LAS TURBIAS REDES DE ENEL, LA QUE DEJO A OBSCURAS A CIENTOS DE MILES DE CHILEN@S

“Las redes de Enel: La compañía eléctrica que dejó a oscuras a gran parte de la capital”

La atención está puesta en la débil inversión en infraestructura y en la mantención de los tendidos eléctricos, que nuevamente ese fin de semana generó complicaciones para una cantidad importante de clientes. Varias voces piden más regulación y fiscalización. Sin embargo, salvo el riesgo de multas, el monopolio del servicio se mantiene, pues las redes de Enel se mantienen óptimas y encendidas al alero del poder

En Radio-Diario U. de Chile –public. 17/7/17

Nuevamente este fin de semana miles de personas se quedaron a oscuras. Un escenario que ha sido reiterado después de las lluvias y temporales registrados en la zona central del país. Así, desde el sábado, las comunas de Las Condes, Vitacura, La Reina, Providencia, El Bosque, Padre Hurtado, Maipú, entre otras, vieron suspendido el servicio eléctrico, durante todo el fin de semana y, en algunos casos, la reposición fue intermitente y en otros simplemente no llegó, repitiéndose lo ocurrido solo hace algunas semanas atrás y donde la autoridad comprometió más fiscalización y mayores multas, pero hasta ahora nada.

Este lunes se cumplieron más de 50 horas donde muchos de los clientes afectados se vieron obligados a paralizar sus actividades en oficinas, centros comerciales y servicios técnicos por no contar con energía. El número de hogares sin suministro alcanzó los 46 mil según el balance de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), el domingo.

INCENDIOS: “NUESTRO SISTEMA DE EMERGENCIA ES EL MISMO DESDE HACE 40 AÑOS”

“Experto en incendios: ‘Nuestro sistema de emergencia es el mismo desde hace 40 años’”

El experto en gestión de emergencias, Michel De L´Herbe, afirmó que el país no cuenta con los elementos técnicos necesarios para enfrentar la crisis. Además, acusó a los organismos del Estado de enfrentar de manera fragmentada los incendios forestales que azotan nuestro país

Por Patricio López y Victoria Viñals

En Diario y Radio U. de Chile –public. 26/1/17

“Deberíamos estar impresionados o impactados, pero no sorprendidos. La verdad es que las condiciones estaban para lo que está ocurriendo y eso se sabía desde hace algún tiempo”, señaló en entrevista con la primera edición de Radio Análisis, el experto en gestión de emergencias, Michel De L´Herbe.

Funcionarios de Conaf exigen creación de Servicio Nacional Forestal

En 2012, a partir del análisis en el incendio en Torres del Paine, se observó la necesidad de incorporar mayor logística de combate a Conaf, lo que suponía una mayor cantidad de brigadas, de combate terrestre y una ampliación de la capacidad de combate aéreo.

A 6 AÑOS DEL 27F-2010 SOLO LAS INMOBILIARIAS HAN GANADO

Expertos en reconstrucción: “Los grandes ganadores del 27-F son las inmobiliarias”

El sábado se cumplen seis años desde el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. En este contexto, organizaciones de víctimas y especialistas realizaron un balance, apuntando a las lecciones no aprendidas y criticando la forma en la que el aparato público ha hecho frente al proceso de reconstrucción

En Radio U de Chile –Public. 25/2/16

Hace pocos días Gilda Grandón, directora regional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), reconoció que a seis años del terremoto 8.8 que afectó a la zona centro-sur del país, aún no estaban instaladas las alarmas en el borde costero de la región Biobío por problemas en las licitaciones.

Tampoco se reflexionó sobre la instalación de muchas comunidades que después de perderlo todo, volvieron a ser instaladas en los mismos lugares y bajo las mismas condiciones.

Las autoridades brindaron vivienda a los afectados, pero hay muchos que renunciaron a ellas y volvieron a la costa, como fue en el caso de los pobladores de Constitución, ya que se trataba de familias de pescadores, que por años hicieron su vida cerca del mar.

José Luis Gajardo, ex presidente del Movimiento “Talca con Todos y Todas”, afirmó que se ha visto una preocupación en perfeccionar los estándares de construcción, pero criticó la falta de seguimiento, control y fiscalización que gatillaron los derrumbes tras los sismos.

“El Estado chileno ha hecho un gran esfuerzo en términos de normas: normas técnicas, acústicas, normas estructurales; pero al momento de fiscalizar, la presencia es nula. La situación es compleja, porque cuando la vivienda ya está hecha no hay mucho que hacer”.

CATASTROFE EN EL NORTE; UNA VEZ MAS APARECEN LOS POBRES DE CHILE

Lluvias estivales afectan el altiplano frente a Chile y nuestros desiertos y valles se ven colmados por aluviones. Estos desbordan principalmente las hoyas de los ríos que, habitualmente, no portan agua durante el resto del año. Y los más afectados, suelen ser los habitantes de las zonas ribereñas de esos cursos y las comunidades urbanas que se han quedado atrás en el desarrollo desigual de nuestra formación  

Desde el pasado martes 24 empezaron a crecer los cursos de los ríos del Norte Grande y Chico, subsecuentemente al incremento de las lluvias en el altiplano. En unas pocas horas, todo se convirtió en un extenso maremoto que transmutó la árida cara de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

En esta ocasión, al igual como ocurrió con el aviso del NOAA yanqui sobre la ocurrencia de maremoto, en aquel fatídico 27F, no existió ninguna previsión, ni menos acciones, por parte de las autoridades políticas y técnicas (ONEMI) frente a unas lluvias especialmente abundantes que se habían anunciado, previamente, el domingo 22[1]. Ninguna de ellas atendió el oportuno aviso sobre el evento meteorológico anómalo pronosticado,[2] lo que las coloca nuevamente en entredicho y como objeto de acusaciones.    

Tal responsabilidad se ve refrendada por otras fuentes. "Sabíamos lo que iba a ocurrir. El sábado y domingo ya mostraban signos de precipitaciones que fueron las que luego se manifestaron a los 4 o 5 días" y "El servicio meteorológico advirtió sobre este fenómeno". Estas aseveraciones[3] corresponden a René Garreaud, subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia.

Los aluviones de agua y barro se han saldado, hasta hoy[4], con diez muertos, 19 desaparecidos, 20 heridos, 4.634 damnificados y 5.584 albergados[5], además de cuantiosos daños materiales. La presidenta y los funcionarios de su gobierno se ha volcado a los distintos lugares de mayor importancia administrativa, con una actuación que raya en el exhibicionismo mediático, pero sin atender a las problemáticas de fondo: salud, vivienda, educación, desarrollo económico para las deprimidas comunidades afectadas, etc.  

El motor primigenio del drama actual es el cambio climático, sin duda. Claro que se nos puede decir que la lluvia no es el problema, sino que los aluviones. En esto, concordamos con Garreaud, quien asevera que existe conocimiento sobre el tema a nivel internacional, "pero en Chile, no lo hemos adoptado. Estamos un poco en déficit en ese sentido. Ahí, tenemos mucho que mejorar". Puede ser, pero ello significa que nuestro país debiera avanzar en la investigación científica respecto de sistemas que permitan traducir las lluvias pronosticadas en probabilidades de aluviones. En esa exploración, que debe considerar toda una serie de factores y variables, como las estadísticas de lluvias y temperaturas a lo largo del tiempo, la estratigrafía de las diversos niveles, la forma y comportamiento de los ríos, etc., por cierto que se tienen que invertir muchos más recursos públicos que los miserablemente asignados en la actualidad[6].  

Con todo, lo que nos interesa resaltar es otra arista de la crisis que afecta a las comunidades de nuestro norte. Antes bien, destacar que ese drama no sólo se debe a un exceso de lluvias.

EL VATICANO CONTRADICE DISCURSO ANTIPEDOFILIA Y CONFIRMA A COMPLICE DE KARADIMA COMO OBISPO

El designado obispo de la diócesis de Osorno, Juan Barros Madrid, "hizo todo el trabajo sucio de Fernando Karadima" y se le acusa de amenazas a seminaristas, encubrimiento de abusos sexuales y ruptura del secreto de confesión. Asimismo, cual si fuera una cloaca, en Los Lagos oficia como director de ONEMI Alejandro Vergés, un ex oficial de ejército, encubridor del asesinato de una joven en plena dictadura cívico-militar

Como era esperable, aun a desprecio del discurso que oficialmente gusta utilizar el papa Francisco, de transparencia y condena frente al abuso infantil por miembros del clero, la Nunciatura Apostólica; es decir, la voz del Vaticano en Chile, dijo ayer[1] que: “renueva su confianza y apoyo a S.E. Mons. Juan Barros Madrid, Obispo electo de la Diócesis de Osorno.”

Con ello, el gobierno vaticano y la jerarquía eclesiástica local dan a entender que simplemente se pasaron por buena parte todas las peticiones provenientes de muchos sectores sociales, de la feligresía osornina y de representantes políticos de variados colores, respecto a reconsiderar el que fuera designado (no ‘electo’, como dice la declaración de la Nunciatura) un clérigo como nuevo Obispo de Osorno, Juan Barros Madrid, el que claramente está vinculado con las aberraciones cometidas con ocasión del caso Karadima.

Es francamente destemplado y contradictorio que la Nunciatura exhorte, “a ir adelante en el camino de conversión y fortalecimiento del corazón, que el Santo Padre ha invitado a recorrer mediante el Mensaje pontificio enviado para la Cuaresma 2015", en circunstancias que nadie ha sabido que el cuestionado cura Barros haya mostrado su conversión y, consecuentemente, haya fortalecido el corazón de los niños y jóvenes abusados en la corte de Karadima expresando su sincero arrepentimiento por haber participado de tales prácticas criminales e inmorales.

Recordemos que en una carta enviada el pasado día 3 de febrero[2] al nuncio apostólico en Chile, Ivo Scapolo, el que fuera una de las víctimas de Karadima, Juan Carlos Cruz, denunció que el nuevo obispo de la diócesis sureña "hizo todo el trabajo sucio de Fernando Karadima" y le acusa de amenazas a seminaristas, encubrimiento de abusos sexuales y ruptura del secreto de confesión.

Karadima, un influyente sacerdote octogenario que formó a cinco obispos chilenos y casi medio centenar de sacerdotes, fue considerado en febrero de 2011 por el Vaticano culpable de cometer abusos sexuales y le condenó a una vida de oración y penitencia. Además, en noviembre de 2011 la justicia chilena determinó que el religioso cometió abusos contra cuatro feligreses entre 1981 y 1995, cuando tres de ellos (Juan Carlos Cruz, Jimmy Hamilton y José Andrés Murillo) eran menores de edad, aunque consideró que los delitos habían prescrito (¡¿?!).

Apoyamos e impulsamos el clamor de la comunidad católica de Osorno, en términos de repudiar esta imposición obscena de un cura que carece de toda moral y en quien no anida el espíritu de un verdadero cristiano. Por cierto, se debe insistir en la realización de movilizaciones de las comunidades de base, de laic@s y de religios@s, como las llevadas a cabo en estas semanas, a fin de hacer público el malestar y el hastío por la injusta medida. Barros, si es que tuviese algo de decencia, debiera renunciar a la espuria designación y a la iglesia.

EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS SE AMPARAN, OFICIALMENTE, UN ENCUBRIDOR DE ASESINATO Y UN PEDOFILO

Si bien la región de los Lagos no se destaca porque prime en ella el progresismo, no se merece que en cargos oficiales se enquisten un encubridor de un crimen relacionado con DDHH, nos referimos al encargado regional de la ONEMI Alejandro Vergés, y un implicado en actividades de pedofilia y ahora premiado como obispo de Osorno por El Vaticano, el cura Juan Barros.

El enquistamiento de ese par de indeseables individuos comenzó el 1° de diciembre pasado, cuando asumió como encargado de la oficina regional de ONEMI el ex coronel de ejército Alejandro Vergés Castillo. El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en la zona, Alfredo Argel, manifestó entonces su consternación por la vinculación que tiene el ex uniformado con el caso de Gloria Stockle, el cual está catalogado en el Informe Rettig como un crimen de Estado.^[1] El representante de los familiares de las víctimas de la dictadura, señaló que el vínculo del actual director de la ONEMI está claramente consignado en el expediente judicial sobre el alevoso crimen de la mencionada mujer.

 Para que no olvidemos, como quieren los interesados de la Nueva Mayoría (NM) y de la derecha, recordemos que Gloria Stockle, 21, fue asesinada hace 31 años. El 30 de enero de 1984, dos niños jugaban a las orillas del río Copiapó, en la Región de Atacama, cuando se toparon con un extraño bulto que les llamó la atención. Al acercarse y mirarlo bien quedaron choqueados, pues era el cuerpo semidesnudo de una joven el que yacía sumergido boca abajo en la ribera norte del lecho, oculto entre matorrales de totora. Cuando la policía revisó el cadáver notó que la mujer había sido brutalmente golpeada, sobre todo en el cráneo. La ropa desgarrada que localizaron a un par de metros indicaba que la fallecida, además, había sido víctima de violencia sexual. Sólo 27 años después, en abril de 2011, una sentencia dictada por Álvaro Carrasco Labra, ministro en visita extraordinario del Primer Juzgado de Letras de Copiapó,^[2] sancionaría a los responsables^[3].

Si bien los sentenciados por el crimen de la muchacha fueron el entonces capitán Mario Martínez Villarroel (retirado como teniente coronel), el teniente Sebastián Flores Cañas (retirado como mayor) y el entonces vicecónsul de Italia en Copiapó, el civil Ivo Lingua Latorre, no es menos cierto que Vergés sale mencionado en tres ocasiones en el sumario de la causa rol Nº 28.541 del 1er Juzgado de Letras de Copiapó. Además, testigos aseguran que se encontraba en el casino esa fatídica noche y que debe saber la verdad sobre lo ocurrido, pero ha callado durante tres décadas, al igual que el resto de sus ‘valientes’ compañeritos de correrías castrenses.

Luego del despropósito político-administrativo anterior, resulta que el 10 de enero pasado la Nunciatura Apostólica[4] anuncia que Juan de la Cruz Barros Madrid, un discípulo del condenado por pedofilia Fernando Karadima y hasta ese momento obispo castrense de Chile, era nombrado obispo de la diócesis de Osorno por el papa Francisco. La información entregada por la Nunciatura omitía que Barros, quien debería asumir el próximo 21/03, es uno de los cuatro obispos formados por el sacerdote Fernando Karadima[5], junto a Andrés Arteaga, Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela. Tampoco hacía referencia al hecho que en 2011 tuvo que prestar declaración[6] en calidad de testigo ante la ministra en visita Jessica González, que investigaba los abusos sexuales cometidos por el ex párroco de El Bosque.

ALEJANDRO VERGES, EX MILICO MEZCLADO EN CASO DE DDHH, SE RESISTE A RENUNCIAR A ONEMI

El actual director de la Onemi en la Región de Los Lagos, Alejandro Vergés, aseguró, muy orondo él, que no dejará el cargo y desestimó las críticas de las agrupaciones de Derechos Humanos por su vinculación con el emblemático caso del asesinato de la joven Gloria Stockle, ocurrido bajo dictadura.

En conversación con Radio Bío Bío,[1] Alejandro Vergés rechazo las acusaciones de las agrupaciones de DDHH en torno a su participación en el crimen de la universitaria, ocurrido en Copiapó en 1984. Para el que fuera coronel de ejército, asignado al regimiento de Infantería Motorizada de esa ciudad al momento en que ocurrió el crimen (28/01/84), lo que dichas organizaciones manifiestan es una apreciación personal (¿?) muy distinta a lo que ha determinado la justicia y cree que sus acusaciones son infundadas, asegurando que no está dispuesto a dejar el cargo.

Debemos recordar que, en su oportunidad,[2] dirigentes locales y nacionales de diversas agrupaciones criticaron la nominación y entronización del mentado Vergés en el cargo de director regional de emergencias, pues era conocida su vinculación en el caso. Inclusive, las agrupaciones emplazaron a la presidenta Bachelet en su calidad de víctima de la dictadura a dar señales claras en torno a la política de reparación del actual gobierno.

Para refrescar la memoria, digamos que tuvieron que pasar 27 años luego del brutal crimen de Gloria para que, en abril de 2011, una sentencia dictada por el ministro en visita extraordinario del Primer Juzgado de Letras de Copiapó,[3] sancionara a los responsables.[4]

Al dolor de su pérdida, la familia de la joven víctima debió sumar la impotencia cuando, en búsqueda de una esquiva justicia, chocaron constantemente con pérdidas de documentos, diligencias negadas por parte del ejército y escasísima colaboración de quienes asistieron esa noche a la desgraciada fiesta en el Casino de Oficiales del Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23 de Copiapó, donde Vergés Castillo estaba asignado como alférez en aquel tiempo.

De acuerdo al fallo judicial emitido en 2011, esa noche del 28 de enero de 1984 se realizaba una orgía en el casino del recinto castrense y allí Gloria Stockle fue vista discutiendo y forcejeando con un par de personas, a las que se sumaría un cuarto involucrado. Según el relato de testigos que declararon en el proceso, la joven fue forzada a tener relaciones sexuales y luego fue violentamente golpeada hasta la muerte dentro del recinto militar. Luego, los restos de la víctima fueron cargados hasta un auto y trasladados hasta la orilla del río donde posteriormente fue hallada. Si bien los sentenciados por el crimen de Gloria Stockle fueron el entonces capitán Mario Martínez Villarroel (retirado como teniente coronel), el teniente Sebastián Flores Cañas (retirado como mayor) y el entonces vicecónsul de Italia en Copiapó, el civil Ivo Lingua Latorre, no es menos cierto que Vergés sale mencionado en tres ocasiones en el sumario de la causa rol Nº 28.541 del 1er Juzgado de Letras de Copiapó. Además, testigos aseguran que éste individuo se encontraba en el casino esa fatídica noche y que debe saber la verdad sobre lo ocurrido, pero ha callado durante tres décadas, al igual que el resto de sus ‘valientes’ compañeritos de correrías castrenses, todos los cuales guardan un pacto de silencio por éste y otros muchos casos de atropellos a los derechos fundamentales.

La mantención en el cargo de Vergés es una bofetada a todas las víctimas de DDHH, una afrenta a la dignidad social y viene a demostrar que el gobierno y la NM definitivamente no escuchan a las organizaciones de DDHH ni a la ciudadanía en general. De hecho, el representante del ejecutivo en la región de Los Lagos, el PPD Nofad Abud, sólo le ha restado mérito a la vinculación del milico de marras en el caso Stockle.

No obstante, agradezcamos que le queda poco en el cargo al insensible e inservible intendente, pues ya en diciembre se comentaba en diferentes medios nacionales y regionales que el cambio en los equipos de intendencias sería inminente,[5] y el nombre que más se ha repetido dentro de estos eventuales cambios es el del Nofal Abud, el que no contaría con el respaldo de algunos parlamentario de la zona y menos de algunos partidos de la Nueva Pillería. Es más, hasta el presi del Partido ‘Socialista’ regional, Manuel Ballesteros, ha calificado de “vergüenza” el hecho de que el intendente Abud defienda al actual director regional de ONEMI, Alejandro Vergés, quien está "involucrado en violaciones a los derechos humanos".

Eso sí, ¡no vaya a ser cosa que se vaya Abud y se quede el milico Vergés! Gloria Stockles, su familia, la región de Los Lagos y Chile no nos merecemos tal desdicha.

¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!

¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!

COLECTIVO ACCIÓN DIRECTA-CHILE

Enero 11 de 2015

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[1] http://rbb.cl/bog9

[2] http://acciondirectachile.blogspot.com/2014/12/nueva-mayoria-defiende-ex-militar.html

[3] http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ddhh.gov.cl%2Ffilesapp%2FSTOCKLE.doc&ei=f6KTVMWZOeu1sASpoYD4Aw&usg=AFQjCNFJKFL6VvMkFcm9B_eyElIg26mvkA&bvm=bv.82001339,d.cWc

[4] http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2011/04/63-102012-9-tras-27-anos-crimen-de-gloria-encontro-culpables.shtml

[5] http://www.radiochiloe.cl/?p=25474

NUEVA MAYORÍA DEFIENDE A EX MILITAR IMPLICADO EN BRUTAL CRIMEN COMETIDO BAJO DICTADURA

Junto con saberse que apenas un 7% de los agentes del Estado procesados y condenados por atropellos a los DDHH durante la dictadura cumplen efectivamente penas de prisión, intendente de Los Lagos le resta mérito a la participación en un crimen cometido en un cuartel militar, en 1984, al flamante encargado regional de ONEMI Alejandro Vergés Castillo, entonces un aspirante a oficial en dicho cuartel.

Éste jueves 18 fue un día de derrotas en el ámbito de la justicia y del respeto a los derechos humanos en nuestro país, y en que quedó aún más en evidencia el deseo de la Nueva Mayoría (NM) por cubrir con el manto de la amnesia todo el horror de lo que implicó para nuestra sociedad la dictadura cívico-militar, 1973-1990. No obstante, ya debiéramos saberlo, dicha actitud de travestismo político le es consustancial a las fuerzas políticas del gobierno, las cuales cumplen con afán su rol de agente mantenedor de un sistema de dominación y explotación precisamente impuesto durante aquel obscuro período de nuestra historia.

Durante la misma jornada en que se devela, por parte del Programa de DDHH del Ministerio del Interior, que sólo 75 de 281 terroristas de Estado condenados por crímenes de lesa humanidad cumplen prisión efectiva, cantidad aún más miserable si se considera que son 1073 los ex agentes represivos los que han sido procesados y condenados,[1] en el mismo día nos informamos que, con toda la razón, indignadas se encuentran las agrupaciones de DDHH en la región de Los Lagos por la vinculación del recién asumido director regional de la ONEMI en un caso emblemático de los crímenes cometidos durante la dictadura.

El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en la zona, Alfredo Argel, manifestó su consternación por la vinculación que tiene el ex coronel del ejército Alejandro Vergés Castillo, con el caso de Gloria Stockle, el cual está catalogado en el Informe Rettig como un crimen de Estado.[2] El representante de los familiares de las víctimas de la dictadura, señaló que el vínculo del actual director de la ONEMI (asumido el pasado 1 de diciembre) está claramente consignado en el expediente judicial sobre el alevoso crimen de la mencionada mujer.

En el caso de la paupérrima cifra de los asesinos de los aparatos represivos dictatoriales con prisión efectiva, al menos el secretario ejecutivo del organismo público de DDHH, Francisco Ugás, tuvo la decencia de asegurar que, "las sanciones que han sido impuestas no son proporcionales a la gravedad de los delitos que se han cometido". Pero, en el caso de Los Lagos, su intendente, Nofal Abud, simplemente quiso hacernos pasar por una blanca paloma al ex milico: “no tengo antecedentes que permitan vincular al ex coronel con algún caso de violación de derechos humanos”, aseguró muy orondo. Y eso que la semana pasada no más, durante la entrega del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el vicepresidente ‘Rambo’ Peñailillo juraba de guata que, “de todos depende que en Chile fortalezcamos una verdadera cultura de derechos humanos. En definitiva, todos estamos llamados a construir una sociedad más inclusiva y equitativa, sustentada en respeto a los derechos fundamentales de todos y todas”.[3] Con razón, entonces, el compañero Argel apuntó que en el caso del ex uniformado de marras, ligado a un crimen de lesa humanidad y elevado a servidor público intachable, eran señales que van en contra del discurso público del gobierno.