Para 4 de los 6 imputados, la 4ª Sala de
la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la medida cautelar de prisión
preventiva que había determinado hace una semana, por representar un peligro
para la sociedad. No obstante, en estos días se ha hecho evidente que el
Servicio de Impuestos Internos (SII) está jugando un rol entorpecedor de las investigaciones
en torno al holding Penta y más allá, seguramente a fin de impedir que sepa de la
vinculación entre empresarios hoy cuestionados y elementos de gobierno y de la
Nueva Mayoría (NM).
LA CORTE NO SE TRAGO CONDUCTAS FILANTROPICAS Y
LA ‘COOPERACION’ DE LOS DUEÑOS DE PENTA
La
instancia, determinó hoy sábado mantener la prisión preventiva para 4 de los 6
imputados por el denominado Caso Penta y luego que las respectivas defensas
intentaran revocar la medida cautelar decretada tras la formalización de hace
una semana.
Así,
deberán permanecer cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo
cárcel Capitán Yáber, durante los 4 meses fijados para la investigación, los dueños
de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano; el ex subsecretario de
Minería de Piñera, Pablo Wagner; y el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos
Internos, Iván Álvarez. Este último, en todo caso, ya estaba encarcelado,
debido a sus reiterados robos al FUT cuando oficiaba de jefe del SII Oriente.
En
tanto, el magistrado Juan Escobar señaló que tras recibir los alegatos de todas
las partes, resolvieron revocar la prisión preventiva para el ex gerente de
Penta, Hugo Bravo y para el gerente de Contabilidad de la empresa, Marcos
Castro. Ambos deberán ahora cumplir con arresto domiciliario total y arraigo
nacional. Vale decir que para lograr su salida de Capitán Yáber, los abogados
defensores apelaron hasta la saciedad sobre la importancia para el proceso de
las confidencias que ambos hicieran sobre los ilícitos de Penta.
En
tanto, para Juan Martínez y Manuel Antonio Tocornal se mantuvo el arresto
domiciliario nocturno y arresto domiciliario total, respectivamente.
En
sus intervenciones, las defensas de los actuales internos de Capitán Yáber se
jugaron todos sus cartuchos para lograr convencer al tribunal y revertir la
prisión preventiva en contra de sus representados, o al menos cambiarlas por
arresto domiciliario total.
En
el caso de Carlos Alberto Délano, su defensa se centró en la trayectoria del
empresario, aduciendo incluso su participación en obras benéficas, como haber
formado parte del directorio de la Fundación Teletón. Esto, a juicio de los
abogados, contradice el hecho de que sea considerado un peligro para la
sociedad.
Respecto
de Hugo Bravo, su defensora, Catherine Lathrop, esgrimió dos causales para
lograr la libertad de su defendido: su precario estado de salud, el que sería
incompatible con su calidad de “peligro para la sociedad”; y por otro lado el
hecho de que su colaboración en la investigación fue inestimable en la
obtención de datos que permitieran el resto de las formalizaciones.
Finalmente,
sobre el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, su abogado reconoció que
por la cantidad y gravedad de delitos que se le imputan -incluído el cohecho-
es preciso otorgarle una medida cautelar, sin embargo pidió que esta sea
cambiada a arresto domiciliario total.
Tras
las presentaciones de los defensores, los querellantes presentaron sus
argumentos sobre sostener la medida de prisión preventiva en contra de los 6
imputados. Incluso, en el caso de Manuel Antonio Tocornal, se pidió aumentar su
cautelar desde el arresto domiciliario total a prisión preventiva. Por los demandantes,
no intervino el fiscal nacional Sabás Chahuán, sino sólo y directamente el
fiscal Carlos Gajardo, quien ha llevado la investigación del caso desde sus
inicios.
Una
de las alocuciones más importantes la tuvo el fiscal Gajardo, quien criticó el
intento de la defensa de culpar a la “mediatización” del caso por parte de la
prensa, como factor para ordenar la prisión preventiva de los imputados. “La
fiscalía sólo ha hablado en audiencias. Es la defensa la que se ha paseado por
los distintos canales y medios de prensa. Parece que la defensa olvida la
gravedad de los hechos que se le imputan a sus representados[1]”,
retrucó. De la misma forma, el fiscal pidió a los integrantes de la corte recordar
sí habían conocido antes de un caso con semejante número de delitos cometidos
de forma secuencial, considerando la gran cantidad de boletas y documentos
emitidos con el fin de evadir tributos y/o financiar campañas.
Precisamente
sobre este punto, Gajardo tuvo duras palabras. “Nadie pensaba el nivel de
relación entre los controladores de este grupo y determinados políticos”, fue
su sentencia.
¿Y QUÉ PASA CON EL SII QUE NO QUIERE EXPANDIR
LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS POLÍTICO-TRIBUTARIOS?
Se
ha ido levantando una especie de dique para poder investigar extensa y
profundamente todas las ramificaciones de los delitos político-tributarios
abiertos por Penta y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). Ese escollo
lo representa el SII.
Si
bien dicho servicio interpuso, en enero pasado[2], una
querella en contra del ex subsecretario Wagner que posibilitó la aparición de
la arista SQM en medio de la investigación por el Caso Penta y que involucra a
personeros de la Nueva Mayoría, dicha querella fue acotada lo que dejó un
periodo de años fuera de la investigación, decisión que la Fiscalía ha busca por
diversos medios revertir.
Recordemos
que durante los interrogatorios a la cuñada de Wagner, María Carolina de la
Cerda, se descubrió que la empresa SQM le había emitido pagos al encarcelado Wagner
a través de boletas “ideológicamente falsas” emitidas a nombre de ella. Con
estos antecedentes, el fiscal Gajardo recopila datos que le permitan ubicar a
una serie de personas que habrían emitido boletas, las cuales presumiblemente sirvieron
para financiar campañas políticas por conductos no legales y de lo cual se han
conocido en estos meses algunos nombres de beneficiados.
Resulta
que tales antecedentes fueron entregados al SII, que decidió presentar una
querella en contra de Pablo Wagner por delito tributario en el mes de enero, la
que luego fue reingresada. Si bien la primera acción judicial presentada por ese
servicio fiscal solicitaba investigar toda la documentación contable de los
años comerciales de la empresa, en el periodo comprendido entre 2009 y 2014,
luego la entidad decidió dar pie atrás con esto y restringió la solicitud sólo
a julio de 2009, dejando fuera los períodos eleccionarios resto de 2009-2010,
donde podrían caer varios derechistas aparte de los conocidos y muchos
campeones de la NM.
Para
el abogado Pedro Orthusteguy, representante de la Fundación Ciudadano Inteligente,
uno de los querellantes del caso Penta, es muy relevante que se pueda tener
acceso a dichos documentos porque permitiría esclarecer de mejor forma la
arista política del caso, “no se trata de igualar las situaciones en cuanto a
que esto es de toda la clase política. Lo que decimos es que durante un mes se
encuentran boletas vinculadas a dos funcionarios públicos y lo razonable es que
el Ministerio Público, con nuestra querella pueda incautar toda la contabilidad
de SQM para confirmar o descartar que existieran más políticos financiados por
Soquimich”, señaló. Además, el abogado sostiene que acceder a esta información
va en la línea de la estrategia de la fiscalía y que tiene en el punto de mira
a los políticos involucrados en el caso, “es muy probable que el próximo paso
que realice el Ministerio Público sea la formalización de parlamentarios, esa
es una decisión exclusiva de la Fiscalía y creo que la tomarán cuando tenga los
antecedentes necesarios para hacerlo”.
LA VETA SQM DE LOS DELITOS POLITICO-TRIBUTARIOS
Y LA RESISTENCIA DEL SII
El
pasado lunes 9, a eso de las 10:00, los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano
Arias llegaron hasta las oficinas de SQM para solicitar la información contable
del periodo que falta por investigar, es decir, desde el año 2009 hasta el 2014.
De no cooperar, se podría solicitar una orden judicial que permita requisar
dichos documentos. Recordemos que luego de analizar la primera información
–donde existen presuntos aportes irregulares a la campaña de Joaquín Lavín-, la
fiscalía analiza ahora información sobre otros 19 eventuales implicados en la
arista SQM. En este caso se indaga la presunta emisión de boletas y facturas
ideológicamente falsas para financiar campañas políticas.
Si
bien el ente persecutor ha llevado a cabo estas acciones, son conscientes de
que para otorgar mayor sustento a la investigación es necesario que el SII
amplíe la querella hasta el año 2014. Para el Ministerio Público esta decisión
es clave ya que no solo se permite la posibilidad de investigar la arista SQM
sino que, también, se abre la puerta para indagar a otras empresas que hayan incurrido
en delitos similares.
En
el SII hay silencio respecto de este tema. De hecho, al ser consultados sus
representantes, luego de la formalización de los imputados en el Caso Penta,
declinaron referirse directamente a si se sumarían a la querella presentada por
la Fundación Ciudadano Inteligente en contra de los políticos involucrados en
el caso.
Cuando
asomaron las críticas a la decisión de acotar la querella presentada en contra
de Wagner, la versión al interior del servicio sostenía que “no podríamos pedir
diligencias de investigación sobre hechos que no conocemos. Por eso se piden
los antecedentes de años y meses específicos para cada caso en que se emitió la boleta ideológicamente falsa[3].”
Dicha
afirmación es compartida por el presidente de la Asociación de Fiscalizadores
del Servicio de Impuestos Internos, Juan Apablaza, quien cree que la entidad no
está dispuesta a apoyar una investigación sin sustento: “Hay que preguntarle al
Servicio si esa documentación que ha entregado la fiscalía son suficientes para
que inmediatamente amplíe la querella, porque si el SII amplía la querella con
pocos antecedentes esa acción se puede caer y lo que menos queremos en esta
instancia es que se caiga una querella o fracase por no tener las diligencias
debidas”.
De
todas formas y de acuerdo a lo señalado desde la fiscalía, el SII tiene en su
poder una carpeta, desde el mes de noviembre, con un informe del fiscal Carlos
Gajardo, con antecedentes que involucrarían incluso a otras compañías con este
tipo de ilícitos.
En
efecto, la percepción de que este escándalo no se circunscribe solo a Penta es
compartida por Juan Apablaza quien sostiene que es un tema de sentido común:
“No puedo asegurar que hay otras empresas porque no las he visto, pero la
lógica común que puede tener un individuo medio indica que, efectivamente, esto
no es solo de Penta, que aquí hay una máquina para evadir o eludir impuestos
que no solamente corresponde a Penta y que este “modus operandi” se ha hecho en
otras empresas medianas, grandes y chicas”, agrega.
Lo
concreto es que la fiscalía quiere evitar que la investigación se complique y
por lo mismo esperan un pronunciamiento a favor por parte del SII que allane
las indagatorias. El problema, según Apablaza, es que si los antecedentes
entregados por el Ministerio Público no son concretos, la investigación que
realice el Servicio se complejiza, lo que atrasaría -por varios meses- un
pronunciamiento, tiempo que el equipo de fiscales no dispone.
Por
su parte, la empresa SQM ha tomado sus recaudos interponiendo una acción
judicial para impedir que la fiscalía pueda tener acceso a los documentos
contables que solicitó a comienzos de esta semana. “Pedimos al tribunal que la
fiscalía se abstenga de realizar diligencias”, dijo el abogado Samuel Donoso,
quien presentó el recurso ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, por
considerar que el Ministerio Público está actuando sin atribuciones al ampliar
las diligencias a años distintos a los que fueron denunciados por el SII. La
solicitud se basa en el artículo 162 del Código Tributario, en el que se indica
que sólo se pueden investigar este tipo de delitos previa denuncia del SII.
Resta
saber ahora los pasos que adoptará la fiscalía ante esta decisión porque
recordemos que ya había anunciado solicitar una orden judicial en caso que la
información solicitada le fuera negada.
¿QUÉ VIENE EN EL CASO PENTA?
Mientras
van pasando los 120 días de investigación que dio el juez Escobar, la Fiscalía
debe seguir adelante con las indagatorias. Terminado este plazo, el Ministerio
Público deberá acusar a los formalizados y pedir las penas en su contra. Tras
esto, se pueden analizar salidas alternativas, como un juicio abreviado; de lo
contrario, se puede dar inicio a un juicio oral.
Pero,
en el intertanto, el SII si o si se debe allanar a expandir el período a
investigar hasta 2014, presentando todas las querellas que haya menester para
acusar y detener a quienes han infringido la ya de por si permisiva legalidad
tributaria y también la de financiamiento de las campañas electorales. Esto,
caiga quien caiga.
Con
todo, aún resta que logremos levantar un gran movimiento político-social
popular que, en la calle y por todos los medios, cuestione el abuso, la
sinvergüenzura y la burla que el empresariado y el estrato político-civil hacen
del pueblo y los trabajadores de Chile.
¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!
COLECTIVO ACCIÓN DIRECTA –CHILE
Marzo 14 de 2015
No hay comentarios :
Publicar un comentario