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| Ficha policial de Martín Almada, descubridor de los Archivos |
“25 años de los Archivos del Terror y el Plan Cóndor, piezas fundamentales de memoria y justicia universal”
Los documentos
prueban el pacto criminal que coordinó las acciones de represión de las
dictaduras militares del Cono Sur durante las décadas de los 70 y 80. Desde su
hallazgo, han aportado evidencias en numerosas causas judiciales
internacionales. Por su valor histórico, jurídico, político y sociológico,
fueron declarados “Memoria del Mundo”, y están disponibles para su consulta
pública. Su descubridor, el abogado y educador paraguayo Martín Almada, recibió
el Right Livelihood Award (conocido también como ‘Premio Nobel Alternativo’)
El Museo de las
Memorias de Asunción (Paraguay) conmemoró el viernes pasado el vigesimoquinto
aniversario del descubrimiento de los Archivos del Terror. Tras una
investigación iniciada por el educador y abogado Martín Almada, cerca de
700.000 páginas de documentos secretos fueron encontradas el 22 de diciembre de
1992 en una comisaría paraguaya. El hallazgo que prueba la existencia de la
Operación Cóndor tiene estrecha relación con la historia personal de su
descubridor, que hoy tiene 80 años.
En
1974, la inteligencia militar del Plan Cóndor clasificó como “subversiva” su tesis titulada
“Paraguay: Educación y Dependencia”, producida en el marco de sus estudios
doctorales en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Bajo la
acusación de “terrorista intelectual”, Almada fue secuestrado y sometido a
torturas a lo largo de los tres años que duró su cautiverio. Durante ese tiempo
falleció su esposa, la educadora Celestina Pérez, producto de repetidas
torturas psicológicas.
Tras
una fuerte presión internacional, Almada fue liberado en 1977 y asilado en
Panamá. Fue luego contratado por la UNESCO en París, donde vivió exiliado junto
a sus tres hijos. Al regresar a Paraguay una vez restablecida la democracia,
reclamó conocer sus antecedentes penales. Le respondieron que no existían y le
negaron que alguna vez haya estado privado de su libertad. A instancias de la
figura de Habeas Data, incorporada en la Constitución paraguaya de 1992, Almada
inició una investigación que contó con el respaldo del juez José Agustín
Fernández.
Junto
a su segunda esposa, la periodista y educadora argentina María Stella Cáceres,
su equipo de colaboradores de la Fundación Celestina Pérez de Almada y amigos y
amigas internacionales, Almada siguió los indicios recogidos durante los años
de encierro y exilio.
El
22 de diciembre de 1992 se dispuso el operativo que condujo al descubrimiento
de los “Archivos del Terror” en el Departamento de Producciones de la Policía
Nacional, en la ciudad de Lambaré. Se encontraron miles de documentos
probatorios de la existencia del Plan Cóndor, entre ellos, actas de la reunión
internacional celebrada en Chile en noviembre de 1975, referida a la llamada
Operación Cóndor. Entre los documentos también había fichas de detenidos,
detenidos desaparecidos, informes confidenciales de delatores, pedidos de
búsqueda de gobiernos y autoridades militares y policiales de los países de la
región, declaraciones de detenidos, controles a partidos políticos, grupos
estudiantiles, sindicales, religiosos, controles telefónicos y vigilancia
domiciliaria, entrega de prisioneros, grabaciones de conferencias, discursos,
programas radiales y fotografías de opositores políticos, inclusive de niños y
adolescentes detenidos y torturados.
Este
acervo documental está disponible para su consulta pública en el Museo de la
Justicia emplazado en el Palacio de Tribunales de Asunción. Desde el año 2009
cuenta con la categoría “Memoria del Mundo” de la UNESCO y con motivo del 25º
aniversario de su descubrimiento, el gobierno paraguayo lo declaró Bien de
Patrimonio Cultural Nacional. A nivel internacional, el hallazgo tuvo numerosas
consecuencias tanto en la aprobación de leyes y consolidación de instituciones
democráticas como al servicio de la búsqueda de justicia para las víctimas.
Pese
a su aporte permanente facilitando pruebas y atestiguando en juicios, él mismo
no ha obtenido justicia. La paralización de su querella criminal contra el
dictador Stroessner, cómplices y encubridores lo llevó a recurrir al principio
de Jurisdicción Universal, interponiendo una causa en los Tribunales Federales
de Buenos Aires junto a un grupo emblemático de víctimas. Su caso y el de su
esposa Celestina Pérez también están radicados ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
Por
sus denuncias, Almada ha enfrentado ocho juicios por parte de represores
bajo la acusación de calumnias. Tales demandas fueron desestimadas en todos los
casos luego de años de tensa tramitación y riesgos. Con 80 años, Almada
continúa buscando archivos que aporten al esclarecimiento del Plan Cóndor,
reclamando incluso al Papa por la apertura de los documentos sobre las
dictaduras del Cono Sur de América Latina que obran en poder del Vaticano.
Documentos
al servicio de la justicia nacional y universal:
* En Tribunales
nacionales de Paraguay se iniciaron 37 querellas criminales. En la Corte Interamericana
de DDHH se tramitaron ocho juicios que obtuvieron sentencia firmes.
* Detención del
dictador genocida Augusto Pinochet de Chile en Londres, 1998. La Audiencia
Nacional de España recibió los documentos probatorios del Plan Cóndor que contribuyeron
al auto de procesamiento.
* Martín Almada
aportó documentos probatorios y actuó como perito en los Juicios contra las
dictaduras de Argentina y Uruguay en los Tribunales de París, Francia; y en
Roma, Italia por las desapariciones forzadas de ciudadanos italianos en países
latinoamericanos que se encontraban en dictaduras. Realizó sucesivas denuncias
entre 1989 y 2015.
* Los Juicios por la
Verdad en Argentina por la apropiación de niños/as durante la dictadura militar
(1976/1983) contaron con pruebas provenientes del Archivo del Terror.
* La Megacausa
Cóndor (Argentina), con sentencia en mayo de 2016, se apoyó en documentos
microfilmados del Archivo presentados por los familiares querellantes para
establecer que “el Cóndor fue un plan sistemático de eliminación de personas
que actuó mediante la coordinación de
los gobiernos de la región”.
* Copias de fondos
documentales fueron entregadas en 2012 a la Comisión de la Verdad de Brasil.
Las
consecuencias del descubrimiento del “Archivo del Plan Cóndor”:
* Fue cerrada la
Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, sede de la policía política de la
dictadura paraguaya, especializada en torturas y organizada con apoyo de los
Estado Unidos de Norteamérica. Ante el impacto público por el hallazgo de los
Archivos, la DNAT fue cerrada por Resolución Nº 766 del Ministerio del Interior
en la tarde del mismo día del descubrimiento.
Se estima que allí fueron torturadas miles de personas. Desde 2002, el
edificio alberga el “Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos”,
creado a instancias de la Fundación Celestina Pérez de Almada y en respuesta a
las necesidades de las víctimas. Fue declarado “Sitio Histórico y Bien Cultural
de la República” en 2008.
* El Estado
Paraguayo aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
para el Conocimiento y Juzgamiento de Violaciones a los Derechos Humanos, a
través del Decreto Nacional 16.078 del 8 de enero 1993. Con ello se puso en
vigencia la Ley Nacional 1/1989 que se encontraba sin promulgación. Decenas de
casos paraguayos se procesan ante esta Corte que produjo sentencias en ocho
juicios por crímenes de lesa humanidad, incluidas desapariciones forzadas de
personas.
* Se creó el Centro
de Documentación y Archivo para la Defensa de los DD.HH. por Resolución 81/1993 de la Corte Suprema de Justicia. Hoy
“Museo de la Justicia” con rango “Memoria del Mundo” para la UNESCO. Con motivo
del 25º aniversario, el gobierno paraguayo declaró Bien de Patrimonio Cultural
Nacional al acervo documental del “Archivo del Terror”, mediante Resolución
685/2017 de la Secretaría Nacional de Cultura. Igualmente depositó una
colección digitalizada en el Archivo Nacional con la finalidad declarada de
facilitar la consulta de la ciudadanía y favorecer la investigación histórica.
* Se consagró el 22
de diciembre como el Día de la Dignidad Nacional en homenaje al descubrimiento
del Archivo del Terror. Fue una iniciativa de estudiantes del histórico Colegio
Cristo Rey, asumida por Senador Juan Manual Peralta y convertida en Ley
561/1995.
* Leyes de
Indemnización a las víctimas, cónyuges e hijos/as. Desde 2002 a la fecha, las
leyes 838/86, 3603/08 y 3603/08 posibilitaron una parcial reparación económica
para más de 14.000 personas víctimas y sus familiares.
* La Comisión de
Verdad y Justicia, propuesta por las víctimas, se crea mediante ley 2.223/2005.
Sobre la base de los documentos del Archivo, a lo largo de cuatro años elaboró
un Informe Final que reconoce la existencia de 130.000 víctimas y más de 20.000
personas sometidas a torturas, similar cantidad de personas enviadas al exilio,
500 personas detenidas desaparecidas, el genocidio del Pueblo Originario Aché,
además de 8.000 hectáreas de tierras mal habidas mayoritariamente cedidas a
militares, personeros de la dictadura y extranjeros. El documento produjo
Conclusiones y Recomendaciones; hasta la fecha ningún gobierno asumió la
responsabilidad de avanzar en su concreción.
* La creación del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay para contribuir al
respeto a los Derechos Humanos en la actualidad y combatir las prácticas
enraizadas para interrogar y reprimir
impartidas por asesores extranjeros en
tiempos de dictadura stronista y los
cursos en la Escuela de las Américas.
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Colectivo
Acción Directa Chile -Equipo Internacional
Diciembre 28 de 2017
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