El gobierno derechista, aplicando a la letra una política
económica afín al capital monopólico-financiero, ha despedido a decenas de miles
de funcionarios estatales y permitido otro tanto en el sector privado. Pero,
ante un proyecto de ley antidespidos liderado por la oposición, lo importante
ha pasado a ser la retórica de los politicastros y el peso de los votos con que
se cuenten antes que el drama de aquellos cesantes
El pasado 27 de abril, el
pleno del senado argentino aprobó un proyecto ley que declara la emergencia
ocupacional, tanto en el sector privado como en el estatal, para frenar
durante seis meses los despidos y las suspensiones.
El
proyecto, que fuera impulsado por el Frente para la Victoria (FpV) con el apoyo
del peronismo disidente y de la centroizquierda, prohíbe los despidos y las
suspensiones durante 180 días. También, se estipula la posibilidad de que si un
trabajador es despedido debe ser reincorporado inmediatamente o elegir que se
le pague la doble indemnización. Además, exceptúa de lo que exige la ley a las
empresas que tomen personal tras la sanción definitiva de la legislación. Otro
sí, el proyecto, que ya recibió dictamen en la Comisión de Asuntos Laborales de
la cámara de diputados, prolonga la prohibición de despidos hasta fines de
diciembre de 2017. Ese último se aplica de forma retroactiva a los empleos que
estaban en vigencia antes del 1 de marzo, en tanto el senatorial a partir de la
promulgación de la legislación.
La
normativa
surgió a instancias del millón y medio de afiliados en la Central de Trabajadores
de Argentina Autónoma. Luego, fue defendido por el presidente del bloque de
senadores del FpV, Miguel Angel Pichetto, quien anticipó que no se iban a
aceptar cambios en la propuesta para eliminar a las micro, pequeñas y medianas
empresas de la norma.
Entre
los promotores primó la idea de dar un tiempo de gracia al gobierno a ver si
mejoran las degradantes condiciones socio-económicas generadas por las
políticas de ajuste que implementó mientras se protege el empleo durante ese
período. Los defensores de la norma rechazaron intentos de la bancada
oficialista de introducir una legislación pro empresarial, o hacerle
modificaciones a la que fue sometida a votación y finalmente aprobada.
El
legislador Adolfo Rodríguez Saá, un peronista disidente quien fuera duro
opositor al gobierno de Cristina Fernández, cuestionó a la administración Macri
por su inhabilidad –recalcó- para frenar los despidos. Argumentó su crítica
diciendo que “para ciertas decisiones el gobierno tiene toda la voluntad
política, como para pagar la deuda externa y el dólar a futuro”. Defraudado,
denunció: “Creo en el presidente cuando propone ‘Pobreza Cero’. Hasta acá, lo
siento, pero las políticas que se implementaron aumentaron la precisamente
pobreza”. En efecto, podríamos agregar que el derechista gobierno de Cambiemos propició
el pago de los fondos ‘buitres’,
así sin más, lo que va a restar fondos para el gasto social.
En
aquel 27 de abril, estuvieron en contra de lo legislado los senadores del
partido Propuesta Republicana, del presidente Mauricio Macri, y de la Unión
Cívica Radical, que integra la oficialista alianza Cambiemos. La propuesta recibió
48 votos a favor y 16 en contra. Luego, el anteproyecto senatorial pasaría a la
cámara baja, instancia donde, para ser aprobado, debería hacerlo sin
modificaciones para llegar a convertirse en Ley. De lo contrario, debía
regresar al senado.
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Pues
bien, el pasado jueves 12, se intentó discutir y aprobar la ley antidespidos.
No obstante, "Declaro
fracasada la sesión especial", tuvo que decir Emilio Monzó, presidente
de la cámara de diputados argentina, tras superarse el plazo estipulado y ante
la ausencia de diputados. No se llegó siquiera al quórum necesario para la
votación que debía ser de 129 diputados y sólo había presentes 102.
La
oposición argentina no consiguió así aprobar, en una sesión especial de la cámara,
el proyecto famoso. La medida, sin embargo, volverá a ser debatida el próximo miércoles
18.
"Es
para nosotros una frustración el no haber podido llegar a tratar este proyecto
de ley que viene aprobado por el senado y que satisfacía el derecho de los
trabajadores a los empleos", dijo el jefe del bloque del FpV Héctor
Recalde. "Era natural que iba a fracasar y lo más importante es que
queremos transmitir que no solo no rehuimos al debate sino que el miércoles 18
la sesión ordinaria, como corresponde, se van a tratar estos dictámenes",
explicó a los medios el jefe del bloque de diputados de la oficialista UCR (recordemos
integrante del gobernante Cambiemos), Mario Negri, para quien el proyecto tiene
finalidades más "políticas" que sociales.
Como
la idea es refrendar los planes monetaristas y la política pro gran capital, Marcos
Peña, jefe del Gabinete argentino, criticó también la propuesta de ley ya
aprobada por el Senado, al considerar que "daña el proceso de inversión"
y no es solidaria con los trabajadores informales (¿?). "La ley daña el
proceso de inversión. No existe en ningún país del mundo", dijo Peña en
declaraciones a la televisión pública previas al debate frustrado, en las que
aseveró que este tipo de herramientas "no sirven": "Es no
entender cómo se genera empleo", aseguró el preocupado sirviente de
palacio.
Con
87
de los 257 diputados que tiene la cámara de diputados, el oficialismo
necesita de Massa, un peronista disidente del anterior gobierno de Cristina
Fernández, para que no triunfe la iniciativa parlamentaria del kirchnerismo. El
gobierno Macri ha manifestado su oposición al proyecto, que a su juicio
desmotivaría la contratación de nuevos trabajadores. Para contrarrestarlo, el
ejecutivo anunció en los últimos días varias medidas en relación al empleo,
como un programa para promover el trabajo juvenil, incentivos para las pequeñas
y medianas empresas, y un compromiso de algunos empresarios para no reducir su
plantilla en los próximos 90 días.
Por
el lado de los auspiciadores de la normativa, el
kirchnerismo insistirá en la sesión convocada para el miércoles en aprobar
sin cambios y convertir en ley el proyecto que se votó en el senado. Para
reunir mayoría, debe doblegar la resistencia del FR, que propone agregar un capítulo
de beneficios fiscales para las pymes, una iniciativa que no va a prosperar sin
el respaldo del FpV.
Como
parte de ese juego de presiones de cara a la opinión pública, el kirchnerismo
hizo el viernes 13 una oferta pública al bloque del ex intendente de Tigre,
Massa. Propone que se vote sin cambios la ley antidespidos y se compromete, a
cambio, a apoyar en un texto aparte los beneficios para las pymes que impulsa
el FR. De esa forma, la prohibición de despidos se convertiría en ley el mismo
miércoles, sin tener que volver al senado. "Le damos a Massa todas las
opciones para sacar la ley ya", dijo a La Nación Héctor Recalde,
presidente del bloque de diputados del FPV.
Macri,
en todo caso, anticipó que vetará el proyecto si este resulta aprobado.
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Pero
existe un drama que las derechas política y económica, además de los peronistas
más conservadores, no quieren ver.
Entre
diciembre
de 2015 y marzo de este año hubo 141.542 despidos, según registró un
informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). De ese total de
despidos, el 52 por ciento correspondió a trabajadores del ámbito privado y el
48 por ciento restante a empleados del Estado. Siempre según el informe, el
sector más afectado fue el de la construcción, seguido de la administración
pública y la industria. El análisis advierte que este proceso de pérdida de
empleo “no se ha estabilizado” y que presente un dinamismo “al que deberá
prestarse atención”.
El
relevamiento fue realizado en base a la información publicada por “medios
periodísticos y de sindicatos y cámaras empresarias”, señalaron sus autores,
que recordaron que “la reciente ola de despidos no cuenta con cifras oficiales
ni con relevamientos que resulten completos, consistentes y veraces”. A modo de
contraste, vale tener en cuenta que a comienzos de abril el ministro de trabajo,
Jorge Triaca, aseguró que actualmente existe “un crecimiento del empleo”.
El
desglose que realizó el CEPA reflejó que la cuerda se está cortando por lo más
débil: los trabajadores más afectados por los despidos fueron los de menor
calificación y los precarizados. “De los 80.446 despidos en el sector privado,
71,88 por ciento corresponde al sector construcción, 23,40 por ciento a
industria y 4,72 por ciento al sector servicios”, detallaron. A su vez, en el
sector público las cesantías se repartieron entre dos grandes áreas: el Estado
nacional (38,28 por ciento) y las provincias (48,56).
El
CEPA está dirigido por el especialista en economía política, ex candidato a
intendente y actual concejal de San Martín del FpV, Hernán Letcher. “Es un
espacio de economistas mayoritariamente egresados de la maestría de Economía
Política de Flacso”, señaló el director. El equipo hizo un monitoreo de las
principales variables económicas desde diciembre a hoy. Además del empleo tomó
inflación, poder de compra de los salarios, la evolución de las ventas
minoristas, la política fiscal y el endeudamiento externo, entre otros ítems.
Para
el CEPA, que se haya llegado a más de 140 mil trabajadores despedidos en cuatro
meses es un dato “que no sólo configura una problemática social, sino que
además incide negativamente en la actividad económica”, con un impacto “que se
complementa con las negociaciones paritarias por debajo de la inflación”.
El
estudio advierte además que “la Unión Industrial Argentina declaró que en el
primer semestre del año es posible que el sector industrial pierda entre 100
mil y 200 mil empleos”, y que la “revisión” de los estatales empleados mediante
contratos todavía no terminó. Por esto, señalan, “lejos de haberse
estabilizado, el nivel de desempleo presenta un dinamismo al que deberá prestarse
significativa y constante atención”.
Colectivo Acción Directa Chile –Equipo
Internacional
Mayo 14 de 2016
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