UN HOMENAJE A L@S COMPAÑER@S DETENID@S-DESAPARECID@S EN LA OPERACION
COLOMBO
- La DINA y el caso de los 119*
- El caso de los 119**
- Lista de los 119 casos***
- Exigimos reparar la gran mentira#
- Operación Colombo o la extrema crueldad de Pinochet##
LA DINA Y EL CASO DE LOS 119*
En julio de 1975,
diversos medios nacionales de comunicación reprodujeron profusa y ampliamente, una
información que daba cuenta de la supuesta muerte de 119 hombres y mujeres
chilenos, a manos de sus propios compañeros, producto de pugnas internas o, en
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de diversos países.
En realidad, las
personas mencionadas por las listas habían sido detenidas en Chile, por la Dina
y se encontraban, en esos momentos, y hasta hoy, desaparecidas. Como se supo
entonces, y tal como lo estableció posteriormente el Informe Rettig, dicha
publicación fue producto de la Operación Colombo, una maniobra destinada a
encubrir la detención de cientos de chilenos, y que había comenzado en junio de
ese año, con la difusión en la prensa chilena de una información que alertaba
sobre la presencia de "grupos guerrilleros", integrados por
ciudadanos chilenos, que se preparaban en territorio argentino para ingresar al
país.
LA OPERACIÓN COLOMBO
Coincidente con lo
anterior, las autoridades de la época comenzaron a afirmar que muchos de los "supuestos
detenidos" estaban en realidad, en la clandestinidad. Como parte de esa
política de negación, el 4 de julio el general Pinochet anunció su decisión de
no permitir el ingreso al país de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidades, anunciada para el día 10 del mismo mes. A los pocos días, y
como respuesta a la presión internacional, se sucedieron diversas informaciones
en la prensa argentina y chilena sobre detenidos desaparecidos chilenos cuyos
cuerpos habrían sido encontrados en el país trasandino. Tal fue el caso de Luis
Guendelman, Jaime Robotham, y luego Juan Carlos Perelman. Incluso se llegó a
informar que la verdadera identidad del "terrorista Carlos", correspondía
al del chileno detenido y desaparecido Nestor Gallardo Agüero. Informaciones
todas cuya falsedad quedó rápidamente demostrada. Finalmente, el 22 y 24 de
julio el país conoció las listas ya señaladas.
Para este montaje
los servicios de seguridad de Chile y Argentina se coordinaron, al más alto
nivel, para lo cual utilizaron a Enrique Arancibia Clavel, ciudadano chileno,
funcionario del Banco del Estado de Chile en la sucursal de Buenos Aires,
actualmente procesado en Argentina, por su responsabilidad en el asesinato del
general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. En 1978, Arancibia había sido procesado
por la justicia argentina en un "caso de espionaje", ocasión en la
que confesó ser agente de la Dina y reveló parte de las acciones de este
organismo, encontrándose en su oficina cinco cédulas de identidad de personas
detenidas y desaparecidas en Chile, que estaban destinadas a ser utilizadas en
maniobras de encubrimiento de la represión en Chile.
LA PRENSA
La información tuvo
su origen en dos publicaciones fantasmas: el primer y último número de la
revista argentina Lea, y el diario brasileño O’Día, de Curitiba, de irregular
circulación. Aunque las agencias internacionales de prensa establecieron
rápidamente la falsedad de la información, los medios nacionales de
comunicación se hicieron eco de la versión oficial.
El 24 de julio, el
diario La Segunda tituló: "Exterminan como ratas a miristas". El
diario La Tercera, por su parte, difundió: " Habían sido presentados
recursos de amparo a favor de los miristas muertos o evadidos en Argentina y
otros países , con lo cual quiere decir que habría existido una operación malintencionada
de los padres, madres, o hijos o cónyuges de los desaparecidos, para procurar
el desprestigio del gobierno y de la justicia chilena".
Y El Mercurio, el
25 de julio, editorializó: "Los políticos y periodistas extranjeros que
tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon
al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la
explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos,
exterminados por sus propios camaradas..."
LOS TESTIGOS
A las numerosas
declaraciones de los familiares y otros testigos que, en muchos casos, habían presenciado
la detención, se sumó el testimonio de 95 detenidos, que permanecían en el
campamento Melinka, de Puchuncaví, y que el 31 de julio iniciaron una huelga de
hambre que duró 9 días, exigiendo una respuesta sobre el destino de las
personas mencionadas en las listas. Los 95 huelguistas, arriesgando sus propias
vidas, dieron testimonio de haber visto, en diversos centros de interrogatorio
y detención, a la mayoría de los 119 chilenos que se daba como muertos en el extranjero.
QUIENES ERAN
Parte de una misma
generación, la mayoría de las personas mencionadas en la lista de los 119 tenía
menos de 25 años al momento de su detención, y diez de ellos eran menores de
edad. Otros como Francisco Aedo y Fernando Silva, ya habían cumplido más de 60
años. Entre las 20 mujeres, Jacqueline Drouilly tenía 25 años, y hacía tres
meses que esperaba su primer hijo.
Casi todos los
detenidos habían sido dirigentes estudiantiles, sindicales, gremiales y
miembros de diversas organizaciones sociales y políticas, 94 de ellos
pertenecían al MIR, 9 al Partido Socialista, 7 al Partido Comunista y uno al
MAPU. Aunque en su mayoría eran estudiantes, también había empleados,
profesionales y obreros.
*Fuente:
Familiares del MIR de Chile.
Información
disponible en el Sitio de Internet del Centro
Estudios Miguel Enríquez - CEME
EL CASO DE LOS 119**
Dentro del drama de
los detenidos desaparecidos, hay situaciones que por sus especiales
características han producido un fuerte impacto en la opinión pública. Así ha
ocurrido con las diversas maniobras que la Dictadura puso en acción para tratar
de ocultar los secuestros, minimizar su importancia o desacreditar a los denunciantes.
La dictadura no se
detuvo ante nada: mintió, se contradijo e implicó a otros gobiernos.
El 12 de junio de
1975, el vespertino "La Segunda" publicó con grandes titulares, en
primera página, que: "Dos mil marxistas reciben instrucción en
Argentina" y que "se organizan guerrillas en contra de Chile" En
la misma edición, agregó en la pág. 28: "Fuerzas de Seguridad del Ejército
argentino detectaron que dirigentes del MIR, a los cuales se da por
desaparecidos en Chile y que las organizaciones internacionales al servicio del
marxismo dan por asesinados, se entrenan en Argentina e incluso comandan
compañías guerrilleras", y señaló que más de dos mil chilenos se preparan
para reingresar al país para hacer la guerrilla "contra las Fuerzas
Armadas chilenas", afirmando que algunos de ellos ya habían sido detenidos
en la provincia de Talca, al Sur de Santiago. Este fue el comienzo de la
campaña que configuró el "caso de los 119".
¿Quiénes son los
llamados 119? Se trató de una campaña de la Dictadura que uso todos los medios
a su alcance para deshacerse de la incómoda situación de los presos
"desaparecidos", campaña necesaria ya que para esos días se estimaba
probable una visita a Chile, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuyo
ingreso al país fue, finalmente, denegado por la Dictadura. Los 119 son los
secuestrados por la DINA cuyos nombres la dictadura incluyó en la nómina de
chilenos que se encontrarían en el exterior, sosteniendo que muchos de los
cuales habrían caído a manos de sus propios compañeros de organización o en
enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras. El revuelo internacional
creado en torno al caso hizo que el problema pasara a ser conocido
mundialmente. Veamos cómo la Dictadura continuó esa campaña.
Los días 14 y 16 de
junio, el diario "El Mercurio" anunció que 50 guerrilleros habían
sido detenidos en Talca y que otros dos grupos habrían cruzado la frontera
desde Argentina en un plan combinado del MIR chileno y el ERP argentino. El
diario dice que "informaciones provenientes de Buenos Aires" dan cuenta
de un enfrentamiento con Carabineros (policía chilena) en el que se habrían
producido algunas bajas. El 16 de junio, el diario "Las Últimas
Noticias" reitera la campaña, atribuyendo las informaciones a
"fuentes extraoficiales chilenas" o "fuentes chilenas generalmente
bien informadas".
Días más tarde, es
el diario "La Tercera" el que denuncia la existencia de un "siniestro
plan rojo" y repite las expresiones acerca de extremistas que ingresaban a
Chile por los pasos cordilleranos para llevar a cabo sabotajes y atentados
contra personeros influyentes tanto civiles como uniformados. En igual sentido
son las publicaciones de "La Segunda" del 25 de junio. La campaña de prensa
no era en absoluto ajena a la Dictadura. No sólo era la dictadura la que había
ordenado su montaje, sino que además, uno de sus principales voceros, el
General Hernán Béjares, Secretario General de Gobierno, había declarado el 13
de junio que "numerosos extremistas, a los que agencias noticiosas del exterior
interesadas o comprometidas con el marxismo dieron como eliminados o
asesinados por los
medios de seguridad del país, se encuentran realmente muy vivos y preparándose
para actuar coercitivamente contra nuestro gobierno".
El 29 de junio, el
diario "La Patria" editorializa sobre el caso, afirmando que los "extremistas"
tenían en su poder un "bien estudiado plan de acción terrorista". Agrega
que se realizarían manifestaciones en lugares céntricos, a la salida de las
Iglesias, etc. y que este rebrote de acciones para alterar el orden público tenía
como objeto desatar la guerrilla urbana y rural en el país.
El 6 de julio,
"La Tercera" publica una crónica de su corresponsal en Mendoza, Julián
Gabriel, el que asegura haber descubierto militantes del MIR haciéndose pasar
por agentes de la DINA y deteniendo a sus propios compañeros, que luego
formarían parte de un llamado "Ejército de los Andes" El periodista
añade que se trata de un plan del MIR para engañar a la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU.
El 11 de julio, en
una pequeña localidad cercana a Buenos Aires, fueron hallados dos cadáveres,
que portaban entre sus ropas documentos chilenos. Según las versiones de la
dictadura, profusamente publicitadas en la prensa de Santiago, se trataría de
los jóvenes Jaime Robotham y Luis Guendelman, de quienes se sabía habían sido
detenidos por la DINA y por los que existían recursos de amparo pendientes y
gestiones de Amnesty International. El diario "La Segunda" del 15 de
julio, en su pág. 36, dice que "los dos miristas chilenos que fueron
ejecutados por su propia organización en Argentina, fueron identificados en
Chile". El periódico concluye que "de esta forma se comprueba que
gran parte de las denuncias sobre asesinatos y desapariciones de izquierdistas
en Chile, son inventadas y que estos individuos gozan de buena salud en el
extranjero".
El 18 de julio, la
revista "Lea" de Argentina, publicó con caracteres de escándalo, una
nota fechada en México que aseguraba que "alrededor de 60 extremistas chilenos
habrían sido asesinados en los últimos meses en Argentina, Colombia, Venezuela,
Panamá, México y Francia por sus propios compa-ñeros de lucha", calificando
la acción como "un vasto e implacable programa de venganza y depuración
política" Pocos días después, otra publicación O'Día de Curitiba, en Brasil
afirmaba que 59 "extremistas chilenos" fueron identifica-dos entre
los guerrilleros que murieron en enfrentamientos con efectivos policiales en la
provincia de Salta, Argentina. La prensa chilena, totalmente controlada por la
dictadura, desplegó una inusitada campaña publicitaria sobre la base de las informaciones
de las publicaciones extranjeras aludidas, inclu-yendo una nómina de los
supuestos extremistas caldos en el extranjero. Por cierto, eran los nombres de
una parte de los secuestrados durante 1974 por la DINA.
"El
Mercurio", pretendiendo decir la última palabra, editorializó el 25 de
julio refiriéndose expresamente a lo que llama "los 119" dice.
"los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron
por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno de la
desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron
aceptar". Hasta aquí la farsa de la Dictadura. Veamos ahora cómo, a los
pocos días, todo el siniestro plan se venía abajo y la propia prensa chilena se
veía obligada a abjurar de sus categóricas afirmaciones.
Empecemos por decir
que tanto "Lea" de Argentina, como "O'Día" de Brasil fueron
publicaciones "ad hoc", hechas sólo para el montaje de la farsa de la
dictadura. No tenían existencia real. El supuesto semanario argentino editó
sólo el N9 1, aquel en que daba la falsa noticia. Indicó como su director a
José López Rega, jefe de la banda terrorista conocida como la "Triple
A", ex Ministro del gobierno bonaerense. Daba como dirección la de
Brandsen No. 4845, pero ese domicilio..., no existe. La calle Brandsen termina
antes del No. 3000. Por su parte, la Asociación de Prensa Brasileña declaró no
conocer publicación alguna en Curitiba, ni en todo el Estado de Paraná, con el
nombre de "O'Día". Ni siquiera registra domicilio. Estos hechos
ahorran analizar las contradicciones entre ambas publicaciones y otras
consideraciones, como lo inverosímil que resulta que una revista desconocida y
un modesto diario de provincia conocieran al detalle la nómina de supuestos
guerrilleros, que no era del dominio de ninguna agencia de prensa ni en
Argentina ni en Brasil, ni los gobiernos de esos países habían declarado nada
al respecto.
En cuanto a los
supuestos cadáveres del Guendelman y Robotham, la madre del primero y un hermano
del segundo, se trasladaron a Buenos Aires y entregaron, tras detenido examen,
precisas y concretas evidencias que prueban que esos cadáveres, mutilados y
quemados, no corresponden a sus familiares. En el caso de Guendelman, su madre
señaló a las autoridades argentinas que su hijo había sido operado cuando niño
y le hablan sacado el hueso de la cadera izquierda y del sacro. El cadáver
identificado como el de su hijo, tenía esos huesos; agregó la madre: "el
cadáver no tenía todos sus dientes, algunos estaban torcidos. Mi hijo tenía una
dentadura completa y sana. A su vez, el hermano de Robotham afirmó: "el
cadáver que supuestamente era el de mi hermano medía, según los expertos
legales 1 metro 67 en tanto mi hermano Jaime medía 1 metro 73", precisando
además ostensibles diferencias entre la dentición de su hermano y la del
cadáver y que la fotografía del carnet de identidad chilena que se encontró
entre las ropas del occiso, no era la de su hermano, ni la firma ni el número
de la cédula eran auténticos.
Pero las cosas
fueron más allá: a fines de julio, el cuerpo diplomático acreditado en Chile,
encabezado por su Decano, el Nuncio Apostólico, reclamó formalmente ante la
Cancillería de la Junta para dejar en claro que en los países aludidos en las
publicaciones de prensa, jamás ocurrió ninguno de los hechos difundidos y que
ningún chileno murió en dichos países. En Colombia, medios oficiales
desautorizaron la campaña de prensa de la Junta; el Jefe de la Dirección
Administrativa de Seguridad (DAS), general Joaquín Matallana, declaró: "En
Colombia no ha sido asesinado ningún chileno". Declaraciones similares
formularon en su caso personeros de Venezuela y México. En Argentina, el diario
"La Opinión" afirmó el 10 de agosto que "una gran conspiración,
con vínculos en territorio argentino, imaginó métodos siniestros que superan
todo lo conocido de la Alemania de Hitler, acudiendo a publicaciones fantasmas
en el extranjero y a cónsules que se prestan a difundir cédulas de identidad
falsificadas".
El 18 de agosto, el
semanario norteamericano "Times" señalaba: "El terrorismo derechista
de ambos lados de Los Andes se confabuló en la desaparición de 119 ciudadanos
chilenos". La revista afirma que la relación de trabajo entre la Triple A
de Argentina y la DINA chilena sirve sus intereses mutuos. "La DINA tiene
una larga lista de nombres para los cuales necesita cadáveres y la AAA tiene
cadáveres para los que necesita nombres Pinochet había quedado al descubierto.
Había ahora que echar pie atrás. En el desenmascaramiento de la farsa jugaron
un destacado papel, en primer término, los familiares de los detenidos y
también la Iglesia Católica. La revista jesuita "Mensaje", el 28 de julio,
bajo el título de "¿Dónde están?", publicó un documentado trabajo
acerca de los 119 que, junto con demostrar la falsedad de las afirmaciones de
la Junta, constituyó una valiente acusación.
"El
Mercurio", con su habitual descaro, pasando por sobre lo que había escrito
la semana anterior, en una editorial del 3 de agosto, se pregunta alarmado por
la suerte de los 119 chilenos y pide de la Junta una aclaración. "Han
transcurrido los días y ni las autoridades chilenas ni las argentinas se
refieren al caso" –dice el diario- y agrega: "el tema no es por
cierto de los que puedan pasar inadvertidos, tratándose de la suerte de más de
un centenar de chilenos, cuyos familiares sufren su desaparecimiento".
Termina señalando el deber de la Junta de informar sobre el particular para no
dar "nuevos alientos a los enemigos de Chile". La revista
"Ercilla" y hasta la fascista publicación "Qué Pasa", en la
primera quincena de agosto, expresan también su preocupación por el esclarecimiento
de los hechos, dando por descontado que no son ciertas las publicaciones de
"Lea" y O'Dia.
Por esa misma
fecha, la Embajada de Chile en Argentina hace llegar a "La Opinión"
de Buenos Aires una inserción pagada desmintiendo lo que llama "antojadizas
publicaciones sobre la supuesta desaparición de 119 ciudadanos chilenos" y
calificando de irresponsables las insinuaciones de que el gobierno chileno
estaría involucrado en la falsificación de documentos y en la atribución fraudulenta
de identidad a los cadáveres aparecidos en Argentina.
Paralelamente, el
Cónsul general de Chile en Buenos Aires, Álvaro Droguett, reconoció a la agencia
Latina que el cotejo de sus registros consulares con la nómina de la revista
"Lea" permitía concluir que ninguno de los que allí figuran como
muertos, estuvo jamás inscrito en la representación a su cargo como ingresado a
territorio argentino. En los últimos días de agosto, Droguett fue relevado de
su cargo.
La indignante farsa
no sólo mereció el repudio internacional. En Chile hubo también protestas y
condenas. La más significativa fue la huelga de hambre que el 8 de agosto de
1975 y por varios días, mantuvieron 80 prisioneros del campo de concentración
de Puchuncaví, que hablan sido detenidos o habían permanecido en distintos
centros de torturas con muchos de los chilenos incluidos en la fatídica nómina.
En estas
circunstancias, Pinochet se vio obligado a renunciar a la maniobra y en su
discurso público del 20 de agosto, expresó cínicamente que, a fin de terminar
con tantas especulaciones, había ordenado "investigar exhaustivamente la
situación por la vía administrativa". Por supuesto, jamás hubo investigación
alguna. Los 119 continúan desaparecidos. Pero ante la opinión pública nacional
e internacional quedó absolutamente claro que estaban en poder de la DINA.
**Fuente:
Extracto del Libro: Detenidos Desaparecidos, editado por el Comité Chileno
Antifascista. Ciudad de La Habana, Cuba – 1977
LISTA DE LOS 119 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DESAPARECIDOS DE LA
OPERACIÓN COLOMBO***
Arturo S. Aguilera
Peñaloza
Francisco Aedo
Carrasco
Rubén David Arrollo
Padilla
Miguel Acuña
Castillo
Víctor D. Arévalo
Muñoz
Alberto Vladimir
Arias Vega
Jorge Elías
Andrónico Antequeras
Juan Carlos
Andrónico Antequeras
María Inés Alvarado
Boergel
María Angélica
Andreoli Bravo
René R. Acuña Reyes
Eduardo Alarcón
Jara
Sonia del C. Bustos
Reyes
María Teresa
Bustillos Cereceda
Jacqueline del C.
Binfa Contreras
Jaime M. Buzio
Lorca
Carmen C. Bueno
Cifuentes
Arturo Barría
Araneda
Antonio S. Cabezas
Quijada
Francisco J. Bravo Núñez
Mario A. Carrasco
Díaz
Mario E. Calderón
Tapia
Alfonso A. Chanfreau
Oyarce
Claudio Contreras
Hernández
Juan A. Chacón
Olivares
Cecilia G. Castro
Salvadores
Abundio Contreras
González
Ismael Darío Chávez
Lobos
Carlos L. Cubillos
Gálvez
Manuel Cortes Joo
Roberto S. Chaer Vásquez
Washington Cid
Urrutia
Jacqueline Droully
Yurich
Luis E. Durán Rivas
Muriel Dockendorff Navarrete
Jorge H. D’Orival Briceño
Bernardo de Castro López
Félix de la Jara
Goyeneche
Jorge Espinoza
Méndez
Modesto S. Espinoza
Pozo
Martín Elgueta
Pinto
Adolfo A. Espejo
Gómez
Luis F. Fuentes
Riquelme
María Teresa Eltit
Contreras
Julio Flores Pérez
Albano A. Fiorasco
Chau
Néstor A. Gallardo
Agüero
Luis J. Guajardo
Zamorano
Héctor M. Garry
Hermosilla
Rodolfo V. González
Pérez
Gregorio A. Gaete
Farías
Alfredo G. García
Vega
Carlos A. Gajardo
Wolff
Hernán G. González
Inostroza
María E. González
Inostroza
Jorge A. Herrera
Cofré
Juan E. Ibarra
Toledo
José A. Jara Castro
Mauricio Jorquera
Encina
María I Joui
Petersen
Sergio H. Lagos
Hidalgo
María C. López
Stewart
Violeta del C.
López Díaz
Ofelio de la Cruz
Lazo Lazo
Eduardo E. Lara
Petrovich
Mónica LLanca
Iturra
Ramón I. Labrador
Urrutia
Juan A. Molina
Mogollones
Sergio Montecinos
Alfaro
Pedro Merino Molar
Leopoldo Muñoz
Andrade
Germán Moreno
Fuenzalida
Eduardo F. Miranda
Lobos
Rodolfo Marchant
Pereira
Eduardo A. Morales
Chaparro
Eugenia del C. Martínez
H.
Agustín A. Martínez
Meza
Juan B. Maturana Pérez
Zacarías Machuca
Muñoz
Ramón Núñez
Espinoza
Marta A. Neira
Muñoz
Jorge Olivares
Graindorge
Jorge E. Ortiz
Moraga
Gary N. Olmos
Guzmán
Nilda P. Peña
Solari
Mario F. Peña
Solari
Pedro E. Poblete
Córdova
Isidro Miguel Pizarro
Meniconi
Vicente Palominos Benítez
Carlos F. Pérez
Vargas
Luis Jaime Palomino
Rojas
Juan C. Perelman
Ide
Marcos Quiñones
Lembach
Asrael L. Retamal
Anselmo O. Radrigán
Plaza
Agustín Reyes González
Sergio Reyes
Navarrete
Jaime Robotham
Bravo
Daniel Abraham
Reyes Piña
Hugo Ríos Videla
Gerardo E. Silva
Zaldivar
Carlos Salcedo
Morales
Claudio Silva
Peralta
Ariel Salinas
Argomedo
Marcelo E. Salinas
Eytel
Fernando Silva
Camus
Miguel A. Sandoval Rodríguez
Enrique Toro Romero
Teobaldo Tellos
Garrido
Bárbara Uribe
Tamblay
Rodrigo E. Ugaz
Morales
Edwin Van Jurich
Altamirano
Gilberto Urbina
Chamorro
José C. Villagra
Astudillo
Manuel J.
Villalobos Díaz
Jaime Vásquez Sáenz
Víctor M.
Villarroel Gangas
Héctor Zúñiga Tapia
Eduardo H. Ziede
Gómez
***Información
disponible en el Sitio de Internet del Centro Estudios Miguel Enríquez - CEME
Hoy martes 24 de Julio del 2001, a las 11.30 horas frente a la Catedral#
EXIGIMOS REPARAR LA GRAN MENTIRA PUBLICADA EL 24 DE JULIO DE 1975
Estamos aquí para
exigir a los diarios La Segunda, El Mercurio, La Tercera y Las Ultimas
Noticias, y a todos los medios de comunicación, que publiquen con grandes
titulares la verdad que ocultaron el 24 de julio de 1975.
Ese día, los medios
publicaron en primera plana un listado de 119 nombres de chilenos, mostrándolos
como asesinados en el exterior a manos de sus propios compañeros o en
inexistentes combates guerrilleros en Argentina.
Encubrieron así su
desaparición en manos de la DINA, desde centros de tortura como Villa Grimaldi
y Londres 38. A partir de las listas elaboradas por sus propios familiares para
denunciar sus casos, la DINA fabricó ese montaje, en colaboración con los
servicios de inteligencia del Cono Sur, en el marco de la Operación Cóndor,
publicándolo en revistas creadas para la ocasión en Brasil y Argentina.
Nosotros no
olvidamos esos titulares: La Segunda "Exterminan como ratas a miristas";
La Tercera: "Matanza entre miristas deja al descubierto burda maniobra
contra Chile"; El Mercurio: "Guerra entre miristas" y Las
Ultimas Noticias: "Sangrienta vendetta interna hay en el MIR".
Nosotros exigimos
hoy que esos medios, y Televisión Nacional publiquen la verdad.
A 26 años de esa
gran mentira, la verdad comienza a abrirse paso. Pero el escandaloso
sobreseimiento del principal responsable de los crímenes,
Pinochet, revela
una vez más que las presiones militares y políticas pesan más que las pruebas.
Por eso seguimos con atención las investigaciones relativas a lo ocurrido en
Villa Grimaldi, esperando que el poder judicial no dé un nuevo espectáculo de
denegación de justicia.
Por decisión del
juez Juan Guzmán hoy permanecen detenidos algunos de los responsables de estas
119 desapariciones, que operaron en Villa Grimaldi: el ex director de la DINA
Manuel Contreras; el oficial a cargo de ese centro de tortura, Marcelo Moren
Brito; el jefe de la Brigada Águila, Miguel Krassnoff Marchenko, a cargo de la
represión al MIR; y los miembros de su grupo operativo, Basclay Zapata y
Osvaldo Romo Mena, todos procesados como autores de secuestro calificado,
homicidio y asociación ilícita. Nosotros estimamos que deben ser juzgados por
el delito de asociación ilícita genocida en contra de una organización
política, el MIR.
La falsedad de la
información divulgada entonces por los medios quedó rápidamente al descubierto.
Los familiares continuaron denunciando incansablemente la desaparición de sus
seres queridos. Los presos políticos del campo de concentración de Puchuncaví
realizaron durante 9 días una huelga de hambre exigiendo una respuesta sobre el
destino de las personas mencionadas en las listas, dando testimonio de haber
visto en su paso por centros de detención a la mayoría de los 119 chilenos
dados por muertos en el exterior. Los ex presos que sobrevivieron a la prisión
y al exilio son testigos de cargo en la causa que lleva el juez Guzmán.
Nuestros familiares
y compañeros, formaban parte de una misma generación. La mayoría tenía menos de
25 años al momento de su detención; diez eran menores de edad y sólo dos eran
mayores de 60 años. Entre las 20 mujeres, Jacqueline Drouilly tenía 25 años, y
hacía tres meses que esperaba su primer hijo. Casi todos los detenidos habían
sido dirigentes estudiantiles, sindicales, gremiales y miembros de diversas
organizaciones sociales y políticas. 94 de ellos pertenecían al MIR, 9 al
Partido Socialista, 7 al Partido Comunista y uno al MAPU. Aunque en su mayoría
eran estudiantes, también había empleados, profesionales, artistas y obreros.
Su memoria es parte
de nuestra historia y de la del pueblo de Chile. Llamamos a los medios de
comunicación y a los chilenos democráticos a asumir esa historia y a exigir con
nosotros, verdad y justicia.
#Familiares,
Amigos (as), y Compañeros (as) de los Militantes del MIR caídos en la lucha
antidictatorial.
Información disponible
en el Sitio de Internet del Centro Estudios Miguel Enríquez - CEME
OPERACIÓN COLOMBO O LA EXTREMA CRUELDAD DE PINOCHET##
Mario Amorós
Diario 16; 4 de septiembre de 2000
Hace 25 años, a
mediados de 1975, la dictadura chilena orquestó una perversa campaña de desinformación
para convencer a la opinión pública nacional e internacional de la inexistencia
de detenidos desaparecidos. Su eje fue la publicación de dos listas de 119
detenidos desaparecidos en Argentina y Brasil, hecho que demostró por primera vez
a sus familiares que habían sido asesinados.
Entre abril y julio
de 1975 la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía política)
planificó y ejecutó una siniestra campaña de desinformación cuyo objetivo era
convencer a la opinión pública nacional e internacional y a los organismos de
defensa de los derechos humanos de la inexistencia de personas desaparecidas en
Chile. Para intentar ocultar sus crímenes y perpetuar la impunidad, la junta
militar contó con la colaboración de los medios de comunicación y de la agencia
de noticias norteamericana UPI, así como de los servicios de inteligencia y de
la extrema derecha de Argentina.
En los primeros
días de julio de 1975, cuando arreciaban las críticas internacionales contra la
actuación represiva del régimen y los familiares de las víctimas ya habían
presentado recursos de amparo sin resultado alguno, Pinochet impidió que una
Comisión Especial de Naciones Unidas investigara las violaciones de los
derechos humanos y el paradero de los detenidos desaparecidos.
En este contexto,
el 15 de julio de 1975 se publicó en Buenos Aires el único número del semanario
Lea, que en un amplio reportaje titulado "La Vendetta Chilena" citaba
los nombres de sesenta militantes del guevarista Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) de Chile que habrían sido asesinados por sus propios
compañeros en distintos países de América Latina y Europa. "Alrededor de
sesenta extremistas chilenos han sido eliminados en los últimos tres meses por
sus propios compañeros de lucha en un vasto e implacable programa de venganza y
depuración política...", aseguró Lea.
La distribución de
su único número estuvo a cargo de la editorial Codex, que dependía entonces del
Ministerio de Bienestar Social, cuyo titular era José López Rega, El Brujo, uno
de los fundadores de la ultraderechista Triple A (Alianza Anticomunista
Argentina), imputada en más de mil asesinatos y desapariciones entre 1974 y
1977.
A partir del 19 de
julio la prensa chilena se hizo eco de esta falsedad a través de un teletipo de
UPI cuyo encabezamiento rezaba: "Extremistas chilenos se matan entre
ellos". El diario La Tercera, por ejemplo, empleó titulares como "El
MIR ha asesinado a 60 de sus hombres". Además, el 24 de julio el
vespertino La Segunda reprodujo, bajo el indecente título "Exterminan como
ratas a miristas", una información falsa ofrecida el 17 de julio por el
periódico O'Dia de Curitiba (Brasil), que renació sólo aquel día tras muchos
años sin publicarse. O'Día nombraba a los 59 militantes del MIR que habrían
"muerto", habrían sido "heridos" o se habrían
"evadido" tras los supuestos dos últimos enfrentamientos entre la
policía de Salta (Argentina) y grupos guerrilleros.
Desde abril la DINA
había preparado a la opinión pública para que la aparición de ambas listas lograra
la mayor credibilidad a fin de imputar sus crímenes a las propias víctimas.
Así, habían hecho aparecer en Argentina cuatro cadáveres mutilados que
corresponderían a los ciudadanos chilenos David Silberman, Jaime Robotham, Luis
A. Guendelman y Juan Carlos Perelman, quienes habrían sido asesinados por el
MIR.
Otra mentira.
Además, los cuerpos no pertenecían a estos detenidos desaparecidos. De los cuatro,
sólo Robotham y Perelman aparecen entre los 119.
También en estas
acciones participó la Triple A argentina ya que en el trapo donde supuestamente
el MIR se atribuía el asesinato de Silberman aparecía la firma "MMM",
siglas que, según señala Stella Calloni en su libro Los años del lobo,
correspondían a la Milicia Nacional Justicialista, grupo integrado en la Triple
A.
Asimismo, desde el
6 de junio la prensa chilena estaba publicando con gran estruendo una serie de
noticias destinadas a convencer a la opinión pública de la existencia de
guerrilleros chilenos al otro lado de los Andes que preparaban incursiones en
su propio país. Titulares como "Ejército guerrillero forman contra
Chile" o "Extremistas chilenos se adiestran en Tucumán", ambos
de La Tercera, intentaron convencer a la población del supuesto
"peligro" que amenazaba al país y por tanto obtener su comprensión
hacia la implacable represión desatada por el régimen.
A partir de todas
estas falsedades y utilizando a unos medios de comunicación que cayeron en las
prácticas más abyectas, el régimen emprendió una despiadada campaña para
humillar a los familiares de los detenidos desaparecidos y a los organismos que
les prestaban apoyo, como el intereclesial Comité de Cooperación para la Paz.
Valga como ejemplo que La Tercera llegó a afirmar que "las pseudo
organizaciones humanitarias comenzaron a desprestigiar al Gobierno, acusándolo
en los recursos de amparo de que la Policía y los servicios de inteligencia
detenían a 'inocentes' (...) Ahora se confirma que esos extremistas jamás
fueron detenidos y que en cambio lograron salir del país...".
No era ésta la
primera campaña de desinformación auspiciada por Pinochet. Poco después del golpe
de estado del 11 de septiembre de 1973, la junta militar, con la ayuda de
expertos de la CIA, inventó el Plan Z y publicó el Libro Blanco del cambio de
gobierno en Chile para justificar la asonada golpista con el argumento
delirante de que el presidente Salvador Allende pretendía instaurar una
dictadura marxista. Durante años Pinochet y sus partidarios han recurrido tanto
al Plan Z como a la Operación Colombo para explicar el quiebre democrático y
negar sus terribles crímenes.
Sin embargo, en
1991 el Informe Rettig, que recogió los crímenes del pinochetismo, confirmó que
esas 119 personas (cien hombres y diecinueve mujeres, menores de treinta años y
militantes del MIR en su gran mayoría) fueron detenidas, torturadas,
encarceladas, asesinadas y hechas desaparecer por agentes de la DINA. Fueron
secuestradas entre el 23 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975. De 94 de
ellas había antecedentes concretos sobre la forma en que habían sido detenidas
y 106 de ellas habían sido vistas en distintas centros de tortura clandestinos,
como Londres 38, José Domingo Cañas, Cuatro Álamos o Villa Grimaldi. Aún hoy se
desconoce por qué la DINA escogió los nombres de estos desaparecidos para elaborar
las listas.
En 1978, un agente
de la DINA, Enrique Arancibia Clavel, confirmó la existencia de la Operación Colombo
durante un interrogatorio al que fue sometido por oficiales del Servicio de
Inteligencia del Estado (SIDE) argentino, en un momento en que las dictaduras
de ambos países se disputaban la soberanía del austral canal del Beagle.
Además, los agentes del SIDE le incautaron, entre otros documentos, células de
identidad de cinco personas que aparecieron en las listas de los 119.
"En 1975 con
motivo de la llegada a Buenos Aires de otro agente de la DINA llamado Iturriaga
[Raúl Iturriaga Neumann, jefe del departamento exterior de la DINA], en esa
época mayor del ejército, vuelvo a contactar a Ciga Correa [miembro de la
Milicia Nacional Justicialista], ya que transcurridos algunos días de la
llegada de Iturriaga, éste me refiere que volvía a Chile en razón de haber
fracasado en su objetivo. Inquiriéndole sobre los motivos de su fracaso y
sugiriéndole la posibilidad de ayudarlo, Iturriaga me informa que su misión es
hacer aparecer en Argentina a un subversivo chileno cuyo nombre es Simelman
[David Silberman], o algo parecido, muerto en Chile, habiendo bautizado este
operativo como Operación Colombo", confesó Arancibia.
La Operación
Colombo fue el precedente más inmediato del Plan Cóndor, que se creó de manera
oficial a finales de noviembre de 1975 en Santiago de Chile a iniciativa del
coronel Manuel Contreras (jefe de la DINA), según explicó, a partir de
documentos desclasificados por Estados Unidos, el prestigioso investigador
norteamericano Peter Kornbluh en la revista mexicana Milenio hace un mes. A
partir de entonces, y con el apoyo de Washington, las dictaduras militares de
Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia estrecharon su colaboración
en su sangrienta cruzada antimarxista.
El dolor de los familiares
En 1994 el Comité
de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) publicó La gran mentira. El caso
de las "Listas de los 119", un exhaustivo estudio sobre la Operación
Colombo. Este informe denuncia que la dictadura recurrió a "la violencia
dirigida a producir una ruptura a nivel del psiquismo, actuando directamente
sobre las emociones, sobre los sentimientos más simples y más primarios. Es la
violencia que se utiliza para conseguir el objetivo fundamental del 'Nuevo Poder':
el control social y el control individual que paulatinamente se obtiene a
través del control de las conciencias".
El impacto
psicológico de aquel siniestro ejercicio de manipulación informativa sobre los familiares
de los 119 detenidos desaparecidos fue "agudo y brutal", según
CODEPU, ya que por primera vez tuvieron la certeza de que sus seres queridos
habían sido asesinados. La madre de una víctima recordó así los primeros
momentos: "Me encerré en el baño, ahí en el Comité, lloraba y lloraba.
Luego me levanté y, sin poder contenerme, gritaba mientras me golpeaba la cabeza
contra las paredes de un lado a otro. No podía ser..." Otra madre aseguró
que aquellos días "se consumó la burla de la dictadura, su terrible
crueldad".
Cada año, en julio,
los familiares de Gabriela Uribe, de Martín Elgueta, de María Cristina López, de
Mario Fernando y Patricia Peña..., de los 119, se reúnen con sus fotografías y
sus nombres para volver a preguntar, una vez más, "¿Dónde están?" y
para exigir de nuevo verdad y justicia. En 1975. estas personas acudían a
diario a la sede del Comité de Cooperación para la Paz para realizar todos los
trámites posibles a fin de hallar a sus familiares detenidos desaparecidos. Sin
embargo, aquel golpe terrible de la dictadura les planteó la necesidad de
intensificar su unidad y su lucha y así nació la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos. "Nos dimos cuenta que estábamos ante una
maquinaria de exterminio tan poderosa que atravesaba nuestras fronteras y por
ello decidimos organizarnos", me explicó hace tres años Sola Sierra, su primera
presidenta.
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