Este
jueves 28 de julio, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) asumió la presidencia del Perú,
enmarcado en las fiestas patrias que se realizan el 28 y 29 de julio en
conmemoración de la campaña libertadora de José de San Martín de 1821, que
terminaría con la colonia española
En Celag
–public. 29/7/16
PPK asume en un
contexto marcado por ciertos factores: en primer lugar, se convirtió en
presidente luego de un reñido ballotage donde ganó por una diferencia mínima de
votos con Fujimori. En segundo lugar, PPK deberá enfrentar un Congreso dominado
por el fujimorismo, lo cual requerirá del establecimiento de acuerdos que
garanticen su gobernabilidad [1].
Los últimos datos
de las encuestas dan cuenta del sombrío escenario nacional en el cual asume PPK,
en tanto el 68 % de la población desaprueba la gestión de Humala, el presidente
saliente. Mientras que solo el 22 % considera que el Perú ha mejorado en
comparación con hace cinco años, 46 % opina que sigue igual y el 30 % incluso
considera que la situación ha empeorado. Incluso el 90 % de la población
considera que el gobierno electo debe investigar los indicios de corrupción del
gobierno saliente [2].
En su primer
mensaje a la nación como presidente, PPK llamó a la unión de todos los peruanos
y pidió la ayuda del Congreso –que le es adverso- para transformar al Perú en
“un faro de civilización en el Pacífico” e ingresar en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un plazo de cinco años. Las
medidas propuestas por PPK para hacer frente a la desaceleración económica y
reactivar el crecimiento son el impulso de los proyectos de infraestructura -en
colaboración con el sector privado- y la flexibilización de las normas
ambientales para reactivar grandes proyectos extractivos.
Lo cierto es que su política económica está en sintonía con la revitalización de Alianza Pacífico que promueve proyectos mineros a los que la sociedad civil se ha opuesto férreamente.
Lo cierto es que su política económica está en sintonía con la revitalización de Alianza Pacífico que promueve proyectos mineros a los que la sociedad civil se ha opuesto férreamente.
En cuanto a
Educación estableció nuevas prioridades en el sistema educativo, su propuesta
incluye que las ciencias humanas estén en pie de igualdad con el arte, la música,
o el deporte, siendo todas ellas materias obligatorias en la currícula escolar.
Sin dejar de lado los cursos como humanidades y ciencias también ambiciona
incorporar el quechua y el aymara al programa. Se refirió también a la calidad
de la educación y en su habitual postura neocapitalista, apeló a la misma como
herramienta para que los jóvenes sean más competitivos en la sociedad
contemporánea. En cuanto a las desigualdades del sistema, PPK solo afirmó que
“en el año 2021 los niños tendrán acceso gratuito a educación de calidad y
oportunidades para seguir carreras universitarias y técnicas”. Sin embargo, no
especificó cómo se llevaría a cabo dicha labor.
En el tema
Seguridad, ya se había conocido la decisión de efectuar cambios en la Policía
Nacional, reduciendo por ejemplo, el número de generales. Una de sus
principales propuestas contenidas en el programa de gobierno es la iniciativa
del “Barrio Seguro” cuyo objetivo consiste en “aumentar la vigilancia y
patrullaje en el país mediante la integración de los serenazgos municipales,
las juntas vecinales y la PNP” [3]. Ello se acompaña de la construcción de
nuevas comisarías y el incremento en la cantidad de policías de inteligencia e
investigadores. “Les aseguro que no quedará crimen impune. Los culpables serán
entregados al sistema de justicia reformador. Tenemos un buen plan y un
excelente equipo para ejecutarlo”, fueron las palabras de PPK en este apartado.
La propuesta parece reducirse a más judicialización y agilidad en los procesos.
Sin embargo evitó referirse a las causas que originan la inseguridad en las
calles.
Al referirse a los
Derechos Humanos, aseguró el cumplimiento de los compromisos pactados a favor
de las víctimas de todo tipo de violencia. Cabe recordar que durante su
campaña, PPK estableció algunos acuerdos políticos que ahora se verá obligado a
cumplir y/o negociar [4], tal es el caso de Amnistía Internacional Perú quien
elaboró una carta abierta con seis puntos exigiendo a los candidatos
presidenciales una agenda de derechos humanos.
Respecto al
Trabajo, insistió en la necesidad de avanzar en la formalización de los
empleados, prometiendo que para el final de su mandato, el 60 % de los
trabajadores estará formalizado con acceso a salud y seguridad social.
En el sector Salud,
estableció como prioridad eliminar la anemia, reducir la mortalidad infantil y
lograr extender los servicios de agua potable y desagüe a toda la población.
El tema destacado
de su discurso fue el combate a la Corrupción, PPK afirmó: “No permitiré
especialmente a mis colaboradores caer en la indignidad de la corrupción”.
Recordemos que las acusaciones sobre las vinculaciones del fujimorismo con el
narcotráfico y la adulteración de videos, fue la clave de su éxito durante el
segundo debate presidencial.
Por último hizo referencia
a la igualdad de género, afirmando “Se debe tener respeto irrestricto a la
libertad de la mujer y sus derechos, respeto a la vida plena, pago igual a un
trabajo igual y a su integrada participación política en las decisiones y en el
gobierno”. Un dato no menor si se tiene en cuenta que continúa pendiente el
juicio por las esterilizaciones forzosas ocurridas durante el segundo gobierno
de Alberto Fujimori en la cual se registran 300.000 mujeres como víctimas.
Causa que ha sido archivada por el Ministerio Público. Asimismo la ley de unión
civil de personas del mismo sexo y la de despenalización del aborto en casos de
violación, rechazadas por el Congreso saliente, fueron compromisos asumidos por
el nuevo mandatario.
Los temas más
controversiales de su mandato están en sintonía con la brecha que divide
fujimoristas de antifujimoristas. La discusión sobre el indulto al expresidente
Alberto Fujimori es el nodo central. Aunque PPK se ha manifestado públicamente
en contra de otorgar dicho indulto, podría hacerse efectivo mediante un
proyecto de ley para conceder arresto domiciliario para reos mayores de 75
años, lo cual beneficiaría al exmandatario y autócrata [5]. A pesar de que
ninguna bancada ha presentado aún la propuesta una mayoría fujimorista en el
Parlamento levanta suspicacias.
El nuevo presidente
renunció en diciembre del 2015 a su nacionalidad estadounidense para disminuir
las críticas durante la campaña electoral. También se ha desempeñado como
funcionario del Banco Mundial y fue duramente criticado por distintos sectores
por haber pasado una semana entera en Estados Unidos entre la primera y segunda
vuelta. Su mandato concluirá en 2021, fecha del bicentenario de la
independencia peruana. ¿Quién dijo independencia?
Notas:
[2]Información
disponible en: http://www.ipsos.pe/sites/default/files/opinion_data/Opinion%20Data%20Julio%202016.pdf
Colectivo Acción Directa Chile -Equipo Internacional
Agosto 4 de 2016
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