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| Hollande: modificar el Estado en la lucha contra el terrorismo |
“¿Por qué tanto empeño en constitucionalizar
el estado de emergencia?”
Luego de
haber anunciado en su entrevista del 14 de julio, un próximo levantamiento del
estado de emergencia, el presidente Francois Hollande lo prolonga, al día
siguiente, por 3 meses más. Esto puede parecer una reacción ante el atentado
perpetrado en Niza. Pero, si vamos un poco más allá, la decisión significa un
nuevo paso en la transformación del Estado. Contrariamente a las apariencias,
el objetivo no es luchar contra el terrorismo sino pasar de un poder
proveniente del Pueblo y sometido a ciertos controles a un poder discrecional
que actúa al servicio de Estados Unidos y por cuenta de ese país
Por Jean-Claude
Paye
Antes de que el presidente anunciara su abandono, el «Proyecto de Ley
Constitucional de Protección de la Nación» [1] pretendía introducir dos
modificaciones en la Constitución de la República Francesa:
- insertar un artículo 36-1 sobre el estado de
emergencia y
- modificar el artículo 34 que instauraba la
posibilidad de despojar de la ciudanía francesa a los franceses condenados por
terrorismo.
La introducción del estado de emergencia y de la
posibilidad de despojar a los franceses de su ciudadanía invierte los objetivos
de la Constitución, que deja de establecer derechos para pasar a establecer la
pérdida de esos derechos. Ya no pone límites al poder sino que se convierte en
la expresión de su omnipotencia.
La voluntad de inscribir el estado de emergencia en
la Constitución se inscribe, efectivamente, en un contexto de desmantelamiento
del Estado de Derecho pero no se limita a esa acción.
Este empeño nos informa
sobre la forma actual del Estado nacional y, más precisamente, sobre la forma
actual de Francia. La constitucionalización el estado de emergencia es síntoma
de una forma de organización política que inscribe en la Constitución su renuncia
a toda una parte de la soberanía nacional. En efecto, la inserción del estado
de emergencia y del desmantelamiento de las libertades en el texto fundamental
de la República Francesa demuestra el abandono de toda autonomía de la política
interna ante el orden internacional de «la lucha contra el terrorismo».
La doble inscripción en la Constitución, tanto de su
subordinación a la primera potencia mundial como del ejercicio de un poder
ilimitado sobre su propio pueblo, muestra las dos caras que actualmente exhibe
el Estado nacional.
Un «régimen civil de crisis»
El proyecto de ley constitucional, presentado a la
Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015, preveía agregar a la Constitución
de la República Francesa un artículo 36-1 sobre el estado de emergencia. Ese
artículo habría acompañado el actual artículo 36, que organiza el «estado de
sitio» y responde a una crisis grave, como una guerra o una insurrección
armada. El estado de sitio permite transferir al ejército poderes civiles de policía,
así como la creación de jurisdicciones militares.
Pero la Constitución de la República Francesa
también cuenta con el artículo 16, que permite al presidente de Francia
otorgarse a sí mismo «poderes excepcionales» cuando existe una amenaza «grave e
inmediata» hacia «las instituciones de la República, la independencia de la
Nación, la integridad de su territorio o la ejecución de sus compromisos
internacionales». Este artículo 16 se ha aplicado una sola vez: durante la
guerra de Argelia, en 1961, en el momento del «Putsch de Argel» o «Putsch de
los generales». El entonces presidente de la República Francesa, Charles De
Gaulle, asumió entonces plenos poderes desde finales de abril hasta finales de
septiembre de 1961.
El presidente Hollande ha declarado que esos dos
artículos no se adaptan «a la situación que enfrentamos», un contexto que él
califica como «terrorismo de guerra» afirmando que «el funcionamiento normal de
las instituciones no se interrumpe y no se concibe transferir poderes a la
autoridad militar» [2], el estado de sitio no puede aplicarse, al igual que los
plenos poderes, por naturaleza de carácter temporal, no pueden responder a una
guerra de larga duración contra el terrorismo. Debido a ello, para poder actuar
«contra el terrorismo de guerra» [3], Hollande estima necesario instaurar un
«régimen civil de crisis» e inscribirlo en la Constitución.
Este «otro régimen constitucional» lleva a una
mutación política. Los poderes excepcionales habitualmente se denominan así
porque se supone que se utilizan raramente y porque son descomunales. Lo cual
dejaría de ser así en «un régimen civil de crisis», donde esos poderes serían
algo cotidiano. A partir de ahí, las nuevas prerrogativas ya no pueden ser
consideradas poderes excepcionales ya que serían parte del régimen instaurado
por el texto fundamental [la Constitución].
Un contexto de desmantelamiento del Estado
de derecho
La voluntad de incluir en la Constitución el
dispositivo del estado de emergencia no responde, como dice el gobierno, a una
preocupación por la seguridad jurídica. Tanto el Consejo de Estado como el
Consejo Constitucional y la Corte Europea de Derechos Humanos validaron las
medidas del estado de emergencia, previstas en la ley de 1955.
El proyecto presidencial de introducir el estado de
emergencia en la Constitución está estrechamente vinculado a la ley del 20 de
diciembre de 2015, que lo prolongó por 3 meses. También tiene relación con la
ley de reforma penal «que refuerza la lucha contra el terrorismo y el crimen
organizado», promulgada el 3 de junio de 2016. Ese proyecto convierte en norma
varios procedimientos que normalmente forman parte del estado de emergencia,
como los registros nocturnos y las detenciones domiciliarias. Por su parte, la
ley del 20 de diciembre de 2015 no se limita a prolongar el estado de
emergencia sino que extiende considerablemente su campo de aplicación.
Estas dos legislaciones y el último proyecto de ley
conforman un conjunto coherente que, al instaurar un estado de emergencia
permanente, constituye un ataque frontal contra las libertades privadas y
públicas. En efecto, el proyecto presidencial suprime toda seguridad jurídica.
Su objetivo no sólo es constitucionalizar el estado de emergencia sino
principalmente permitir, en ese marco, nuevas violaciones de las libertades.
Ese proyecto legalizaba no sólo el estado de emergencia como principio así como
sus aplicaciones ya conocidas sino sobre todo la posibilidad para el legislador
de instaurar, de forma permanente, nuevas disposiciones. Incluía, por ejemplo,
la posibilidad de «renovar» las «herramientas» que las «fuerzas de seguridad»
podrán utilizar, en violación de los derechos y libertades. El Estado de
derecho sería así desmantelado ya que las reglas dejarían de ser fijas y
predeterminadas para convertirse en disposiciones que cambiarían
constantemente, en función de la lectura subjetiva que hiciera el poder de los
acontecimientos (el peligro persistente del terrorismo) y de la selección, ya
liberada de todo control, de las medidas anunciadas para enfrentarlo.
Constitucionalizar la posibilidad de despojar
a las personas de su nacionalidad
En la primera versión del «proyecto de ley
constitucional de protección de la Nación», presentado el 23 de diciembre al
consejo de ministros, la extensión de la posibilidad de despojar a las personas
de la nacionalidad francesa incluye a todos los binacionales, incluyendo a los
que nacieron franceses. Según los opositores, ese texto dividía a los
ciudadanos en dos categorías: los binacionales y los que sólo tienen la
nacionalidad francesa. El primer ministro, Manuel Valls, propone entonces una
nueva redacción en la que se establece que todos los ciudadanos pueden ser
despojados de la nacionalidad francesa. En la Asamblea Nacional, una mayoría de
diputados socialistas acaba aceptando esa versión. En el Senado, una mayoría de
derecha reintroduce la medida para los binacionales y adopta el nuevo texto el
22 de marzo de 2016. Con ello se hace imposible la concertación entre las dos
versiones [4]. El 30 de marzo, el presidente de la República anuncia el
abandono del proyecto de ley.
Este anuncio provocó sorpresa en la medida en que la
gran mayoría de los parlamentarios, tanto los de la mayoría como los de la
oposición, ya habían aceptado la constitucionalización del estado de
emergencia. Puede parecer extraño que el gobierno se concentrara tanto en este
aspecto de la cuestión dado el hecho que la posibilidad de despojar a alguien
de la nacionalidad francesa ya existe en el sistema judicial, e incluso ha sido
aplicada muchas veces.
En efecto, entre 1949 y 1967, se pronunciaron 523
medidas de revocación de la nacionalidad francesa y entre las personas
afectadas hay «numerosos franceses por nacimiento» [5].
Esta medida ya aparece en los artículos 25 y 25-1
del Código Civil [6] y puede ser pronunciada cuando la persona ha sido
condenada por haber cometido un crimen o un delito que constituya un acto de
terrorismo. Pero sólo concierne a los binacionales que hayan adquirido la
nacionalidad francesa. Sin embargo, la gran mayoría de los participantes en el
debate olvidaron que los artículos 23-7 [7] y 23-8 [8] también permiten aplicar
esa medida a los binacionales nacidos franceses.
Esto contradice los intentos, tanto del gobierno
como del Consejo de Estado, de justificar la introducción del despojo de la
nacionalidad en la Constitución argumentando un supuesto riesgo de
inconstitucionalidad que existiría en caso de tratarse de una ley ordinaria,
cuando las legislaciones ya existentes conducen al mismo resultado, sin que
nunca se hayan visto cuestionadas por el Consejo Constitucional. Lo que sí
sucedería es que la constitucionalización del despojo de la nacionalidad
sacaría la nacionalidad del derecho civil para convertirla en un tema
legislativo aparte. De esa manera, se disocia la persona jurídica, el hecho de
gozar de la nacionalidad se separa de la posesión de la nacionalidad. O sea, el
ciudadano puede gozar de su nacionalidad… a condición de que la utilice
correctamente, y es el gobierno quién establece el marco de ese “uso correcto”
de la nacionalidad.
Lo que está en juego con la inscripción en
la Constitución de la medida de despojo de la nacionalidad
El debate sobre el proyecto de ley se concentró en
la medida de despojo de la nacionalidad porque ese tema recuerda de inmediato
las leyes del régimen de Vichy [9]. Bajo aquel régimen, 15 154 personas fueron
despojadas de la nacionalidad francesa y el 45% de esas personas eran judíos.
La referencia a las leyes del régimen de Vichy es extremadamente pertinente ya
que la medida de despojo de la nacionalidad también pudiera ser actualmente de
carácter masivo, dado que se prevé ampliar sus condiciones de aplicación, como
resultado de las sucesivas modificaciones del proyecto. En su última versión,
la medida de despojo de la nacionalidad podría pronunciarse no sólo por
crímenes de terrorismo sino también por delitos. Ello implica que un francés
condenado por «apología del terrorismo» podría ser despojado de su
nacionalidad.
Según el diario Le Monde, el ministerio [francés] de
Justicia registró 255 casos de apología del terrorismo durante los meses
posteriores a los atentados de noviembre de 2015. Cifras similares habrían sido
registradas en el mes de enero de 2016. Pero se trata de “apologías” que no son
tales. En muchos de los casos se trata más bien de actos de provocación
dirigidos hacia las fuerzas del orden, pero los casos fueron tratados
rápidamente recurriendo a la presentación inmediata de los acusados ante los
tribunales.
Por ejemplo, el 2 de diciembre de 2015, en la
localidad de Lunel, un reincidente que salía borracho de un centro nocturno fue
condenado a un año de cárcel por el robo de un teléfono celular, por proferir
insultos y por haber gritado «¡Yo soy Salah Abdeslam!» y «¡Viva Daesh!» frente a
sorprendidos comerciantes. El 17 de noviembre de 2015, durante un control de
identidad cerca de la estación de trenes de Lille-Flandes, un individuo
borracho amenaza con «volarlo todo» y afirma que «Francois Hollande no debería
haber bombardeado Siria». ¿Veredicto? Dos meses de cárcel [10].
La «apología» consiste en justificar el terrorismo,
presentarlo bajo un aspecto favorable o llegar a la incitación. Sin embargo,
gracias a la nueva ley, periodistas o ciudadanos podrían ser enviados a los
tribunales por haber compartido un video colocado en internet por una
organización designada como terrorista o por dar la palabra a miembros de redes
políticamente demonizadas. O sea, este tipo de incriminación permitiría
condenar e incluso despojar de su nacionalidad [francesa] a quienes se opongan
a la política exterior de Francia hacia Siria, Libia o Palestina.
Nos encontramos entonces en una situación que
recuerda la Francia del régimen de Vichy y la ley del 23 de julio de 1940, que
preveía despojar de su nacionalidad a los franceses comprometidos con el general
Charles De Gaulle.
Dos aspectos complementarios de la
soberanía
El presidente Hollande renuncia temporalmente a
constitucionalizar el estado de emergencia, importante reforma ya planteada en
2007 por el Comité Balladur, y renuncia a ella por una falta de acuerdo sobre
las modalidades de la anulación de la nacionalidad. Podría resultar
sorprendente esta manera de vincular tan estrechamente las dos cosas. Pero la
constitucionalización del estado de emergencia y la inclusión de la anulación
de la ciudadanía en la Constitución se refieren a dos aspectos indisociables de
la soberanía: por un lado, su realidad efectiva, la exclusividad de la decisión
política y, por otro lado, su existencia simbólica, la «soberanía del pueblo»
[11].
Constitucionalizar el estado de emergencia, incluir
en la Constitución lo que Francois Hollande llama un «régimen civil de crisis»,
es consagrar un abandono de soberanía. En efecto, es soberano quien decide que
una situación es excepcional. Como ya lo ha explicado Carl Schmitt, «es la
excepción, ese punto donde la decisión se separa de la norma jurídica, lo que
mejor revela la autoridad del Estado» [12]. Si los poderes excepcionales se
inscriben en la Constitución, escapan entonces a la decisión política
propiamente dicha ya que pasan a ser parte integrante de la norma, al dejar
esta de ser diferente a su derogación.
Renunciar a la adopción [por parte del Estado] de
una verdadera decisión política en el marco de la lucha antiterrorista para
dejar esa decisión en manos de un orden internacional organizado por la
potencia dominante es algo que también pone en tela de juicio el aspecto
simbólico del poder nacional, su institución misma por parte del pueblo. La
estructura imperial es un orden de hecho que no responde a ningún mecanismo de
reconocimiento popular. La posibilidad de despojar de su nacionalidad a un
francés acusado de terrorismo invierte el carácter simbólico de la soberanía,
equivale a otorgar al gobierno la prerrogativa de “conformar” el pueblo y de
fundirse en un orden internacional que no deja ningún espacio al reconocimiento
de las poblaciones.
Inversión de la noción de estado de
emergencia: de la negación a la confusión
El estado de emergencia descrito en la ley de 1955,
una legislación concebida para responder a las circunstancias del aquel
momento, permitió al gobierno francés no declarar el estado de sitio durante la
guerra de Argelia. Le permitió además no reconocer a los independentistas
argelinos como combatientes sino presentarlos más bien como terroristas y tratarlos
como criminales.
Hoy se busca precisamente lo contrario: considerar
actos criminales y atentados terroristas como actos de guerra o más bien meter
esos dos tipos de acciones en un mismo saco. La fusión realizada entre el
derecho penal y el derecho de la guerra es parte de una tendencia que se inicia
con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la «guerra contra el
terrorismo» del presidente estadounidense George W. Bush.
La inversión que se opera entre la ley de 1955 y la
actual concepción del estado de emergencia es pasar de la negación de la
existencia de un acto de resistencia y de su naturaleza política, con vista a
criminalizarla, a una operación tendiente a crear confusión entre lo que es un
atentado terrorista y lo que es un acto de guerra, lo cual queda demostrado
cuando Francois Hollande habla de «terrorismo de guerra». Lo mismo sucede con
la solución que se propone: un «régimen civil de crisis» para enfrentar una
nueva forma de guerra. Se crea así una confusión entre crimen y hostilidad,
entre el interior y el exterior de la nación.
En el caso de la guerra de Argelia, la negación
finalmente tuvo que dar paso a un reconocimiento político de la resistencia
argelina. La negación resultó ser una reacción destinada a negar la naturaleza
política de las acciones [que se desarrollaban en Argelia], reacción que sólo
podía ser temporal. El procedimiento utilizado se mantenía así en el sentido
que originalmente tiene el estado de emergencia: una situación excepcional
limitada en el tiempo.
Es totalmente diferente la concepción del estado de
emergencia que se establece la ley del 20 de noviembre de 2015 y en el proyecto
de constitucionalización. La fusión entre las nociones de crimen y de acto de
guerra no constituye una operación circunstancial destinada a ceder lugar posteriormente
a un proceso de diferenciación y un regreso al plano político. El proceso de
negación se ve desplazado por un procedimiento sicótico, un proceso constante
de eliminación de la diferencia entre un procedimiento penal y el
enfrentamiento de la hostilidad, de eliminación de la diferencia entre lo que
es un criminal y lo que es un enemigo, entre el interior y el exterior de la
Nación, sometiendo a esta última [la Nación] a una forma internacional de
organización del poder.
El Estado policíaco, forma postmoderna del
Estado nacional
Con la incorporación del estado de emergencia, se
impone a la Constitución una función penal y el derecho penal se convierte en
constituyente. Se invierte el papel de la Constitución. De ser el documento
donde se inscriben los derechos, la Constitución pasa a ser el documento que
anula los derechos, que estipula la omnipotencia del poder, en particular la
del aparato policial.
El Consejo de Estado, por cierto, así lo percibió
claramente al expresar su opinión sobre el proyecto gubernamental destinado a
incluir el estado de emergencia en la Constitución de la República Francesa.
Para el Consejo de Estado ese texto «no es una simple clarificación» sobre la
ley de 1955 sino que presenta «un efecto útil» para proporcionar «un basamento
incuestionable» a las medidas policiacas, para «someterlas exclusivamente al
control del juez administrativo» en vez de someterlas al juez judicial [13]. La
constitucionalización del estado de emergencia permitiría legitimar todo lo que
hiciera la policía, ampliando considerablemente sus prerrogativas, ya que
tendría que someterse solamente al juez administrativo, que no cuenta con los
medios ni con la autoridad necesaria para ejercer ese tipo de control. De esa
manera, la Constitución establece y legitima también el resultado del conjunto
de reformas del sistema de justicia y la liquidación del juez de instrucción.
La constitucionalización del estado de emergencia
legaliza un proceso de desmantelamiento del Estado de Derecho que hace del
aparato policial el núcleo del Estado nacional. Pero ello no significa que esa
forma de Estado sea realmente independiente. Si bien conserva la prerrogativa
vinculada al mantenimiento del orden –pero no las prerrogativas vinculadas a la
guerra, a la moneda o la política económica–, resulta que las policías europeas
se ven directamente organizadas por el FBI. En efecto, la policía federal
estadounidense organiza los equipos mixtos de intervención, pero gracias a sus
iniciativas también ha logrado influir significativamente en las legislaciones
europeas, tanto en las nacionales como en las de la de la propia Unión Europea,
en materia de intercepción de las comunicaciones, de control de internet, en la
creación de nuevos tipos de incriminaciones específicas al terrorismo así como
en lo que concierne las reformas de los aparatos policiales y judiciales.
Jean-Claude Paye
Notas:
[1] «Projet
de loi constitutionnelle de protection de la Nation», Légifrance, 23
de marzo de 2016.
[2] «Etat
d’urgence et article 16: pourquoi Hollande veut-il réviser la Constitution?»,
[En español, “Estado de emergencia y artículo 16: ¿Por qué
quiere Hollande revisar la Constitución?] Le Monde.fr, 16 de
noviembre de 2015.
[3] «Etat
d’urgence: ce que prévoit le projet de réforme constitutionnelle de Hollande»,
FranceTVinfo.fr, 3 de diciembre de 2015.
[4] «François
Hollande renonce à la déchéance de nationalité et au Congrès», LeMonde.fr,
30 de marzo de 2016.
[5] Aude Loriaux, «Déchéance
de nationalité: pour y voir plus clair, les arguments pour et contre», Slate.fr,
6 de febrero de 2016.
[6] Article
25: «La persona que haya adquirido la nacionalidad francesa
puede ser, mediante decreto adoptado después de haber obtenido la
conformidad del Consejo de Estado, despojada de la nacionalidad francesa
1- si es condenada por [haber cometido] un acto calificado como
crimen o delito contra los intereses fundamentales de la nación…».
[7] Article
23-7: «El ciudadano francés que se comporte como ciudadano de
un país extranjero puede, si tiene la nacionalidad de ese país,
ser declarado, por decreto adoptado después de recibir la conformidad del
Consejo de Estado, como persona que ha perdido la nacionalidad
francesa».
[8] Article
23-8: «Pierde la nacionalidad francesa todo francés que, al ocupar
un empleo en un ejército o en un servicio público extranjero o en una
organización internacional de la que Francia no sea miembro, o
más generalmente al aportarles su contribución, no renuncie a
ese empleo o ponga fin a su contribución a pesar de haber sido
conminado a ello por el Gobierno [de Francia]».
[9] El gobierno francés de colaboración
con la Alemania nazi instaurado después de la invasión de Francia por las
tropas alemanas, durante la Segunda Guerra Mundial. Nota de la Red Voltaire.
[10] Lucie Soullier et Damien Leloup,
«Dans
le grand fourre-tout de l’apologie du terrorisme », LeMonde.fr, 18
de diciembre de 2015.
[11] Jean-Claude Paye, «Criminalización de
Internet en Francia», Red Voltaire, 26 de septiembre
de 2015.
[12] Carl Schmitt, Théologie politique,
Gallimard 1988, p. 15.
[13] Conseil d’Etat, «Loi
constitutionnelle de protection de la Nation», Avis consultatif, 23 de
diciembre de 2015.
Colectivo Acción Directa Chile –Equipo
Internacional
Julio 30 de 2016
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