EL CANTO DE CISNE DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA EN LA INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL

En el marco de los polémicos casos Caval y Penta, los que han involucrado a actores políticos y sociales del establishment, el presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz sugirió mejorar la imagen de un sistema jurídico-político que da muestras de una severa podredumbre, con la incorporación de medidas que nadie del bloque político de Estado admitirá: sanciones efectivas a las autoridades y la eliminación del fuero parlamentario.

Nuestro presidente de la Corte Suprema es un civilista. De ello dio muestras suficientes en su discurso de inauguración del año judicial 2015. En un ejemplo, digno de un demócrata de la antigua Roma, les espetó a las autoridades presentes: “Llegará un momento en nuestro país y en el Poder Judicial que expresiones tales como “Excelentísima” o “Ilustrísima” serán historia. Tales distinciones en el lenguaje dan cuenta del estancamiento de los patrones culturales, trato que no se condice con nuestra sociedad contemporánea. La forma en que se ejercen las funciones y no el cargo, es lo que debe generar el reconocimiento social”.

Muñoz tiene una visión de la judicatura propia de los de los más nobles y bien intencionados naturalistas del derecho. Apuesta él a lograr la igualdad plena entre los ciudadanos, en virtud de una justicia plena y etérea que se expresará en todos los procesos judiciales. Es decir, se acabará con eso de una justicia para ricos y otra para pobres, una para chilenos y otra para los mapuche; una para las autoridades y otra para los ciudadanos de a pie; una para los asesinos y cómplices de la dictadura cívico-militar y otra para los que la resistieron heroicamente. Sin embargo y lamentablemente, a todo el mundo le queda bastante claro que todos esos elevados pensamientos, en éste país y bajo ésta democracia de pacotilla, no son más que quimeras. Pero, digámoslo, la idea de tan esplendoroso espectáculo, aunque fuera cierto sólo por una hora, es lo que seguramente anima a nuestro magistral juez Muñoz.

En línea con sus angélicas intenciones y en una temática que llamó mucho la atención, uno de los planteamientos del jurista se relacionó con los procesos judiciales que se están llevando a cabo en el marco del caso Penta-SQM, y dice relación con eliminar el fuero parlamentario, privilegio que obliga a realizar un juicio preliminar para desaforar a los congresistas que deben enfrentar procesos judiciales.

Para Muñoz, no es justificable que la actualidad se mantenga dicho escudo de los parlamentarios, puesto que, entre otras consecuencias, ello deriva en que si no se aprueba el desafuero esto equivale a su absolución, sin que pueda ser investigado a fondo el delito perpetrado. “Por su parte, acceder al desafuero trae como consecuencia, no solamente que el parlamentario debe concurrir a responder la imputación, sino también que por la decisión de los tribunales se suspende de su cargo a los mandatarios de la ciudadanía, alterando la composición de fuerzas políticas al interior de las cámaras. Por lo anterior debiera pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal, asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones, como cualquier ciudadano de la República, sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios”.

Rápidamente saltó a defender la institución del fuero el presidente del PPD, Jaime Quintana, quien lo justificó, pues, según él, al establecerse juicio sobre un acto en que haya incurrido una persona con fuero, se eleva el nivel de decisión y se da garantías a la sociedad civil. O sea, para éste oportunista politicastro, efectivamente él y su estrato político-civil estarían por sobre el resto de los ciudadanos.

En otro ámbito legal, Sergio Muñoz hizo hincapié en la necesidad de que exista un mayor control por parte de la ciudadanía sobre el accionar de las diversas instituciones del Estado, y que se contemple la posibilidad de que las autoridades puedan ser revocadas de sus mandatos, de ser necesario. “El sistema democrático ha de contemplar mecanismos de supervigilancia de la actuación de sus instituciones, mediante los cuales ninguna autoridad esté exenta del control social. Pero, al mismo tiempo, el pueblo debe contar con instrumentos efectivos que le permitan expresar su voluntad, la que ciertamente debe llegar a contemplar, en casos graves y calificados, la posibilidad de poner término a las designaciones de sus autoridades si fuere necesario”.

Finalmente, otra de los desasosiegos que expresó Muñoz tiene relación con la necesidad urgente de implementar un examen único para habilitar a los futuros abogados para ejercer la profesión -similarmente a lo ocurrido hoy con los estudiantes de medicina-, ante las “diferencias sustanciales” entre los profesionales egresados de las distintas universidades lo que ha “derivado en acusaciones criminales, demandas civiles y denuncias de faltas a la ética profesional”, según sostuvo Sergio Muñoz. “La situación descrita me hace proponer formalmente la posibilidad de instaurar en nuestro país un Examen Único Habilitante para el Ejercicio de la Profesión de Abogado, al que se sujeten todos los licenciados en derecho que egresen de las facultades del país y del extranjero por igual, supervisado por el Poder Judicial, con la colaboración de las Facultades de Derecho de las universidades del Consejo de Rectores, de la Asociación de Universidades Privadas y los colegios de abogados”.

Sólo nos cabe decir que, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Aunque, de otro lado, si este país tuviese una democracia y una justicia de verdad –como aspira Muñoz, debiéramos agregar que, ¡Dios, qué buen vasallo sería… si tuviese buen señor!

¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!

Colectivo Acción Directa - CHILE

Marzo 3 de 2015