“Comienza en España
polémico juicio contra sindicalistas”
En Prensa
Latina -Public. 9/2/16
Madrid, 9 feb (PL).
Un polémico juicio contra ocho sindicalistas que protestaron en 2010 frente a
la planta de Airbus ubicada en la localidad madrileña de Getafe comenzó hoy
tras una manifestación de apoyo a los procesados. (PLRadio)
audiencia
Los
ocho de Airbus, como son conocidos por su actuación en la citada fábrica
aeronáutica durante la huelga general de 2010, están acusados por delitos de
atentado, lesiones y contra el derecho de los trabajadores al incumplir el
artículo 315.3 del Código Penal.
Cada
uno de los encausados se enfrenta a una petición de la Fiscalía de ocho años y
tres meses de prisión por lo ocurrido el 29 de septiembre del aquel año, cuando
se produjeron altercados y una carga policial.
El
citado apartado del Código Penal dotó a este proceso de una trascendencia
significativa, después que las principales centrales obreras españolas y varios
partidos políticos lo calificaron de amenaza al derecho de huelga y un ataque a
la democracia.
Según
el artículo 315.3, "quienes actuando en grupo o de manera individual, pero
de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una
huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta
tres años, o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro
meses".
Pese
a ser modificado en la pasada legislatura con la indicación concreta de las
penas, ya estaba incluido en el Código Penal del gobierno de Felipe González de
1995.
Las
organizaciones sindicales lo consideran como una continuación de la legislación
franquista, en referencia a la dictadura del general Francisco Franco
(1939-1975).
Desconocer
esta norma, así como declararse inocentes de todos los cargos, impidió que los
sindicalistas aceptaran las propuestas de acuerdo de la Fiscalía, que en tres
ocasiones les ofreció reducir su petición de pena para evitar la entrada en
prisión.
España
se juega mucho en el juicio de los ocho de Airbus, sobre quienes pesa una
acusación desproporcionada que en realidad busca atacar el derecho de huelga,
denunció hoy el líder de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras
(CC.OO.), Ignacio Fernández Toxo.
Se
incrimina a estos trabajadores para arremeter contra ese derecho como también
se hizo con el de manifestación con la Ley Mordaza, afirmó Fernández Toxo, en
alusión a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en vigor
desde julio de 2015.
Esa
última ordenanza contempla duras sanciones contra aquellos que se manifiesten
en los alrededores del Congreso y el Senado, fotografíen o graben a policías o
paren un desahucio, por sólo citar algunas de las infracciones establecidas.
Tanto
el secretario general de CC.OO. como su homólogo de la Unión General de
Trabajadores, Cándido Méndez, alertaron que este país europeo atraviesa un
momento muy delicado.
La
crisis operó como caldo de cultivo para producir un retroceso a tiempos que
creíamos absolutamente sobrepasados por la historia, coincidieron.
Para
contrarrestar el malestar ciudadano ante el empobrecimiento, el desempleo
masivo y el crecimiento de las desigualdades, se pretende limitar el cuadro de
derechos e intimidar a la gente que decide protestar o hacer una huelga,
enfatizaron.
Estamos
ante un envite donde España se juega el mantenimiento de las libertades y los
derechos fundamentales o la entrada en un concepto de democracia y libertad
restringido, sentenció Méndez durante la manifestación de apoyo a los
sindicalistas.
Equipo Internacional – CAD Chile
Febrero 9 de 2016
No hay comentarios :
Publicar un comentario