"En caso de que sean declarados
culpables por la Justicia italiana [los implicados en el Plan Cóndor] después habría que aplicar la condena. En ese caso el Estado italiano
solicitaría la extradición". [Este juicio servirá] "para aclarar las responsabilidades de
este sistema que funcionó en América Latina"
Fiscal
Giancarlo Capaldo, de Italia.
Hoy se celebró en Italia la primera
audiencia del proceso sobre la “Operación Cóndor”, mediante el cual se aspira a
esclarecer el asesinato de 23 ciudadanos italianos en la operación homónima en
América Latina, llevada a cabo durante las décadas de 1970 y 1980 por las
dictaduras militares del cono sur americano, sobre todo, de los regímenes
dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia; esporádicamente
Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador; y con participación de Estados Unidos.
Si
bien la acusación está siendo vista por el fiscal Giancarlo Capaldo, que lleva
más de una década investigando la desaparición y muerte de los italianos, a la
cabeza de la audiencia de hoy estuvo la Presidenta del colegio de jueces de la
Tercera Sección Penal del Tribunal de Roma, Evelina Colella, que tuvo que
retirarse a deliberar en varias ocasiones por las peticiones de los abogados de
los acusados. Luego de varias interrupciones y de una serie de acciones
dilatorias por parte de las defensas, la jueza decidió suspender el proceso
judicial hasta el próximo jueves 12 de marzo, a las 10:00 horas locales (06:00
en Chile). En todo caso, todas las peticiones de los abogados defensores fueron
desestimadas por la magistrada antes de suspender la vista. Entre las numerosas
partes civiles del proceso se encuentran el Estado de Uruguay y la presidencia
del Consejo de Ministros de Italia.
Entre
los 32 imputados, la mayoría ex militares, se encuentran 11 ex miembros de la
dictadura chilena, junto con 1 de Bolivia (y podría ser también el ex
presidente Luis García Meza Tejada), 4 de Perú (entre estos, el ex presidente
Francisco Morales Bermúdez) y 16 de Uruguay. Entre los chilenos involucrados en
el caso se encuentran Manuel Contreras, ex jefe de la DINA; Daniel Aguirre, ex
prefecto de Carabineros y el militar Sergio Arellano Stark. Además, se
encuentran imputados el brigadier Pedro Espinoza, el ex carabinero Carlos Luco,
el coronel Marcelo Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno, el coronel Hernán
Ramírez, el ex comandante Luis Ramírez, el coronel Rafael Ahumada y el
brigadier Manuel Vásquez.
El
procurador Capaldo ha estimado que el proceso tenga una duración aproximada de
un año y explicó que todos los imputados han declinado comparecer ante la
Justicia italiana, ni personalmente ni mediante videoconferencia. Explicó,
además, que el cargo que se les imputa es el de homicidio agravado, delito por
el que arriesgan la cadena perpetua.
"En
caso de que sean declarados culpables por la Justicia italiana después habría
que aplicar la condena. En ese caso el Estado italiano solicitaría la
extradición", recalcó.