
Buenos Aires y varias ciudades importantes
de Argentina[1]
permanecieron este martes 31 con el transporte público totalmente paralizado,
sin actividad aérea ni portuaria, con una exigua atención por parte de los
servicios públicos, las actividades industrial y bancaria mermadas, y con
cortes de rutas en los principales accesos urbanos debido a una huelga de 24
horas en demanda de la reducción de un impuesto a los salarios, gravamen que
pretende aplicar el gobierno justicialista a la llamada “Ganancia” de estos.
Esta
es la cuarta medida de fuerza laboral durante el gobierno de la presidenta
Cristina Kirchner, quien asumió el poder en 2007 y finaliza su segundo mandato
a fin de año. Eso sí, debemos ser claros: los sectores convocantes a éste nuevo
paro nacional pertenecen a la burocracia sindical[2],
generalmente peronista, aunque disidente de la línea kirchnerista. Asimismo,
otros dirigentes que los critican, aunque validando las razones de la presente
convocatoria, militan en partidos del establishment[3] e incluso
reconocen filas en la oposición de derecha al gobierno.
En
suma, no podemos decir que sea una línea clasista y de izquierda la que esté
liderando la paralización. No obstante, las disminuidas fuerzas izquierdistas
apoyan la movilización nacional, diferenciándose de la convocatoria realizada
por los sindicatos levantando piquetes (barreras humanas y con materiales
diversos) en las entradas principales de varias ciudades y de grandes empresas,
públicas y privadas. Además, aprovechan de propagar sus ideas en las asambleas
sindicales, en la calle, en el contacto con los ciudadanos de a pie, o a través
de los pocos medios de difusión de los que disponen.
Digamos
algo sobre la causa inmediata de ésta paralización nacional. En rigor, el impuesto
a las ganancias para la cuarta categoría existe y hace rato en Argentina, pero
no estaba orientado directamente a los ingresos de la fuerza laboral. Sin
embargo, desde 2014 el gobierno del peronismo kirchnerista, aguijoneado por la
falta de dinero fresco, decidió echar mano supuestamente como medida de emergencia
a un impuesto progresivo dirigido a los salarios sobre 15 mil pesos argentinos (unos
US$ 1.700) y con un tope de 35%. CFK, incluso, llegó a decir que con ello se
apoya el cumplimiento de diversos planes económicos[4]. Según
el ministro de Economía, el “ruso” Axel Kicillof, el