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| Medios monopólicos y desestabilizadores en Ecuador |
“Jaque mate a los piratas de la
comunicación”
Por Erika Sylva C.
En El Telégrafo –public. 28/6/16
Discrecionalidad,
violación de la ley, discriminación y corrupción caracterizaron el manejo
privatizado de la concesión estatal de frecuencias de radio y TV entre
1995-2009, de acuerdo con la auditoría de frecuencias (2009). Privatizado,
porque de los 213 miembros que integraron el Conartel en ese período, el 58,2%
fue de concesionarios de frecuencias o representantes de estos; y quienes lo
presidieron fueron miembros de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER)
o de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE), violando la
Constitución de 1998, que prohibía su participación, dados sus intereses en el
mismo campo a ser regulado y controlado por el Estado. Por ello, no le deben
perdonar al proceso constituyente cuando el 7-11-2008, un pronunciamiento del
Procurador puso fin a esta práctica ilegal llevada a cabo por 13 años,
obligándoles a retirarse del Consejo.
La
privatización de facto condujo a una serie de transgresiones. Así, mediante la
autoasignación, un presidente de AER y un vicepresidente de ACTVE obtuvieron 13
frecuencias de radio y 11 frecuencias de TV abierta, respectivamente, entre
1998-2003 y entre 1999-2006 se identificaron 24 resoluciones a favor de
empresas representadas por un presidente de AER. Además de ello, la auditoría
encontró concesiones, transferencias y renovaciones de frecuencias; prórrogas
de plazos, asignaciones sin estudios técnicos y ‘regularizaciones’ ad infinitum
de las moras de pago de las tarifas, todo ello, violando disposiciones legales
y reglamentarias. Adicionalmente, por medio del mecanismo de
‘devolución-concesión’, estos piratas se apropiaron de las frecuencias, un bien
público sin fines comerciales, incluyéndolas en el precio de venta de sus
medios de comunicación.
Todo
ello condujo a la concentración de medios en pocas manos, a su orientación
mercantilista y a la discriminación de la mayoría de personas que solicitaban
las concesiones. Así, de 1943 solicitudes de frecuencias de radio y TV hechas
entre 1995-2009, 1269 (65,31%) no fueron atendidas y solo el 22,7% (441) fueron
autorizadas.
El tiempo promedio de respuesta fue de 8 años, aun cuando se
registraron demoras por todo el período. Por otra parte, de las 441 solicitudes
autorizadas, el 86,4% correspondió a actividades comercial-privadas y apenas el
0,2% a comunitarias. No solo se postergaba a las comunidades por este manejo
corrupto. Se evidenció también la mediación del racismo y de una legislación
expresamente discriminatoria que bloqueaba su acceso.
Toda
esta podredumbre del campo comunicacional se puso en jaque con la Ley Orgánica
de Comunicación (LOC) (2013) y tendrá su jaque mate cuando se entreguen los
resultados del concurso para la concesión de frecuencias convocado hoy por la
autoridad pública y que ha puesto los pelos de punta de partidos, medios y
asociaciones involucrados en el manejo corrupto y discriminatorio descrito.
Pese a estas voces, por fin las comunidades podrán acceder a una frecuencia a
través de criterios de mérito e igualdad de oportunidades y sobre la base de
principios inherentes a la democratización de la comunicación. Solo quienes
entienden la libertad de expresión como prerrogativa de poder sobre los ‘Otros’
pueden oponerse a ello.
Colectivo Acción Directa Chile –Equipo
Internacional
Julio 3 de 2016
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