LA DESIGUALDAD ECONÓMICA FORTALECE AÚN MÁS EL PODER DE LOS QUE YA SON RICOS

“El ascenso de la plutocracia imperial: Nueva investigación expone el impresionante dominio de las súper-elites mundiales”

Traducción de: “Rise of the imperial plutocracy: New research is exposing the stunning domination of global super-elites”

Por Sean McElwee*

En Salon.com

Agosto 31 de 2015

Desde los inicios de la democracia se ha prolongado el debate respecto al cómo responden los políticos a sus electores. Aunque tal discusión se remonta a varios siglos, sólo recientemente los académicos han adquirido la capacidad para utilizar la información a fin de probar qué tan bien las legislaturas representan a las personas a las que supuestamente sirven. Hasta el momento, la evidencia no ha sido benévola, con dos destacados académicos argumentando recientemente que "las preferencias del promedio de los estadounidenses parecen tener sólo un minúsculo, cercano a cero, y estadísticamente no significativo impacto sobre las políticas públicas."

Para esos académicos: "la democracia estadounidense es un chiste."

Gran parte de la labor académica, y casi la mayoría de la cobertura de los medios sobre éste campo, se ha centrado exclusivamente en los Estados Unidos. En un nuevo documento de trabajo, una lumbrera en la materia, el cientista político Larry Bartels, amplía su análisis para llevar la exploración de la relación entre las políticas y las prioridades públicas a la arena internacional. En primer lugar, Bartels encuentra una demanda creciente por una red de seguridad más fuerte en muchos países donde los datos se remontan a más de dos décadas, incluyendo a Estados Unidos (de hecho, el apoyo para un gasto social mayor se ha incrementado dramáticamente en éste último). El investigador realiza su deducción mediante el uso de una pregunta en la que se requiere a los individuos indicar dónde a ellos les gustaría un mayor gasto público (la consulta advierte que un alza de los impuestos puede ser necesaria para fortalecer el gasto gubernamental). A pesar de que hay ocho áreas de gasto en la base de datos de la International Social Survey Programme (ISSP), Bartels se concentra en cuatro: las pensiones, la salud, las prestaciones por desempleo, y la educación.

Tendencias en la ayuda neta para más gasto social en 4 países, 1985-2007

Mientras que inicialmente parece que las autoridades responden haciendo cambios según las prioridades del público, Bartels muestra que, en realidad, los cambios son endógenos. Cuando él limita las variables crecimiento económico y desempleo, la aparente relación entre opinión pública y el gasto público es eliminada (véase la línea discontinua en la figura que aparece a continuación).

Preferencias de gasto y capacidad de respuesta política, con restricciones

Bartels encuentra enormes diferencias entre ricos y pobres respecto de las preferencias para el gasto social, los recortes de presupuesto y los "valores del Estado de bienestar". Para determinar el apoyo público para el recorte del presupuesto, Bartels utilizó una pregunta que inquiría si los recortes en el gasto gubernamental eran "cosas que el gobierno podía hacer por la economía." Para referirse a los "valores del Estado de bienestar", Bartels usa estas preguntas: "En general, ¿piensa usted que debería o no debería ser responsabilidad del gobierno proporcionar un empleo para todo el que lo requiera?" y "En su conjunto, ¿cree usted que debería o no debería ser responsabilidad del gobierno reducir las diferencias de ingreso entre los ricos y los pobres?"

Tal como se muestra en el gráfico, los ricos son menos proclives al gasto social, más favorables a los recortes presupuestarios, y se oponen a que el gobierno garantice los puestos de trabajo y reduzca la desigualdad (los “valores del Estado de bienestar").

Diferencias en las prioridades entre los más altos y más bajos ingresos

Estados Unidos fue un líder en el conflicto de clases, con la mayor brecha entre los ricos y los pobres respecto del gasto social de cualquier nación, el segundo en las preferencias por reducciones presupuestarias (sólo Finlandia tuvo un nivel mayor en esta faz del conflicto de clases) y la cuarta más alta brecha en relación con los valores del Estado de bienestar (detrás de Holanda, Suecia y Nueva Zelandia). Los países nórdicos estuvieron entre los que contaron con las más altas diferencias de opinión, lo que sugiere que muchos ricos pueden sentir que el país ha ido demasiado lejos en cuanto a reducir la desigualdad y la provisión de bienes públicos. En un solo país, Corea del Sur, los ricos fueron más favorables al aumento del gasto social que los pobres. En todos los países, los más adinerados fueron menos favorables a los "valores del Estado del bienestar" comparados con los pobres.

Cuando Bartels comparó las prioridades políticas de los ricos y los pobres frente a los efectos de las actuales políticas (con controles), sus resultados fueron alarmantes. Encontró que las prioridades de los que contaban con bajos ingresos prácticamente no tenían ningún efecto en los resultados de éstas últimas políticas.

A continuación, Bartels, en una original y profundamente importante contribución a la literatura, estima que el efecto de una representación más igualitaria estaría en el gasto social, y utiliza esa medición para concluir que, por el contrario, la capacidad de respuesta sesgada reduce el gasto social real per cápita en un 28 por ciento en promedio. En Estados Unidos, encontró que la brecha es de aproximadamente un 40 por ciento.

Lo repetimos: el gasto social en los Estados Unidos es un 40 por ciento más bajo de lo que sería si las autoridades no respondieran desproporcionadamente a los ricos.

Un documento del investigador Derek A Epp, actualmente en fase de revisión, sugiere una posible fuente del problema: "Durante períodos de alta desigualdad el gobierno se involucra en pocas actividades políticas, en un rango más reducido de temas." El encuentra que la redistribución es uno de los primeros asuntos en ser expulsados de la agenda. Esto se encuentra muy en línea con el trabajo de un grupo de cientistas políticos, quienes encontraron que dicho estancamiento político ha reducido la capacidad del gobierno para responder a la creciente desigualdad.

Además, como ya he señalado, las agendas de los pobres y los ricos son diferentes; los pobres y la clase media tienden a estar más preocupados por cuestiones sobre la redistribución, tales como la pobreza y el salario mínimo. Los cuerpos legislativos, de manera cada vez más extendida, se  hacen más dependientes de las facturas pre-pagadas por mega-corporaciones como ALEC y responden a grupos de interés y de lobistas que contribuyen a analizar y a preparar la legislación.

Lee Drutman ha tomado éste argumento enérgica y frecuentemente, anotando que, "la Cámara y el Senado, combinados, gastan menos en personal (US$ 2 mil millones al año) que lo que prodigan las empresas en cabildeo (US$ 2,6 millones al año)". El resultado es obvio: la desigualdad económica sólo termina fortaleciendo aún más el poder de los que ya son ricos, creando un ciclo que se auto-reproduce. Como lo señala Drutman, la solución es igualmente obvia: reforzar la capacidad legislativa mediante el aumento del personal y de los salarios. A nivel estatal, necesitamos legislaturas profesionalizadas (mientras que legisladores ciudadanos de tiempo parcial suena bien, la investigación sugiere que ellos hacen un mal trabajo representando a sus electores).

La literatura sobre la desigualdad y la democracia continúa ampliándose dramáticamente. Se ha estado incrementando la investigación en el ámbito estatal, así como nuevos estudios que examinan la raza, el género y las interacciones de raza y clase. Asimismo, los estudios están ahondando cada vez más en el origen de clase de los donantes, la participación electoral diferencial y la creciente desigualdad económica como explicaciones para ésta representación desigual.

Las soluciones son fáciles de imaginar, pero difíciles de poner en práctica. Los sindicatos promueven tanto la igualdad económica como política, los que, en conjunto, empujan hacia arriba los salarios de los trabajadores y movilizan políticamente tras los intereses de la clase media. El registro automático de votantes aumentaría el electorado, lo que combinado con el accionar de los sin partido fuera de las elecciones ofrece la ruta más viable para el impulso de un participación de los individuos menos propensos. La revelación de las donaciones para las campañas políticas, robustecer el financiamiento público de las elecciones y poner límites a la capacidad de las empresas y de los sectores acaudalados para influenciar las elecciones podría aliviar la insondable influencia del dinero en la política.

Apoyo neto para políticas que reduzcan la desigualdad política

Como suele suceder, las políticas para reducir el poder y la influencia de las clases privilegiadas sobre la política cuentan con un amplio apoyo público, el que cruza a todos los partidos (las tablas anteriores muestran el apoyo neto, lo que quiere decir que resté la parte de las personas en contra de la política de aquellas que la apoyan). El problema, por supuesto, consiste en conseguir que los políticos que ya se encuentran bajo la influencia de poderosos intereses puedan pasar leyes que limiten su influencia sobre la política.

*Sean McElwee es una escritora y una investigadora asociada a Demos. Sus escritos pueden ser vistos en seanamcelwee.com. Le puedes seguir por Twitter en @seanmcelwee

Equipo Internacional –CAD CHILE

Septiembre 21 de 2015