“El plan
sistemático antimapuche”
En La Vaca
-8/12/17
El crimen
de Rafael Nahuel representa el último nivel de la escalada de violencia contra
el pueblo mapuche. Represiones salvajes en Chubut, criminalización en Neuquén,
operativos sin orden judicial, detenidos -incluso niñ@s- y torturas. El
Gobierno respaldó a los efectivos y así explicitó la orden para el avance
represivo. El fantasma RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), la chilenidad de la
política oficial contra los indígenas y el genocidio que no cesa. Una nota de
Darío Aranda, que repasa hechos, discursos y la embestida judicial, y
analiza qué representan. El reportaje fotográfico que acompaña esta nota es un
documento clave para comprender las consecuencias concretas de este plan. Fue
producido durante la “inspección ocular” ordenada por la justicia en el lof
Lafken Winkul Mapu. (...) Forma
parte de la cobertura colaborativa que conformamos para informar sobre este
tema los medios cooperativos Cítrica, Tiempo Argentino y Lavaca
Los hechos
30
de agosto de 2016.
El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó en un
informe interno a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales
y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El
documento interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en
territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
realizaba “tareas de investigación” ilegales y catalogaba los reclamos como
“amenazas para la seguridad social”. El Ministerio de Seguridad, en línea con
el discurso de las petroleras, argumentó que las comunidad realizan
“usurpaciones” en campos hidrocarburíferos. Un centenar de organizaciones
de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia
(Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un
comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo
Mapuche”. El texto, titulado La lucha indígena no es delito, cuestionó
al Gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones
territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado
privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
1°
de septiembre de 2016. El juez federal Guido Otranto determinó la nulidad
del pedido de extradición impulsado por la justicia chilena en contra del lonko
Facundo Jones Huala. El gobernador Mario Das Neves cuestionó el fallo: “No
queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes (en
relación a mapuches)”. E instó a que la población desobedezca al juez: “Que la
gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este
tipo de acciones”.
10
y 11 de enero 2017.
Tres represiones en dos días sobre el Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
Gendarmería Nacional y Policía de Chubut avanzaron con escopetas y gases
lacrimógenos. El disparo en el cuello sobre Fausto Emilio Jones Huala llegó a
la prensa de Buenos Aires. Otro integrante de la comunidad perdió un tímpano.
No hubo víctimas fatales de casualidad.
21
de junio de 2017.
Un centenar de efectivos de Gendarmería ingresó a la comunidad mapuche Campo
Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a
cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los
integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la
orden judicial (nunca se las mostraron) y reclamaron que se retiren del
territorio indígena. Los efectivos impidieron que la comunidad abandonara su
propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio
mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento
totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los
miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio
territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de
Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.
27
de junio.
El lonko Facundo Jones Huala fue detenido horas después de concluida la reunión
entre Mauricio Macri y Michelle Bachelet en Chile. El vecino país había solicitado
la extradición de Jones Huala. El 31 de julio, miembros de comunidades mapuche
reclamaron frente al juzgado federal de Bariloche por la detención arbitraria
de Facundo Jones Huala y fueron reprimidos por la Gendarmería y el Grupo
Especial de Asalto Táctico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con balas
de goma disparadas al cuerpo. Nueve personas fueron detenidas y una decena
resultaron heridas.
1°
de agosto.
Represión de Gendarmería en el Lof en Resistencia de Cushamen. Sin orden
judicial, ingresaron a territorio comunitario. Con la posterior desaparición y
muerte de Santiago Maldonado. En el lugar había estado el jefe de Gabinete del
Ministerio de Seguridad y mano derecha de Patricia Bullrich, Pablo Noceti. Las
camionetas de Gendarmería fueron lavadas antes de los peritajes.
18
de septiembre.
Más de cien efectivos de Gendarmería llegaron de madrugada hasta la comunidad
Vuelta del Río (entre Esquel y El Bolsón) en búsqueda de indicios de Santiago
Maldonado. La brutalidad y desproporción fueron la regla. Rompieron puertas,
levantaron de forma violenta a los integrantes de la comunidad, los mantuvieron
precintados durante seis horas a la intemperie, desde antes de la salida de sol
y sin abrigos.
19
de septiembre.
Más de 60 policías de la Uespo (Unidad Especial de la Policía) ingresaron de
forma violenta a la comunidad Fvta Xayen en el paraje Tratayen (a 80 kilómetros
de Neuquén capital), parte de Vaca Muerta. Detuvieron al werken (vocero) Diego
Rosales y a dos jóvenes de la comunidad. “El aspecto más grave y urgente es que
han plantado falsas ‘pruebas’ para ensuciar nuestra justa causa. Junto con el
operativo ha aparecido armas y drogas que servirán para un montaje repetido, el
‘maputerrorismo’“, denunció la Confederación Mapuche.
20
de septiembre.
Por la noche, cuatro sujetos quemaron la casa de Marcelo Calfupán (de la
comunidad Vuelta del Río) e intentaron lo mismo con la vivienda del lonko,
Rogelio Fermín.
23
de noviembre.
Operativo con más de 300 efectivos sobre el Lof Lafken Winkul Mapu (a 35
kilómetros de Bariloche). El operativo, ordenado por el juez federal Gustavo
Villanueva, fue realizado de madrugada. Se esposó a mujeres durante horas e
incluso se detuvo a los niños.
25
de noviembre.
Asesinato de Rafael Nahuel en una represión del Grupo Albatros de la
Prefectura. La bala ingresó por la espalda.
28
de noviembre.
Javier Cañio (de la comunidad Caniu) de Buenos Aires Chico (El Maitén), fue
demorado y retirado de su territorio por dos móviles policiales para sacarle
sangre, según la orden judicial que le presentaron. El hecho se enmarca en la
denuncia realizada por el grupo Benetton en la causa del puestero que habría
sido apuñalado en julio pasado. “Es un claro acto intimidatorio”, sostuvo el
propio Cañio en diálogo con la radio comunitaria Kalewche.
Esa
es la enumeración solo de un puñado de los acciones de violencia contra el
Pueblo Mapuche en el último año.
Los discursos
Pablo
Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, días antes
de la represión en la desapareció Santiago Maldonado: “(Debemos) Empezar a
tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que
produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia (…) Sólo quieren generar
caos y temor en la población (…). No tenemos nada que dialogar. Lo único que
vamos a hacer es judicializarlos, van a quedar todos presos”. Incluso afirmó
que los mapuches estaban en contacto con “extremistas kurdos”. Explicó que las
fuerzas federales estaban articulando acciones junto a la policía de Río Negro
y de Chubut.
Luego
de la desaparición de Santiago Maldonado, la ministra Patricia Bullrich apuntó
contra las comunidades indígenas: “No vamos a permitir una república
autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica que están
planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista”.
El
presidente Mauricio Macri se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado
recién diez días después de la represión. Y tildó a la comunidad mapuche: “poco
democráticos y bastante violentos”.
Luego
del asesinato de Rafael Nahuel, la ministra Bullrich respaldó de forma
contundente a los efectivos: “El juez necesitará elementos probatorios,
nosotros no. No tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el
marco de una tarea emanada de una orden judicial. La Prefectura Naval fue a
enfrentarse con un grupo violento. El juez tendrá que ir a buscar las pruebas y
está perdiendo bastantes días”.
La
vicepresidenta, Gabriela Michetti, insistió en que los mapuches atacaron y
afirmó que siempre a los efectivos se les debe dar “el beneficio de la duda
(…). Si no le damos el beneficio de la duda no le damos la posibilidad de que
defienda a los ciudadanos”.
En
declaraciones al diario Ámbito Financiero, justificó además el uso de
balas de plomo: “Son legítimamente usadas por las fuerzas de seguridad. Ellos
tienen la legitimidad para actuar ante un ataque y así lo hicieron”.
El relato
Los
gobernadores y funcionarios provinciales también mantuvieron un discurso
represivo para con los mapuches. El ministro de Gobierno de Chubut, Pablo
Durán, luego de la represión de enero contra la comunidad en Resistencia de
Cushamen calificó de terroristas a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche),
aunque la comunidad había aclarado en numerosas oportunidades que no pertenecían
a esa organización.
Durán
anticipó que Chubut “va a endurecer las posiciones” frente a los cortes de ruta
y explicó que junto a Río Negro “programarán tareas de inteligencia y
protocolos de actuación” ante las comunidades. También adelantó que exigirán
“mayor firmeza a las autoridades judiciales”.
El ministro chubutense criticó a la justicia provincial y federal porque “hay sospechosos que siguen libres” y advirtió que es “difícil prever los blancos de ataque del terrorismo mapuche”. El 25 de julio volvió a referirse a los mapuches: “Son un grupo de delincuentes”.
El fantasma de la RAM
Resistencia
Ancestral Mapuche (RAM) es una organización fantasma. No se conocen sus
líderes, su historia ni su proyección. Sí hubo incendios y sabotajes de
encapuchados que luego dejan pintadas de RAM o prolijos panfletos con la sigla,
reivindicando el atentado, auto incriminándose.
La
única persona que señaló haber pertenecido a la RAM es Facundo Jones Huala.
Justificó su accionar. Pero afirmó que “hace años” no participaba más.
La
estrategia política y mediática fue que todo lo mapuche sea igual a RAM. Aunque
las comunidades aclarecen no saber quiénes son y no pertenecer a la
organización, funcionarios y periodistas lo usan como sinónimos.
A
cada comunidad que se le preguntó siempre respondió lo mismo: “No somos de la
RAM. No conocemos a la RAM”.
En
septiembre pasado, una decena de organizaciones mapuches emitió un duro
comunicado: Frente al drama o grotesco llamado Resistencia Ancestral Mapuche.
* “No avalamos, no
justificamos, no adherimos a ninguna RAM. La RAM y la contracara que es el plan
de represión desde el Estado, es síntoma de la falta de diálogo político
institucional serio. El Pueblo Mapuche reivindica los derechos humanos y la no
violencia como método de reivindicación de derechos”, destaca el escrito
firmado por referentes de la Coordinadora del Parlamento Pueblo Mapuche
Chewelche de Río Negro, de la Confederación Mapuche Neuquina (Zonales Xavnko,
Pewence, Willice y Lafkence) y comunidades de Santa Fe, Chubut y Santa Cruz.
Cuestionaron duramente a la RAM: “Hoy surge una expresión que se autotitula mapuche,
que a través de comunicados y panfletos se responsabiliza de acciones directas,
en ataques físicos y destrucciones materiales de supuestos ‘objetivos enemigos’
que de lo grotesco y evidente parece más el accionar de un grupo de
inteligencia que de la lucidez y capacidad de resistencia cultural que ha
tenido el pueblo mapuche en décadas de represión”.
Recordaron
que el pueblo mapuche siempre reivindicó el diálogo cómo forma de resolución de
conflictos.
* “Cómo es posible que panfletos
absurdos que reivindican violencia, agresiones físicas, incendios de bienes de
trabajadores, de espacios públicos, sean propios de personas que se identifican
con una historia como la mapuche. Creemos que es obra de un montaje, del
accionar de los servicios de inteligencia de los estados argentino y chileno,
para implementar un plan de aplicación de la ley antiterrorista; construyendo
así un escenario que justifica una política represora”.
Afirmaron
que el pueblo mapuche tiene “decenas de autoridades procesadas”, con órdenes de
desalojos ya dictadas y próximas a ejecutarse. Reivindicaron la defensa de
territorios indígenas mediante cortes de ruta, bloqueos a locaciones, “acciones
legítimas y legales que nunca llegan a agresiones físicas, ni a jugar con lo
más valioso que defendemos que es la vida”.
Explicaron
que cada pu Lof o Lofce (comunidades) tiene sus propias autoridades originarias
(Lonko, kona, werken). No existe una sola autoridad ni una organización que
decida por todas las comunidades. La Confederación Mapuche Neuquina está
conformada por más de 60 comunidades que se encuentran en las distintas zonales
(Xavnko, Centro, Willice, Pewenche y Lafkence). La Coordinadora del Parlamento
del Pueblo Mapuche Chewelche en Río Negro la componemos más de 145 Comunidades
de las cuatro regiones (Andina, Sur, Atlántica y Alto Valle). “No existe una
sola forma de organización que lleve la voz de las comunidades, nuestros
mayores nos han trasmitido que tenemos diversidades territoriales, pero siempre
convencidos de un principio que nos une la defensa y la lucha por nuestro
territorio”.
Repudiaron
la instalación de mineras, petroleras, hidroeléctricas y forestales. “No vamos
a entregar el territorio ni vamos a permitir que ingrese ninguna multinacional
a destrozar nuestros elementos naturales que por vida hemos resguardado y
cuidado para las presentes y futuras generaciones”. Exigieron una política de
reparación histórica y regularización territorial.
(El
texto completo en
http://www.lavaca.org/notas/mapuche-no-es-ram-el-fantasma-de-los-servicios-de-inteligencia/)
Chilenización
El
discurso oficial es que las comunidades mapuches de Argentina adoptan formas
organizativas y “violentas” similares a las de Chile. No hay pruebas reales de
eso. Pero sí hay indicios de que el gobierno de Argentina adopta lo que en
Chile es política de Estado hace décadas: construcción de enemigo interno,
criminalización de la lucha mapuche y ley antiterrorista.
“No
sabemos bien en qué momento la administración macrista asumió el garrote como
una posibilidad real (…) Es posible que la chilenización de la política
indígena no haya sido programada sino que sea una consecuencia, por ejemplo, de
la importancia que tomó en el gabinete el sector duro de la política policial,
representado en la figura de Patricia Bullrich”, señaló Felipe Gutiérrez Ríos,
integrante del Observatorio Petrolero Sur (Opsur) y del portal de noticias
Mapuexpress.
La embestida judicial
La
Confederación Mapuche de Neuquén denunció penalmente a la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, y a su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, el 30 de noviembre.
La organización aportó pruebas de que Gendarmería Nacional ingresó a territorio
mapuche (en Vaca Muerta) sin autorización judicial. “Se dispuso el uso de la
fuerza pública por simple orden política. El caso reviste extrema gravedad, y
compromete seriamente la responsabilidad penal de Bullrich y Noceti, ya que
devela la existencia de un plan de acción deliberado desde la cartera de
Seguridad, consistente en utilizar en forma discrecional la fuerza pública sin
contar con la autorización judicial, vulnerando garantías constitucionales,
afectando derechos humanos fundamentales y poniendo en vilo la vigencia del
Estado de derecho”, explicó la Confederación Mapuche.
Jorge
Nahuel, werken (vocero) de la Confederación Mapuche, en diálogo con radio
Universidad Calf explicó que formularon la denuncia penal por “la embestida
judicial que hay contra el pueblo mapuche, que se viene traduciendo en
numerosas causas jurídicas, en desalojos violentos y en casos de muerte, que
era algo que nosotros pensábamos que nunca iba a llegar a ese extremo”.
(Ver:
http://www.lavaca.org/notas/denuncia-mapuche-contra-bullrich-y-noceti-por-allanamientos-sin-orden-judicial/)
Nota: Las fotografías corresponden a la “inspección ocular” judicial al predio donde asesinaron a Rafael Nahuel. Editamos la secuencia cronológicamente. Reportaje fotográfico realizado por Foto Viojf para revista Cítrica
Nota: Las fotografías corresponden a la “inspección ocular” judicial al predio donde asesinaron a Rafael Nahuel. Editamos la secuencia cronológicamente. Reportaje fotográfico realizado por Foto Viojf para revista Cítrica
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