Desde tensiones con EE.UU. a leyes antiterroristas
De manera intensa en Europa se discuten nuevas
reglas para la vigilancia, la inteligencia y la transferencia internacional de
datos personales. Mientras el mundo mira expectante, el resultado de esos
debates puede tener efectos en Latinoamérica
Por
J. Carlos Lara,
En Derechos
Digitales –Public. 18/02/16
En Latinoamérica no
es extraño mirar al desarrollo en la Europa de la posguerra como un ejemplo
digno de seguir en materia de reconocimiento de derechos humanos. Ello incluye
al derecho fundamental a la privacidad, y de manera especial, a la protección
de los datos personales. Por largo tiempo, gobiernos locales han aspirado a un
reconocimiento del derecho a la autodeterminación informativa de forma análoga
a la de los países del Viejo Continente. Pero las revelaciones de Snowden de
vigilancia masiva y la amenaza terrorista están cambiando el escenario.
Coletazos
del caso Snowden
La
transferencia de datos personales desde la Unión Europea a organizaciones en
Estados Unidos estaba autorizada dentro del marco regulatorio del “Safe
Harbour” (puerto seguro), resolución de la Comisión Europea lograda tras un
acuerdo con el Departamento de Comercio de EE. UU.
Esto
cambió recientemente tras el reclamo
del austríaco Max Schrems ante la autoridad de protección de datos
personales de Irlanda (DPC), debido a la transferencia de datos mediante
Facebook a EE. UU. La DPC se rehusó a investigar, por lo que Schrems
acudió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para cuestionar esa
negativa.
Y
acá vino el gran golpe: el TJUE no solamente analizó si la DPC debía ceñirse a
la decisión sobre “Safe Harbour”, sino que se pronunció sobre este último en sí
mismo, declarando que
no provee un nivel adecuado de protección de datos personales, por ser
incapaz de prevenir el acceso masivo por parte de autoridades de inteligencia
estadounidenses a datos personales transferidos desde Europa. Desde entonces,
el “Safe Harbour” no es por sí solo suficiente para autorizar transferencias de
datos.
El
reclamo que llevó a la decisión trataba precisamente de encontrar respuestas
sobre el uso de datos, fundado en las revelaciones de Snowden sobre la
vigilancia masiva a mediados de 2013. La falta de protección a los datos por el
régimen estadounidense, y en particular, por la vigilancia masiva de la NSA,
incluía una falta de deber de compensación contraria a la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
Para
mantener la tranquilidad y las relaciones comerciales, se anunció un nuevo
acuerdo entre las autoridades de EE. UU. y Europa, con el rimbombante
nombre de “Privacy
Shield” (escudo de privacidad), del que se entregaron lineamientos
generales y cuyos detalles se negocian. Sin embargo, ¿puede ese nuevo acuerdo
proteger los datos de los ciudadanos de la UE frente a la maquinaria de
vigilancia masiva de los EE. UU.?
La
respuesta es que, mientras no existan reformas sustantivas a las reglas que
autorizan la vigilancia dentro de los Estados Unidos, ningún país tiene
asegurado el respeto a la privacidad de las comunicaciones de sus habitantes en
internet.
Como
destaca Schrems, el
nuevo entendimiento se basa en compromisos débiles de EE.UU. de no incurrir en
prácticas de vigilancia masiva, sin auténticas reformas normativas y sin
limitantes al acceso a los datos de europeos. El mayor temor es que un nuevo
acuerdo sea una jugada
política para que, con una frágil promesa de cambio a la gran maquinaria de
vigilancia masiva, todo el comercio basado en la transferencia de datos siga
como si nada hubiera pasado. Business as usual.
La
excusa del terrorismo
Varios
países en Europa han tenido en este siglo ataques terroristas dentro de sus
territorios que siguen teniendo fuertes repercusiones en las políticas sobre
seguridad y vigilancia. A esto se suma que la profunda crisis de refugiados que
huyen desde la violencia en el Medio Oriente, sirve para alimentar algunos
temores sobre las amenazas extranjeras, especialmente del radicalismo que usa a
la religión como excusa. La respuesta política a los ataques y a los grupos de
refugiados en Europa ha puesto a la seguridad como objetivo y llevado a la
adopción de legislación de emergencia, quitando peso a importantes salvaguardas
sobre derechos fundamentales.
Así
ocurre, por ejemplo, con el Reino Unido. Firme aliado de EE.UU. en materias
internacionales (y comerciales), el gobierno actual introdujo un proyecto de
reforma a sus reglas sobre investigación criminal y recolección de
inteligencia, después de varios
años de intentos de reforma y polémica por los excesos de su aparataje de
seguridad nacional. El proyecto de ley sobre poderes de investigación
(Investigatory Powers Bill, o IPBill), cuyo borrador fue publicado en noviembre
de 2015, intenta así entregar amplias facultades a los órganos de investigación
y persecución. Así, considera, entre otros, obligar a la retención de metadatos,
realizar recolecciones masivas de información de comunicaciones, intervenir
equipos a distancia, y posiblemente exigir el descifrado de comunicaciones
seguras. A pesar de los comentarios
críticos formulados por empresas e instituciones, y los cuestionamientos
sustantivos de tres
comités distintos dentro del parlamento británico, persiste la presión por
establecer un marco de intervención de comunicaciones durante 2016.
El
caso de Francia es especialmente dramático. Poco después del ataque a Charlie
Hebdo, una nueva
ley antiterrorista fue aprobada entregando vastos
poderes de vigilancia al Estado, permitiendo la intervención de correos y
teléfonos sin autorización judicial (aumentando facultades ya existentes desde
2013). Pero los múltiples ataques de París en noviembre de 2015 demostraron la
inutilidad de la vigilancia de comunicaciones. La terrible sucesión de hechos
llevó rápidamente a culpar
a Snowden (!) e impulsar nuevas medidas de seguridad. Hasta mayo de 2016 se
ha extendido el estado
de emergencia en toda Francia, con fuertes restricciones a libertades
individuales que han resultado en abusos.
Es más, el gobierno pretende introducir nuevas modificaciones constitucionales
y legales para aumentar
las facultades estatales relacionadas con la seguridad (incluida la
vigilancia), convirtiendo así al estado de excepción y restricción de garantías
fundamentales en “el nuevo normal”.
Seguir
o ser guía
Lo
que ocurre en Europa no es indiferente para el resto del mundo, y menos para
Latinoamérica. Como muestra de ello, hace pocos años la sociedad civil
regional dio
su parecer sobre la relevancia de la nueva reglamentación europea sobre
datos personales, con miras a la fijación de estándares globales sobre esa
protección y, con ello, sobre derechos fundamentales afectados como la
privacidad.
Sin
embargo, cuando encontramos que los mismos países que nos sirven de guía
incurren en prácticas que ponen en riesgo los datos de sus ciudadanos, o los
someten a la vigilancia masiva, privilegiando relaciones comerciales o cediendo
a la narrativa de la seguridad nacional, perdemos parte de la esperanza en que
las políticas de los gobiernos locales sean más sensibles a los derechos fundamentales.
Por
tal motivo, es importante que a nivel local y regional se
continúe construyendo narrativas propias de defensa de los derechos
digitales, así como también se debe seguir con atención -y muchas veces con
apoyo concreto- las luchas que activistas europeos tienen para
defender los derechos humanos de los ataques que, lamentablemente, cada
día se hacen más comunes en el contexto digital.
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