“Dictan
prisión preventiva a los ocho detenidos de la ‘Operación Huracán’ basándose en
conversaciones por WhatsApp”
Conversaciones
por mensajería telefónica fueron la única prueba que presentó la Fiscalía para
solicitar la prisión preventiva de los 8 detenidos en el marco de la “Operación
Huracán”. Según el Ministerio Público el grupo estaba concertado en una
“asociación ilícita terrorista” liderada por Héctor Llaitul que tenía como
objetivo la quema “de al menos cien camiones de transporte” durante 2017. Jorge
Huenchullán de la Comunidad Autónoma de Temucuicui calificó la operación como
“uno de los montajes más absurdos y burdos que ha hecho la policía”. Los
detenidos serán trasladados a distintas cárceles, en un intento por
desmovilizar la solidaridad
En
Mapuexpress –public. 24/9/17
En la jornada en que se cumplen 110 días de huelga de
hambre de los cuatro peñi del “Caso Iglesias”, hoy pasaron a control los ocho
detenidos en el marco de la “Operación Huracán”. Estos son: Héctor Llaitul y su
hijo Ernesto, detenidos en Concepción; Jaime y Rodrigo Huenchullán, de la
Comunidad Autónoma de Temucuicui; Martín Curiche, apresado en el campamento de
apoyo a los presos en huelga de hambre; el Machi Fidel Tranamil; y David Cid
Aedo (exMIR), detenido en Los Ángeles.
El Fiscal Felipe González justificó las detenciones ya
que según informes de la “inteligencia” policial este grupo se había
asociado para realizar distintos atentados, liderados por Héctor Llaitul
quien “ordenaba e instruía efectuar ataques”, lo que conformaría una asociación
ilícita terrorista. La acusación parte de la interceptación de mensajes de
WhatsApp, servicio a través del cual, según el Ministerio Público, se repartían
“órdenes y felicitaciones” para la realización de los atentados.
Además de la asociación ilícita, la Fiscalía acusó al
Machi Fidel Tranamil y Martín Curiche de ser partícipes de “incendio
terrorista” en tres atentados: a la empresa Cavallieri en Pillanlelbun, a
la transportista Calafquén en Metrenco y a la empresa Llico, subcontratista de
Forestal Mininco en el Fundo La Envidia.
La defensa señaló que las detenciones no se ajustaban
a derecho, debido a que las únicas pruebas son estos mensajes intervenidos por
la inteligencia de Carabineros, los cuales no sirven como elemento judicial.
Sin embargo la Jueza determinó un plazo de investigación de 4 meses y la
prisión preventiva de todos los detenidos.
El abogado Nicolás Toro, defensor de Jaime y Rodrigo
Huenchullan, señaló al terminar la audiencia que “las imputaciones son
bajas, burdas, todo lo que trasciende no tiene antecedentes mínimamente
contundentes que puedan sustentar las acusaciones y dictar una prisión
preventiva. Creemos que esto es un montaje de inteligencia de la ANI
[Agencia Nacional de Inteligencia], en complicidad con Carabineros. La
ANI recopila información pero no la puede llevar a un caso
penal”. Para el dirigente de la Comunidad Autónoma de
Temucuicui, Jorge Huenchullan los detenidos, “son completamente inocentes
de los cargos que se le imputan. Toda esta detención obedece a la presión
política que han hecho los gremios camioneros, forestales y agrícolas.
A eso está respondiendo la policía. Estamos enfrente de uno de los
montajes más absurdos y burdos que ha hecho la policía”, según señaló en Radio Biobío.
La brutalidad de las detenciones, la intención de
configurar una asociación ilícita terrorista a través de WhatsApp y el
traslado de algunos de los presos a la cárcel de Valdivia, configuran una clara
intención de criminalización al movimiento mapuche, la dispersión de la
solidaridad, y la distracción de otros casos de alto impacto, como la huelga de
hambre. El trabajo de “inteligencia” policial nuevamente demuestra ser
una simple excusa para justificar la represión en territorio mapuche. El
cóctel lo sirven ellos mismos: sospechosos atentados incendiarios de alto
impacto público -fogoneados por la prensa y la derecha- posibilitan la
detención de dirigentes cuyo paradero es público y su acción política se da en
el marco incluso de la legalidad winka. El caso más evidente es la detención de
Martín Curiche en el campamento de apoyo a los presos en huelga de hambre, en
frente de la Cárcel de Temuco. Por su parte los gremios de camioneros presionan
a través del diario Austral, su vocero oficial, para la aplicación de la ley
antiterrorista. Se transparenta, así, como el gobierno de Michelle Bachelet
capituló ante la presión empresarial-policial luego de haber llegado al
gobierno con promesas de perdón, de un Ministerio de Asuntos Indígenas, y
“nuevas hojas de ruta”. Que se vaya a la ONU.
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