ELECCIONES: SE VAN LOS MANDADOS; REGRESAN LOS DUEÑOS DEL CIRCO

Con sus 27 años de apostarle al ‘mal menor’ y de asustarnos con el ‘cuco de la derecha’, en el fondo manteniendo y reproduciendo el sistema que beneficia a una mínima fracción del riquerío, lo único que la exConcertación-Nueva Mayoría ha hecho es acrecentar la desigualdad y la pobreza. Entonces, ¿qué esperaban?, ¿ganar éstas elecciones?

Desde 1990 y hasta hoy, la formación social chilena exhibe obscenos niveles de injusticia y desigualdad económico-social, que los grupos mantenedores y reproductores del sistema heredado de la dictadura –la exConcertación,  hoy NM y mañana FM- sólo se han preocupado por maquillar. Cuando mucho, han salvado el qué dirán con un acotado gasto social focalizado (como en tiempos dictatoriales). Por más de un cuarto de siglo, manipulando el fantasma de los milicos golpistas, fomentando el cuco de la derecha y la constante apuesta al “mal menor” (esta vez, en la forma del ahueonao “Todoscontrapiñera”), se han jugado a fondo para que sus limitadísimas reformas no dañen los sacrosantos equilibrios macroeconómicos.

La desigualdad social puede ser expresada, desde una lógica básica, como el fenómeno que afecta directamente la cohesión, el bien común y la calidad de vida en una población, estableciendo brechas inconmensurables entre unas vidas más confortables y otras más desfavorables. Se atribuye principalmente este fenómeno a la injusta distribución de los ingresos, en el contexto de una sociedad dividida en clases y donde la fuente de la riqueza de una nación proviene principalmente de sus trabajador@s, pero donde las clases y fracciones no productoras se apropian crecientemente de los frutos de ese trabajo.

Entendido esto, se pueden crear lineamientos para medir qué tan desigual podemos estar comportándonos como sociedad. Universalmente, existen varios métodos con los cuales podemos realizar ésta cuantificación, siendo quizás el más aplicable el coeficiente de Gini, quien accede a graficar la distribución de las riquezas en relación con la equidad social, situando numéricamente de 0 a 1 la relación de menor o mayor desigualdad.

Conste que entre 1990 y 1996, inicios de la actual ‘democradura’, ese coeficiente Gini pasó de 0,55 a 0,56; es decir, la desigualdad simplemente aumentó. Dos décadas después, a finales de noviembre de 2015, la OCDE presentó un estudio económico sobre Chile 2015, incluyendo su último informe sobre distribución del ingreso, donde nuestro país lidera el ranking de los más desiguales, con un índice de Gini de 0,503 entre el periodo 2006 al 2011. Ahora bien, según datos del PNUD los actuales niveles de desigualdad siguen siendo muy elevados respecto de los países desarrollados; el coeficiente de Gini en nuestra formación bordea los 50 puntos mientras que en la mayoría de los países de la OCDE fluctúa entre los 24 a 35 puntos (la mejor, Eslovenia, con 24). Finalmente, pero no menor, si nos atenemos a lo que sucede con el valor del índice de Gini para la riqueza neta de los hogares chilenos, con datos del BC de julio pasado, éste alcanza un 0,73, producto de las enormes distancias en la distribución del ingreso. En suma, la literatura asume que un índice superior al 0,50 representa situaciones de alta desigualdad, por lo que las cifras en Chile son alarmantes en esta materia.

No podemos dejar de mencionar que el único período en las últimas décadas en que el índice Gini bajó a niveles menores a 0,47, fue durante los tres años del gobierno de la Unidad Popular, entre 1970-1973.

Necesario es señalar que pobreza y desigualdad no significan lo mismo. Si bien Chile en estos últimos 27 años ha reducido sus niveles de pobreza (aunque se vuelve menester señalar que, aparte de la aplicación de ciertas políticas públicas focalizadas para superar la pobreza y extrema pobreza, mejores resultados tuvo el cambio de las formas de medición de estas problemáticas sociales y recalcular la línea de la pobreza), se observa con creciente preocupación como la brecha entre quienes tienen menos –la inmensa mayoría nacional- y quienes más -un restringidísimo grupo de la población- va aumentando ostensible e ignominiosamente en beneficio de estos últimos.

Esa permanentemente regresiva distribución del ingreso

Durante estos 27 años de seudodemocracia, tanto los cabecillas de Hacienda de la Concerta-NM como de Piraña: Foxley, Aninat, Velasco, Larraín Bascuñan, Eyzaguirre y otros más, nos han jurado de guata que todos los parámetros de la economía social iban a mejorar con un “mayor crecimiento”, con lo que podemos constatar que heredaron –entre otras cosas- el discurso tan caro al gran capital que rezumaba la dictadura cívico-militar. Así, la generación de empleo, reducción de desempleo, incremento de salarios reales, constituirían los mecanismos del "trickle down" ("rebalse") que supuestamente resolverían la cuestión distributiva. Si esto es así, entonces ¿para qué preocuparse específicamente por dicha cuestión? La prioridad central debiera ser la mantención de una tasa de crecimiento del 7% o más, porque la cuestión distributiva se estaría resolviendo automáticamente. Cuando se centra el debate en estos términos; es decir, lograr que la economía siga creciendo sobre un x%, entonces la discusión se encajona, casi automáticamente, en pos de alcanzar constantes y altos niveles en inversión y en cómo se puede aumentar el nivel del famoso ahorro. Pero, ¿ha resultado efectivo el permanente olvido de la cuestión distributiva?

Para que constatemos lo que ha sucedido en estos 27 años de democracia gorila, donde lo menos validado por los gobiernos del duopolio ha sido la justicia social, veamos lo que ocurre respecto de la desigual distribución del ingreso. En 1990, lo que percibía el 20% más pobre de la población era de un 10,65%, mientras que el 20% más rico se apropiaba de un 78%; o sea, la diferencia era de casi 17 veces en favor de los adinerados. Ahora, sí vamos a ver cuánto se embolsilla en la actualidad el 20% más rico, en base a información del BC de mediados de éste año, ello llega a un 73% de la riqueza del país. Así, en 27 años de cacareada “democracia”, casi se ha mantenido la regresiva distribución de la riqueza producida por la gran mayoría nacional. Con todo, si nos atenemos  a cuánto gana hoy el 10% más rico, ello corresponde a 26,5 veces más que el 10% más pobre, superando en más de un 100% el promedio de los países de la famosa OCDE.

Pero, ojo. Ese quinto quintil –el más rico- posee altos niveles de dispersión. Esto quiere decir que las mayores diferencias en riqueza se concentran también entre los hogares más ricos de la población, evidenciando una diferencia significativa con los otros cuatro quintiles, que presentan niveles de dispersión bajos, y dando cuenta de que dentro del quintil más rico existe un porcentaje reducido que dispara las cifras. Así, se puede afirmar que en Chile hoy existe una fuerte concentración de la riqueza entre los hogares chilenos.

Por otra parte, el 20% más pobre presenta niveles de riqueza nula o negativa. Dentro de ese quintil, el 83% de los hogares muestra una riqueza negativa, mientras que el restante posee una riqueza nula.

Respecto a la desigualdad de ingresos, es oportuno señalar otras situaciones que históricamente se han ido profundizando y que permanecen o incluso se agravan en este último cuarto de siglo: los hombres ganan más que las mujeres desempeñando la misma función o cargo; los parlamentarios de la cámara de diputados ganan sobre 40 veces un sueldo mínimo mientras que los senadores ganan sobre las 80 veces. Y el 1% más rico de Chile paga lo mismo en Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el 20% más pobre, al momento de comprar un kilo de pan. Otro aspecto interesante de la distribución del ingreso en Chile es su significativa heterogeneidad regional. Este hecho sugiere que analizar el comportamiento de la desigualdad a nivel nacional (promedio) no constituye un análisis completo, pues un análisis de este tipo oculta los significativos cambios que ocurren a nivel regional.

La desigualdad también se encuentra presente –y no ha variado significativamente en estos 27 años- en el actual sistema de educación chileno. Lo que debiese ser un derecho garantizado por el Estado, por un lado, se encuentra predeterminado por la lógica del mercado (educación de enseñanza básica y media particular pagada y una buena parte de la subvencionada; así como toda la rama crediticia frente al acceso a la educación técnica profesional y superior), mientras que por otro lado se observa un debilitamiento de la educación pública, tanto en el ámbito de enseñanza básica y media, como en las instituciones de educación superior pertenecientes al Estado, sobre todo, las que tienen carácter focalizado en lo regional. Es más, constitucionalmente el Estado no garantiza directamente el derecho a la educación. En el artículo 19° sobre las garantías constitucionales, número 10 inciso 2, establece que “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”. Con ello, el Estado se desentiende constitucionalmente de todos los niños que por distintas razones socioeconómicas no puedan estar estudiando en la actualidad y vivan en situación de calle, sin desmerecer el rol y potenciamiento del mismo que debemos propender otorgar al Sename.

Empleo y salarios a la baja

En los años “90, una economía que crecía al 7% inevitablemente tendría que haber conducido a una reducción del desempleo y a un aumento de los salarios reales. Pero como ello ocurre sólo en esa economía teórica, ilusamente perfecta, etérea, pintada por los clásicos del capitalismo, a la cual adscriben, tanto los neocapitalistas de Chicago como los economistas que han creado el programa económico de los grupos mantenedores del sistema de la Concertación-NM, lo que en realidad ocurrió en Chile durante esa década fue que el desempleo –luego de una baja de un 18.5% entre el lustro 1985-1990 y el siguiente, 8,1 y 6,6%, respectivamente- permaneció estable en 6,6% aún con un crecimiento económico mayor a 7% anual. Además, los salarios reales iniciaron la década con un promedio de aumento de 4,8% para terminar el período con apenas un 1,9%. Otro tanto ocurrió con el crecimiento del empleo, que pasó de un 2,6% entre 1990-1995 a sólo un 1,7% en 1997.

Pero, si alguien esperaba que esas cifras se revirtieran con 27 años de democracia al peo, se tiene que quedar con las ganas. Un estudio de la OCDE, llamado “¿Cómo va la vida?”, reveló entre otros datos lo que muchos intentan negar: que en Chile la mayoría nacional, el 77,5% de la población, es pobre o vulnerable económicamente.

Entre otras cosas, el documento señala que un 52,65% está en la categoría de vulnerable económicamente, es decir que si bien están sobre la línea de pobreza, están en riesgo de caer en ella ya que no cuentan con recursos financieros que le permitan protegerse en caso de sufrir la perdida de sus ingresos por tres meses, cifra que “es decidora de la baja capacidad de ahorro que tienen las familias y por cierto el lugar en el ranking refleja nuestra situación de desarrollo relativo respecto de los países de la OCDE”, comentó David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales (CEEL) de la U. Católica a La Tercera.

Señala también el estudio que un 22,19% de la población es pobre por ingresos y activos, lo que significa que sus ingresos están por debajo del 50% del ingreso mediano y que su riqueza financiera es menor al 25% del ingreso de la línea de pobreza.

Respecto de la temática del salario mínimo y promedio, si revisamos los datos con detención podremos constar que entre 1990 y 2015 la tasa anual de crecimiento promedio del primero acumuló apenas un 8,6%, en tanto que el segundo anotó un alza algo mayor al 6%. En el mismo lapso, el PIB aumentó un 8%.

En nuestro país, la derecha política y económica, así como la exConcerta-NM, nos han acostumbrado a que l@s trabajador@s debemos percibir esmirriados salarios por el bien de los equilibrios macro. Claro que ello sucede en tiempos de vacas flacas, así como de gordas, no llegando a mejorar nunca como debieran. Así, no resultan raros los datos que arroja un reciente estudio de la Fundación SOL: el 53,5 % de los trabajadores chilenos gana menos de $300.000 y el 70% menos de $426.000 líquidos; sólo el 15,9% gana más de $652.000 líquidos; 83,5% de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de $550.000 líquidos; en las regiones de La Araucanía, Maule, Biobío y Los Ríos, el 70% de los trabajadores gana menos de $350.000 líquidos; en las ramas de actividad económica del Comercio, Construcción, Hoteles y Restaurantes, Agricultura, Pesca, Industria Manufacturera y Otros Servicios comunitarios y sociales, el 70% de los trabajadores no supera los $400.000 líquidos; Tal como se podría esperar, los trabajadores asalariados contratados por grandes empresas (aquellas que tienen más de 200 trabajadores) registran salarios más altos, no obstante, el 50 % (mediana) gana menos de $400.542 líquidos.  

¿Basta el puro gasto social “focalizado” para acabar con la injusticia social?

Así como en la dictadura cívico-militar, hoy en día se sigue apostando a que las transferencias de servicios sociales de educación, salud y vivienda permiten reducir de modo significativo la desigualdad en los recursos que disponen los hogares, llegándose a plantear que este es un efecto que se ha profundizado en las últimas décadas. Los impuestos, por su parte, contribuyen marginalmente a la reducción de la desigualdad. El gasto público en servicios sociales en Chile tiene un impacto distributivo relevante si se le compara con el promedio de los países de la OECD, pero este efecto es compensado por el bajo impacto distributivo que tienen las transferencias monetarias y el impuesto a la renta en el país.

Se verifica a partir de registros tributarios que el 1% más rico de perceptores en Chile captura entre el 12,5% a 15% del ingreso, en el período 2006 a 2013. Este es un porcentaje alto, pero no extraordinario en la comparación internacional. Sin embargo, las altas tasas de evasión tributaria y los incentivos a la reinversión de utilidades causan subestimación de este indicador en el país. Fairfield y Jorrat (2014) muestran que la participación del 1% más rico  es  mucho  más  elevada  si  se  corrige  por  subreporte  de ingresos y se incluyen las utilidades no distribuidas como ingreso devengado.

Ahora bien, en relación al gasto en servicios sociales respecto del PIB, en promedio y a 2014, los gobiernos de la OECD destinan un 13% comparado con un 8,7% en Chile. Estos servicios son las transferencias no monetarias que reciben los hogares en términos de educación, salud, vivienda, cuidado de menores y de adultos mayores. En materia de transferencias monetarias, se tiene que los gobiernos de la OECD gastan el equivalente a un 11% del PIB y Chile sólo un 5,1%. Sin embargo, la brecha más significativa ocurre en el impuesto a la renta de las personas. En la OECD este tributo recauda en promedio un 13,2% del PIB y en Chile solo un 1,9%.

La distribución de los servicios sociales está mucho más focalizada en Chile que en el promedio de los países de la OECD (en una dinámica que se mantiene desde tiempos de la dictadura, luego de aplicar ésta su política de “shock” con asistencialismo a los más afectados por los efectos del modelito). El valor monetario de los servicios que recibe el primer quintil de ingresos en Chile representa un 125,5% del ingreso del hogar, mientras que el quinto quintil recibe el equivalente a un 2,4% del ingreso monetario. Los respectivos porcentajes para el promedio de los países de la OECD son 75,8% y 13,7%. Además de reflejar distintas concepciones de la política social, más focalizada versus más universal, los porcentajes descritos reflejan también diferencias en el nivel de ingreso monetario de los hogares. En Chile, el ingreso del primer quintil es muy bajo respecto del ingreso del quintil quinto; es decir, es nuestra pobreza en los quintiles más bajos lo que contribuye al resultado descrito.   

¿Y qué se puede hacer para acabar con la desigualdad y la injusticia social?

Bueno, de buenas a primera, nos parece que lo más efectivo para resolver ésta intríngulis sería la realización de una revolución popular, cuyo gobierno, el que se apoyaría en los órganos del poder del pueblo, debiera disponer de todas las medidas pertinentes para expropiar la riqueza de la cual se ha apoderado malhadadamente la pequeña clase de los ricos y pasar a una distribución equitativa de ella entre toda la población del país, entre mujeres y hombres, y entre todas las regiones.

    

Pero, ¿en qué nos basamos para aseverar que se debe expropiar al riquerío para democratizar la actualmente inicua distribución de la riqueza nacional? El mismísimo BID señaló, poco tiempo atrás, que sin considerar el último quintil (o decil) de la población, la desigualdad en Chile es similar a la exhibida por otras economías. Esto confirma que la desigualdad es “explicada” por el comportamiento del segmento más rico de la población. La diferencia entre el cuarto y el quinto quintil es significativa. Luego si queremos entender qué explica los altos niveles  de desigualdad y sus cambios debemos poner especial atención en el segmento más rico (Q5) de la población.

La Fundación SOL apunta, como solución para acortar tales distancias, a políticas laborales y tributarias: “Si se va generando riqueza en los espacios productivos y esa riqueza no chorrea porque los trabajadores no tienen poder, porque no hay derecho a huelga efectivo, donde no hay sindicatos fuertes, en general es muy probable que las riquezas tiendan a concentrarse. Un segundo factor son las políticas tributarias. Cuando rompes todos los espacios de elusión y de beneficio para los más ricos también puedes ayudar a que exista menos concentración de la riqueza”.

Luego de 27 años de democradura, de gobiernos del duopolio derecha/mantenedores del sistema, las graves injusticias y diferencias socio-económicas no sólo se han mantenido, sino que en algunos aspectos se han profundizado. Por tanto, al no comprometerse la NM en estas elecciones con reformas radicales que resuelvan de verdad las penurias por las que atraviesa la población trabajadora del país, junto con su histórica carencia de iniciativas tendientes a acabar con la obscena desigualdad e injusticia social imperantes, así como tener la seguridad de que la derecha lo hará tanto o peor que los regentes actuales de La Moneda, la mayor parte de los potenciales votantes se abstuvo de sufragar (51,3%), lo hizo en blanco o anuló (1%). De tal manera, se dio pábulo al triunfo de la pandilla de Piraña, aunque con un apoyo tan débil que no llega ni al 26% del electorado total.

La segunda elección del rapiña empresario, en todo caso, viene a comprobar que cada 4 años veremos la alternancia del duopolio oficial en el gobierno, de los cafiches de la mayoría nacional. Eso, hasta que l@s trabajador@s y los pueblos no digamos y hagamos otra cosa.    

¡Que la Historia Nos Aclare el Pensamiento!

¡Sólo la Lucha y la Unidad Nos Harán Libres!

Colectivo Acción Directa CAD –Chile

Diciembre 17 de 2017