CASO PENTA: LOS CULPABLES AL MENOS CONOCERAN LA CARCEL

“Hace siete años que vengo diciendo que las penas de delitos de corrupción tienen que aumentarse, tienen que ser coherentes, no puede ser lo mismo defraudar al Fisco que robar una gallina“

- Sabas Chahuán, fiscal nacional

Después de cuatro días de una muy larga audiencia de formalización de cargos, el juez Juan Manuel Escobar dio a conocer su resolución de medidas cautelares contra los 10 imputados en el caso Penta.

Acusadores, acusados y funcionarios judiciales comenzaron a agruparse desde poco antes de la 10:00 en la sala del 8° juzgado de garantía, del mamotrético centro de justicia. A continuación, siendo las 10:04, el magistrado emprendió la lectura en una sala atiborrada de gente. La primera parte de su exposición, la dedicó a explicar la normativa legal tributaria y a resumir todos los antecedentes que calificó como “serios y plausibles” y que utilizara para determinar su resolución final.

Escobar afirmó que, “los antecedentes son suficientes para seguir proceso penal en contra de los imputados”. Además, destacó que “los imputados Wagner, Álvarez y Martínez, fueron empleados públicos en el momento en que se cometieron estos ilícitos”, lo que agrava su implicancia. Por su parte, “Délano, Bravo, Lavín y Castro realizaron una conducta ilícita al entregar dinero para que realicen las acciones sancionadas en el Código Tributario. Estos delitos son de corrupción”.

En resumen, Juan Manuel Escobar dictaminó prisión preventiva para los controladores del grupo Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Igualmente, tendrán cárcel preventiva el ex gerente del holding, Hugo Bravo y el gerente de contabilidad Marcos Castro, además del ex subsecretario de Minería del Gobierno del Presidente Piñera, Pablo Wagner. La misma medida se tomó para el fiscalizador del SII, Iván Álvarez, el cual ya se encontraba detenido por fraude al FUT.

En tanto, para el gerente general corporativo de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal se decidió arresto domiciliario. El magistrado también determinó firma semanal y arraigo nacional para el lobista del holding, Carlos Bombal, y para el representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros, Samuel Irarrázaval. El juez abrió un pequeño debate para definir la cautelar para Juan Martínez, decidiéndose finalmente para él arresto domiciliario nocturno.

Rápidamente, luego de terminada la lectura de la sentencia, personal de gendarmería entró a buscar a los que se quedaban detenidos. Fue una imagen largamente anhelada por todos aquellos que deseábamos que, siquiera por un día, los delincuentes empresariales que en realidad mandan en este país sintiesen un poco la acción de la justicia. A continuación, los malhechores que quedaron con prisión preventiva fueron conducidos hasta el penal Capitán Yáber.

En la parte final de la audiencia de formalización se determinaron 120 días para la investigación, lo que ciertamente es un tiempo muy breve como para recabar las evidencias sobre las más de dos décadas de estafas y corrupción de la verdadera ‘máquina defraudadora’ que es Penta.

Por cierto, tras conocer la resolución, la defensa de los dueños de Penta Délano y Lavín señaló que presentarán una apelación, pues “consideramos que la medida interpuesta contra mis representados no se justifica en este caso”.

Este inicio de juicio demuestra varias cosas: primero y rápidamente, que se requiere elevar las penas para los delincuentes de cuello y corbata, así como para los funcionarios públicos que reciben sobornos. Además, que se pasen a investigar extensa y profundamente las relaciones del capital financiero con los politicastros del estrato político-civil.

Alguna luz se ve sobre la posibilidad de citar al estrado a los delincuentes de la ‘arista política’. Así, el fiscal Chahuán anuncia que los primeros en ser citados serán el ‘raspado de olla’ Moreira y la senadora por secretaria Ena von Baer.

Finalmente, acerca de los antecedentes conocidos ayer según los cuales Bancorp, una de las empresas de Sebastián Piñera, estaría involucrada con Penta mediante contratos a futuros presuntamente irregulares, el fiscal nacional aseguró que no fue la fiscalía la que entregó el nombre del ex Presidente, sino la defensa. “El fiscal Gajardo estaba argumentando sobre la base que había una cantidad importante de contratos forwards -104- involucradas en distintas sociedades y leyó dos”, puntualizó, detallando además que el documento no está firmado por Piñera.

¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!

Colectivo Acción Directa - CHILE

Marzo 7 de 2015