“APUNTES SOBRE LA IZQUIERDA Y EL DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO”
“…Nadie
duda de la necesidad de efectuar cambios profundos en nuestros hábitos
políticos y administrativos, a fin de poner término a la fuga de nuestras
riquezas y poder mejorar la triste condición cultural y económica en que vive
nuestro pueblo. Y, ¿quién puede ofrecernos mayores garantías que el senador
Allende que, por más de 30 años, se ha mantenido leal y convencido junto a las
ideas socialistas, que significan un más justo reparto de las riquezas, para
hacer menos pobres a los pobres?”. Comodoro Arturo Merino Benítez en la proclamación
del candidato del FRAP, Salvador Allende, 15/08/64, Teatro Baquedano, ante personal
en retiro de las FFAA, Carabineros, Prisiones y Servicio de Investigaciones
Septiembre
19, 2015
Septiembre es un mes
de fuertes contrastes en nuestro país. Si el 11 de septiembre carga la atmósfera
con la exigencia de justicia para quienes sufrieron tortura, prisión, muerte o
desaparición durante la dictadura civil-militar, para el 18 de septiembre la
celebración patriótica de la primera junta de gobierno esconde todos los
conflictos detrás de la cueca, la chicha y el asado.
Para
la izquierda chilena es sin duda muy difícil aceptar una celebración que
glorifica unas Fuerzas Armadas que durante su historia, sobre todo en el siglo
XX, se volcó casi exclusivamente hacia la constante represión contra su pueblo,
llegando a su punto álgido con el Golpe de Estado de 1973.
Es
difícil separar las marchas de aire prusiano y los boinas negras cantando “Los
viejos estandartes” con el corvo en el cinto, de los aviones de la FACH
bombardeando La Moneda, o de los militares que intimidaban la naciente
democracia durante el boinazo en 1993.
Como
se dijo de manera clara durante la última conmemoración del 11, no existe
democracia mientras vivan en la impunidad los responsables de crímenes y abusos
a los Derechos Humanos. Por esa misma razón es que me parece que como parte del
proceso de democratización del país y del aparato estatal por el que pugna el
movimiento social desde hace años, es indispensable desarrollar un proceso de
democratización de las Fuerzas Armadas, que permita dejar atrás el legado
dictatorial y reencontrar a los uniformados con la sociedad civil.
Las distintas instituciones armadas se han
caracterizado por ser una herramienta más en el control de la sociedad de
clases, un brazo del Estado en la protección de los privilegios de una minoría
del país, ya sea derribando gobiernos como reprimiendo manifestaciones. Son
varios los listados de las diferentes matanzas protagonizadas por el ejército a
lo largo del siglo XX
Sin
embargo, nuestras Fuerzas Armadas nacieron con una impronta de liberación al
calor de las luchas de la independencia, hermanadas con Argentina desde la
campaña de Chacabuco y Maipú, y representantes de un incipiente
internacionalismo en la campaña por la liberación del Perú.
Junto
a chilenos y rioplatenses lucharon en la planicie de Chacabuco hombres de
color, esclavos libertos de las provincias del Río de la Plata, y en la campaña
para vencer a las tropas realistas en el Virreinato del Perú chilenos, argentinos
y peruanos combatieron junto a tropas colombianas guiadas por Simón Bolívar.
Si
bien esa impronta quedó relegada en un siglo XIX pleno en conflictos armados
entre las nacientes repúblicas, también es cierto que ninguna institución es
monolítica en su composición y su postura ante la realidad social. Si la
oficialidad naval se cuadró con el Congreso para derribar a Balmaceda durante
la guerra civil de 1891, la mayoría del ejército permaneció fiel al Presidente.
El
Comodoro Arturo Merino Benítez, el Coronel Marmaduke Grove y el Almirante
Arturo Fernández Vial –amigo de Gabriela Mistral y héroe del Combate Naval de
Iquique- son sólo algunas de las figuras que durante la primera mitad del siglo
XX sirvieron de referentes para parte de la izquierda desde el interior de las
Fuerzas Armadas.
Los militares
constitucionalistas
Tras
la elección de Allende y antes de que el Congreso ratificara su triunfo en las
urnas, el General René Schneider defendió con valentía la Constitución de 1925
y la soberanía popular sobre sus gobernantes.
Así,
ante las presiones de la derecha porque el ejército interviniera para impedir
la elección del líder socialista, el Comandante en Jefe enfatizó en el rol de
su institución como garantía de la normalidad en la elección ya que “nuestra
doctrina y misión es de respaldo y respeto a la Constitución Política del
Estado” [1], afirmando en septiembre que las Fuerzas Armadas debían apoyar
hasta las últimas consecuencias al Presidente decidido por el Congreso
Nacional. Su firme oposición a quebrar la Constitución provocó su asesinato por
un comando de la agrupación Patria y Libertad, con el apoyo de la CIA, en un
intento por desestabilizar el país.
Su
sucesor en el cargo, el General Carlos Prats, se mantuvo firme a sus
convicciones democráticas, por lo que fue alevosamente atacado por sectores de
la derecha autodenominada “patriótica” y “nacionalista”. Irónicamente estos
mismos fueron los militares traidores los que entregaron el país al capital
transnacional.
Cuando
la conspiración golpista avanzaba a paso firme hacia su trágico desenlace
fueron suboficiales de la Armada quienes se organizaron y dieron la voz de
alerta ante lo que se fraguaba entre la derecha y parte de la oficialidad.
Conocidos son los casos entre miembros de Carabineros, Investigaciones y las
tres ramas de las Fuerzas Armadas de quienes se opusieron al Golpe y pagaron
con su vida su postura.
Así,
el General Alberto Bachelet murió tras ser interrogado y torturado en la Cárcel
Pública en 1974, el General Prats murió en un atentado en Buenos Aires
organizado por la DINA, el Mayor Mario Lavanderos fue asesinado por liberar del
Estadio Nacional a 68 presos uruguayos y bolivianos, el conscripto Michel Nash
se negó a fusilar prisioneros y fue muerto a los 19 años en Pisagua, el cabo
segundo Carlos Carrasco fue asesinado a cadenazos en Villa Grimaldi, los
oficiales de marina Juan Calderón y Juan Jiménez fueron asesinados el 29 de
septiembre de 1973 en Pisagua, por mencionar sólo algunos casos.
En
la FACH 700 funcionarios, militares y civiles –casi un 10% de la dotación
total- fueron investigados y torturados poco después del Golpe de Estado,
mientras que en Carabineros hubo al menos 150 exonerados o dados de baja.
El
11 de septiembre no hubo un pronunciamiento militar, hubo una traición por
parte de un grupo de oficiales comprometidos con los sectores dominantes del
país a su juramento de defender la Constitución, que se saldó con la prisión,
muerte y tortura de cientos de sus compañeros de armas así como la
desaparición, exilio, tortura y asesinato de miles de militantes de izquierda y
partidarios del gobierno.
Las
amenazas de extirpar el cáncer marxista por parte de uno de los cabecillas del
alzamiento, contrastan con la claridad del martirizado general Prats, quien en
una entrevista a la Revista Ercilla el 29 de septiembre de 1972 identificaba en
la oposición a un sector empresarial y profesional respaldado por los medios de
comunicación y una mayoría parlamentaria.
Frente
a ellos y sus intentos por quebrar la disciplina castrense, el entonces
Comandante en Jefe, fiel a la doctrina Schneider, oponía la solidez doctrinaria
y disciplinaria de los cuadros institucionales, recurso supremo de garantía de
la unidad de las Fuerzas Armadas ante las agresiones golpistas.
“Estoy
realmente orgulloso de la estoica respuesta de nuestros soldados, suboficiales
y conscriptos, que se han entregado en cuerpo y alma a la causa común (…)
nuestro deber ineludible es apoyar lealmente al gobierno Constitucional”.
Queda
pendiente un análisis de lo que falló en la relación entre el gobierno de la
Unidad Popular y las FF.AA., y en cómo revertir hoy la brecha existente entre
los militares y el pensamiento democrático. Esto, con la claridad de que el
Estado y las instituciones armadas no son cuerpos homogéneos, sino espacios en
disputa, donde la izquierda tiene el deber de asumir una posición en el actual
período, en donde la defensa de la soberanía popular y la lucha por la
democratización de nuestro país es central, bajo el riesgo de entregar las
instituciones armadas en bandeja de plata a la derecha.
Hacia unas Fuerzas
Armadas para todo Chile
“Soldado, la patria
es la clase trabajadora”. Esa frase sobre un fondo de la bandera chilena era la
portada del número 192 de la revista Punto Final, publicada por coincidencia el
11 de septiembre de 1973. 42 años después mantiene la misma urgencia la
necesidad de construir una lectura desde la izquierda sobre nuestro país y
nuestras Fuerzas Armadas.
Frente
a la historia que muestra a los militares como una “guardia de korps” de los
privilegios de la oligarquía nacional, creo que es importante recuperar la
historia de aquellos militares que entendieron que los intereses de nuestro
país coinciden con los de nuestro pueblo, y que no hay mayor compromiso
patriótico que haber defendido a los indefensos ante la brutalidad de la
reacción conservadora.
La
derecha chilena se apropió del discurso patriota hace mucho tiempo, sin embargo
fueron ellos los que se aliaron con una potencia extranjera para derribar un
gobierno constitucional y subordinaron nuestra economía a grupos económicos
internacionales, amén de integrar a algunos empresarios nacionales en las
cadenas productivas y comerciales regionales.
Por
el contrario, desde la izquierda tenemos pendiente tareas urgentes si queremos
transformarnos de manera concreta en una alternativa de poder en Chile.
Tenemos
que combinar la exigencia de justicia y fin a la impunidad con la
implementación de reformas democráticas en las Fuerzas Armadas y en la justicia
militar. Escuelas matrices únicas integradas en el Sistema Nacional de
Educación Pública, una nueva doctrina de defensa, escalafón único que termine
con la discriminación de clase en su interior, reforma de Gendarmería para que
pueda desarrollar su misión de reinserción de los presos, revisión de los
protocolos de acción de Carabineros ante manifestaciones masivas, fin al envío
de militares a la antigua Escuela de las Américas, son algunas medidas
importantes que desarrollar.
Esto
debe ser complementado con el cuestionamiento a la política represiva que el
Estado ha aplicado en la Araucanía a través de Carabineros en contra de las
comunidades mapuche, prefiriendo asumir el conflicto como un tema de seguridad
pública y no como un conflicto
eminentemente político.
Por
otro lado, de manera indudable existe un tímido avance en cuanto a la
aceptación de homosexuales en sus filas, sobre todo tras la aprobación de la
llamada “Ley Zamudio” en 2012. Esto se vio reflejado en que el 2014 la Armada entregó
autorización para que un marino hablara públicamente sobre el tema, y existe
una mesa conjunta entre las FF.AA. y el gobierno desde inicios de 2014 para
trabajar el tema. Sin embargo, según sondeos, el 90% de la “familia militar”
rechaza esta situación, lo que da cuenta del trabajo que está pendiente en la
materia.
Que
nadie se engañe. Queremos lo mejor para nuestro país porque entendemos que sus
intereses son los de nuestro pueblo, y que nuestro destino está unido al de
nuestros hermanos latinoamericanos.
Ser
patriota en el Chile del siglo XXI no implica ser de derecha, saberse de
memoria “Adiós al Séptimo de Línea” o “Los viejos estandartes” y defender la dictadura de Pinochet. Ser
patriota es defender la soberanía de nuestro pueblo sobre nuestro país ante la
injerencia de los capitales extranjeros, comprender la necesidad de la
integración regional abandonando todo prejuicio racista sobre nuestros hermanos
latinoamericanos como forma de fortalecer nuestra posición en el concierto
mundial, recuperar nuestros derechos y buscar un mejor futuro para nuestro país
y nuestros pueblos.
El
19 de septiembre no recordamos a las Fuerzas Armadas de la DINA y la CNI, sino
que a los valientes que en la noche de la dictadura defendieron con valentía la
dignidad de nuestro país. Ese “pueblo de uniforme” que vendió cara su vida en
defensa de su juramento.
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