¡Y COMO NO!: LA IMPUNIDAD SE VA IMPONIENDO EN EL CASO CORPESCA

Huus, una de las "modelitos" de Orpis

“Ex secretaria y ex jefa de gabinete

Corpesca: Ex colaboradoras de Jaime Orpis condenadas cumplirán sus penas en libertad”

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago condenó a dos ex asesoras del desaforado senador Jaime Orpis (ex UDI) en el contexto del caso Corpesca. Se trata de Blenda Huus Maillard y María Viviana Quiroz Ruiz, ex secretaria y jefa de gabinete del parlamentario, respectivamente

En El Ciudadano –public. 23/2/18

Huus fue condenada a 5 años de libertad vigilada intensiva, en calidad de autora de los delitos de fraude al fisco y lavado de dinero, ilícitos perpetrados entre 2009 y 2016. Además fue inhabilitada de manera absoluta para derechos políticos y para asumir cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Junto con ello se le sentenció al pago de multas del 10% de lo defraudado y de 5 UTM.

OTRO ‘SUPREMAZO’: SECRETO TRIBUTARIO PARA PLATAS OFF SHORE DEL CAPITAL MONOPOLICO-FINANCIERO

“Denegó a CIPER solicitud de información pública dirigida al SII

Suprema cierra la puerta a transparentar cifras de “perdonazo” tributario de 2015”

CIPER, vía Ley de Transparencia, solicitó al SII información sobre las grandes fortunas que obtuvieron beneficios tributarios en 2015 al otorgarles la posibilidad de transparentar los capitales que mantenían fuera de Chile y que habían salido en forma irregular. El triunfo inicial obtenido en la Corte de Apelaciones fue revertido por la Corte Suprema, la cual hizo primar el secreto tributario por sobre el derecho del público a esa información

En CIPER –public. 12/12/17

Esta es una de las grandes sombras que rodean a la elite chilena: cuánto dinero ha sacado fuera del país refugiándose en paraísos tributarios y sin pagar los impuestos correspondientes; cuándo sacó esos fondos y quiénes, dentro de la elite criolla, se han beneficiado más con esas prácticas.

EMPRESARIO FORMALIZADO POR “MILICOGATE” ES PROVEEDOR ESTRELLA DE CARABINEROS

En enero de 2016, la Fiscalía formalizó a Raúl Fuentes por fraude reiterado al Fisco en el “Milicogate”. En otra causa, Fuentes está acusado de vender 488 facturas falsas a un empresario, con un perjuicio fiscal de $1.800 millones. Eso no ha cortado el millonario flujo de dineros que hasta hoy recibe Fuentes del Departamento de Transportes de Carabineros por la reparación de vehículos. En medio del fraude que remece a Carabineros, CIPER puso la lupa en los negocios de Fuentes con la institución: desde 2006 y a través de cuatro sociedades, se ha beneficiado con contratos por más de $3.100 millones

En Ciper Chile –public. 25/4/17

El fraude que remece a Carabineros y que ya escala a los $16.500 millones, ha puesto el foco en una unidad clave de la policía uniformada: la Dirección de Intendencia. La investigación en curso está desnudando la existencia de una cofradía –que podría llegar a 60 uniformados y civiles– concertada para delinquir. La cifra de este mega fraude supera tres veces los ilícitos cometidos por miembros del Ejército con los fondos de la Ley Reservada del Cobre (“Milicogate”), convirtiéndose así en uno de los mayores desfalcos a una institución pública en la historia reciente de Chile.

Si se contrasta la cuantiosa cifra del desfalco con los millonarios fondos que recibe anualmente Carabineros vía Ley de Presupuestos, el ilícito adquiere otra dimensión. Porque esos $16.500 millones representan menos del 1,6% del total de los dineros aprobados por Hacienda para la institución en 2017 (más de un billón de pesos). En la última década las platas que el Fisco entrega a Carabineros se triplicaron y fue en ese océano de dineros que el robo de los hasta ahora $16.500 millones se licuó sin que nadie le pusiera freno.

RECULAJE DE SII Y FISCALIA NACIONAL DEMUESTRA CONTUBERNIO NM-DERECHA-EMPRESARIADO

Fernando Barraza, il capo del SII

“En casos de financiamiento ilegal de la política

Abogado Mauricio Daza ante decisión del SII de no presentar querellas: ‘Lo que se pretende es garantizar impunidad’”   

La decisión del Servicio de Impuestos Internos corresponde a un cambio en el criterio que había utilizado para abordar los casos PENTA y SQM, que permitía al Ministerio Público realizar investigaciones penales a partir de la presentación de querellas cuando éstas se justificaran. Grandes capitales, como los vinculados a los grupos Saiéh y Angelini, quedarán ahora fuera del escrutinio público

En El Ciudadano –public. 17/4/17

El cuerpo de reportajes del diario La Tercera informó este fin de semana que las investigaciones abiertas por financiamiento ilegal de la política de parte de grupos empresariales no prosperarían más allá de los casos SQM y Penta.

La causa es que el Servicio de Impuestos Internos (SII) privilegiaría -tal como anunció desde 2015- su rol recaudador, no así el de persecutor, en lo que diferiría entonces con el Ministerio Público. En otras palabras, solo se perseguirían los dineros defraudados y no habría querellas para que la Fiscalía pudiese continuar con sus investigaciones.

CHILE, 50 AÑOS DE DESIGUALDAD EXTREMA Y CRECIENTE

“Chile, 50 años de extrema desigualdad: investigación basada en datos históricos del SII”

Tras revisar datos tributarios históricos un grupo de académicos sugiere que entre 1962-2014 Chile ha sido el país más desigual de la OCDE y de los estados latinoamericanos en los que hay datos comparables. La investigación sostiene que nuestra desigualdad actual es superior a la que teníamos en los años 60 y 70, pese a que desde el regreso a la democracia la tajada que se llevan los más ricos ha bajado. Sus datos muestran, además, que entre 2010 y 2014 la desigualdad se ha incrementado, lo que contradice los datos de la Casen 2015. De hecho la Casen sale mal parada de esta medición, pues el estudio dice que, al compararla con los datos tributarios, hay evidencia de que “ha subestimado los ingresos más altos”

En Ciper Chile –public. 4/11/16

Chile no solo ostenta el récord de ser actualmente el país más desigual de la OCDE; su desigualdad ha sido candidata a medalla de oro desde mucho antes de ingresar a ese club internacional: por lo menos desde 1964. Es decir, la falta de equidad ha campeado en nuestro país con independencia de si gobernaba un DC, como Eduardo Frei Montalva; un socialista, como Salvador Allende; un dictador pro gran capital, como Augusto Pinochet, o cualquiera de los cinco presidentes desde el retorno a la democracia hasta hoy. Solo en la última década un país de la OCDE nos ha disputado el primer lugar: Estados Unidos, una nación que, como dijo a CIPER el cientista político Jeffrey Winters, tiene una concentración de la riqueza superior a la que tenía el imperio romano. Entre los países latinoamericanos que tienen datos comparables, solo Colombia se nos acerca. Argentina y Uruguay son mucho más equitativos.

Por supuesto, ha habido variaciones en los niveles de desigualdad chilenos en el último medio siglo. El periodo de mayor equidad lo alcanzamos en la década 1964-1974, con los años 62, 68 y 74, como hitos; el periodo de más desigualdad se produjo a partir de los 80. 

EX DEL SII CUENTAN DE LOS TRUCOS PARA NO INVESTIGAR DELITOS TRIBUTARIOS-POLITICOS

“Ex funcionarios del SII acusan dilación de investigaciones de delitos tributarios”

Ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos denuncian falta de celeridad en los procesos investigativos que involucran a los casos de financiamiento irregular de campañas políticas. En particular, acusan los casos de los dineros que tienen relación con campañas de la Nueva Mayoría, presentan retrasos u omisiones en las querellas, lo que denota una decisión política que escapa de las atribuciones del Servicio y que favorece a los involucrados de la coalición de gobierno

En Radio U. de Chile –public. 22/8/16  

Ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos denuncian un retraso injustificado en llevar a cabo acciones penales contra quienes resulten responsables de delitos tributarios por parte del servicio. Esto en el marco de las investigaciones por dineros que financiaron de forma irregular a las últimas campañas políticas, en particular de la Nueva Mayoría.

Según sostienen, los alegatos tienen que ver con que la institución se habría apartado de su rol fiscalizador al realizar acciones que postergan las diligencias investigadoras e incluso omitir algunas querellas relacionadas con casos de facturación ideológicamente falsos para financiar campañas políticas.

CASO FUENTE-ALBA APESTA A MILICO GATE

“Se estrecha cerco judicial en torno del general (r) Fuente-Alba”

El general en retiro está siendo investigado por el delito de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía Centro Norte, luego de conocerse su patrimonio que supera los 3 mil millones de pesos en propiedades y depósitos bancarios. "Mi patrimonio es fruto de 44 años de servicio", aseguró Fuente-Alba

En Radio Universidad de Chile –public. 3/5/16

El cerco judicial que se ha creado en torno a la figura del ex Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Miguel Fuente-Alba, ha reabierto el debate respecto de la relación que tiene el Estado con sus Fuerzas Armadas y los mecanismos de control que existen para evitar que surjan escándalos de corrupción de este tipo.

Durante los últimos días, el ministro en visita extraordinario de la Corte de Apelaciones. A cargo de la investigación del Fraude al Ejército con fondos de la Ley Reservada del Cobre, Omar Astudillo, ha recibido una serie de informaciones acerca del patrimonio de militares en retiro y servicio activo, entre ellos el general (r) Fuente- Alba.

Recordemos que Fuente-Alba era el principal responsable del manejo de estos recursos porque le correspondía asignar esos fondos en la institución, que son entregados por medio de un decreto supremo por el cual se autorizan estos pagos. El ministro Omar Astudillo, solicitó al Servicio de Impuestos Internos (SII) una serie de antecedentes y un perfil patrimonial e impositivo de los militares; entre ellos, los altos oficiales que estaban a cargo de la asignación de fondos de la Ley Reservada del Cobre.

Entre los antecedentes requeridos destacan rentas, ingresos, los bienes muebles e inmuebles, inversiones como fondos mutuos, iniciaciones de actividades ante el fisco y las sociedades de las que son parte.

El integrante de la comisión investigadora sobre el Fraude al Ejército de la Cámara de Diputados, Jaime Pilowsky, detalló los antecedentes que ellos pudieron recabar de Contraloría, “solicitamos a la Contraloría que nos enviara las declaraciones de patrimonio e intereses del general Fuente-Alba y nos encontramos con un abultado patrimonio en materia de bienes raíces que resulta difícil de explicar para una persona que gana 4 millones de pesos mensuales”, explicó.

Pilowsky aclaró que de todas formas no tienen antecedentes que puedan vincular el enriquecimiento de Fuente-Alba con el fraude que sufrió la institución, por lo mismo, se hace necesario, a su juicio, que el ex comandante en jefe acuda a la comisión a explicar lo sucedido.

NUEVA MAYORIA, DERECHA Y CAPITAL MONOPOLICO: IMPUNIDAD AL POR MAYOR

Muchos pensaban que el papá postizo de MEO, Carlos Ominami, pagaría con cárcel su emisión de boletas falsas para recabar platas desde la conspicua SQM. Otro tanto esperan algunos que cumpla el hijo putativo de Jaime Guzmán, Pablo Longueira, por sus múltiples delitos tributarios y de cohecho

A todos aquellos ilusionados justicieros, debemos informarles que existe hace rato un empate en la comisión de delitos político-tributarios –para beneficio personal y/o para costear campañas políticas para llegar a obtener dichos beneficios, todo por y para el bien último del capital monopólico-financiero-, pero también los culpables empatan en cuanto a disfrutar de una completa impunidad respecto de sus ilegales cometidos.

Así, éste 29 de marzo (Día del Joven Combatiente) nos enteramos que la justicia sobreseyó al ‘socialistafador’ Carlos Ominami por prescripción de sus delitos; no porque no los haya perpetrado, sino que por el tiempo transcurrido desde que se hizo de la platita de la minera del ex yerno del chacal Pinochet, Julio Ponce. Se trata de ocho facturas emitidas por él, por un monto total de 178 millones 500 mil pesos, dirigidas a SQM entre los años 2009 y 2010. Ello quedó demostrado en el proceso llevado a cabo luego de la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos –SII- por delitos tributarios relacionados con la evasión de impuestos a las donaciones, así como con la facilitación de documentación tributaria falsa.

Ominami había sido formalizado el pasado 9 de marzo en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por cargos que apuntan a la emisión de boletas falsas por parte de la empresa Alerce Talleres Gráficos, de propiedad del ex tesorero del Partido Socialista Milton Lee. Ello se inscribía en una estrategia que habría tenido como objetivo generar recursos para la campaña del ex senador, lo que se tradujo en la decisión del tribunal de aplicar a Ominami la medida cautelar de arraigo nacional, mientras duraba la investigación.

El proceso se había extendido, a petición del Ministerio Público, por 150 días más, con el objetivo de alcanzar a trabajar en nada menos que 78 temas pendientes, tal como lo planteó la fiscal Carmen Gloria Segura. Pero, llegó la impunidad para el susodicho ‘sociolisto’ y éste martes 29, el magistrado Danilo Aravena, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, decidió sobreseerlo, acogiendo lo planteado por la defensa del ex senador sobre la prescripción de los delitos tributarios por los que se le había formalizado. Ominami y sus abogados reconocieron, entonces, la plata mal habida, pero se libraron con un subterfugio legalista.  

‘HABEMUS FISCAL NACIONAL’, ¡PERO NO PUEDE INVESTIGAR A PENTA!

LA MAÑANA DE ÉSTE MÍERCOLES SE PRESENTO AL SENADO EL CANDIDATO DEL GOBIERNO PARA OCUPAR LA DIRECCION DE LA FISCALIA NACIONAL. POR LA TARDE, LOS MUY CORRUPTOS TRIBUNOS LE DIERON SU APROBACION, LUEGO QUE LES ASEGURARA QUE LAS INVESTIGACIONES EN CURSO YA NO SERÍAN UN PROBLEMA

“Por la boca muere el pez”. Tal dicho popular le viene al dedillo a los comentarios de don Jorge Abbott, el peor es nada que el gobierno de la Nueva Mayoría (NM) propuso para ocupar el cargo de Fiscal Nacional y que fuera aprobado por el senado, luego que cueteara la presentación anterior de José Morales.  

Y es que el mismo Abbott había señalado que, de ser nominado en ese crucial cargo, se inhabilitaría de llevar la causa Penta que actualmente encabeza el fiscal nacional Sabas Chahuán. Lo anterior, debido a que su primo, el ex canciller de Tatán Piraña Alfredo Moreno, es presidente del Banco Penta.

Por supuesto que Abbott trató de suavizar la participación de su primito Alfredo en lo de Penta: “está vinculado no con la investigación penal, sino con empresas cuyos propietarios están involucrados a una investigación penal”.

Su autolimitada posibilidad de intervenir en un caso tan trascendental en la vida político-económica chilena reciente, la expuso el actual director ejecutivo de la Fiscalía Nacional ante los miembros de la comisión de constitución de la cueva del senado la mañana de éste miércoles 21, tras ser nominado por Bachelet al cargo.

La exposición de Abbott buscaba defender su nominación para suceder a Chahuán, quien luego de un primer período zigzagueante, terminó con un meritorio cometido a la cabeza del grupo de investigadores que intenta develar la trama de la corrupción político-empresarial evidenciada por los casos FUT, SQM, Penta y otros por el estilo.

Y tras una no tan ardua discusión y más breve votación en el senado, en la tarde de éste miércoles el señor Abbott fue aceptado como Fiscal por parte de tirios y troyanos (bueno, para el caso, casi todos bárbaros).

Fue alabado por la derecha, que ve el él una seria posibilidad de que se morigere la investigación de las implicancias del caso Penta. Por su parte y con el mismo fin, el de ‘hacerse la vida más liviana’, los vivos de la NM confían en que Abbott sea más mano blanda que Chahuán o cualquier otro nominado.

Lo deprimente para el futuro cercano, son las movidas que seguramente el elegido de todos, Abbott, ejercerá ahora a la cabeza de la Fiscalía. 

EFECTIVAMENTE, LA QUERELLA DEL SII DEJA FUERA A POLITICASTROS Y PERSONEROS DE LA NUEVA ‘PILLERIA’

“En Fiscalía se leyó la nueva acción penal como “la muralla final” para detener caso de platas políticas”

“LA QUERELLA DEL SII QUE DEJA FUERA DE LA ZONA DE PELIGRO A PEÑAILILLO, ARENAS Y ME-O”

“No cayó bien en el Ministerio Público la querella que presentó el SII contra SQM Salar y representantes legales de sociedades que sirvieron de puente para allegar recursos a campañas políticas, como Giorgio Martelli y Cristián Warner. Según indican desde la Fiscalía, el Servicio pretende “cortar el hilo por lo más delgado” y bloquear el paso de la investigación hacia los facilitadores de boletas y facturas falsas, que son los dirigentes políticos involucrados en el caso”

En El Mostrador

Septiembre 25 de 2015

La presentación de la querella del SII contra SQM Salar –filial de Soquimich involucrada en pagos irregulares a la precampaña de Michelle Bachelet y a asesores de Marco Enríquez-Ominami, entre otras figuras políticas–, venía siendo dilatada desde que el ex director del Servicio, Michel Jorratt, abandonó el cargo a fines de mayo. Según se informó en la época, la acción penal quedó lista encima de su escritorio.

La espera terminó este martes 22 de septiembre, cuando el organismo fiscal estampó dos querellas en el Octavo Juzgado de Garantía: la primera contra Giorgio Martelli –dueño de Asesorías y Negocios, sociedad que recibió $223 millones desde Salar–, Cristián Warner –ex asesor de ME-O y ex secretario del Partido Progresista–, Carlos Tudela García –hijo de un conocido lobbista DC–, Patricio Rodrigo –figura estandarte del movimiento Patagonia Sin Represas–, y Patricio Contesse, el ex representante legal de SQM Salar. La segunda acción legal fue contra el ex diputado de RN y ex vocero de la dictadura, Alberto Cardemil.

Pero lo más llamativo de las querellas no fue la información que contenían, sino que la página y media en la que el SII argumentó, porque este tiene facultades exclusivas en la persecución de delitos tributarios, que son los que abundan en los casos Penta, SQM y Angelini. En la Fiscalía interpretaron la jugada como uno de los frenos que ha intentado instalar el servicio a lo largo de la indagatoria.

POR FIN EL SII SE QUERELLA CONTRA LA PAGADORA DE SQM; MEO ENTRE LOS AFECTADOS

Queda por evaluar la fortaleza jurídica de la acción penal

“SII presenta dilatada querella contra SQM Salar, corazón de las platas políticas, y también contra estrecho colaborador de MEO”

“ El texto incluye a la empresa de Cristian Warner, asesor de Enríquez-Ominami; la firma ligada al ecologista Patricio Rodrigo, cercano al PPD. También al lobbista DC Carlos Tudela y además a Alberto Cardemil como persona natural”

En El Mostrador 

Septiembre 22, 2015

Este martes, a través de un comunicado, el Servicio de Impuestos Internos informó de la presentación de 6 querellas contra un grupo de empresas por diferentes delitos tributarios. Entre ellas y casi en los últimos párrafos del texto, se consigna una acción penal contra la empresa Asesorías y Negocios SpA y contra la filial de SQM, SQM Salar, que –según los antecedentes que se manejan hasta ahora– habría pagado unos $246 millones a Asesorías y Negocios, y cuyo destino fue el financiamiento de actividades políticas.

"El 8° Juzgado de Garantía de la Capital interpuso una acción penal que se refiere a los delitos de presentación de declaraciones de Impuestos maliciosamente falsas y facilitación de boletas y/o facturas falsas. El primero de los delitos se imputó al representante legal de SQM SALAR S.A., mientras que el segundo se imputó a los representantes legales de Asesorías y Negocios SPA", dice el comunicado.

Dentro de la estrategia judicial practicada en estas causas, llamó la atención que la querella contra Salar –que estaba en la mira de la Fiscalía a partir de la investigación liderada por el fiscal Sabas Chahuán– se haya dilatado tanto. El hecho despertó más de alguna suspicacia en la medida que puede afectar a personas ligadas con la Nueva Mayoría, y aún queda por establecer la fortaleza jurídica de la acción legal

Además, en la querella están incluidas otras organizaciones y personas vinculadas a políticos, como el ingeniero Patricio Rodrigo, ligado al PPD y conocido opositor a HidroAysén. En el texto del SII aparece la organización vinculada a él, la Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente.

QUERELLAS PARA ORPIS, PIZARRO Y EGUILUZ, PERO AUN FALTAN MUCHAS MAS

Se veía venir. En el caso Corpesca, el UDI Jaime Orpis está hasta el cuello por cohecho. En tanto, para Jorge Pizarro, actual presidente de la DC y también para Claudio Eguiluz, ex vicepresidente de RN y actual Core de la Octava Región, la justicia admite que pueden ser investigados por la arista SQM del caso Penta 

EL IMPENITENTE FACHO ORPIS

En el caso del hoy senador UDI Jaime Orpis, el Ministerio Público investiga los $235.244.341 que Corpesca le habría entregado, según consta en un informe que la propia empresa hizo llegar a los fiscales Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos, los que indagan la causa. Recordemos que esa famosa pesquera[1] es propiedad de Anacleto Angelini, uno de los 10 hombres más ricos de Chile.

El informe (o rectificación contable) de Corpesca al SII, señala que entregaron a Orpis esa cuantiosa suma y aclara[2] que se hicieron pagos a éste sujeto en un lapso de cinco años, en pagos de cinco, tres y once millones de pesos. A partir de 2012, se regularizan a $ 2 millones al mes. Los pagos se habrían hecho por medio de sus familiares y asesores. Frente a este preclaro caso de corrupción (Orpis votó a favor de la ley de pesca que favorece, entre otros, a Corpesca), el diputado del PC Hugo Gutiérrez presentó[3] una querella por el delito de cohecho agravado.

Al respecto, el abogado querellante, Cristián Cruz, explicó[4] que Orpis “tiene una reiteración y no descartamos los delitos tributarios, por lo que es importante lo que tenga que hacer el SII y el Consejo de Defensa del Estado”. Agregó que “está absolutamente claro que Corpesca se sintió absolutamente satisfecha con la votación de determinados parlamentarios en esta ley”.

En un hecho aberrante, la defensa de Orpis solicitó que quien le tome declaración sea el Fiscal Nacional Sabás Chahuán y no el reconocidamente recto Fiscal Carlos Gajardo, argumento discriminatorio que ellos justifican por “la alta investidura del parlamentario”. Más, es evidente que lo que temen es que Gajardo le estruje la verdad a fondo al corrupto senador derechista. Por su parte, Gutiérrez se mostró contrario a aquel resquicio de la defensa y pidió que sean los fiscales de alta complejidad quienes tomen las declaraciones de Orpis. “El soborno de parte de Corpesca y el cohecho de parte del senador son bastante obvias, en consecuencia hay que investigarlas”, expresó el diputado.

Cabe destacar que la causa que se sigue contra el facho Orpis se unificó con el caso de la diputada ¿independiente? (en verdad, enteramente derechista) Marta Isasi, que desde 2013[5] se sabía que estaba implicada en los sobornos de los empresarios pesqueros en el marco de la votación de la Ley de Pesca.

EL GUATON PIZARRO Y EL HUIDIZO EGUILUZ

También hoy, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente en contra del senador Jorge Pizarro, presidente de la DC, y del ex vicepresidente de RN y actual Core del Biobío, Claudio Eguiluz.

SII: CHAO A JORRAT POR TRUHAN, PERO LE SUBROGA EL QUE FIRMO LA CONDONACION A JOHNSON’S

“Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” – Mateo 6:24

Al funcionario a cargo del Servicio de Impuestos Internos (SII), impuesto allí por ser un devoto militante del Partido que fuera Socialista, partido vergonzante que integra la oxidada bisagra politiquera conocida como Nueva Mayoría, Michel Jorratt, el gobierno terminó por pedirle la renuncia.

No fue fácil tomar tal medida, toda vez que su destitución aparece como una señal de debilidad en medio de un cuadro en el que la coalición gobernante se encuentra a la defensiva. Y eso que el mentado sujeto había faltado y refaltado a la mayor parte de las obligaciones funcionarias que versan en el Estatuto Administrativo[1], situaciones que ameritaban hace rato dar curso a un sumario ídem y haberle aplicado una merecida exoneración. Por menos que eso, muchos han debido irse de la administración pública.

Era vox populi que Jorratt se había transformado en la piedra de tope de la Nueva Mayoría (NM) dentro del SII, a fin de parar o acotar las investigaciones que debía llevar a cabo el Ministerio Público en cuanto a las personas, naturales y jurídicas, que hubieran cometido delitos tributarios y estuviesen ligados, directa o indirectamente, con miembros de la coalición gobernante. Es decir, el ejecutivo se aprovechaba del hecho que era Jorratt quien debía signar las indicaciones de parte del SII para que las materias, períodos y plazos que requirieran ser investigadas los fueran por parte del Ministerio Público.

¿Y a quién pusieron en su lugar para subrogarlo? A Juan Alberto Rojas Barranti, subdirector normativo del SII desde 2008. ¿Y quien es éste Rojas, Juan Alberto? Pues, el que estando en ese mismo cargo, en diciembre de 2011, se vinculó “accidentalmente” con el polémico “perdonazo”[2] a la compañía Johnson’s de una deuda de US$ 120 millones a tan sólo 8 millones de los verdes.

Cabe recordar que la condonación de esa deuda ocurrió antes que la familia Calderón, entonces dueña de Johnson’s, vendiera la compañía saneada y libre de conflictos con el Fisco al empresario Horst Paulmann, el dueño de Cencosud, por US$ 66 millones.

En ese entonces, Rojas debió actuar ya que estaban ausentes Julio Pereira, el director del SII -por encontrarse fuera del país en una reunión de la OCDE- y la inhabilidad de Mario Vila Fernández, subdirector jurídico del servicio, por lo que debió visar la autorización formal a la condonación de la deuda de la empresa de retail.

A PUNTO DE IMPONERSE UN PACTO TRANSVERSAL PARA SALVAR EL SISTEMA POLITICO DE LOS DE ‘ARRIBA’

Decantan las negociaciones entre la Nueva Mayoría y la Alianza para dar un oportuno cierre a las investigaciones sobre los enjuagues y robos de los cuales son responsables. Desde la UDI al PC apuestan al ‘todos somos responsables (pero ninguno en particular)”. Como antecedentes tienen el acuerdo tras el escándalo MOP-Gate. Otro gallo cantaría si hubiese un movimiento popular activado y organizado, que imponga otro pacto: uno que sólo signifique que todos y cada uno de los culpables pague lo suyo   

Preludio a un acuerdo amplio del estrato político-civil

Cuando el jueves 2 de abril vino la segunda denuncia del SII por boletas falsas contra Soquimich (SQM)[1], en cuyo listado aparecieron personajes de todo el arco político institucional, muy pocos dudaban dentro de la Nueva Mayoría (NM) y de la derechista Alianza que la crisis sólo podía superarse mediante un acuerdo amplio. A la espera que La Moneda ordenara sus peones, se apresuraron las conversaciones cruzadas entre las elites del estrato político civil[2].

Ya en la tercera semana de marzo[3], antes que las lluvias altiplánicas crearan un impactante desastre en el norte chileno, el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo se reunió con el subsecretario de la cartera, el gansteril Mahmud Aleuy y con el presidente del Partido ex Socialista, Osvaldo Andrade. El tema de conversación, obviamente, tenía relación con otro aluvión, el que afecta hace meses al oficialismo y a la oposición desde que –en septiembre de 2014- el Ministerio Público comenzó a indagar las prácticas de financiamiento ilegal de campañas políticas asociadas, en primera instancia, al caso del holding Penta (en el que está implicado hasta el cuello la UDI), pero de las cuales se ha ido desvelando una red mucho más amplia de la mano de los casos SQM y de otras empresas ‘financistas’[4] (Alsacia, Ripley, CorpBanca, etc.).

Desde entonces, Bachelet y la NM han debido enfrentar sus propios escándalos: primero, la polémica compra-venta de terrenos en Machalí de la empresa Caval, de propiedad de la nuera Natalia Compagnon (asociada al hijito de mamá Sebastián Dávalos); el segundo, el progreso de las investigaciones de la Fiscalía que terminaron sumando a personeros oficialistas a las acusaciones de uso de boletas falsas para financiar sus campañas o las deudas que ellas les dejaron (caso SQM).

Todo ello no vino más que a animar las conferencias en palacio. La conversación de Peñailillo, Aleuy y Andrade se dio en la antesala de la segunda denuncia en contra de SQM, del  jueves 2 de abril, en la cual el ente fiscalizador cuestionó documentos de respaldo falsos de personas y/o sociedades ligadas, entre otros, al presidente electo de la DC, Jorge Pizarro[5]; al ex secretario general del PPD y actual embajador en Paraguay, Alejandro Bahamondes; además de otros funcionarios del actual gobierno y del primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. 

CASO SQM: LOS SUBSIDIADOS DE LA DERECHA Y LA NUEVA MAYORÍA

L@s Beneficiad@s por los Aportes de Soquimich para financiar sus Campañas Políticas

El SII entregó[1] una nómina con 172 contribuyentes y 846 documentos tributarios falsos a nombre de SQM, que suman $4.347 millones, para que el Ministerio Público los investigue. Como vimos antes, se incluyen sociedades con claros vínculos políticos con la derecha y la Nueva Mayoría. Otras son controladas por personas del círculo del dueño de SQM, Julio Ponce Lerou, con lo que se induce que fueron usadas para evadir impuestos. La denuncia está fundada en la información que la misma empresa entregó a SII y en la cual no cuentan con “respaldos adecuados” casi 7 millones de dólares, más de la mitad de los 11 millones de dólares que SQM  “sinceró” que sumaban pagos irregulares durante 6 años

DE LA UDI

A los complicados por la indagación judicial del caso Penta –Joaquín Lavín, Jovino Novoa, Ernesto Silva, Ena Von Baer, Iván Moreira, Felipe de Mussy, Pablo Wagner y Pablo Zalaquett- se agregan ahora concluyentes acusaciones que involucran a 59 personas vinculadas a la UDI[2]. De entre estas, aparecen dirigentes históricos del gremialismo, beneficiados con unos $536 millones en boletas por las que la empresa que lidera Julio Pone Lerou no ha podido justificar, que sirvieron para financiar campañas políticas.

El avance sobre el caso SQM pone al SII y a la Fiscalía tras importantes empresas, las cuales utilizaron la misma vía de las boletas falsas para financiar a dirigentes de peso de la UDI, tales como Pablo Longueira. En la movida, van otros importantes dirigentes gremialistas, sus familiares y colaboradores.

Aparte del total que sobrepasa los $536 millones en boletas cuestionadas por el SII, emitidas por contribuyentes vinculados a la UDI, hay que considerar los dineros que fueron presumiblemente desviados desde SQM a entidades relacionadas con el gremialismo, como la Corporación de Asuntos Públicos (que facturó $131 millones a SQM) el Centro de Estudios Nueva Minería (controlada por Cristián Leay) y la Fundación Chile Justo (creada por Pablo Longueira).

La nueva denuncia del SII significa también otro remezón para la UDI en la víspera de su consejo general clave (del 10 de abril). Y ello porque entre los nuevos investigados por emitir boletas falsas para SQM figura la esposa del diputado Javier Macaya, quien asumió la presidencia interina tras la renuncia de Ernesto Silva. Constanza Del Pilar Farías Prieto, la cónyuge del susodicho Macaya, emitió boletas para SQM por $4,5 millones. La abogada fue jefa de la División de Carabineros del Ministerio del Interior desde junio de 2011 hasta mayo de 2012 (gobierno de Piñera). Su nombre surgió del rastreo realizado en el SII a la documentación contable de SQM que esa misma empresa puso a disposición del organismo tributario. Ahora, Constanza Farías deberá demostrar judicialmente si efectivamente hizo asesorías para SQM y en qué rubro.

Entre los nombres relacionados a la UDI que figuran en la nueva denuncia del SII, existen algunos que ya están siendo investigados por los fiscales en la indagatoria del caso Penta, como el de María Carolina de la Cerda, cuñada de Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería que permanece en prisión preventiva. En el arqueo realizado por el SII, ella suma en total $7,5 millones en boletas para SQM. Y siguen: la concuñada de Pablo Longueira, Loreto Undurraga Casteblanco; e incluso el famoso ahijado del ex candidato presidencial que abandonó la carrera a La Moneda luego de vencer a Andrés Allamand en primarias, Rubén Carvacho, y su esposa Carolina Andrea Chamorro Martínez.

DOS CANDIDATOS A LA CÁRCEL SE PRESENTARON HOY A DECLARAR ANTE LA FISCALÍA

PONCE LEROU Y JOVINO NOVOA

Y UNA NOVEDAD: POR FIN SE QUERELLÓ EL SII EN EL CASO SQM, PERO…

Hoy tuvieron que concurrir a declarar como imputados frente a la Fiscalía Nacional Jovino Novoa, el ‘recaudador’ de las platas políticas del caso Penta-UDI, mientras que Julio Ponce lo hizo por lo del caso Soquimich. Además y luego de un vergonzoso suspenso de varias semanas, el SII presentó una querella criminal por delito tributario en contra de los dueños de esta última empresa

DECLARA JULIO PONCE LEROU, EL QUE SE ROBÓ SQM Y SE DEDICA A LA ESPECULACIÓN

A eso de las 09:00 de este lunes 23[1], llegó a declarar ante la FN el principal dueño de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), el sanguijuela del Estado Julio Ponce Lerou.

El ex yerno del tirano Pinochet declaró por cerca de cuatro horas, en calidad de imputado, en el marco de la investigación por el papel de la ex minera estatal en el financiamiento irregular de campañas políticas. Lo hizo ante el equipo de fiscales encabezado por el fiscal nacional Sabas Chahuán. Para esta jornada se esperaba, además[2], que se presentara ante el equipo de fiscales del Ministerio Público (MP) el creador y asesor de las cascadas[3] que controlan SQM, Roberto Guzmán.

Cabe destacar que la investigación en contra de la minera no metálica surge tras la declaración de la cuñada de Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, del pasado 13 de febrero y en el marco del caso Penta, cuando la FN investigaba la emisión de boletas falsas destinadas a financiar campañas políticas. Entonces, ella reconoció haber emitido boletas a petición del ya formalizado ex subsecretario de Minería. “Hice los tres cheques a nombre de Cristina Bitar, Ernesto Silva Bafalluy y Lorena Espinoza”, ésta última secretaria de Joaquín Lavín (pez gordo de la UDI), quien más tarde reconocería[4] el uso de dichos fondos en la campaña senatorial del ex candidato presidencial de la Alianza y ex ministro de Piñera. Además, el MP descubrió, durante la investigación de la defraudadora Penta, correos que ligaban a SQM con la campaña senatorial de Pablo Zalaquett.

Se debe considerar, para el decurso de los hechos, que hasta ésta media mañana todavía el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentaba una querella por delitos tributarios en contra de SQM, por lo que el dueño del conglomerado fue interrogado por otras defraudaciones investigadas por el MP.