“DECLARACIÓN PÚBLICA DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS”
En Aurora Roja –public. 17/11/17
El mes de septiembre
de 2017 fue marcado por sucesos que han vulnerado abiertamente la protección y
promoción de los derechos humanos. A las faltas al debido proceso y a la
ilegítima aplicación de la Ley Antiterrorista en el denominado “caso iglesias”,
que ha forzado la digna huelga de hambre extendida por más de 140
días de parte de luchadores del pueblo mapuche, se sumó la bullada
“Operación Huracán” que con ánimo sedicioso y escasos fundamentos jurídicos,
hoy hace eco de la suerte que hace siglos corre en territorio mapuche. La
constante histórica en Wallmapu es la de las embestidas de agresores externos,
que hoy se expresa en la fusión de los intereses del Estado con los del
oligopolio maderero e hidroeléctrico cuya influencia se sobrepone a la de todo
un pueblo-nación, haciendo uso de las herramientas de control y amedrentamiento
político y social.
El
Ministerio Público, en su calidad de ente persecutor, imputó a Héctor Llaitul
Carrillanca, Ernesto Llaitul Pezoa, Jaime Huenchullán Cayul, Rodrigo
Huenchullán Cayul, David Cid Aedo, Martín Curiche Huriqueo, Claudio Leiva
Rivera y Fidel Tranamil Nahuel, el delito de asociación ilícita con carácter
terrorista y, además, el delito de incendio terrorista en el caso de Martín
Curiche y Fidel Tranamil, como corolario de la invocación de la Ley 18.314 que
determina conductas terroristas y fija su penalidad.
