“Jaime Orpis, de senador a peligro para la sociedad”
Por Manuel Salazar S.*
En Rebelión
–public. 2/7/16
El desaforado
senador Jaime Orpis Bouchon, representante hasta hace poco de la Unión
Demócrata Independiente (UDI), fue enviado a la cárcel por una sala de la Corte
de Apelaciones tras ser considerado “un peligro para la sociedad”. Orpis (60,
senador por Tarapacá) permanece detenido en el anexo penitenciario Capitán
Yáber, en Santiago. Es una medida de prisión preventiva mientras siguen
investigando su participación en delitos de cohecho, fraude al Fisco y evasión
tributaria en uno de los casos de financiamiento irregular de la política
descubiertos hace ya casi dos años. La decisión fue tomada en fallo unánime,
revocando una medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Orpis
habría recibido más de 209 millones de pesos de Corpesca, propiedad del grupo
económico Angelini, a cambio de votar en el Senado a favor de los intereses de
los industriales pesqueros.
Los
casos de corrupción detectados a fines de 2014 y que amenazan seguir
extendiéndose han sumido a la política en el desprestigio, como se comprobó en
los recientes comicios de primarias municipales donde sólo acudió a votar un
5,5% de los habilitados para hacerlo.
Los
escándalos involucran a políticos de todos los sectores e incluso han salpicado
a la presidenta Michelle Bachelet, uno de cuyos hijos y su nuera son
investigados por irregularidades en negocios inmobiliarios y de asesorías
financieras.
Los
primeros hilos del financiamiento irregular de la política surgieron en las
empresas del grupo económico Penta, cuyos dueños han estado ligados durante
años a la UDI, así como en la minera no metálica Soquimich, controlada por
Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, quien gobernó al
país entre 1973 y comienzos de 1990.
A
mediados de junio, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena pidieron a la
policía investigar la contabilidad de varias otras empresas, ligadas a
supuestos pagos irregulares a Laurence Golborne e Iván Moreira, el primero ex
candidato presidencial de la UDI y ex ministro del presidente Sebastián Piñera,
y el segundo, actual senador de la UDI. Las empresas que están siendo
investigadas son la multitienda internacional Ripley, Watt’s, CAP, Inversiones
Caburga, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors,
Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado. En el caso de Ripley, los
persecutores también esperan revisar los pagos realizados a la Consultora
Asesorías Credo Ltda., que aparece como proveedor en la campaña de la
presidenta Michelle Bachelet, de acuerdo a los datos del Servel.
Los
fiscales persecutores, que investigan delitos tributarios vinculados con el
financiamiento irregular de campañas por parte del grupo Penta y otras firmas,
pidieron a la Policía de Investigaciones (PDI) que revisará a nueve de las diez
empresas que fueron identificadas por el ingeniero comercial Tomás Carrasco
cuando declaró ante el Ministerio Público como aportante a la campaña de
Golborne. Carrasco se encuentra formalizado en la causa por delitos tributarios
y Golborne enfrentará, el 29 de junio, cargos por la facilitación de boletas o
facturas ideológicamente falsas.
El
senador Moreira, en tanto, ferviente partidario de la dictadura militar, está
formalizado por entregar a las empresas Penta boletas ideológicamente falsas de
algunos de sus colaboradores y cercanos para financiar su campaña al Parlamento
en 2013. El 21 de junio se supo, además, que la multitienda Ripley ha estado
negociando con el Servicio de Impuestos Internos (SII) la anulación de algunas
boletas y facturas con las cuales se hicieron pagos a parlamentarios de la
bancada democratacristiana, uno de los siete partidos que integra la Nueva
Mayoría.
CORRUPCION
MULTIPLE
La
vorágine de casos de corrupción que estremecen a diario el país no sólo afecta
a la actividad política sino que también otras múltiples esferas. Una comisión
investigadora de la Cámara de Diputados está revisando el supuesto enriquecimiento
ilícito del ex comandante en jefe del ejército, el general (r) José Miguel
Fuente-Alba y de su familia mientras se desempeñó a la cabeza de esa
institución. La esposa del militar, Anita María Pinochet, adquirió automóviles
de lujo y departamentos avaluados en más de 500 millones de pesos, unos 700 mil
dólares, cuando su marido percibía un sueldo mensual cercano a cuatro millones
de pesos. Fuente-Alba y su familia manejaron en algún momento recursos por más
de tres mil millones de pesos (más de cuatro millones de dólares) que hoy
tratan de explicar cómo fueron obtenidos. Otros altos oficiales del ejército
también son investigados por fraudes al Fisco y numerosas adquisiciones
irregulares efectuadas por los encargados de logística, además del mal uso de fondos
obtenidos mediante una ley reservada que les entrega recursos provenientes de
las exportaciones de cobre.
La
Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, de Santiago, y la Brigada de Delitos
Económicos de la PDI (Bridec) dieron cuenta de un estudio de once casos de las
denominadas “estafas piramidales” que en este año 2016 han dejado en todo el
país más de diez mil víctimas timadas en unos 182 mil millones de pesos. La
desmedida ambición por ganar dinero en forma rápida y fácil ha llevado a miles
de personas a invertir sus ahorros, bajo la promesa de incrementarlos a través
de altos intereses, en empresas supuestamente dedicadas al mercado forex,
abreviatura del término Foreign Exchange, en el cual se negocian divisas.
A
la fecha existen once investigaciones en curso, de las cuales siete son
indagadas en Santiago, y otras cuatro en La Serena, Valparaíso y en la sureña
Concepción. Sólo el denominado Caso Arcano, donde hay 99 abogados querellantes,
dejó 850 víctimas y un perjuicio estimado en más de 100 millones de dólares.
Otra estafa piramidal, cometida por Rodríguez y Asociados, terminó con 370
denuncias por un monto de 20 mil millones de pesos.
Carlos
Gajardo, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente, donde gran
parte de estos casos están radicados, explicó a la prensa que “la dificultad
que tienen estas investigaciones es que sólo llegan a conocimiento de la
Fiscalía cuando se produce el cese de los pagos, que es el momento en que ya no
queda dinero dentro de la estafa. Y por lo tanto, las posibilidades de
recuperar el dinero son bastante bajas”.
SQM Y LOS
POLITICOS
SQM,
la empresa que controla Julio Ponce Lerou, efectuó tres rectificaciones
tributarias ante el SII, por casi 15 millones de dólares en seis años, entre
2008 y 2014. El detalle incluye 1.425 pagos corregidos y 223 proveedores únicos
rectificados. La mayor cantidad de correcciones correspondió a los años 2009 y
2012, coincidentes con las elecciones presidenciales y municipales,
respectivamente. Los reportes de SQM ante el SII señalan a 20 proveedores
principales entre los que aparecen Luis Saldías, asesor de Julio Ponce;
Cristián Warner, ex jefe de la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami;
Sebastián Piñera, ex presidente de la República; Giorgio Martelli, operador financiero
de la precampaña presidencial de Michelle Bachelet; Cristina Bitar, lobbista y
operadora política de la UDI; Marcelo Rozas, ex embajador de Bachelet y muy
cercano a Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, dirigentes del Partido Demócrata
Cristiano; Carlos Ominami, ex ministro del gobierno de Patricio Aylwin y ex
senador socialista y, Pablo Longueira, ex senador y ex candidato presidencial
de la UDI.
Una
investigación del estudio estadounidense de abogados Sherman & Sterling,
encargada por la propia SQM, indicó que 96,81% del total de los pagos
rectificados ante el SII fue aprobado por el ahora ex gerente general, Patricio
Contesse. Se analizaron los pagos a 16.906 proveedores desde 2008 y luego se
limitó su búsqueda a un número de 515. Luego se identificaron 236 proveedores
para una revisión prioritaria, quienes aparecieron vinculados con 159 de las
denominadas “personas políticamente expuestas”. Finalmente, la investigación
más detallada se concentró en 26 políticos, asociados a 67 proveedores con pagos
totales por 5,8 millones de dólares.
El
reporte de los abogados norteamericanos concluyó que no se encontró evidencia
de pagos con el fin de inducir a funcionarios públicos a actuar o abstenerse de
hacerlo con el objetivo de ayudar a SQM a obtener beneficios económicos. El
bufete jurídico se abocó a analizar las irregularidades en el marco de la
norteamericana Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y no bajo la legislación
chilena. También se determinó que ciertos pagos pudieron haber sido motivados
por el deseo de obtener la benevolencia de políticos hacia SQM o al propio
Contesse.
Sherman
& Sterling aseguró que si bien los pagos fueron dirigidos a políticos y
candidatos de los principales partidos políticos, el mayor número está ligado a
la UDI con más de 50 dirigentes y candidatos asociados de alguna manera a los
desembolsos de la minera. Entre ellos, se incluye a cuatro candidatos
presidenciales, seis senadores, doce diputados y dos ministros de Sebastián
Piñera. En un gráfico construido con fuentes públicas se atribuyó la afiliación
partidaria de los políticos vinculados a los pagos: el 45% está ligado a la
UDI, el 11% a RN, otro 11% a la DC, 10% al PRI, 8% al PS, 7% al PRSD y 3% al
PPD.
Uno
de los casos analizados corresponde al senador socialista Fulvio Rossi y se
identifica a tres proveedores asociados con él: Mariela Molina, con pagos por
43 millones; María Valentina Martínez, con 20 millones; y, René Madariaga, con
16 millones. Todos eran asesores de Rossi y facturaron a SQM en 2009, año de
campaña electoral.
El
informe sigue con Jaime Orpis, quien recibió los mayores aportes para dos
fundaciones cuyos pagos no han sido objetados. A Pablo Longueira, los abogados
estadounidenses lo vincularon con más de 20 proveedores que recibieron unos 730
millones de pesos entre septiembre de 2009 y marzo de 2015. El informe también
alude a los DC Roberto León y Marcelo Rozas, al contador Luis Saldías, al
abogado Roberto Guzmán, Giorgio Martelli y Cristián Warner. Sobre Martelli, se
enumeran los 246 millones de pesos recibidos por Asesorías y Negocios en 2012 y
2013.
Y
sobre Warner, el informe atribuye a su empresa ingresos, por parte de SQM, por
420 millones entre julio de 2009 y enero de 2014.
Publicado en “Punto
Final”, edición Nº 854, 24 de junio 2016
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