia administran el 74,32% de la misma, dado que, además de su
participación directa, administran de manera fiduciaria el 33,1% que heredaron
sus 7 hijos -o “sobrinos nietos” de Anacleto-, quienes solo podrán disponer de
esas participaciones al morir sus padres.
En
la actualidad, los Angelini agrupan sus activos fundamentalmente a través de
AntarChile. De ella se derivan, a través de una serie de relaciones de
propiedad, Corpesca y Empresas Copec. Respecto de la primera, durante el
ejercicio 2014, logró una utilidad de US$ 16,6 millones y ventas consolidadas
por US$ 805 millones. En la pesca extractiva se capturaron 755 mil toneladas de
especies pelágicas y se procesaron 627 mil toneladas. En cuanto a la
producción, la empresa produjo el 37% de la harina de pescado a nivel nacional
(141 mil toneladas) y el 7% del aceite de pescado (10 mil toneladas). Empresas
Copec, por su parte, se estructura a partir de los segmentos Forestal (Celulosa
Arauco y Constitución) y Combustibles (Copec, Abastible, Metrogas), además de
otras inversiones. Al cierre del ejercicio 2014, exhibe un patrimonio de US$
10.336 millones y una ganancia de US$ 855 millones, de las que el sector
Forestal aporta el 50,5% (US$ 431 millones) y el sector Combustibles el 33,6%
(US$ 287 millones).
La
mirada general sobre el patrimonio también muestra otro rasgo de este período.
No obstante su liderazgo indiscutido en varios sectores de la economía, el
Grupo Angelini ha ido cediendo terreno frente a la arremetida de otros grupos
económicos. En el ranking Forbes de 1996, Anacleto Angelini figuraba como la
mayor riqueza del país, con US$ 2.300 millones, seguido de cerca por Andrónico
Luksic (US$ 2.200 millones) y Eliodoro Matte (US$ 1.700 millones). Ya en el
ranking del año siguiente, el liderazgo lo asumió Luksic, con US$ 2.600
millones frente a los US$ 2.200 millones de Angelini. Por otra parte, las
cifras del Centro de Estudios en Economía y Negocios (CEEN) de la UDD permiten
estimar el patrimonio bursátil del Grupo Angelini en US$ 3.310 millones, muy
por debajo de los US$ 10.390 millones del Grupo Luksic y los US$ 6.665 millones
del Grupo Matte19. Si bien tanto las cifras como las posiciones relativas
pueden mostrar variaciones importantes en el corto plazo, dependiendo de las
características del ciclo económico y por ende afectando el rendimiento que
tengan los diferentes sectores de la economía, es claro que la apuesta de
Luksic por la minería y el sector financiero ha cambiado el ordenamiento que
existía durante los noventa.
II.
LOS ANGELINI ANTE LA POLÍTICA Y EL MEDIOAMBIENTE
Aun
cuando Anacleto Angelini siempre quiso mostrarse como un empresario de bajo
perfil y emprendedor, quizá su conglomerado sea el más expuesto y más rentista
de todos. Como en todo ascenso veloz –sobre todo con una dictadura de por
medio-, el tamaño del poder y la riqueza alcanzada por el Grupo Angelini no es
fortuito ni fruto solo del esfuerzo personal. Se construye, por el contrario,
sobre una sistemática renovación de beneficios económicos estatales, que le
otorgan acceso a explotar los recursos naturales bajo condiciones privilegiadas
–en términos tributarios, laborales y de inversión- y, no pocas veces,
oligopólicas. Hoy, de la mano de su sobrino Roberto, aquello vuelve a
reflejarse. Cuando la senda de crecimiento iniciada a comienzos del nuevo siglo
comienza a agotarse, la urgencia por un reimpulso para iniciar un nuevo ciclo
de acumulación capitalista reactiva los canales por los han sido logrados y
defendidos tales beneficios.
A. LA
LEY DE PESCA EN TRES ACTOS
Tras
lo avanzado en dictadura, el Grupo Angelini necesitaba de un sustento político
en democracia para mantener sus beneficios. El tránsito para lograrlo implicó un
mayor involucramiento en la política contingente del empresario italiano, tanto
para defender la posición dominante lograda previamente como para profundizarla
con la venia de las fuerzas políticas concertacionistas. El vínculo con estas
últimas se construyó sobre el propio nacimiento de la coalición. En efecto,
Angelini prestó apoyo económico a la campaña del No, siendo uno de sus más
conspicuos y secretos financistas. Lo unía a la naciente Concertación, sin
embargo, un nexo aún más antiguo, originado en la simpatía de Angelini por el
proyecto democratacristiano de los años sesenta y que le granjeó una amistad
con Eduardo Frei Montalva, a quien llegó por intermedio de la familia Zaldívar
Larraín, una de las más tradicionales de la Falange.
Manteniendo
el carácter pragmático y no “ideológico” de su adhesión a los gobiernos de
turno, en su relación con la Concertación los miembros de esta familia han sido
fundamentales. Ellos han sido clave, además, para la mantención de su posición
dominante en el sector pesquero, del cual la propia familia se ha visto
beneficiada. Mientras, varios miembros trabajan o son accionistas de las
pesqueras del grupo, tanto Andrés como Adolfo Zaldívar –fallecido en 2013- han
actuado a favor del Grupo Angelini en el Congreso.
Dentro
de los episodios que dan cuenta de esto, el primero se produce a comienzos de
los noventa, cuando Patricio Aylwin trata de impulsar una nueva normativa
pesquera. La sola decisión generó la reacción inmediata de los industriales que
denunciaron un “cambio en las reglas del juego”, a pesar de la escasa
regulación existente en el sector. Allí se inició un fuerte lobby del propio
Angelini sobre el Presidente de la República, a la vez que desde el propio
partido oficialista el clan Zaldívar ejecutaba maniobras comunicacionales y en
el Senado buscando convencer a sus pares de la utilidad de mantener las condiciones
de la industria pesquera. No era casualidad, Felipe y Javier, hermanos de los
senadores, ejercían como gerente general de Eperva y como asesor de la
Corporación de Pesca, respectivamente. Lo que se legisló finalmente fue la Ley
de Pesca y Acuicultura de 1991, que, sin embargo, no cumplió su objetivo de
controlar la explotación pesquera industrial, por cuanto aunque fue limitado el
número de naves por empresa y su capacidad de bodega, estas aumentaron sus
niveles de captura invirtiendo en tecnologías que dieron mayor eficiencia y
autonomía a sus flotas, a la par que desarrollaban un agudo proceso de
reorganización que les permitió disminuir sus costos al reducir el número de
trabajadores. En el caso de Angelini, aquello dio inicio a la fusión de sus
empresas.
Hacia
el año 2000, nuevamente se planteó regular la pesca industrial, ahora por la
vía de cuotas de pesca global anuales que permitieran enfrentar el visible
agotamiento de recursos pesqueros como el jurel. El lobby volvió a ejercerse
desde el lado de los Angelini, aunque esta vez para evitar que tales cuotas
fueran establecidas en la I y II regiones –controladas por el grupo-, y se
limitaran solo desde la III región hacia el sur. Lo que no calcularon los
asesores de Angelini, sin embargo, fue que su celo extremo les impidió
disfrutar de una medida que, paradójicamente, se convirtió en un buen negocio
para las grandes empresas. La regulación desechada por Angelini consistía en un
régimen transitorio que introdujo los Límites Máximos de Captura por Armador
(LMCA) –sucesores de las antiguas Cuotas Individuales Transferibles-,
distribuyendo anualmente la cuota global anual de captura, tanto para los
pescadores industriales como para los artesanales. La regulación, no obstante,
otorgó cuotas desmedidas a los industriales –especialmente a las empresas de
mayor tamaño-, dejando a los artesanales con un reducido espacio para pescar.
Dos
años después, el error buscó ser “enmendado” a través de un proyecto presentado
por el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, para ampliar las cuotas hacia el
norte. El proyecto fue conocido como la Ley “Corta” de Pesca, siendo además impulsado
desde La Moneda por Ricardo Lagos como parte de la Agenda Pro Crecimiento
acordada con la Sofofa. La extensión de la medida, a pesar de la presión
ejercida por la industria y el Gobierno debió enfrentar la protesta de los
pescadores artesanales. El Ejecutivo, sin atender a las demandas sociales,
prefirió plantear como proyecto alternativo la prórroga de esta fase
transitoria por diez años más. Aquello radicalizó el conflicto, el cual no
acabó sino cuando un grupo transversal de diputados y senadores suscribieron un
acuerdo para rechazar la propuesta. Acuerdo que finalmente no se cumplió,
aprobándose la prórroga. Desde el Grupo Angelini, tanto sus abogados como el
presidente de Empresas Copec, Felipe Lamarca, habían instalado presión. Por su
parte, entre los Zaldívar los intereses eran extensos y variados: mientras
Felipe presidía Eperva, otros seis integrantes de la familia –incluidos los dos
senadores- fungían como accionistas de la empresa, con porcentajes que, a pesar
de ser minoritarios, resultaban cuantiosos por el carácter oligopólico de la
industria pesquera. Además, en cada avance del proyecto crecía el precio de las
acciones del holding de Angelini, aumentando las ganancias del grupo. Sin
importar las acusaciones, tanto el Gobierno como los parlamentarios cerraron
filas con los senadores Zaldívar.
Por
tercera vez la normativa debió renovarse en 2012, ahora atendiendo a los
cambios experimentados por el rubro industrial pesquero. El más importante: la
oligopolización de la explotación pesquera en unas pocas grandes empresas
controladas por nueve grupos económicos dueños del 90% de la pesca industrial
de jurel, anchoveta y sardina. La razón: el marco legal surgido de la LMCA
dividió el mar chileno en cuatro grandes zonas y basó la asignación de cuotas
en el historial pesquero reciente y en la capacidad de bodega de las empresas. Esto
benefició a los grandes pesqueros, a la vez que incentivó la concentración al
entregar pequeñas cuotas a sus competidores, a los cuales se les hizo imposible
seguir operando, debiendo vender sus barcos y cuotas a las grandes empresas. La
tan esperada regulación estatal, por tanto, tuvo el efecto de favorecer la
concentración del sector, sin que estos grandes “competidores” tuvieran que
arriesgarse en el mercado para crecer.
Luego
de una tibia disputa entre las grandes pesqueras industriales, dada la
incertidumbre que generaba desconocer el mecanismo para la renovación de las
cuotas (si se mantenían o se subastaban), ellas terminaron actuando
conjuntamente a través de sus organizaciones gremiales: Sornapesca y Asipes. En
la “Mesa de Trabajo Pesquero” de 2011, liderada por el ministro de Economía,
Pablo Longueira, y su subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, estas
organizaciones impusieron los términos de la negociación al Gobierno y los
pescadores artesanales, a esta altura, divididos en dos agrupaciones gremiales
como resultado de la negociación previa: la Confepach (los beneficiados de la
LMCA) y la Conapach (los perjudicados). Esta, si bien significó una mejora en
el porcentaje de los artesanales respecto a la cuota global anual de pesca –que
para la zona norte dominada por Angelini creció un 2% la cuota de pesca de
anchoveta y sardina, y un 5% la de jurel-, no hizo sino reconocer legalmente la
concentración de facto que ya existía, sellándose que las cuatro zonas de pesca
se conviertan en una suerte de “fundos marítimos”, al contrario de lo que
pensara Anacleto Angelini en 1991 cuando habló de “una suerte de reforma
agraria, pero en el mar”, ante el intento regulatorio.
Paradójicamente,
este escándalo volvió a visibilizarse este año, no por las consecuencias
medioambientales que trae consigo para las zonas costeras o por el nivel de
concentración que supone, sino por ligarse a los casos de financiamiento
empresarial de la política.
Particularmente, ya en 2013 se conoció de los pagos que Corpesca hizo al
jefe de gabinete de la entonces diputada Marta Isasi (IND-UDI), por supuestos
estudios vinculados a la ley de pesca. Esto significó la salida del gerente
general de la empresa, Francisco Mujica, quien de todos modos ha vuelto a dar
explicaciones, ahora por los pagos al senador Jaime Orpis (UDI) entre 2008 y
2013, que incluyen el periodo de tramitación de la última ley de pesca. Así
como por el hecho de que asesores de Pablo Longueira habrían entregado boletas
por servicios que nunca prestaron a estas grandes empresas pesqueras.
B. EL
AVANCE FORESTAL DE ANGELINI Y EL CONFLICTIVO “DESARROLLO”
En
la actividad forestal, los Angelini -junto al Grupo Matte- acumulan buena parte
de la masa boscosa del territorio chileno, como resultado no sólo de la
concentración del sector, sino también de una ininterrumpida subvención
estatal. Ella surge durante la dictadura, a partir del proceso de reapropiación
de tierras entregadas a campesinos y comunidades mapuche, a las que se les
cambia el uso de suelo para reasignarlas a la industria forestal. Legalmente,
este proceso incluyó el Decreto Ley 701 o “Ley de Fomento Forestal”, que buscó
incentivar la conformación de una industria forestal por la vía de subsidios y
exenciones tributarias. Pese a su carácter transitorio, tal medida ha seguido
operando en democracia como un mecanismo estatal para la acumulación
empresarial, a través del cual las forestales se han apropiado de bosques y
ecosistemas del sur de Chile. La industria ha defendido arduamente el decreto,
agrupada en su organización patronal, la Corporación de la Madera (Corma),
teniendo en Celco y CMPC a los líderes de este esfuerzo, sobre todo porque el
tipo de negocio extractivo que desarrollan tiene como límite orgánico la
necesaria expansión hacia nuevos terrenos en donde realizar reforestaciones.
En
2012 expiró el Decreto Ley 701, con la consiguiente movilización de las fuerzas
empresariales para revitalizarlo. Fue durante el gobierno de Piñera que hubo un
primer intento, el cual fue frustrado por la exigencia impuesta por el Convenio
169 de la OIT -suscrito en 2008 por Chile-, que obliga a consultar las
legislaciones con las comunidades indígenas que se vean afectadas. Por estar la
industria emplazada entre las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Lagos, se
realizó una consulta a los mapuche, que lo rechazaron por existir territorios
que consideran ancestrales. Pero sin importar este rechazo, la actual
administración Bachelet ha obviado una nueva consulta –alegando falta de
financiamiento-, para inmediatamente darle urgencia al proyecto que prorroga la
iniciativa de “Fomento Forestal”, el cual ya ha sido aprobado en la Cámara de
Diputados. Tal situación significa que, en los hechos, se facilita la
incorporación al negocio forestal, vía subsidio a la plantación de pino y
eucaliptus, de cerca de dos millones de hectáreas de tierra aún disputadas por
Angelini y Matte a los pueblos originarios.
La
iniciativa, además, legitima el avance de la “recolonización” de la zona
mapuche, que a través de la militarización del conflicto, ha permitido
controlar socialmente la región, a la vez que revertir los efectos
redistributivos de las reformas de los años sesenta. Al igual que con los
pescadores artesanales, lo que parece ser la falta de una interlocución
legítima de las demandas sociales de los sectores subalternos, no es sino el
resultado de la propia acción estatal encaminada a superponer el interés empresarial
por sobre el de otros grupos y organizaciones. Es la producción de la
desigualdad desde el propio Estado, que se identifica en una acción
discriminatoria al momento de enfrentarse intereses diferentes.
Existen
también efectos medioambientales derivados del agotamiento del recurso hídrico
proveniente de las napas subterráneas, a partir del cultivo intensivo en
terrenos muy amplios. A lo que se suma la destrucción el bosque nativo,
generada por la tala indiscriminada y la reforestación masiva con especies
funcionales al negocio forestal. Como recordado ejemplo de esta depredación, en
2005 se produjo el cierre temporal de la planta de forestal-celulosa de Celco
en Valdivia, exigida por la Corama. En aquella oportunidad, grupos ecologistas
denunciaron la muerte de alrededor de 120 cisnes de cuello negro y la migración
de otros tres mil lejos de los límites del humedal del río Cruces, a causa de
los residuos vertidos por la empresa del Grupo Angelini. Pero tal como ha
ocurrido recientemente con el desembolso voluntario de los impuestos adeudados
por los dineros empresariales destinados a la política, aquella vez el grupo
decidió voluntariamente cerrar temporalmente sus faenas, a la espera de
aclararse las condiciones necesarias para su funcionamiento, en uno de los
pocos desencuentros del gobierno de Lagos con Angelini.
La
presencia de estos efectos sociales y medioambientales suele justificarse como
si fueran “externalidades” propias (y necesarias) del estratégico rubro
forestal chileno. La evidencia, sin embargo, indica que el impulso dinamizador
de la industria forestal-celulosa en las regiones en que se emplaza está lejos
de significar un “desarrollo” con réditos para las zonas que circundan a los
gigantes forestales. El beneficio, más bien, sólo es recibido por los grupos
económicos que las controlan. Particularmente, como señalan Falabella y Gatica,
la cadena forestal-celulosa ubicada en la región del Biobío aporta poco y nada
a la actividad comercial del Gran Concepción y de la zona del secano interior,
que circunda los bosques y ecosistemas que controlan estas empresas. Esto, por
cuanto lo único consumido localmente por empresas como Celco o CMPC son
materias primas –coníferas, eucaliptus, etc.-, provenientes de las zonas
boscosas que ya controlan con la anuencia del Estado subsidiario chileno, sin
que aquello suponga el encadenamiento de sus procesos productivos a la
actividad comercial de las zonas forestales locales, ni a los flujos económicos
provenientes del Gran Concepción. Vale decir, como un producto de la
concentración oligopólica del sector forestal, lo que se impone es un enclave
productivo de forestal-celulosa que opera sin conectarse con la región, y por
tanto, sin traspasarle más que costos –medioambientales y sociales-, y no
beneficios a la zona.
C. DE
ANACLETO A ROBERTO
El
reducido número de miembros de la familia y la falta de redes familiares y
políticas tradicionales fueron rasgos determinantes en el comportamiento
político del fundador del grupo, quien no sólo tuvo extremo cuidado al heredar
sus posesiones, sino que debió salir personalmente a enfrentar reiteradamente
las contingencias políticas asociadas a sus intereses. Para ello contó con el
apoyo de una serie de consejeros claves que ejercieron como sus representantes
en la política formal, algunos de ellos hoy investigados como facilitadores de
los dineros para la pre-campaña de Bachelet. Ellos mismos, generalmente
directores y gerentes de las empresas del grupo, han cumplido además un papel
de contención frente a los potenciales costos políticos que pudieran afectar a
los principales controladores y accionistas. Así, si el gerente general de
Celco dejó su cargo en 2005, sindicado como responsable del derrame de residuos
al río Cruces, hace poco el ex gerente general de Corpesca y un histórico
colaborador del grupo como José Tomás Guzmán, han debido asumir la
responsabilidad de los aportes ilegales a las campañas políticas.
Ahora
bien, si algunos de estos rasgos de Anacleto permanecen en la conducción de su
sobrino Roberto, lo cierto es que su liderazgo parece diversificarse. De esto
dan cuenta los vínculos con figuras como Orpis, Isasi o Longueira –a la espera
de más antecedentes-, en tanto los lazos políticos no tienen solo un destino
concertacionista. Esto se potencia con el hecho de que Roberto Angelini ejerce,
desde hace bastante tiempo, como consejero del Centro de Estudios Públicos
(CEP), del que, además, se ha convertido recientemente en uno de los más
importantes benefactores, justo cuando esta institución busca potenciar su
posición en la venidera discusión constitucional.
Roberto,
además, ha debido liderar las inversiones del grupo en el extranjero, como
consecuencia del tamaño alcanzado en los últimos años, aunque siempre
privilegiando los rubros que controlan. Mantiene, de todos modos, el estilo
cauteloso de su tío, tal como lo expresara en su última carta a los accionistas
del grupo, a quienes señaló que “mientras sigan las reglas claras, seguiremos
adelante”, en referencia a las intenciones reformistas que amagó la
Concertación. La misma cautela muestra al apoyar a von Mühlenbrock para
presidir la Sofofa, haciéndose parte del ala más dura del empresariado
industrial.
Un
último punto que destaca en su gestión es la preocupación que muestra por las
innovaciones tecnológicas que pudieran integrarse al grupo. En 2014, y tras una
importante donación de US$ 15 millones a la Pontificia Universidad Católica,
ambas organizaciones inauguraron el Centro de Innovación UC “Anacleto
Angelini”, buscando la promoción de la innovación y el emprendimiento, en
diálogo con las entidades productivas. Nuevamente, por tanto, se ha alimentado
el mito del emprendimiento ligado a la familia Angelini, que, por cierto, no es
del todo falso. Y es que el empresario italiano tuvo el mérito de invertir en
el norte del país cuando nadie lo hacía, instalando los cimientos del grupo que
hoy lleva su apellido. Pero tal reconocimiento no se condice con el rentismo
posterior de las empresas Angelini, favorecidas, como se ha dicho, con
incentivos estatales permanentes. El mito es puesto en duda, además, en tanto
el valor agregado de sus productos de exportación se remite, como en el caso de
la pesca, a bienes intermedios como el aceite o la harina de pescado –este
último, una proteína que sirve de alimento a otros animales-, con la única
excepción de la reciente producción de Omega 3 con que proveen a la industria
farmacéutica y cosmética. En el caso forestal-celulosa, la producción de
rollizos y paneles de madera apenas procesados, es lo habitual.
Ambas
actividades –y proyectos como el de las cinco minas de carbón a tajo abierto en
la Isla Riesco, impulsado por Copec-, al contrario de innovar, dependen para
ser rentables de la práctica extractiva en amplios territorios. En buena medida,
eso es lo que les da su “valor agregado” y les permite competir externamente
haciendo valer las “ventajas comparativas” del modelo económico chileno. Pero
en realidad, como un mal chiste, por efecto de la concentración de la economía
chilena provocada por posiciones dominantes como las de los Angelini y otros
grandes grupos empresariales, la innovación que tanto promueven en su discurso
público no podría realizarse sino de modo subordinado a las necesidades de las
grandes empresas, que, irremediablemente, absorberían estas buenas ideas. Es
que mientras en Chile no existe una “competencia” de mercado, sino evidentes
subsidios estatales que apalancan un vacío “desarrollo” atribuido al esfuerzo
empresarial, la realidad demuestra que lo que alguna vez fue el
“emprendimiento” de un recién llegado como Angelini, ahora no podría replicarse
por la monopolización existente. Esto, a pesar de la faramalla y los fuegos de
artificio desplegados en los medios de comunicación y en todo el circuito
empresarial e intelectual del management chileno.
III.
EMPRENDER CON LA GANANCIA ASEGURADA
Detrás
de Angelini, así como de la mayoría del gran empresariado nacional, ha sido
tejido un mito en torno a la capacidad emprendedora de los líderes de los
conglomerados empresariales y su aporte al desarrollo del país. El Grupo
Angelini, especialmente bajo la conducción de su fundador, se diferencia del
perfil de los grandes especuladores surgidos durante la primera etapa de
privatizaciones de la dictadura, a la vez que tiende a insertarse en sectores
de la “economía real”, dejando de lado cualquier objetivo de constituir un
ancla financiera, incluso a contrapelo de la práctica habitual de los demás
grupos económicos. Los rasgos de apostar por la producción y privilegiar el
bajo endeudamiento, propios de un perfil emprendedor, le permitieron alcanzar
el liderazgo en el sector de la pesca. Dicho sector, sin embargo, actualmente
reporta un bajo nivel de utilidades en comparación a lo aportado por otros
sectores como el forestal o combustibles, además de tener una proyección
limitada dada la escasez del recurso pesquero.
Pero
el meteórico ascenso de su patrimonio no puede explicarse sin el subsidio de la
acción estatal entregado con motivo de tres momentos en la historia del grupo: la
adquisición de Copec por la vía de una privatización irregular que permitió que
privados se hicieran de activos del Estado a un muy bajo precio; la legislación
propiciada durante la dictadura que subvencionó la actividad privada, con la
cual el grupo se benefició en el rubro forestal; y, por último, gracias al
accionar de la Concertación, que no solo no ha modificado en lo sustancial las
políticas neoliberales heredadas del período anterior, sino que se han hecho
parte de una verdadera red de protección del interés empresarial, posible de
observar tanto en las gestiones para extender las políticas de Fomento
Forestal, como en la ya conocida defensa de los intereses de los grandes
industriales pesqueros. De tal suerte, si el subsidio a la ganancia empresarial
se extiende por la fuerza en dictadura, el carácter rentista del Grupo Angelini
se profundiza en democracia, ahora con la fuerza de una presión ejercida desde
dentro del sistema político y en concomitancia con los gobiernos
concertacionistas.
El
apoyo financiero a la política de parte de grupos como este, por tanto, no debe
considerarse solo como una estrategia para obtener beneficios estatales, sino,
invirtiendo el argumento, como una capacidad económica construida desde el
Estado que ahora se despliega para mantener los beneficios con que siempre han
operado estos grupos.
En
consecuencia, en el capitalismo chileno el mito del emprendedor que crea valor,
no es más que el mito del “visionario” que logra aprovechar la oportunidad de
asegurar ganancias gracias al Estado. Esto último, a costa de disponer de la
maquinaria del sector público para la acumulación de los sectores dominantes,
antes que para ser expresión de un pacto de derechos sociales que asegure el
bienestar general de los chilenos.
* SEBASTIÁN
CAVIEDES HAMUY: Licenciado en Sociología de la Universidad de Chile.
** ANDRÉS
BUSTAMANTE: Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica.
No hay comentarios :
Publicar un comentario