ENRIQUE CORREA Y EL LEGADO DE LA CONCERTACIÓN

Por Juan Pablo Cárdenas, Radio Universidad de Chile

Julio 27, 2015

“A la Concertación hay que atribuirle, también, la impunidad que sigue favoreciendo a los terribles ejecutores del terrorismo de estado desde que el primer gobernante concertacionista dijera que ‘solo se haría justicia en la medida de lo posible’”

Con un solo interludio de cuatro años, los partidos de la Concertación han gobernado durante toda la post dictadura, es decir lo que va corrido desde el año 1990 hasta el día de hoy. Dos democratacristianos, una socialista que “se repite el plato” y otro de doble militancia que fue reconocido como propio por propio Partido Socialista como el PPD. Los cuatro años de Sebastián Piñera se estima que no ofrecieron variaciones sustantivas a los de los gobiernos anteriores. Se resalta, incluso, que éste adoptó algunas medidas que los presidentes concertacionistas no se resolvieron a tomar, como ese emblemático cierre del Penal Cordillera, una reclusión de lujo para los espeluznantes homicidas de la Dina y la CNI.

En la frustración nacional por las demandas populares que fueron soslayadas por estos gobiernos es que el candidato de la Concertación resulta derrotado en el 2010 y este referente se ve obligado a estructurar un pacto electoral nuevo, el de la Nueva Mayoría, que esta vez promete un atractivo itinerario de reformas y realizaciones que en su incumplimiento en menos de un año y medio tienen a la presidenta Bachelet con menos de un 30 por ciento de adhesión ciudadana.

Es de común aceptación que la reelección de Michelle Bachelet se debió a sus atributos personales y no al legado de los gobiernos concertacionistas, aunque ahora las viejas figuras de los partidos oficialistas y de los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos, como de la primera Administración anterior de la actual mandataria, se empeñen en reivindicar lo obrado anteriormente. De esta forma, un sujeto tan cuestionado como Enrique Correa otorga hoy entrevistas para fustigar al actual gobierno y atribuir su fracaso en el intento por desperfilarse de los anteriores gobiernos. Intenta el ex ministro salvar la imagen de aquella Concertación y ciertamente explorar la posibilidad de que un Ricardo Lagos Escobar pueda retornar a La Moneda en brazos de lo que quede de la Nueva Mayoría, como del gran empresariado y, si es posible, de ese derecha política que todavía concita menos apoyo que el oficialismo. Es decir, de la adhesión de todo ese mundo en que se desenvuelve, gana mucho dinero y demuestra la destreza que le reconociera el propio Dictador y aseguró que, de haberlo conocido antes, lo habría convocado a su gobierno.

Lo que ya es convicción, sin embargo, en la opinión pública es que a los gobiernos de la Concertación debemos atribuirle la sacralización de la Constitución de 1980, la perpetuación hasta hoy del modelo económico neoliberal y de todo un sistema que ha restringido los derechos ciudadanos y laborales. Todo lo cual tiene como herencia que nuestro país esté a punto de convertirse en la nación de mayor inequidad en el mundo, con una concentración inaudita de la riqueza y con salarios completamente indignos, que nunca llegaron a considerar el crecimiento económico experimentado por el país. Fenómeno habitualmente celebrado, pero que se explica fundamentalmente por el buen precio internacional del cobre. Como que hoy los proclamados índices macroeconómicos del país están tambaleando ante la nueva cotización del precio internacional del metal rojo.

A la Concertación hay que atribuirle, también, la impunidad que sigue favoreciendo a los terribles ejecutores del terrorismo de estado desde que el primer gobernante concertacionista dijera que “solo se haría justicia en la medida de lo posible”, razón por la cual se fue al rescate de Pinochet en Londres y posteriormente hasta se le tributaran solemnes exequias. A lo cual habría que añadirle el homenaje rendido recién en la Cámara de Diputados y en que el Presidente y el Vicepresidente demócrata cristiano y comunista de la Corporación se pusieron de pie y participaron de un minuto de silencio. Insensibilidad y hasta complicidad con los horrores, como ha quedado de manifiesto con episodios tan trágicos como el de los estudiantes quemados en que, nuevamente, el ex ministro Correa se encargara de darle un portazo a Carmen Gloria Quintana, la víctima sobreviviente de tan brutal atentado.

Ni qué hablar de la impunidad que la Concertación le ofreció a aquellos que se hicieron de las empresas del Estado y cimentaron su actual fortuna en esta apropiación indebida y de severa expoliación del patrimonio de todos los chilenos. Uno de los cuales es Julio Ponce Lerou, ex yerno del Dictador, convertido en regalón de los gobiernos concertacionistas al que además le tributaron nuevas concesiones mineras y a quien asesora el propio Enrique Correa, según propio reconocimiento. Es decir, al mandamás de una empresa, como Soquimich, que junto al Consorcio Penta y otras entidades empresariales han protagonizado los más severos fraudes al fisco en colusión con el conjunto de la “clase política”.

Entre tantos otros despropósitos, les deberemos también a los gobiernos concertacionistas, la continua destrucción de la educación pública, la criminal mantención del sistema previsional de las AFPs, así como del sistema de salud en que el lucro es su principal cometido. Además de esa política exterior patrioterista, demagógica y de desprecio absoluto por los ideales de la integración regional y las buenas, como fructíferas relaciones con nuestros vecinos.

Y cómo no añadir entre las obras de la Concertación los privilegios mantenidos a la casta militar, el servilismo oficial a los inversionistas extranjeros y al hecho de que ya no quede pedazo de tierra, océano y reservas del subsuelo en que no estén totalmente enseñoreadas las transnacionales y algunos poderosos empresarios criollos. Que se haya continuado renunciado a la soberanía real de nuestro territorio, pese a las bravatas y pretensiones de nuestros cancilleres y empolvados diplomáticos.

Y, claro, cómo obviarlo: el legado de la corrupción; el fraude y el cohecho programado por las leyes electorales; las coimas a los funcionarios públicos. La realidad de los siniestros operadores políticos, la desnaturalización del servicio público y la completa pérdida de identidad ideológica de los partidos que dicen representarnos en La Moneda, el Parlamento y los municipios. Un conjunto de vicios tan bien encarnados en el principal nostálgico de la Concertación. En este Enrique Correa que hace de bisagra entre los llamados poderes fácticos, el dinero y los ministros y otros peones que todavía pone y mueve dentro del ajedrez de la política cupular.